La salud mental en España sigue en la sala de espera

Javier no tiene muchas ganas de socializar. Tiene 47 años, vive en la periferia de Madrid y hace unos meses tuvo una cirugía para reducir obesidad que le hizo bajar 50 kilos. El cambio abrupto le fue difícil de asimilar y está con depresión, algo común en pacientes de este tipo. “Estoy tratando de salir adelante y hacer cosas pero me cuesta. Voy al psiquiatra cada seis meses, tomo medicación y tal, pero no me alcanza”, comenta.

Jorge tiene 33 años, trabaja de guía turístico y hace poco trabajaba en una agencia. Una situación violenta con la jefa lo hizo renunciar y le ha acelerado sus pensamientos negativos y la ansiedad. “La pandemia a mí me mató”, explica. Sabe que está mal y hace poco, por un altercado laboral, acabó casi inmovilizado, con brote de llanto, en una sala de urgencias de Segovia. Los médicos le dijeron que había sufrido un ataque de ansiedad. Lo medicaron y le sugirieron que pida cita con psiquiatra. “Voy a ir a uno privado porque no puedo esperar meses”, relata. Para él no es prioridad hacer terapia psicológica, sólo tiene en mente obtener la receta para psicofármacos y erradicar cuanto antes su malestar. Sabe que tiene suerte: tiene el dinero para pagar un tratamiento privado que muchos otros no.

Como éstas hay miles de historias en toda España. Se repiten por doquier aunque no todas reciben la misma escucha. Los problemas de salud mental siguen siendo un tabú en nuestra sociedad, aunque bastante menos que hace unos años. La pandemia ha catapultado la presencia del asunto en los medios de comunicación, en las conversaciones con amigos y hasta con compañeros de trabajo. “Estoy de baja por ansiedad” es algo escuchado tan frecuentemente que impacta, en un país que tiene medicalizada su salud mental ante la falta de psicólogos y psiquiatras en la sanidad pública.

El último informe del Centro Europeo de Monitoreo de Drogas y Adicción señala que España es el Estado del mundo con mayor consumo legal de benzodiacepinas, es decir, en medicamentos que disminuyen la excitación neuronal y que tienen un efecto antiepiléptico, ansiolítico, hipnótico y relajante muscular. Se recetan para atender síntomas de estrés, ansiedad, depresión, esquizofrenia y trastorno obsesivo compulsivo.

En el mismo sentido va el último reporte de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), organismo que depende de Naciones Unidas. Allí se afirma que el consumo actualmente en España llega a las 110 dosis diarias cada mil casos, mientras que en Bélgica, que ocupa el segundo lugar, alcanzan las 84 y nuestros vecinos de Portugal se sitúan en las 80 dosis diarias por cada mil habitantes.

“Como no hay suficientes psicólogos en la salud pública, se sustituyen por pastillas”, opinó crudamente el presidente de la Academia de Psicología, Helio Carpintero, en una entrevista reciente con el diario El Montañés, y exigió un urgente refuerzo en la Atención Primaria en detrimento de los psicofármacos. Su frase es bien gráfica y muestra cómo rige una suerte de neoliberalismo sanitario en la salud mental de los españoles: quien pueda permitírselo (y no sea víctima de los tabúes culturales al respecto) se podrá pagar un psicólogo para resolver el problema. Quien no pueda, recibirá del Estado un mero parche, con el riesgo de adquirir a largo plazo una adherencia peligrosa al medicamento.

El año pasado en El Salto explicamos por qué es peligroso que la sanidad pública afronte los problemas psicológicos solo con fármacos y no con terapia. En aquel momento, el grupo parlamentario de Unidas Podemos había presentado una proposición de ley de Salud Mental, que venía a llenar un hueco legal existente, y también vimos sus luces y sombras.

Hoy, diez lunas después, la situación no ha evolucionado, casi en ningún aspecto. La formación morada ha acusado varias veces al PSOE en esta primera mitad de año de “bloquear” la proposición, cuya tramitación parece perpetua y el año legislativo ha cerrado sin su aprobación. Su período de enmiendas en la comisión de Sanidad comenzó en octubre. Habría que preguntar a la presidenta de la comisión, Rosa Romero Sánchez (PP) y a la Mesa del Congreso por qué este proyecto lleva 32 (sí, 32) ampliaciones de período de enmiendas.

“Igual de mal”

Según la OMS, la depresión y la ansiedad aumentaron más de un 25% en el primero año de la pandemia solamente. Hace un mes, la organización internacional publicó su mayor reporte sobre salud mental desde su fundación, en el que reclama una “indiscutible y urgente transformación para garantizar” un mejor tratamiento del asunto e insiste en mejor la accesibilidad de psicólogos en la atención primaria y fortalecer los lazos comunitarios para contener los casos, que muchas veces se convierten en patologías graves por no haber actuado a tiempo.

El problema es global, sí, pero en el Estado español, siendo un país considerado desarrollado y uno de los veinte más ricos del mundo, la situación puesta en perspectiva es grave. No solo por lo anteriormente explicado sobre consumo de psicofármacos sino por las cifras. Todas las tendencias son negativas, siendo la peor la tasa de suicidios: la mayor desde que se tenga registro (11 muertes diarias, y se considera que por cada suicidio hay ocho intentos fallidos). Según datos de Sanidad, el 10,4% de la población sufre trastorno grave o moderado de ansiedad y el 4,1% de depresión, mientras que las patologías más graves están en el 1%. No hace falta ser matemático para entender que esto afecta, como mínimo, a más de ocho millones de españoles, y sólo hablando de los casos diagnosticados. Por algo las consultas han aumentado hasta 30% y las listas de espera llegan a los seis meses.

El año pasado la salud mental estuvo como nunca sobre la mesa y tanto el Gobierno central como varios autonómicos anunciaron iniciativas y leyes futuras sobre esta problemática. En conversación con El Salto, el presidente del Consejo General de la Psicología de España (CGPE), Francisco Santolaya, respondió a la pregunta sobre si hubo avances: “La situación sigue igual de mal, pero empeorada, porque la salud mental se ha deteriorado en los últimos años mientras que los recursos destinados para cuidarla siguen siendo prácticamente los mismos”.

De hecho, el CGPE y la Organización de Consumidores y Usuarios firmaron a comienzos de julio un manifiesto para reclamar a las administraciones que destinen más recursos a la salud mental y fueron contundentes: “La atención psicológica solo la recibe quien puede pagarse la consulta privada y en la sanidad pública esa atención escasea supliéndose con la prescripción de fármacos, en ocasiones, de manera excesiva y perjudicial”. De hecho, está comprobado que la tasa de recuperación confiable es cuatro veces superior en los pacientes que recibieron el tratamiento psicológico además o antes de medicación.

Santolaya, filósofo y Doctor en Psicología de la Universitat de València, dijo a El Salto que su entidad firmó ese documento porque “los recursos económicos y humanos destinados” a la salud mental “son muy reducidos para las necesidades existentes” y cuestionó que “las evidencias científicas no se están aplicando correctamente” ya que según las principales guías de práctica clínica “recomiendan intervenciones psicológicas por delante de la prescripción de fármacos y sin embargo la sanidad pública lo que facilita sobre todo son psicofármacos”.

Con respecto al año pasado, asegura que ya es un avance que se hable más de salud mental pero que “hay que planificar medidas eficaces para dar soluciones, financiarlas y ponerlas en marcha, y todo esto es un trabajo pendiente todavía por parte de las autoridades autonómicas y estatales”. Ha destacado la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud aprobada en diciembre pasado “pero se quedará en casi nada si no se le facilitan recursos, porque el plan de acción tiene una dotación de solo 30 millones”.

Santolaya también alertó por la no creación de suficientes plazas PIR (psicologo residente) y por el bloqueo a la creación de nuevas y necesarias especialidades psicológicas, como la clínica de la infancia y adolescencia, mientras que sí se ha creado la de psiquiatría de infancia y adolescencia. “Esto a pesar que la población prefiere solicitar ayuda a psicólogos y no a otros profesionales, como lo dijo la encuesta sobre salud mental y Covid realizada por el CIS en 2021”, señala. En ese trabajo, el 69,7% dijo preferir un psicólogo para tratar temas emocionales y no un médico.

Sobre el Plan de Salud Mental Escolar, implementado por el Ministerio de Educación, ha lamentado que solo tenga una irrisoria dotación de cinco millones de euros y que con él “se pretende formar al profesorado para detectar problemáticas, lo que resulta sorprendente e ineficaz, porque se está sobrecargando al profesorado con más responsabilidades incrementando su estrés y se sigue dejando sin atención psicológica al alumnado que la necesite”.

Por último en cuanto a las medidas tomadas, opinó que la línea telefónica 024 de atención a personas con conducta suicida no es lo más apropiada porque “no está garantizado que atiendan profesionales de psicología o psiquiatría ni que quienes piden ayuda tengan luego una atención continuada”. La conclusión parece ser que hay pequeños cambios en marcha pero escasos, sin el dinero adecuado y sin estrategia integral a largo plazo.

Desde adentro

José tiene casi 50 años. No se llama José pero se protege su identidad para que pueda contar las falencias graves que vive en el sistema público de sanidad y que no se animaría a decirlas sin reserva de su nombre. Es trabajador social y psicólogo, ostentó por 15 años un alto cargo de Sanidad en Castilla-La Mancha y vivió en primera persona “los recortes impresionantes, terribles” cuando gobernaba la Junta Dolores de Cospedal. Actualmente, es el director de un instituto de discapacidad (que depende del Ministerio de Derechos Sociales) en una autonomía muy importante.

Ante todo, subraya el lado elitista que, ya desde el inicio, tiene la carrera psicológica. “Para ejercer, hay que tener un máster de especialista sanitario y hay que pagarlo, además que no hay plazas suficientes ni por privada ni pública y son dos años y después de ese máster se necesita hacer un examen de puntuación para obtener una rotación, y se dan unas 300 cada dos años. Todo acaba siendo muy caro”, explica.

Por su vasta experiencia desde la administración pública, lo primero que sugiere es que la salud mental tenga “un segundo nivel asistencial en atención primaria, que no existe”, y sólo hay una red de salud mental para pacientes graves, transferida a las comunidades autónomas. “Tampoco existe la salud mental de las personas mayores, no hay psicogeriatría. Cuando cumplen 65 pasan a la red de mayores y por ejemplo si tienes esquizofrenia, te atenderá un geriatra y no un psiquiatra”. Otro déficit grave que ve es en la atención a los jóvenes, para quienes se destina pocos recursos y “suele haber un orientador cada 800 alumnos”.Eel exceso de trabajo que tienen los psiquiatras y psicológos en la red pública, lo que acaba generando que los pacientes sin cuadros graves sufran retrasos en la atención a niveles indignos.

“El aumento del malestar psicológico hace insostenible esta situación, lo mires por donde lo mires”, lamenta, y carga contra el exceso de trabajo que tienen los psiquiatras y psicológos en la red pública, lo que acaba generando que los pacientes sin cuadros graves sufran retrasos en la atención a niveles indignos.

En su día a día vive el déficit en la institución que preside. “Hay demoras hasta que salgan las plazas de ofertas públicas por lo que quedan vacantes de quienes se jubilan. Se están sustituyendo (en su institución) a personas que se jubilaron en 2019”. De los 79 puestos de trabajo en su establecimiento hay 23 pendientes, incluyendo la plaza de psicólogo, que atendía a las personas con discapacidad física o sensorial que coexisten con patologías psicológicas.

“Es importante para que tengan un proyecto vital que resuelvan sus problemas psicológicos generados por las discapacidades. Pero la plaza del psicólogo quedó desierta en 2018 y quizás vuelva a quedar porque nadie seleccione venir aquí”, explica, en relación a que el instituto está en un barrio de bajos ingresos y que no suele ser apetecible para los opositores.

Cuando se le pide un ejemplo concreto, inmediatamente cita a Román, de 50 años, que sufrió un ictus hace una década y necesita rehabilitación cognitiva por problemas de memoria. “Síntomas que debería trabajar pero está sin asistencia psicológica desde 2018 porque no se cubre la plaza”, recalca, mostrando en forma cruda la realidad de quienes no pueden pagar asistencia privada.

En tanto, Santolaya, al ser preguntado por las medidas más urgentes que el Estado debe tomar, destaca que si bien “la responsabilidad es compartida, es sobre todo autonómica”, ya que son las comunidades las que tienen las competencias de asistencia sanitaria, aunque el Gobierno y el Congreso pueden “regular las bases”.

El presidente del CGPE recomienda que España alcance, “al menos, la media europea de ratio de psicólogos en la sanidad pública, que hoy es de seis cada 100.000 habitantes, cuando en Europa la media está en torno a los 18, lo que se estima en sumar unos siete mil profesionales adicionales”. Además, pide crear especialidades nuevas como la psicología clínica de la infancia y adolescencia. “Gran parte de estos nuevos profesionales deberían dedicarse a la prevención del suicidio y a la Atención Primaria para atender los trastornos más comunes. En algunas comunidades autónomas han empezado a incorporar esta atención”, subraya.

La pandemia, la guerra, los problemas económicos derivados de ambas, la crispación en muchos medios de comunicación…todo contribuye a un contexto cada vez más difícil y que puso sobre la mesa un tabú como el de la salud mental. También es un nuevo reto a abordar para los partidos políticos, la prensa y los académicos, que tendrán que estar a la altura de la complejidad del problema.

Por ahora el desafío de una solución integral, a pesar de los intentos, sigue pendiente.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/salud-mental/salud-mental-espana-sala-espera