«Si no se puede usar el glifosato, no se puede sembrar soja, hay que plantar otra cosa», manifestó al medio APF Digital de Paraná el secretario de Medio Ambiente de Entre Ríos, Fernando Raffo quién agregó: -«El Senasa, cuando habilita un producto o una nueva fórmula, la hace pasar por una serie de controles. Habría […]
«Si no se puede usar el glifosato, no se puede sembrar soja, hay que plantar otra cosa», manifestó al medio APF Digital de Paraná el secretario de Medio Ambiente de Entre Ríos, Fernando Raffo quién agregó: -«El Senasa, cuando habilita un producto o una nueva fórmula, la hace pasar por una serie de controles. Habría que ver si esto se está cumpliendo y si se siguen los protocolos»
Siguiendo casi la misma lógica el propietario de Servicios Agropecuarios «La Elena» en un programa radial de Ceres Santa Fe dijo -«El glifosato que se vende en la Argentina es de faja color verde. No hace daños ni a las abejas, no hace daño al agua que toman los humanos, y no tiene poder residual. Eso se fogueó y se impulsó mucho más cuando este gobierno decidió pelearse con el campo».
Nada nuevo en las continuas manifestaciones de los defensores del herbicida. El foco es captar a la audiencia neófita y desconocedora del tema, pero además juegan con los tecnicismos. Pulverizar que para el lego es fumigar parece la principal preocupación cuando lo que realmente importa es que cada uno cumpla la función que le compete.
El deber de «Programar, ejecutar y evaluar la formulación, certificación de uso, comercialización, expendio y aplicación de agroquímicos, recursos biológicos, recursos biotecnológicos, fertilizantes y enmiendas destinadas al uso agrícola y forestal, por su posible perjuicio a la integridad y conservación del suelo y el ambiente», entre otras cosas, como dispone la Resolución 1002/2003 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología». Un derecho y un deber que desconoce mucha gente.
Para los defensores del herbicida las investigaciones realizadas desde la década del 90 por los doctores Horacio Lucero (Chaco), Hugo Gomez Dimaio (Misiones) y Rodolfo Paramo (Santa Fe), fueron solo un hobbie dados a conocer en la era K. La cuestión es que muchos de esos niños ya fallecieron o sufren de alguna discapacidad a causa del glifosato. Irremediablemente nos preguntamos si es ético investigar el daño cuando ya está hecho y es irreversible. Sin embargo las víctimas parecen ser los nuevos rentistas, en la escena de la frontera agropecuaria que arrasa con todo lo que esté en el camino. Y eso incluye también a las personas.
-«La agricultura moderna se ha triplicado en los últimos 50 años, pero es altamente dependiente de insumos externos y pesticidas. Los límites económicos y ecológicos de ésa agricultura, ya han sido alcanzados, y ahora están decreciendo o estabilizándose .La guerra contra las plagas es fútil. Las pérdidas son de un 30 % iguales a las de hace 50 años a pesar del avance del manejo de plagas y a la aplicación de mayores cantidades de pesticidas», afirmaba hace seis años atrás el profesor de agroecología de la Universidad de California- Berkeley, el ingeniero agrónomo Miguel Altieri.
En días pasados el presidente honorario de Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa AAPRESID, en un correo electrónico enviado a los medios, expresó que -«Los productos químicos, antes de ser autorizados para el uso en el control de plagas en agricultura, pasan por rigurosas pruebas de toxicidad y en el caso de tener alguna molécula tóxica o que posea estos grupos químicos, son rechazadas». Desconoce que el principio de equivalencia sustancial, es un concepto vago que no ayuda a cumplir con el exámen riguroso y el etiquetado preciso de miles de productos, que es un derecho de los consumidores y una exigencia científica y ética que no se evidencia en la realidad.
El representante de AApresid dice también que: «Hay intencionalidad en la información, como si los productos se aplicaran en cualquier lugar». Lo que hace suponer que nunca vió un «mosquito» dentro del ejido urbano o fumigando a altas horas de la noche a metros de las viviendas. Dice además que las denuncias «marketineras» no pueden «comprobar» causa-efecto. Desconoce que el principio precautorio es operativo aunque la causa y efecto no hayan sido totalmente determinadas de manera científica. El nexo causal de una posible contaminación o afección a la salud puede presumirse, por ello muchos profesionales del derecho son tildados de «progresistas».Llamarlos así deja en evidencia la oposición a la «libertad, igualdad y fraternidad» que propugna ésa doctrina, como si el sojero fuera la clase privilegiada actual, todo lo demás es de izquierda y lo ataca. Victimizando al pseudo-campo, cuando el verdadero campo, no forma parte de la extorsión incesante de la que hacen uso y abuso. Y en eso los muchachos incluyen ambiente, economía y una forma de pensar el país digno de las épocas más infames.
Los productores alegan el «perjuicio que se causa a la economía del país». Mi respuesta es que los bolsillos de unos pocos me tienen sin cuidado, y sí es preocupante los perjuicios que ello provoca a la salud del país. Entre combatir el dengue y combatir las plagas de oleaginosas hay un abismo de diferencias. El primero lo realiza el Estado como prevención, lo segundo los particulares, lo que hace inadmisible la comparación que alegan. La discusión de fondo: un país para ellos.
La exageración de los «sojifóbicos», como nos llaman, «es producto de la ignorancia o de fundamentalistas». En el caso de las plagas del arroz seríamos algo así como «arrofóbicos» siguiendo con animus iocandi el criticandi de los epítetos usados para identificarnos.
Días pasados también un cooperador de la comuna de La Criolla Santa Fe, tuvo la brillante idea de seleccionar soja en la vereda de una familia con graves problemas de salud, lo cual ya fue cuestionado en la campaña anterior por depositar semillas en un galpón pegado a la vivienda de la calle 20 de junio Nº 129 de esa localidad.
La familia de apellido Franco, compuesta por María, operada del corazón, medicada por hipertensión e hipoglucemia, tiene a su esposo Mario con alergia crónica e hipercolesterolemia, con trastornos de angustia y ataques de pánico. Síntomas parasimpáticos por acción de agrotóxicos, que bien describe el Dr Marcelo Dignani a cargo de los grupos terapéuticos del Hospital Paroissien del partido La Matanza, donde miles de niños de cinco escuelas son afectados por la fumigación de las vías del ferrocarril Línea Belgrano Sur, en Rafael Castillo para evitar el segado manual, según reconoció TBA ante el reclamo de otras localidades bonaerenses.
La hija del matrimonio, Lorena, también padece de alergia. La vivienda además se encuentra frente a la planta de silos de la Cooperativa de Gobernador Crespo, sucursal La Criolla.
-«Mi preocupación se extiende a los cientos de chicos que habitan el barrio, ya que no escuchan nuestros reclamos por los olores y el polvillo que despiden los silos, comenta Mario. A metros de allí funciona una Capilla donde madres voluntarias sirven la taza de leche a los pequeños.
Zunilda Genero, otra vecina entrevistada recuerda las veces que le dijeron que iban a fumigar «que no salga fuera de la casa». -«Pensamos que ya era cosa del pasado, pero la ordenanza no se respeta». Su certificado médico de fecha 19/02/10 diagnostica «Intoxicación por fumigación» con recurrentes problemas respiratorios y hepáticos. La Criolla cuenta desde hace un año con la ordenanza N°584/2009 lograda en respuesta al petitorio que redacté personalmente con fecha 25/02/09 , entregado a la Comuna por Oscar Brasca representante de » Vecinos Autoconvocados».
Dicha ordenanza: -Prohíbe la circulación y/o permanencia dentro del área urbana de mosquitos»fumigadores o de índole conexa y/o relacionadas.(…) Prohíbe la aplicación aérea y/o terrestre de cualquier producto fitosanitario en terrenos ubicados a distancias menores de 1500 metros del límite del área urbana. Pero para algunas personas parecería haber excepciones. Llámese negligencia, ineficacia, desidia o complicidad.
Las conclusiones sobre el «Marco legal aplicable al manejo de pesticidas en la Argentina» de la Fundacion Ambiente y Recursos Naturales (FARN) expresa que «Uno de los mecanismos más utilizados por las autoridades provinciales es la receta agronómica (para poder comprar un pesticida el productor agrícola/industrial debe contar con una receta expedida por un asesor técnico/profesional habilitado) y en menor medida la fiscalización in situ. Sin embargo, éste método se presenta como una débil herramienta de control debido a su falta de inmediatez sobre el uso real del producto».
Esa es la realidad, maquillarla con buenas prácticas ya no da resultados.
Fuente: http://www.medioymedio.com.ar/