La Eurocámara aprobó por 374 votos a favor, 225 en contra y 102 abstenciones una resolución no vinculante que pide que el glifosato se limite a «usos profesionales» y que se excluya su utilización en parques, zonas de juego o jardines. El pleno del Parlamento Europeo (PE) apoyó hoy la renovación -aunque por siete años […]
La Eurocámara aprobó por 374 votos a favor, 225 en contra y 102 abstenciones una resolución no vinculante que pide que el glifosato se limite a «usos profesionales» y que se excluya su utilización en parques, zonas de juego o jardines.
El pleno del Parlamento Europeo (PE) apoyó hoy la renovación -aunque por siete años en lugar de quince y con otras restricciones- del uso del polémico glifosato, un compuesto en pesticidas clasificado como «posible cancerígeno» por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer.
La Eurocámara aprobó por 374 votos a favor, 225 en contra y 102 abstenciones una resolución no vinculante que pide que el glifosato se limite a «usos profesionales» y que se excluya su utilización en parques, zonas de juego o jardines.
Los eurodiputados consideran asimismo «inaceptable» el uso del glifosato en una práctica agrícola previa a la recogida de la cosecha, que creen que aumenta la exposición humana al producto.
La resolución aprobada indica que, «dadas las preocupaciones» sobre su eventual carácter cancerígeno y el temor a que pueda causar alteraciones endocrinas, la Comisión Europea «debería renovar su aprobación por solo siete años en lugar de quince».
Además, solicita una revisión independiente y la publicación de todas las pruebas científicas que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha utilizado para evaluar el glifosato.
El PE consideró asimismo que el Ejecutivo comunitario debería reevaluar la aprobación del glifosato bajo una legislación aparte, a la luz de su clasificación que realizará próximamente la Agencia Europea de Químicos.
La resolución aprobada hoy pide a la Comisión que presente un nuevo borrador que aborde mejor el uso sostenible de los herbicidas que contengan glifosato y que ponga en marcha una revisión independiente de la toxicidad y la clasificación del glifosato, basada no solo en datos relativos al carácter cancerígeno, sino en relación con las posibles alteraciones endocrinas.
El presidente de la comisión de Medio Ambiente del PE, Giovanni La Via, dijo en una rueda de prensa que, a la luz de algunas enmiendas introducidas, la autorización podría ser modificada si surgieran hallazgos científicos determinantes.
Subrayó asimismo que el compromiso logrado en el PE respeta «la necesidad de mantener la competitividad del sector agrícola y, a la vez, asegurar la salud de los ciudadanos».
El glifosato es la sustancia activa del herbicida más vendido en el mundo, el RoundUp, comercializado por la multinacional Monsanto.
El grupo de Los Verdes criticó la posición del PE y denunció que «la protección de la salud no es una prioridad absoluta para la mayoría de diputados europeos», según un comunicado.
Por su parte, la organización ecologista Greenpeace valoró que los eurodiputados hayan pedido restricciones al uso del glifosato, aunque consideró que «no son suficientes para proteger a las personas y el medioambiente».
«La ciencia demuestra que el glifosato es una amenaza para la salud pública y debe ser prohibido», añadió la organización en un comunicado.
Está previsto que en mayo el Comité permanente sobre Plantas, Animales, Alimentos y Piensos, formado por expertos nacionales, vote la adopción o rechazo de la propuesta de la Comisión sobre el glifosato.
Si el voto no lograra el apoyo de una mayoría cualificada de países, correspondería a la Comisión tomar la decisión.
Por su parte, un portavoz de la EFSA recordó que en la UE existe un marco legal sobre la propiedad intelectual y la confidencialidad empresarial que prohíbe a esta agencia la publicación automática de informes completos y otros datos.
«Sería irresponsable por parte de EFSA como organismo de la UE revelar esta información sin seguir el proceso establecido en la legislación, que nos exige en primer lugar verificar las reclamaciones hechas por empresas sobre la información sensible desde el punto de vista comercial y de propiedad», manifestó.
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