Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
Israel está cerca de implementar un plan a largo plazo para transformar la estructura demográfica del anexionado Jerusalén este. Las políticas para revocar los permisos de residencia de los jerusalemitas palestinos y para judaizar la ciudad han sido descritas como limpieza étnica.
Tras su victoria en la Guerra de los Seis Días en 1967 Israel se anexionó Jerusalén Este – la parte de la ciudad que estuvo bajo dominio jordano desde el fin del Mandato británico en 1948 – junto con otros 64 kilómetros cuadrados que habían sido parte de Cisjordania. Jerusalén se convirtió así en la ciudad más grande de Israel y fue declarada su ‘capital eterna y unida’. La comunidad internacional, encabezada por Naciones Unidas, ha denunciado continuamente este acto unilateral de anexión alegando que es una violación del principio fundamental del derecho internacional que prohíbe la adquisición forzosa de territorio. De forma sistemática la comunidad internacional ha considerado Jerusalén este un territorio ocupado y, por consiguiente, vinculado a Gaza y Cisjordania.
Su apoyo al derecho palestino a Jerusalén este estaba reforzado por el hecho de que en el momento de la ocupación los palestinos constituían la mayoría de los residentes de este sector de la ciudad. Israel ha emprendido una batalla demográfica para asegurar la soberanía israelí sobre toda la ciudad. Durante casi cuatro décadas los sucesivos gobiernos han implementado políticas diseñadas para transformar la estructura de la población de la ciudad y asegurar la superioridad numérica de los judíos. Hasta la construcción del Muro en y alrededor de Jerusalén este estos objetivos se lograban a través de una serie de normativas discriminatorias para reducir la población palestina que hacían que su vida fuera cada vez más insufrible y fomentaban el crecimiento de los asentamientos israelíes en los barrios palestinos. Hoy en día los aproximadamente 23.000 jerusalemitas palestinos representan en torno al 30% de la población total de Jerusalén.
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Según el plan post-1967 diseñado por el mando militar israelí, no se incluyeron en Jerusalén zonas densamente pobladas de palestinos, pero se incorporaron las tierras que pertenecían a varios pueblos palestinos. Quienes quedaron fuera de los nuevos límites municipales o que casualmente estaban fuera de Jerusalén en 1967 se convirtieron en residentes en Cisjordania y como tales, bajo mando militar. El gobierno israelí elaboró un censo de la población palestina que vivía dentro de los nuevos limites municipales de la ciudad y garantizó un estatuto de residente permanente a los palestinos residentes en las zonas anexionadas. Se les concedía el derecho a convertirse en ciudadanos israelíes a condición de acceder a jurar lealtad al Estado de Israel. La masiva negativa a reconocer la soberanía israelí sobre el Jerusalén ocupado supuso que sólo el 2.3% de los palestinos jerusalemitas se convirtieran en ciudadanos israelíes. Los demás se convirtieron en residentes permanentes en Israel sujetos al derecho y jurisdicción israelíes, igual que los extranjeros asentados voluntariamente en Israel.
El estatuto de residente permanente en Jerusalén difiere significativamente del de ciudadanía. Los residentes permanentes de Israel están autorizados a trabajar y vivir en Israel sin permisos especiales, a recibir beneficios sociales del Instituto Nacional de Seguros y a votar en las elecciones locales. Sin embargo, no se garantiza automáticamente la residencia permanente a los hijos o cónyuges de los que tiene el permiso y a diferencia de los ciudadanos israelíes, los residentes permanentes no gozan del derecho a retornar a Israel en cualquier momento.
Entre 1967 y 1994 Israel confiscó 24.8 kilómetros cuadrados de tierra palestina en Jerusalén este, el 80% de los cuales pertenecía a palestinos. La expropiación de tierras es continua. Hoy solamente un 7% de la zona de Jerusalén este sigue siendo disponible para los palestinos. La mayoría de la tierra confiscada ha sido utilizada para la construcción de asentamientos judíos y de carreteras de circunvalación de los asentamientos violando el derecho humanitario internacional que prohíbe a una potencia ocupante transferir parte de su propia población a un territorio que ha ocupado. El ayuntamiento de Jerusalén ha utilizado a su conveniencia las restricciones de zonificación para establecer ‘zonas verdes’, supuestamente reservadas para fines medioambientales y recreativos, pero utilizadas de hecho como táctica para quitarle a la tierra un uso palestino y crear una reserva para alojamientos judíos.
El Plan de Planificación de Ciudad (TPS, en sus siglas en inglés), otro instrumento clave de la ‘transferencia tranquila’, restringe los permiso de construcción en zonas ya urbanizadas, las únicas disponibles para uso de los palestinos. El TPS se ha utilizado para restringir el desarrollo de los barrios palestinos. A los palestinos sólo se les permite construir edificios de una o dos plantas mientras que los edificios judíos adyacentes pueden tener hasta ocho plantas. Los palestinos deben pasar por un complejo y larguísimo proceso administrativo para obtener un permiso de construcción. Cuesta en torno a los 25.000 dólares – un obstáculo considerable ya que los ingresos de los palestinos son considerablemente inferiores a los de los israelíes. Los palestinos obtienen un desmesuradamente pequeño porcentaje de los permisos de construcción concedidos cada año por el ayuntamiento de Jerusalén. Sólo el 7.5% de las casa construidas legalmente durante el periodo comprendido entre 1990-1997 pertenece a los palestinos.
Centro de vida
En 1995 el ministerio del Interior israelí introdujo una nueva normativa que requería a los residentes palestinos demostrar que habían estado trabajando y viviendo de forma continua en Jerusalén durante los siete años anteriores. El baremo para demostrarlo es tan estricto que incluso personas que nunca han abandonado Jerusalén tiene dificultades para ajustarse a él. Los palestinos que no pueden demostrar que su ‘centro de vida’ es Jerusalén se arriesgan a que les revoquen su estatuto de residencia y que se le deniegue la petición de reunificar a la familia y los hijos. El número de permisos de residencia en Jerusalén revocados tras la promulgación de la política del ‘centro de vida’ asciende a más del 600%. Barrios del extrarradio de Jerusalén a los que muchos habitantes de Jerusalén este emigraron a consecuencia de anteriores políticas discriminatorias fueron declarados fuera de Jerusalén y, por consiguiente, se suprimieron los derechos de residencia de más de 50.000 personas. Para defender su derecho a la residencia y los derechos sociales que van unidos a él, unos 20.000 palestinos volvieron a vivir dentro de los límites municipales de Jerusalén.
La política israelí del ‘centro de vida’ afecta gravemente al derecho de los palestinos a los beneficios sanitarios y sociales, a la reunificación familiar, al registro de los hijos y a beneficiarse del Plan Nacional de Seguros israelí. El ‘centro de vida’ se verifica con cada revisión anual de los permisos de residencia de los cónyuges. A miles de niños palestinos nacidos en Jerusalén de padres uno de los cuales no tiene un permiso de residencia en Jerusalén se les niega el ser registrados y no pueden ejercer sus derechos básicos, incluyendo el derecho a la educación. Aunque la política del ‘centro de vida ‘ ha sido oficialmente discontinua, el estallido de la Intifada de Al Aqsa en septiembre de 2000 hizo que se reactivara. Desde mayo de 2002 Israel se ha negado a aceptar peticiones de reunificación familiar y se ha negado a registrar a los hijos de residentes permanentes nacidos en los territorios palestinos ocupados.
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El Muro consolida los objetivos de la política del ‘centro de vida’ . No solo aísla Jerusalén este de Cisjordania y lo incorpora a Israel sino que divide los barrios palestinos de Jerusalén este . El Muro se está levantando al este de los barrios que antes formaban parte del municipio de Jerusalén (el campo de refugiados de Shu’afat y West Anata con una población de 55.000 personas), la mayoría de cuyos habitantes tiene permisos de residencia en Jerusalén. También separa de Jerusalén los barrios que dependen completamente de la ciudad para su supervivencia y los aproximadamente 50.000 residentes permanentes palestinos obligados a trasladarse debido al discriminatorio régimen de impuestos y las restricciones a los permisos de construcción impuestas por las autoridades israelíes.
Los palestinos que tiene un permiso de residencia permanente y que se encuentran ahora en el lado cisjordano del Muro, particularmente aquellos que viven fuera de los límites de Jerusalén, están empezando a perder su estatuto de residencia según la política del ‘centro de vida’. El Muro hace imposible que muchos de ellos lleguen a sus puestos de trabajo y servicios básicos dentro de Jerusalén, lo cual es necesario para conservar su estatuto de residencia israelí. Ahora los miembros de las familias que no tienen tarjeta de residente permanente no podrán esquivar la normativa israelí sobre residencia y sus cónyuges que poseen un carné de identidad israelí tendrán que elegir entre vivir al otro lado del muro o perder sus trabajos y permiso de residencia en Jerusalén. Según el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de lo derechos humanos en los territorios palestinos ocupados «Israel espera reducir la población palestina de Jerusalén este obligando a los cónyuges a trasladarse al lado cisjordano del Muro».
La crisis de vivienda y el nivel de superpoblación de los barrios palestinos son tales que los palestinos se han visto forzados a salir de los límites municipales u obligados a construir sus casas violando las leyes israelíes. Al construir ilegalmente se exponen a elevadas multas y al peligro de demolición. En los últimos años el número de casa demolidas por falta de permiso ha crecido de forma significativa. Según la asociación de derechos humanos israelí B’tselem, entre 1999 y 2003 fueron demolidas en Jerusalén este 229 casas y otras estructuras mientras que solo en 2004 y 2005 se demolieron 198 casas, y 594 personas fueron desplazadas. Este incremento coincide con las nuevas expropiaciones de tierra y planes para el desarrollo de nuevos asentamientos judíos en el corazón de los barrios palestinos, como Ras-al-amud o el Monte de los Olivos.
La construcción del Muro a lo largo y dentro de los límites municipales de Jerusalén impedirá definitivamente la vuelta de los palestinos expulsados de Jerusalén por la confiscación de sus tierras, la demolición de sus casas o presiones de grupos de colonos extremistas. Perderán sus derechos de residencia permanente en Jerusalén según la política del ‘centro de vida’ y nunca más podrán entrar en la ciudad sin permisos especiales. Las propiedades que han abandonado en Jerusalén pueden serles arrebatadas según la ley israelí de Propietarios Ausentes.
Este Muro de ocho metros de altura ha dado a Israel un pretexto para bajo el disfraz de la seguridad lograr unos objetivos establecidos hace mucho tiempo. Jerusalén está en el corazón de todos los antagonismos en Oriente Medio. El silencio internacional y el fracaso en impedir la estrategia de transferencia israelí tendrá con toda probabilidad consecuencias irreversibles y acabará con las posibilidades regionales de paz. La transferencia de palestinos será pronto una realidad indiscutible pero dejará de ser ‘tranquila’.
Elodie Guego, es una abogado especializada en derechos humanos; en 2005 trabaóo como voluntaria en los territorios palestinos ocupados y actualmente es Analista de un Pais Asistente en el Centro de Observación de los Desplazamientos Internos del Consejo Noruego de Refugiados, en Ginebra. Este artículo fue publicado originariamente el número de agosto de 2006 de [la revista] Forced Migration Review, con el titulo de Palestinian displacement: A case apart?, y se reproduce con autorización. Forced Migration Review, que se publica en inglés, árabe, español y francés, proporciona un foro de debate con fines prácticos sobre cuestiones relacionadas con refugiados y personas desplazadas para mejorar políticas y prácticas, e involucrar a refugiados y desplazados internos en el diseño e implementación de programas.