La prevista crisis de Gobierno ha tenido lugar finalmente el Viernes de Dolores. Más que una crisis, la salida de José Bono del ministerio de defensa y la entrada en el ministerio del interior de Alfredo Rubalcaba es un ajuste que cierra institucionalmente la «crisis de octubre» del gobierno Zapatero. Una crisis que era el […]
La prevista crisis de Gobierno ha tenido lugar finalmente el Viernes de Dolores. Más que una crisis, la salida de José Bono del ministerio de defensa y la entrada en el ministerio del interior de Alfredo Rubalcaba es un ajuste que cierra institucionalmente la «crisis de octubre» del gobierno Zapatero. Una crisis que era el resultado de un enfrentamiento en el gobierno y en el PSOE de dos proyectos políticos distintos que encabezaban respectivamente Zapatero y Bono. La victoria de Zapatero es ante todo resultado de la derrota de la contraofensiva social y política de la derecha, que ha perdido también a su principal aliado en el Gobierno y en el PSOE. El horizonte político queda así definido hasta el final de la legislatura en el 2008.
Dos proyectos enfrentados
Bono representa la tradición política del «felipismo», y fue en su nombre que se enfrentó a Zapatero en el 35º Congreso del PSOE por el liderazgo del partido frente a Aznar. El «felipismo» representa no solo la herencia de los tres gobiernos de Felipe Gonzalez, sino la profunda adaptación de los sectores mayoritarios de la izquierda española al aparato de estado construido en la transición y su subordinación a la nueva oligarquía que se ha constituido tras el ingreso de España en la Comunidad Europea y las grandes inversiones en América Latina de los años 90.
Esta profunda adaptación ha tomado la forma de un discurso tecnocrático, modernizante y españolista que marginaba la solución de los problemas democráticos, pendientes desde la transición, agudizados por el importante cambio social desde los años 80 y cuya solución es fundamental para legitimar cualquier proyecto hegemónico de cambio. El «felipismo» no podía ser una alternativa al «aznarismo» porque el neoconservadurismo españolista del Partido Popular no ha sido en el fondo sino una continuación, cada vez mas extrema a medida que perdía legitimidad social, de los procesos políticos iniciados por Felipe Gónzalez de integración de España en la «globalización armada» y de reconstrucción interna de un bloque de poder oligárquico alrededor de la nueva «monarquia parlamentaria».
La novedad de Zapatero y el cambio que supone -que le ha permitido ser no solo alternancia frente a los gobiernos del PP, sino una alternativa- es su ruptura parcial con el «felipismo». Ha vuelto a poner las cuestiones democráticas pendientes en el centro de su programa político (la salida de la guerra de Irak, la reforma de los estatutos de autonomía, la apertura de un proceso de paz en Euskadi) apoyándose en el ciclo de movilizaciones sociales (2002-2004) más importante que ha tenido lugar desde la transición, pero gestionando la nueva correlación de fuerzas desde las instituciones («el parlamento como centro de la vida política»).
La «radicalidad» democrática de Zapatero nace de ese contexto, que le ha permitido establecer una conexión no sólo con la tradición de la lucha democrática contra el franquismo, sino también con la II República antes de 1934, en un nuevo imaginario político y generacional. Al mismo tiempo, hay que constatar sus fuertes limitaciones en el terreno social y económico. El pretendido republicanismo democrático de Zapatero se inscribe, de hecho, en el socio-liberalismo mayoritario en la izquierda europea, que viene ejecutando desde hace quince años los proyectos de reforma y reestructuración del capitalismo europeo a golpe de reglamento comunitario. Pero este socio-liberalismo encuentra todavía un importante margen de maniobra en España debido al enorme déficit social de casi un 30% en relación con la Europa del Euro y a un ciclo económico expansivo desde hace más de diez años, por más que esté fundado en un modelo económico insostenible a medio plazo. La cuestión social aparece así como una cuestión democrática, de posibilidad de acceso a niveles de consumo, de gasto social público y de infraestructuras, más que como una cuestión de redistribución radical de la renta o de cuestionamiento del sistema económico. De ahí que la cuestión social aparezca tan ligada hoy a la propia reforma de los estatutos autonómicos, porque el gasto social ha sido transferido en buena medida a los gobiernos autonómicos, pero no todavía los medios presupuestarios para financiarlo.
Bono, reflejando en el propio Gobierno la movilización extraparlamentaria del PP y la resistencia del aparato del estado al programa de reformas democráticas de Zapatero, se había convertido en el principal defensor en el PSOE de una vuelta al «bipartidismo constitucionalista», al pacto PSOE-PP -que suponía darle derecho de veto al PP- para limitar al máximo el proceso de cambio democrático en curso. De ahí su oposición frontal al Govern tripartito de Catalunya (a veces, hasta situaciones tragicómicas, como en la accidentada devolución del Castillo de Montjuic al ayuntamiento de Bareclona). O sus declaraciones sobre Maragall. O su oposición frontal a la definición de Catalunya como nación, incompatible con su lectura de la Constitución de 1978 y de la esencia misma de España como nación.
Bono hizo su apuesta: la derrota política de Zapatero, o por el bloqueo de la reforma del Estatut o por el fracaso de las negociaciones para iniciar el proceso de paz en Euskadi. Y perdió. Quien se había ofrecido a la derecha españolista como candidato alternativo con un programa distinto no podía seguir más tiempo en el Gobierno.
¿Un segundo «Zapaterismo»?
Para cerrar la «crisis de octubre» de su gobierno, Zapatero ha esperado a la aprobación por el Congreso de los Diputados del proyecto de reforma del Estatut de Catalunya, a la declaración del alto el fuego permanente de ETA y a la recuperación de las expectativas de voto del PSOE, que le vuelven a situar seis puntos por encima del PP. La derrota de la larga y durísima contraofensiva del PP tras el 14-M le ha permitido así eliminar al principal aliado con que éste contaba en el seno del propio gobierno y recuperar un control directo sobre el ministerio de defensa y los servicios de inteligencia, esenciales para el proceso de negociación que se abre en Euskadi.
El paso del ministro del interior Alonso a defensa y de Rubalcaba -principal negociador en Madrid de la reforma del Estatut y del proceso de paz vasco- a interior son una señal inequívoca de las prioridades del Gobierno Zapatero en estos dos años que restan de legislatura. También de la nueva correlación de fuerzas en el PSOE.
Porque si todo parece señalar que Zapatero se siente personalmente más cómodo con el sistema de alianzas surgido tras el 14-M para configurar la mayoría parlamentaria con IU y ERC, no por ello ha dejado de responder a la contraofensiva del PP ampliando esa mayoría hasta incluir a todos los partidos del arco parlamentario contra el PP. Esa ampliación le ha permitido limitar y censurar la elaboración de la propuesta de nuevo Estatut del Parlament de Catalunya, gracias al pacto de enero con CiU; y cerrar un acuerdo sobre el concierto económico con el Gobierno Vasco y recibir sus votos en los presupuestos del 2006, gracias a otro pacto con el PNV, poniendo así fin al conflicto institucional de Aznar con las instituciones vascas antes de abrir las negociaciones con Batasuna.
La posibilidad de una doble alianza con la derecha nacionalista de Catalunya y Euskadi, por un lado, y con la izquierda que representan IU y ERC por otro, dan a Zapatero una autonomía por encima del Parlamento -resultado de la falta de movilizaciones de la izquierda desde marzo del 2004 hasta las incipientes de febrero del 2006- que sitúa el centro de la vida política no en el Congreso de los Diputados, sino, de nuevo, en Moncloa. Nada simboliza mejor ese desplazamiento que la propia salida de Rubalcaba como portavoz parlamentario del PSOE y su nombramiento como ministro del interior.
Rubalcaba ha sido durante la fase anterior el principal constructor de la alianza con CiU y el PNV frente a una mayoría parlamentaria de izquierdas con IU y ERC que él consideraba intrínsicamente inestable y provisional. La visión de una alianza estratégica del PSOE como representante del centro y la izquierda españolas con las burguesías catalana y vasca se remonta a los años 30, y fue la principal aportación política de Indalecio Prieto frente al giro a la izquierda que representó el «largo-caballerismo». Hoy vuelve a ser el proyecto político del sector más liberal del PSOE para ceñir al marco constitucional de 1978 la «segunda transición» del modelo de estado y llevar a cabo las políticas neoliberales de la Unión Europea. Para que eso sea posible, es necesario una gestión «en frio», institucional, del cambio social, evitando la movilización de la izquierda, tanto estatal como nacionalista, y poniendo fin al ciclo de luchas 2002-2004 que permitió la victoria electoral del PSOE.
Como se ha señalado en otras ocasiones, ese «giro a la derecha» solo se puede consolidar, si se produjese la ruptura del Gobierno tripartito catalanista y de izquierdas catalán, para dar paso a una coalición CiU-PSC, y se incorporase el PSE al gobierno vasco, tras las próximas elecciones autonómicas. Las manifestaciones del 18 de febrero en Barcelona y Bilbao de una parte importante de la izquierda catalana y vasca son una muestra de los obstáculos que aun tiene que superar esta estrategia.
La configuración final del «zapaterismo» dependerá en estos dos años que restan a la legislatura de la capacidad de movilización social de la izquierda. Desgraciadamente, la reforma de la Ley Orgánica de Educación es un ejemplo en negativo de ello, cuando la capacidad de movilización de la Iglesia católica ha acabado por obligar al Gobierno a negociar con ella, y no con los defensores de la escuela pública y laica, aunque el cambio de ministra quiera ser un pequeño guiño a la izquierda ante la próxima reforma de la Ley de Universidades.
Tanto la reforma de los estatutos de autonomía como el proceso de paz en Euskadi tienden a desplazar el eje de la vida política hacia una coalición del PSOE con CiU y PNV, partidos, éstos, que le facilitarían, además, la aplicación de las políticas económicas socio-liberales pendientes, como la reforma del mercado laboral, y dar un sesgo socio-liberal a la Ley de Dependencia. La movilización por los derechos democráticos nacionales y por las reivindicaciones de los trabajadores reforzaría, en cambio, la dependencia del PSOE de una mayoría parlamentaria con IU y ERC.