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Israel

La represiva «ley anti-infiltración» de la Knesset asesta otro golpe a los derechos de los migrantes

Fuentes: Euro-Mediterranean Human Rigts Network

Traducido para Rebelión por Carlos Sanchis y revisado por Caty R.

La Red Euro-Mediterránea de Derechos Humanos (REMDH) condena enérgicamente la adopción de la «Ley de Prevención de Infiltración» aprobada por la Knesset el lunes 9 de enero. Esta ley legaliza la detención de migrantes y buscadores de asilo durante tres años sin ninguna acusación ni proceso si han entrado en el territorio sin permiso. Si los que buscan de asilo son identificados como procedentes de un país «enemigo», como Sudán, pueden enfrentarse a detención por tiempo indefinido.

La ley, aprobada por una amplia mayoría en su última lectura en la Knesset, considera a cualquiera que entre en Israel de forma irregular como un «infiltrado», un término empleado en el pasado únicamente para designar a militantes armados. La ley no distingue a los trabajadores emigrantes de los que buscan asilo o de los refugiados reconocidos, y no excluye a las mujeres embarazadas a los niños. Por consiguiente, los menores acompañados también pueden estar sometidos a los mismos períodos de detención que sus familiares adultos.

Esta ley es otro paso de una serie de medidas, que minan los derechos de las personas que buscan asilo, planificadas y puestos en práctica por el gobierno israelí. Tales medidas incluyen la construcción del centro de detención de inmigrantes más grande del el mundo (una prisión al aire libre que alojará aproximadamente a una 10.000 personas en el desierto de Negev).

La terminología que utiliza el gobierno israelí presenta a las personas que buscan asilo nada menos que como «amenazas a la seguridad» y así pone en peligro acuerdos comunes en cuanto a refugiados, no sólo en Israel, sino en todo el mundo. La ley Anti-infiltración israelí contribuye a una tendencia creciente en la cual la búsqueda de asilo se ha convertido en un crimen y al refugiado en un criminal.

La REMDH reconoce el derecho de Israel y de todos los Estados a regular la entrada de las personas en su territorio, así como a proteger sus fronteras. Sin embargo esto no permite a ningún Estado violar los derechos humanos y las leyes internacionales en el proceso de hacerlo. En cuanto a la detención, el derecho internacional estipula que la decisión de detener a una persona deberá estar basada en la evaluación detallada de cada caso donde se demuestre que la detención no sólo es conveniente, sino absolutamente esencial. La detención sistemática y prolongada de todos los individuos que entran en Israel irregularmente independientemente de su historia personal (por ejemplo: escapar del genocidio, la guerra, la violación etc.) claramente viola el derecho internacional. Además, las personas que buscan asilo nunca deberán ser objetos de devolución (lo que es, por ejemplo, una violación de la Convención de las Naciones unidas Contra la Tortura), de denegación de entrada o de deportación a países donde pudieran ser sometidos a torturas o malos tratos.

La REMDH considera esta ley moralmente cuestionable puesto que parece destinada a las personas que buscan asilo escapando de países devastados por la guerra, posiblemente uno de los grupos más débiles y vulnerables. La REMDH, por lo tanto, urge a las autoridades israelíes a respetar sus obligaciones conforme al derecho internacional y a respetar las convenciones internacionales de las cuales es signatario, como es el caso de la Convención 1951 y su Protocolo en relación con el Estatuto de los Refugiados, el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966 y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de 1965.

En consecuencia, Israel debería revocar la ley y desarrollar, conjuntamente con la sociedad civil israelí e internacional, una amplia política de asilo y la legislación y procedimientos que vinculen a Israel a sus obligaciones conforme a la Convención de 1951.

Histórico

La nueva Ley de Prevención de Infiltración enmienda la Ley de Infiltración de 1954 propuesta para que se aplique sólo bajo el estado de emergencia. Sin embargo, ya que nunca se derogó, ley está todavía en vigor. Un proyecto de la ley anterior y similar se debatió en la Knesset en 2010, pero se retiró antes de su lectura final en julio de 2010 a petición del Ministerio de Defensa. En 2011 se presentó un nuevo proyecto de la ley. El anteproyecto de ley pasó su lectura preliminar el 28 de marzo de 2011 y entonces se sometió a los Asuntos Internos de la Knesset y al Comité de Medio Ambiente para debatirlo. El 19 de diciembre, el Comité votó a favor de la legislación. El 9 de enero de 2012 la ley pasó la segunda y tercera lecturas en el pleno de la cámara por mayoría absoluta (37-8).