Para muchos egipcios existen pocas dudas de que el reloj está marchando hacia atrás en su país, pero todavía no tienen claro si se detendrá en la época de Hosni Mubarak o retrocederá más. Es lo que están dirimiendo en la calle y en los despachos el régimen y los activistas islamistas, y en menor […]
Para muchos egipcios existen pocas dudas de que el reloj está marchando hacia atrás en su país, pero todavía no tienen claro si se detendrá en la época de Hosni Mubarak o retrocederá más. Es lo que están dirimiendo en la calle y en los despachos el régimen y los activistas islamistas, y en menor medida los liberales e izquierdistas, que protestan a diario en El Cairo y en otras ciudades.
Las protestas se dirigen ahora contra una nueva ley que recorta los derechos a manifestarse y prevé condenas de cárcel o multas onerosas para quienes no la respeten. La ley reprime la libertad de expresión y limita el alcance de las manifestaciones, dándose la paradoja de que fueron precisamente los manifestantes quienes facilitaron el golpe del 3 de julio contra el presidente Mohamed Mursi. Pero lo que era legal bajo los islamistas, es decir las manifestaciones multitudinarias que sirvieron de excusa al general Abdel Fattah al Sisi para acabar con Morsi, es ahora ilegal ya que el régimen teme que los desórdenes amenacen su autoridad y los atentados, que empiezan a ser moneda corriente, conduzcan al caos.
La nueva ley que ha promulgado el presidente Adly Mansour, que debe el cargo a Al Sisi, requiere que todas las concentraciones de más de diez personas cuenten con permiso gubernamental previo, prohíbe las manifestaciones políticas en los lugares de culto, es decir en las mezquitas, algo que no es raro, especialmente al acabar la plegaria del mediodía del viernes, y también proscribe las acampadas en plazas y calles, un hábito que se inició a principios de 2011 para protestar contra Mubarak.
Esta situación se produce cuando apenas faltas unas semanas para que se vote en referéndum la nueva Constitución, que ha sido dibujada por un comité de expertos que ha excluido a representantes de los Hermanos Musulmanes, la fuerza que ganó las cinco elecciones que se celebraron entre la caída de Mubarak en febrero de 2011 y el golpe del 3 de julio pasado. Por si esto fuera poco, en los últimos días se ha multiplicado la detención de conocidos activistas políticos liberales y de izquierdas, además de islamistas, que protestaban contra lo que consideran un giro hacia la dictadura o la autocracia. Una veintena de mujeres islamistas, incluidas varias estudiantes adolescentes, han sido condenadas a once años de prisión simplemente por protestar de manera pacífica en Alejandría.
Algunos analistas indican justamente que lo más peligroso es el riesgo de que se produzca un colapso en las frágiles relaciones entre el régimen y los liberales e izquierdistas que hasta ahora habían mantenido una actitud no beligerante, pero que en ningún modo aceptan la ley de manifestaciones. Para complicar las cosas, en la provincia de Mina, 250 kilómetros al sur de El Cairo, se registraron enfrentamientos «sectarios», es decir religiosos, entre musulmanes y cristianos coptos, en parte debido a las relaciones entre una mujer musulmana y un copto, que se cobraron la vida de cuatro personas y causaron decenas de heridos, así como el incendio de varias casas cristianas.
Una parte de las protestas contra la ley de las manifestaciones se canaliza a través de varias organizaciones más o menos liberales o de izquierdas, como Kifaya (Basta), que se dieron a conocer contra Mubarak, y que exigen la retirada de la polémica ley, la supresión de los tribunales militares, algo que se contempla en el texto de la Constitución que se va a votar, y la liberación de los manifestantes detenidos recientemente. Estos grupos denuncian que el régimen «está dando indicaciones de que quiere restablecer un estado policial y represivo» , y le advierten que si no se deroga la ley el gobierno «pagará un alto precio, como ya lo pagó el régimen de Mubarak».
Los Hermanos Musulmanes insisten en que lo más importante es exigir la restauración de la «legalidad», es decir del presidente Mursi, y denunciar «el golpe de estado». Es la misma actitud que han defendido desde hace cinco meses, y con ese objetivo están comenzando a reorganizarse de mil maneras distintas. Más de 2.500 dirigentes y cuadros de los islamistas están en la cárcel, de ahí que la organización haya tenido dificultades para levantar cabeza, pero su presencia en las calles y en los medios de comunicación vuelve a ser más incisiva, y esto es algo que preocupa al gobierno.
El régimen les acusa de todos los males que afectan al país, principalmente de la violencia, aunque es obvio que existen grupos y células autónomas que están dispuestas a combatir con las armas y aunque son islamistas no están afiliados a los Hermanos Musulmanes. Otra señal preocupante se produjo el jueves durante las intensas protestas estudiantiles de orientación islamista en El Cairo, cuando un estudiante fue abatido por la policía y varios resultaron heridos. Los desórdenes en las universidades no auguran nada bueno, especialmente si se extienden en los próximos días.
El incremento significativo de las protestas puede desestabilizar el régimen y llevarlo a una situación desesperada que obligue a los gobernantes a obrar con mayor dureza y conduzca a un deterioro más grave de la crisis. Washington sigue con preocupación los acontecimientos, pero la Casa Blanca y el departamento de Estado mantienen posiciones contrarias. Mientras la Casa Blanca ha reducido la ayuda militar a Egipto y ha criticado el golpe, aunque sólo suavemente, el departamento de Estado cree que el general Al Sisi está comprometido con la democracia y está decidido a conducir al país en esa dirección.
Fuente original: http://www.publico.es/internacional/485987/la-tension-en-egipto-conduce-a-una-deriva-incierta