Artículo publicado en el Blog de Marta Vidal
En la reciente en la cumbre de la Unión Europea de Lahti (Finlandia) el Presidente Rodríguez Zapatero planteó una propuesta de revisión del derecho internacional del mar y de las obligaciones de salvamento marítimo para facilitar la devolución automática a los inmigrantes a los países de salida cuando son rescatados en alta mar, evitando el trasladado al país bajo cuya bandera está el barco que realiza el rescate.
El Presidente aludía a una profusa normativa de rango internacional (Convenio sobre Alta Mar de 1958, Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 1974, y su Protocolo de 1978; Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo de 1979 y Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982), que imponen una serie de compromisos y obligaciones en materia de seguridad marítima y salvamento de vidas humanas en la mar.
La propuesta, apoyada por los demás países de la UE, va en la línea de la estrategia europea de control de fronteras analizada por Sami Nair en su última obra «Y vendrán» (subtitulada: «Las migraciones en tiempos hostiles»). La UE tiende a desplazar el control de fronteras a los países de tránsito (Marruecos, Argelia, Mauritania, Libia), ya sea condicionando las ayudas de cooperación al control de salidas y a la readmisión de inmigrantes de otros paises, ya sea con medidas como patrulleras conjuntas para interceptar las embarcaciones antes de la entrada en sus aguas jurisdiccionales y la construcción de centros de internamiento para albergar a los irregulares interceptados hasta su teórica devolución a su país de origen. Ya en el 2003 Tony Blair lanzó la propuesta de «externalizar» los procedimientos de asilo mediante la creación de centros de tránsito instalados en las fronteras de la Unión Europea, denominados centros «offshore» (Las palabras son todo menos inocentes: http://es.wikipedia.org/wiki
Esa política de «outsourcing» o externalización del control de fronteras y el asilo en los países limítrofes traslada al ámbito político una práctica habitual de las multinacionales: deslocalizar la producción en filiales ubicadas en países con bajos niveles impositivos, ínfimos estándares de protección laboral y mínimos controles medioambientales para producir al menor coste. En este caso la «deslocalización» afecta a las funciones de soberanía territorial de control de fronteras y política de asilo, que se «subcontratan» con los países de tránsito situados fuera de las fronteras de Europa con estándares de garantía de los derechos humanos ínfimos o directamente inexistentes. El símil no es casual.
Ya hay un anticipo del posible futuro modelo europeo de tratamiento del derecho de asilo en actuaciones que se vienen practicando con total opacidad en dos países de la UE con el silencio de las instituciones comunitarias: Malta (recordemos el bochornoso incidente del pesquero español que recogió a unos náufragos) e Italia (que lleva tiempo practicando ocasionales expulsiones colectivas hacia Libia y que llegó a prohibir el acceso al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados -ACNUR- al centro de retención de Lampedusa).
Y en cuanto a España los intentos de asociación de los países de tránsito (Marruecos y Mauritania) en el control de fronteras en los últimos 12 meses arrojan un saldo muy preocupante:
En octubre de 2005 las crisis de las verjas de Ceuta y Melilla acabó con un millar de subsaharianos abandonados por las autoridades marroquíes en una zona desértica fronteriza con Argelia sin acceso a agua y a alimentos hasta que el bochornoso espectáculo del telediario no dejó más alternativa que paralizar las expulsiones. En el lote Médicos sin Fronteras se encontró con heridos, menores de edad y embarazadas y el Frente Polisario localizó también en el desierto del Sáhara occidental a un grupo de 92, denunciando que fueron obligados a palos y bajo la amenaza de armas de fuego a introducirse en pleno desierto y dispersados en diferentes puntos de los 2.300 kilómetros del muro de defensa militar para dificultar su localización.
En marzo de 2006 otro grupo de 81 inmigrantes senegaleses fue abandonado por Marruecos en la franja de tierra de nadie entre Mauritania y el Sáhara Occidental después de haber naufragado frente a las costas de El Sahara, encontrándose luego con la negativa de Mauritania a permitirles la entrada en su territorio.
En abril de 2006 Mauritania abandonó en un puesto fronterizo en pleno desierto 286 inmigrantes de Mali (incluyendo varios menores), procedentes de centros de retención de Nuadibú, financiados por el Gobierno español.
En agosto 2006 Marruecos volvió a dejar a 53 inmigrantes que habían naufragado frente a las costas del Sahara en una franja de «tierra de nadie» minada en la zona fronteriza con Mauritania.
No parece que este balance de la política de «subcontratación» del control de fronteras sea para ponerse a tirar cohetes. Dudo que nadie se atreva a defender esto en público.
El controvertido asunto de hacer retroceder a los cayucos es extremadamente vidrioso cuando las condiciones de salud los ocupantes los ponen en situación de riesgo de muerte en el viaje de regreso. Ya a lo largo de este año ha habido varias denuncias de casos de embarcaciones obligadas a regresar que se saldaron con la muerte de algunos ocupantes antes de llegar a destino. Pero adicionalmente, el retroceso forzoso hacia terceros países plantea otros problemas legales de calado como la imposibilidad de solicitar asilo o la carencia de garantías de respeto a la vida o la integridad física en el país de tránsito.
El problema no puede solucionarse derivando sin más el problema a los estados de tránsito ni tampoco con una simple revisión del derecho internacional del mar, que no otorgaría cobertura legal a expulsiones colectivas sin garantías a países con riesgo de tortura o tratos inhumanos, prohibidas por otros muchos tratados internacionales en materia de derechos humanos (como la Convención de Ginebra, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, o la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE), que proscriben la expulsión a un país donde exista peligro de violaciones graves de los derechos humanos. Es el grave escollo de firmar convenios de readmisión de personas en tránsito con terceros países que no han sucrito la Convención de Ginebra o carecen de garantías de respeto a derechos humanos.
Los planteamientos de cooperación de la UE requieren una mayor transparencia y mayores exigencias de garantías a los países de tránsito, como las que propone Sami Nair de asociar a organismos internacionales como la OMI (Organización Marítima Internacional), la OMS (Organización Mundial de la Salud) y el ACNUR en la supervisión de estas actuaciones y del destino de los retornados. De otro modo la «cooperación migratoria» acabará en una simple descentralización del «trabajo sucio» en países que acaban enterrando el problema en el desierto.