Traducido del árabe para Rebelión por Elisa Viteri
Los centros de detención y las cárceles israelíes están muy lejos de los niveles aceptables para un país desarrollado. En ellas, se violan los derechos humanos, las condiciones de la prisión son crueles, son construcciones que no cumplen con los criterios establecidos por la misma Justicia israelí, sus celdas están masificadas y abarrotadas, el espacio disponible para cada preso continúa disminuyendo, a pesar de que desde el principio está por debajo del espacio requerido. Las condiciones sanitarias son malas y a veces conforman un verdadero peligro, la ventilación no es la adecuada, no se prestan los tratamientos médicos que presos y detenidos necesitan de manera suficiente. Hay problemas para que [los presos] ejerzan su derecho a encontrase con los miembros de su familia, así como para ejercer el derecho a verse con su abogado. Además, el proceso de traslado de los detenidos a las vistas judiciales no cumple con las condiciones requeridas.2
Para los presos políticos, a todo eso se suman otras violaciones adicionales. Hace poco, en junio, Netanyahu informó de su decisión de «establecer un paquete de medidas para cambiar las condiciones que predominan en las prisiones»3 contra los presos políticos. Se ha detenido el servicio de educativo y se ha prohibido que puedan volver a recibir libros. Las cárceles son testigo de la intensificación del «desposeimiento» de las habitaciones, con todo lo que conlleva ese término, así como la aplicación de castigos colectivos añadidos, como el aislamiento o la confiscación de las cartas, además de otras violaciones.
El informe presenta los resultados básicos que aportaron los representantes de la oficina del Defensor del pueblo sobre las condiciones de detención, encarcelamiento y protección de los derechos de los detenidos y los encarcelados. Estos [se obtuvieron] a partir de sus visitas oficiales, además de las impresiones que sacaron de sus visitas no oficiales a las prisiones y centros de detención entre el año 2009 y principios de 2011. Veintiséis de ellas están bajo responsabilidad de las instituciones penitenciarias, diez bajo responsabilidad de la policía, y trece en el mismo edificio y bajo la responsabilidad de los tribunales. Desde ellas se hace a los detenidos presentarse a las vistas judiciales de sus casos.
Se le ha enviado una copia de este informe a los órganos responsables, entre ellas: el fiscal general, el Ministro de Seguridad Pública, el Ministro de Justicia, el director general de la Policía, el delegado de las instituciones penitenciarias, y los máximos responsables de los tribunales que llevan a cabo las inspecciones.
A continuación, apuntamos algunas conclusiones:
a) Las cárceles y centros de detención pertenecientes a las instituciones penitenciarias:
Dice el informe: «nos encontramos con un buen número de violaciones graves de los derechos de los encarcelados. La imagen predominante en varias de las prisiones es muy sombría. Hay quejas sobre castigos desproporcionados en ámbitos clave: las esposas y las ataduras no están bien ajustadas; hay una fuerte masificación; las condiciones sanitarias son malas, a veces hasta el punto de que conforman un verdadero peligro para la salud de los presos; la ventilación no es la adecuada; no hay separación entre el plato de la ducha y el sumidero del retrete, por lo que los reclusos están obligados a asearse sobre el lugar donde otros reclusos hacen sus necesidades.
Los presos carecen de los equipos más básicos; no se proporcionan los tratamientos médicos necesarios de manera suficiente; hay negligencia a la hora de presentar las apelaciones de los presos en las transacciones de los comités de excarcelación»4; «en muchos de los centros penitenciarios … la tremenda superpoblación en las celdas no va acompañada del respeto a la dignidad humana del recluso o el detenido»5; «porcentualmente no hay suficientes trabajadores sociales para el número de reclusos que hay, se les niega el tratamiento social a los presos de primer grado, y se descuida todo los relacionado con los ámbitos laboral y educativo». Afirma el informe que «las carencias en estos ámbitos no se corresponden en absoluto con los objetivos penitenciarios».6
En este contexto de violaciones [a los derechos], la prisión se convierte en un lugar que sirve al objetivo del que ya advirtieron los representantes de la Oficina del Defensor del pueblo, y que es el alejamiento de la sociedad y el rechazo, sobre todo cuando la prisión no permite ningún contacto con el mundo que está fuera de sus paredes, como en el caso de los presos políticos.
b) Las cárceles y centros de detención bajo tutela de la Policía:
Todavía aquí nos encontramos con violaciones a lo que establece la Ley de enjuiciamiento criminal en la cuestión de la detención y de las regulaciones que de ella se derivan. Los habitáculos son estrechos y están superpoblados; sufren serias deficiencias en lo relacionado con los servicios y la higiene personal, con lo que los reclusos se ven obligados a lavarse sobre el sumidero del inodoro [a nivel del suelo]; se viola el derecho de caminar todos los días al aire libre; hay problemas a la hora de ejercer el derecho de encontrarse con los miembros de la familia; se viola el derecho de los detenidos a verse con un abogado en unas condiciones propicias para ello y sin dilación, así como el derecho al libre acceso a las leyes y asuntos legales.7 Y «a pesar de que en algunos de estos centros de detención las carencias provienen de una deficiencia objetiva relacionada con el tamaño de la prisión y la época en que se construyó», dicen los autores del informe: «no nos es posible aceptar la mayoría de las violaciones o carencias, ni estar de acuerdo con ellas… Se necesita invertir recursos para que se corrija la situación en el menor tiempo posible».
c) Instalaciones de detención pertenecientes a los juzgados de todo el país:
«Las condiciones de detención de estas instalaciones se muestran claramente crueles.8 En muchos centros de detención nos encontramos con una «superpoblación insoportable, habitaciones en las que a veces no cabe un reducido número de presos; la mayoría de ellas no cumplen con los estándares de sanidad ni de ventilación, están sucias y tienen malos olores; hay muchas deficiencias en el estado de los baños; en muchos de los centros de detención no se dan condiciones dignas y adecuadas para que [el preso] se pueda reunir con un abogado a petición del cliente, lo que vulnera el derecho a consultar a un abogado; se producen negligencias a la hora de disponer todo lo necesario para trasladar a los detenidos a los juzgados, lo que causa un daño grave a los derechos de los presos, los cuales quedan agotados tras varias horas de viaje, salir de la prisión muy temprano y viajar una distancia tan larga; se producen negligencias en la distribución de la comida y el agua durante el viaje, lo que produce que los detenidos lleguen exhaustos, hambrientos y frustrados al tribunal, en un día aciago para ellos; hay negligencias en la distribución de los detenidos después de la deliberación.
El tiempo que pasan en las estancias de detención de los juzgados es demasiado, más del requerido. Se traslada a los detenidos con esposas en las manos o en los pies por los corredores de los juzgados o las salas y, en la mayoría de los casos, delante del público, lo que hiere tremendamente su dignidad y acaba en su humillación».9 Y eso a pesar de que la ley10 garantiza que los detenidos no irán esposados en los lugares públicos, solamente en los casos excepcionales que delimita la legislación.11
Aquí se señala que a los presos políticos les hacen asistir con las manos y los pies esposados, y permanecen esposados durante toda la vista y delante del público, incluidos los menores de edad, que pueden ser los propios hijos del detenido y sus parientes en segundo grado, que no pueden verle nada más que en la sala del tribunal, ya que las visitas en la cárcel están prohibidas. Estando como está el detenido durante la sesión, rodeado de guardias de las instituciones penitenciarias y de la seguridad del juzgado, además de una alta barrera que le separa del público y de los jueces, nos es difícil creer que en realidad las esposas se deban al miedo a la integridad del público.
Es evidente que «la situación sigue estando muy lejos de ser satisfactoria. Todo lo dicho no son meros problemas o fallos puntuales, sino que se trata de un problema general ampliamente extendido a nivel estatal, lo que lleva a que sean damnificados diariamente, a la vez que se vulneran los derechos fundamentales y la dignidad humana de detenidos y presos». Los autores del informe «esperan que esta compilación de los resultados de sus visitas ayude a que los responsables provean una solución adecuada para afrontar las graves negligencias que imperan, sobre todo de la que pide respuestas y soluciones inmediatas».12
Y «que tengan la pericia necesaria para beneficiarse de estos datos, de manera que mejoren las graves y sistemáticas deficiencias lo más rápido posible». Ven que la «estricta observancia de los derechos y la dignidad de las personas que forman la sociedad y que según la ley han sido privados de su libertad es una de las pruebas claves para preservar los derechos humanos en Israel». Y todo desde la base de que la cárcel, por definición, conlleva la privación de la libertad, pero que eso no justifica, por su naturaleza, violar la dignidad del ser humano, ya que una prisión que preserva la dignidad humana del preso es algo perfectamente aplicable, desde la premisa de que los muros de la prisión no deben suponer la separación entre el preso y su humanidad, así como que la cárcel no debería convertirse en una jaula».
Por el contrario, la imagen que expone este informe, desde mi punto de vista, confirma que Israel ha suspendido el examen del respeto a los derechos humanos, en lo que a los presos se refiere. Es evidente que las cárceles israelíes son una forma de aislar a un ser humano del su humanidad y su sociedad. Las graves violaciones de las que se hablan en estos informes un año tras otro confirman el mismo tema del que advierten las organizaciones por los derechos humanos, así como los mismos presos y sus familias. Cuando los órganos que aplican las leyes, como las mismas instituciones penitenciarias y la Policía, continúan perpetrando violaciones a los derechos humanos de forma sistemática y estructural, surge la siguiente pregunta: ¿de qué sirve presentarles estos informes?
Nosotros afirmamos que el problema de los presos y de sus condiciones de detención y encarcelamiento no deben ser un problema de los presos a título personal, o de sus familias, ni es un problema interno que les corresponda tratar a las Instituciones Penitenciarias, al Ministro de seguridad interior o a la Policía, ni a ninguna de las demás instituciones que crean el problema. Este tema no es una cuestión interna de Israel, como Israel desearía que fuera. Este tema debe preocupar a todos las personas que alzan su voz en pos de los derechos humos, los que abrazan los valores y los enfoques humanitarios, y critican el sistema judicial y el poder absoluto que utiliza el Estado (y sus órganos) contra sus ciudadanos, sobre todo contra los grupos más débiles y reprimidos, entre ellos los que se encuentran los presos y los reclusos, por su situación legal.
Nosotros decimos que nuestra preocupación aquí se dirige especialmente a los presos políticos y sus condiciones de vida dentro de las prisiones, ya que no cumplen con el nivel humanitario requerido. Además del conjunto de violaciones graves de las que hablan en los informes, los presos políticos viven en el más completo aislamiento, sin ningún contacto con el mundo exterior, a excepción de sus parientes en primer grado, los que pasan también por las crueles condiciones del encuentro detrás del cristal, pues al preso se le niega su derecho a sentir su humanidad.
Su mundo es una especie de jaula hasta en sus más pequeños detalles, donde se le prohíbe realizar cualquier tipo de actividad social y educativa. El centro carece de las celdas suficientes, el espacio en el interior de las celdas a veces es pequeño, a parte de la sala de las visitas, a la que se acercan una vez cada dos semanas para encontrarse con la familia por no más de 45 minutos. Además, las instituciones penitenciarias les imponen castigos colectivos, entre las que se encuentran el registro corporal, a ellos y a sus familias, y prohibirles estudiar y recibir libros, entre otras. El «pretexto de la seguridad» es suficiente para que sirva como tapadera legal de todas las prácticas y violaciones que se les infligen.
Mientras el país es testigo, en estos últimos tiempos, de un movimiento social que protesta en contra de las políticas económicas del sistema en vigor, y de cómo las organizaciones y los sindicatos adoptan su papel en esta protesta, surge una pregunta: ¿dónde está el sindicato de los trabajadores sociales [clamando] sobre la situación actual en las cárceles? ¿Por qué se acepta que haya deficiencias en los servicios sociales y que sean selectivos? ¿Por qué a los presos se les priva [de estos servicios]?;
¿Por qué calla el colegio de médicos sobre las condiciones de encarcelamiento? ¿[Por qué no dice] la verdad, que los tratamientos médicos que se les otorga a los presos y detenidos son deficientes y conforman una clara violación de los derechos del enfermo?
¿Y qué hace el colegio de abogados contra el hecho de que las condiciones de los encuentros entre el abogado y el preso, sobre todo los políticos, sean inadecuadas dentro de las prisiones y justificadas con tapaderas legales? ¿Por qué se callan las organizaciones israelíes por los derechos de los niños ante las humillaciones contra los menores -hijos de los presos políticos palestinos- cuando se les prohíbe a los mayores de ocho años el encontrarse directamente con los presos, junto con su familia, mientras que esto no ocurre con los hijos de los presos políticos judíos?
Los presos políticos palestinos en las cárceles israelíes sufren violaciones que dañan los derechos humanos, viven en condiciones que disminuyen su dignidad humana, y hasta los informes oficiales, como el mencionado, lo confirman. A Israel no le interesa cambiar la situación y trata el asunto como si fuera un asunto interno que sólo le atañe a él. Mientras tanto, los sindicatos y colegios profesionales guardan silencio y no se levantan en su contra.
Esta realidad se aparece ante nosotros como un deber moral, humano y nacional, que es el desafiar, denunciar y reunir apoyo internacional contra estas políticas. Quizás el camino hacia la protección de los presos políticos sea a través del Tribunal Penal Internacional, algo que se pide con fuerza creciente y para lo que se organizan campañas por parte de las asociaciones por los derechos humanos, las personas con conciencia, los intelectuales críticos y los activistas sociales y políticos.