Las muertes en el Mediterráneo: la contabilidad de lo desaparecido

G. Bachelard

I. ¿Cuestión de cifras?

Un holocausto cada vez menos silencioso se cierne sobre las puertas de Europa. En la última década, el escándalo no ha cesado de incrementarse: las víctimas se multiplican de forma abrumadora en el Mediterráneo. Ateniéndonos a la información disponible, en 2017 han fallecido por ahogamiento más de 3000 personasⁱⁱ, encadenando así cuatro años donde los muertos se cuentan por miles, llegando a su punto máximo en 2016 con 5143 fallecidos. Lo que esa información suele omitir, sin embargo, es que mientras en 2017 el número de migrantes y desplazados llegados a Europa por vía marítima fue de 171.635 personas, en 2016 fue de 363.504 llegadasⁱⁱⁱ. Así, a pesar de un descenso relevante de los arribos por costa con respecto al año precedente, la tasa de mortalidad en vía marítima se incrementó: en un año se pasó del 1,4 % de fallecidos del total de personas arribadas por costa al 1,8 % en 2017. Si además tenemos en cuenta el período 2014-2017, no queda margen para una lectura complaciente con respecto a los presuntos logros de la Comisión Europea: según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 17000 seres humanos han perdido la vida en su intento por arribar al continente europeo por vía marítima en ese período^iv.

Las estadísticas disponibles, sin embargo, apenas dan cuenta de la magnitud de esta catástrofe humana. Las estimaciones realizadas son, en términos metodológicos, de carácter mínimo. Así, antes que procurar inventariar nuevamente esas muertes, convendría preguntar entonces por la metodología que sustenta esas cifras. En términos más concretos, entonces, es pertinente preguntar: ¿cómo se elaboran estas estadísticas sobre las personas que mueren ahogadas en el Mediterráneo? ¿Quiénes son los responsables de la compilación de datos y su integración en una misma base de datos? ¿Cómo se coordinan las autoridades e informantes para obtener un mapa estadístico de la cuestión? ¿Cuáles son las técnicas de contabilización que se utilizan y cómo se validan?

Para elaborar una respuesta tentativa es preciso remitirse a la OIM, especialmente, al Proyecto de Migrantes Desaparecidos (Missing Migrants Project). Al respecto, los datos del proyecto se compilan diariamente a partir de una pluralidad de fuentes: datos de la guardia costera, informes de medios, ONG y entrevistas con supervivientes, entre otras. Según la propia nota metodológica del proyecto, «[e]n la región mediterránea, las autoridades nacionales pertinentes envían los datos a las misiones de campo de la OIM, quienes luego los comparten con el equipo del Proyecto de migrantes desaparecidos. Los datos también se obtienen a través de informes directos de la OIM y otras organizaciones que reciben supervivientes en los puntos de desembarco en Italia y Grecia. En otros casos, se utilizan informes de medios. La OIM y el ACNUR también coordinan regularmente esos datos para garantizar la coherencia. (…) En todas las regiones, los datos del proyecto Missing Migrants Project representan estimaciones mínimas y son potencialmente más bajos que en la realidad»^v. En dicha nota, también es manifiesto que el recuento excluye tanto i) las muertes que ocurren en los centros de detención de inmigrantes como las que se producen ii) durante la deportación, iii) después del retorno forzoso, iv) las relacionadas con la situación irregular de los migrantes, v) las resultantes de la explotación laboral o vi) las que se producen tras arribar a un nuevo hogar o a un campo de refugiados. Dicho de otra manera, las muertes contabilizadas se restringen a «migrantes» (sic) en tránsito, cualquiera fuera su estatus.

A estas decisiones estadísticas, ligadas al objetivo de identificar «las rutas más peligrosas» (sic), hay que sumar las dificultades para recolectar información sobre el terreno. Las estadísticas nada pueden decirnos sobre aquellos cuerpos desaparecidos que jamás serán identificados o incluso localizados. Así, cada año se produce un saldo indeterminado de muertos, ante todo, porque difícilmente pueden hallarse y recuperarse todos los cadáveres del mar. Las estadísticas, por tanto, coexisten con un núcleo desconocido: el número preciso de desaparecidos. Todo lo más, un porcentaje elevado de muertes registradas remiten a migrantes que se suponen muertos, sin que sus cuerpos hayan sido jamás encontrados.

En suma, tal como reconoce el proyecto mencionado, a pesar de la importancia y necesidad de disponer de un mapa estadístico sobre la cuestión, la información es dispersa y la recolección de datos dista de ser sistemática. Para mayor dificultad, sea por temor a represalias o por el propio estatus migratorio irregular de muchas familias, las denuncias de desapariciones de forma habitual ni siquiera se producen. La cuantificación realizada, por tanto, tiene el rango de «estimación informada» (sic): documenta de forma parcial una realidad que apenas conocemos en sus dimensiones reales. El propio proyecto es rotundo en su crítica a las autoridades: «La falta de compromiso político a nivel nacional e internacional para registrar y dar cuenta de las muertes de migrantes refleja y contribuye a una falta de preocupación en términos más amplios por la seguridad y el bienestar de los migrantes, incluidos los solicitantes de asilo. Además, impulsa la apatía pública, la ignorancia y la deshumanización de estos grupos»^vi.

Si por una parte los datos resultan fundamentales para identificar grupos en situación de riesgo y para elaborar políticas migratorias distintas, por otra parte permitiría a las propias familias afrontar las situaciones de duelo de mejor forma. Si, además de los cuerpos desaparecidos, tenemos en cuenta que la mayoría de las personas fallecidas contabilizadas permanecen sin identificar, no resultaría nada desdeñable que las autoridades públicas mejoraran los instrumentos de medición e identificación que disponen para facilitar a las familias damnificadas el conocimiento sobre sus miembros desaparecidos.

Lejos de reducirse a una cuestión de cifras, el conocimiento sobre las miles de personas que naufragan en el Mediterráneo puede hacernos reflexionar sobre el papel que están jugando los estados nacionales, los organismos internacionales y las propias sociedades tanto en la producción de esas catástrofes de gran escala como en la elaboración de políticas y prácticas que apunten simultáneamente tanto a combatir las causas que generan esos desplazamientos como a reducir drásticamente sus consecuencias en términos de pérdidas de vidas humanas.

Por su parte, la OIM (dependiente de Naciones Unidas) reafirma el carácter no exhaustivo de la información disponible. El propio proyecto sobre inmigrantes desaparecidos no contabiliza algunas muertes por disponer de la información sólo de forma tardía. La conclusión es clara: «(…) los investigadores de la OIM advierten que una cantidad de fuentes de datos mundiales, entre las cuales se incluyen a los examinadores médicos locales, las ONG y los departamentos de policía, no han todavía generado informes con las cifras totales de muertes de migrantes para el año 2017. Eso significa que la cantidad de muertes de migrantes registradas en 2017 posiblemente aumente»^vii.

II. Los beneficios del desconocimiento

De lo precedente cabe inferir al menos dos conclusiones: 1) las metodologías de investigación sobre muertes en la vía marítima se estructuran sobre técnicas de recolección de datos dispersos, aportados por una pluralidad de fuentes (algunas de los cuales no tienen carácter oficial ni pueden corroborarse de forma pública), siendo sus resultados estimativos; y 2) dichas metodologías no implican la producción de un conocimiento sistemático y exhaustivo de la realidad social investigada, producto de tener que afrontar dificultades diversas, comenzando por la fiabilidad de las fuentes, las reticencias de las familias damnificadas al momento de denunciar, la invisibilidad mediática de muchas muertes y, finalmente, la existencia de cuerpos desaparecidos que, por implicación, no pueden ser reportados.

Si bien tales dificultades no niegan la validez de dichas aproximaciones metodológicas, insistir en el carácter fragmentario del conocimiento que producen es también insistir en la necesidad de mejorar el instrumental mediante el cual se procura dimensionar (y mensurar) una realidad drástica. Semejante necesidad, sin embargo, se topa a menudo con escollos políticos relevantes, comenzando por la política gubernamental dominante, ligada al blindaje de las fronteras exteriores y al desarrollo de una industria del control migratorio tan opaca como lucrativa^viii. De forma previsible, la disponibilidad de información pública más sistemática y rigurosa no sólo podría favorecer el debate público sobre la realidad de las migraciones internacionales sino también la crítica a las medidas políticas que se adoptan para afrontar un drama humano de gran escala, así como la crítica a los intereses económicos, políticos e ideológicos que lo perpetúan.

Podría señalarse, de forma plausible, que ante las realidades migratorias y, en particular, ante el naufragio repetido de miles de personas que intentan arribar a Europa por vía marítima, las autoridades se benefician del desconocimiento público: la escasez de estadísticas confiables (elaboradas desde instituciones internacionales especializadas), así como la cobertura mediática insuficiente de esta (otra) cotideaneidad de muchas personas migrantes en riesgo, favorece sin dudas la continuidad de políticas públicas que dan la espalda al sufrimiento de cientos de miles de seres humanos.

Semejante continuidad resulta visible en las declaraciones del actual Ministerio del Interior, quien destaca, como uno de los principales logros de su gestión, haber triplicado «(…) el número de inmigrantes rescatados en patera con la ayuda de los servicios de emergencia» (sic)^ix: en total, habrían sido rescatadas unas 17.500 personas en 1.000 pateras, aunque en ningún momento se hace alusión al número de defunciones por ahogamiento. Un análisis semejante no sólo es engañoso: habilita internamente a priorizar otros objetivos, tal como de hecho ocurre, como la lucha contra el terrorismo o la mejora de la seguridad. Ante el presunto «magnífico trabajo» (sic) atribuido a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, no cabría más que la ratificación de las prioridades en marcha^x.

III. A propósito del salvamento marítimo

Como es sabido, la política de gestión de fronteras europeas es coordinada por Frontex, quien colabora con los Estados miembros de la UE para controlar sus fronteras exteriores. Ninguno de sus ámbitos de responsabilidad establecidos en su base jurídica implica asumir el salvamento o rescate como parte de sus tareas principales. El «análisis de riesgos», las «operaciones conjuntas», la «respuesta rápida» ante la «presión externa en las fronteras exteriores», la «investigación» y la «formación», los «retornos conjuntos» o el «intercambio de información» están destinados primariamente al control fronterizo, no al rescate de personas. A lo sumo, Frontex coordina el despliegue de los equipos europeos de guardias de fronteras^xi. Por tanto, la responsabilidad de rescatar a personas en riesgo en altamar reside, en primer término, en los propios estados miembro y, sólo en segundo lugar, en la Agencia Frontex como coordinadora de dichos despliegues.

Consciente de esta responsabilidad subsidiaria, ya en 2016 Fabrice Leggeri, el director de la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), a pesar de los miles de ahogados en el Mediterráneo, insistía en que todas esas muertes no constituyen un fracaso de la UE porque «tuvieron lugar lejos de sus costas» (sic): «La mayoría de las muertes de migrantes ocurrieron en aguas libias y eso está muy, muy lejos de Europa», argumentó entonces el director^xii. Más allá del repudio que unas declaraciones así pudieran despertar de forma legítima, formalmente, ni Frontex ni la UE tienen mandato para salvamento marítimo. Por tanto, la ampliación presupuestaria de esta agencia, pasando de 6 millones de euros en 2005 a 254 millones en 2017^xiii, no está ligada en primera instancia a salvar vidas sino a blindar las fronteras frente a la llamada «presión migratoria».

De este modo, puesto que la política de salvamento está definida por los estados nacionales, resulta imprescindible conocer más de cerca lo que el estado español está haciendo (y ha hecho) al respecto. Si bien sabemos que en 2017 el estado español ha contabilizado 22103 personas arribadas por mar a territorio nacional (en 1280 embarcaciones)^xiv, no hay ninguna forma de determinar el número de personas fallecidas en sus trayectos migratorios por vía marítima. Si nos atenemos a las últimas estadísticas aportadas por Salvamento Marítimo sobre la «Evolución de las actuaciones de inmigración irregular 2015-2016»^xv, 6 personas habrían fallecido y 30 desaparecido en 2016, habiendo sido rescatadas en el mar 6726 personas en el mismo período (por debajo de las 7338 que contabiliza el informe «Balance migratorio. Frontera Sur» elaborado por APDHA [Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía] en el mismo año)^xvi. El saldo que arroja este otro informe eleva las muertes/ desapariciones en la Frontera Sur a 36 y 259 respectivamente^xvii. En otras palabras, la información oficial omite el 90 % de las muertes y desapariciones.

Las cifras oficiales, por tanto, están muy por debajo de las que aporta APDHA. Sin excluir la voluntad de ocultar un escándalo que se repite desde hace años, semejante distancia también puede explicarse por la utilización por parte de APDHA de fuentes más diversas: además de datos consultados con Salvamento Marítimo, también han tenido en cuenta las informaciones aportadas por Cruz Roja, Delegación del Gobierno, Frontex, CETI, prensa y fuentes originales. La conclusión resulta clara: cuanto más se diversifican las fuentes informativas, menos lugar queda para un cierto optimismo oficial: las muertes en el Mediterráneo se han duplicado en los últimos años^xviii.

IV. Una omisión política grave

Lejos de constituir una fatalidad trágica, el naufragio repetido de miles de personas en el Mediterráneo es un hecho tan dramático como previsible y evitable. Tal como insisten diversas ONG y colectivos sociales, la creación de un dispositivo europeo de salvamento podría reducir drásticamente la multiplicación de muertes en el Mediterráneo, así como la adopción de medidas complementarias de protección que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos de las personas migrantes y desplazadas. La falta de vías legales y seguras, la política de cierre de fronteras ante desplazados e inmigrantes en situación irregular y la vulneración recurrente del derecho de asilo (especialmente en la frontera Sur) forman parte de las causas que provocan semejante catástrofe (por no hacer referencia a las guerras neocoloniales en las que participa, directa e indirectamente, Europa o a las políticas económicas extractivistas que los estados europeos implementan en diferentes regiones del mundo). Ninguna de esas causas escapa a las responsabilidades gubernamentales.

La minimización oficial de este drama colectivo de gran escala, sin embargo, tiende más bien a eludir esa responsabilidad. Lo dice de forma explícita el actual ministro del interior de España, Juan Zoido: «No es nuestra responsabilidad que decidan huir de su país»^xix, en un abierto ejercicio de autoexoneración. Lo que es peor: las estadísticas que aportan los organismos oficiales -antes comentadas- apenas dan cuenta de la magnitud efectiva del problema. Si bien son innegables las dificultades metodológicas que se presentan al momento de cuantificar las pérdidas humanas provocadas por los naufragios en el Mediterráneo, la reelaboración de las metodologías de investigación sobre esta materia por parte de las autoridades públicas constituye un imperativo de primer orden. La falta de presión política por parte de la opinión pública, lejos de permitir que se subsanen esas dificultades, no hace más que perpetuar estos déficits que se traducen, en términos operativos, en estadísticas oficiales radicalmente distantes a la exhaustividad que presumen.

La puesta en marcha de operaciones de rescate más efectivas y, en general, la implementación de medidas urgentes de socorro y protección dirigidas a los colectivos damnificados, requieren como condiciones de posibilidad tanto la disponibilidad de información pública más ajustada a esta realidad como el desarrollo de herramientas metodológicas adicionales que permitan conocer mejor lo que ocurre en las costas españolas. Sin embargo, es improbable que algo semejante se produzca sin la firme voluntad política de detener la muerte por goteo de miles de seres humanos que se produce cada año, entre la caridad social y la hostilidad estatal. La continuidad de unas políticas migratorias y de asilo crecientemente restrictivas se mueve, por así decirlo, a contramano de esa voluntad. Convendría al respecto preguntar si la celebrada apertura exterior a los mercados por parte del neoconservadurismo no supone como contrapartida el cierre a aquellos flujos migratorios que considera «indeseables» y, muy particularmente, la omisión de socorro por parte de las autoridades.

En ese sentido, si bien resulta válido referirse a una política de salvamento ineficaz (desde la perspectiva de las víctimas), la mayoría de los estados europeos responden más bien a otros objetivos y prioridades políticas. Dicho de otro modo: no cabe descartar en absoluto que la sucesión de naufragios sea una de las consecuencias necesarias de unas políticas de control migratorio destinadas a reducir el flujo de migrantes provenientes del Sur, especialmente de África y Medio Oriente. El «fracaso» de la UE en materia de rescate podría estar evidenciando el «éxito» de las políticas de control migratorio vigentes, especialmente, en cuanto su propósito fundamental no es otro que hacer impermeables las fronteras a toda costa. Semejante lectura alternativa es congruente con actuaciones gubernamentales a nivel nacional, comenzando por el incremento de deportaciones de personas extranjeras en situación irregular^xx, la persistencia de dispositivos como los CIE, las redadas policiales racistas, las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla, los obstáculos recurrentes para solicitar asilo en frontera, las dificultades para la reagrupación familiar o la represión policial de la que son objeto estos flujos migratorios (tal como ocurrió, por ejemplo, en Tarajal en 2014, con al menos 15 personas ahogadas a causa de una actuación policial completamente inadmisible).

V. ¿Una política de eliminación selectiva?

Una omisión política de primer orden como la comentada ¿puede dar como resultante una política de eliminación selectiva de personas consideradas como «sobrante estructural»? La falta de nuevas iniciativas por parte de la UE y, localmente, de España para afrontar este gravísimo problema en el Mediterráneo, a pesar de su carácter recurrente, es indicio de la actual dirección política de los gobiernos europeos en este asunto, manifiesta en al menos cuatro decisiones: 1) tercerizar la gestión de la «crisis de refugiados», 2) segmentar los flujos migratorios en función de su posición económica, su procedencia étnica y sus pertenencias culturales, 3) proveer mano de obra barata (aunque cualificada) a nichos de mercado fluctuantes, socialmente devaluados y 4) deportar a aquellos seres humanos que desde ese prisma son considerados «técnicamente prescindibles» o incluso «amenazas» tanto para la «seguridad nacional» como para la «identidad europea». No cabe descartar que la impasibilidad gubernamental ante una catástrofe repetida forme parte del arsenal de «medidas disuasorias» para reducir los flujos migratorios del Sur, sin dudas, como complemento a las actuaciones en los propios países de origen, incluyendo las actuaciones policiales denunciadas de forma regular por su brutalidad.

No es preciso, sin embargo, especular al respecto. El desentendimiento con respecto a esta masa humana concebida como «marginal» permite, de facto, una política de gestión de fronteras que cuenta, como dato irreductible, la muerte habitual de una parte de aquellos que intentan arribar por mar a Europa, a falta de alternativas mejores. Incluso si estas muertes en masa no fueran una consecuencia necesariamente deliberada, forma parte de los efectos previsibles de unas políticas europeas que sistemáticamente han mostrado fuertes resistencias (cuando no un abierto rechazo) también al momento de reasentar a personas refugiadas (tal como ha ocurrido en Grecia), incumpliendo de forma flagrante sus compromisos contraídos, ya de por sí irrisorios. La persecución e imputación por parte de las autoridades europeas a diferentes activistas y ONG que participan en los rescates tampoco deja margen de dudas, a pesar del reconocimiento de la fiscalía de no tener pruebas al respecto^xxi.

Es en este contexto político en el que se hace urgente indagar en las alianzas entre estados y empresas privadas, especialmente, aquellas que han hecho del control migratorio una industria altamente rentable. Habida cuenta de los 17.000 millones de euros que la UE ha invertido entre 2014 y 2016 tan sólo para ralentizar la llegada de ciertas categorías de migrantes, al menos dos conclusiones parecen inequívocas.

En primer lugar, el objetivo primordial de los gobiernos europeos actuales no es salvar a las personas en riesgo de muerte sino reducir los flujos migratorios irregulares procedentes del Sur, ahondando en el negocio millonario de la vigilancia fronteriza -que incluye contrataciones de seguridad privada, vuelos de deportación, adquisición de tecnologías de control, instalación de concertinas, construcción de muros, etc.-, complementario a «paquetes de ayuda» a los países de origen con importantes contraprestaciones, comenzando por el compromiso de retener a miles de seres humanos en sus fronteras y, en general, detener por cualquier medio la salida de embarcaciones hacia las costas europeas^xxii. En segundo lugar, dicho objetivo debe ser inscripto en un horizonte ideológico racista que aspira a mantener a distancia -o, en su defecto, a confinar- ciertas categorías de migrantes y desplazados (pobres, negros, musulmanes…), juzgadas como «indeseables» e incluso como «peligrosas». Semejante racismo institucionalizado, articulado a un economicismo rampante, forma parte de las condiciones de producción de unas políticas europeas en las que las vidas perdidas valen menos que los negocios a los que dan lugar.

VI. Las vidas detrás de los números

Si la minimización de cifras no es inocente y está orientada a ocultar la verdadera magnitud de una catástrofe humana de la que las autoridades europeas son corresponsables, entonces, la mejora de las estrategias de investigación al respecto -y particularmente, las tácticas de registro cuantitativo y documentación de casos a partir de fuentes informativas diversificadas y coordinadas entre sí- resulta un paso imprescindible tanto a) para visibilizar la vulneración sistemática de derechos por parte de las autoridades españolas y la dejación de funciones de la Comisión Europea como b) para informar el debate público, sin el cual esa vulneración y esa dejación difícilmente puedan revertirse.

Puesto que detrás del lenguaje de las cifras se ocultan miles de vidas asfixiadas en su deseo de ponerse a resguardo, resulta de particular relevancia una investigación crítica que proporcione claves de lectura diferentes a las promovidas por los discursos políticos y mediáticos hegemónicos, en connivencia con grandes corporaciones que convierten la gestión de fronteras en un rentable negocio. Sólo esa crítica documentada puede dar cuenta de ese otro naufragio de Europa que, en sus líneas dominantes, ha decidido dar las espaldas a la promesa de una sociedad inclusiva, igualitaria y abierta en la que los otros también tengan lugar.

Notas:

i^ Bachelard, Gastón (1972), La formación del espíritu científico, Madrid, Siglo XX, pág. 251.

ii^ http://www.publico.es/sociedad/migrantes-y-refugiados-muertos-mediterraneo-superan-3-000-cuarto-ano-consecutivo.html

iii^ Véase OIM en https://www.iom.int/es/news/se-contabilizan-171635-llegadas-y-3116-muertes-de-migrantes-en-el-mediterraneo-en-2017.

iv^ Al respecto, véase el proyecto «Missing Migrants» en http://missingmigrants.iom.int/ .

v^ «In the Mediterranean region, data are relayed from relevant national authorities to IOM field missions, who then share it with the Missing Migrants Project team. Data are also obtained through direct reporting by IOM and other organizations that receive survivors at landing points in Italy and Greece. In other cases, media reports are used. IOM and UNHCR also regularly coordinate on such data to ensure consistency. (…) In all regions, Missing Migrants Project data represents minimum estimates and are potentially lower than in actuality», en http://missingmigrants.iom.int/methodology.

vi^ Missing Migrants, op. cit.

vii^ OIM, op. cit.

viii^ Al respecto, véase Virginia Rodríguez y Gonzalo Fanjul (2017): «La industria del control migratorio», Fundación Por Causa, versión electrónica en https://www.porcausa.org/industriacontrolmigratorio/media/porcausa_LaIndustriaDelControlMigratorio.pdf.

ix^ Véase al respecto: http://www.interior.gob.es/noticias/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_1YSSI3xiWuPH/10180/8211408/

x^ De forma llamativa, el último Anuario Estadístico del Ministerio del Interior (2016) ni siquiera permite corroborar las declaraciones realizadas (versión electrónica en http://www.interior.gob.es/documents/642317/1204854/Anuario+Estadistico+2016.pdf/6c02fffa-93c4-4838-b1d5-a882971c2cdc). La única forma de constatar esa información es a partir de los Informes semanales del Ministerio en torno a la «inmigración irregular» (sic), en los que se especifica el número de personas arribadas.

xi^ Véase https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/frontex_es.

xii^ En «El diario», 13/12/2016, versión electrónica en http://www.eldiario.es/desalambre/Aumenta-llegadas-migrantes-patera-espanolas_0_590391357.html.

xiii^ Véase «El negocio millonario del control de fronteras», en «El País», 5/08/2017, versión electrónica en https://elpais.com/internacional/2017/08/05/actualidad/1501963986_656529.html.

xiv^ Véase al respecto el último «Informe semanal de inmigración irregular» del Ministerio del Interior, versión electrónica en http://www.interior.gob.es/documents/10180/8058886/Informe+Semanal+-+Inmigraci%C3%B3n+Irregular+en+Espa%C3%B1a+del+25+al+31+Diciembre.pdf/2c59c751-a6e7-4a9f-ac3d-60c1cd8db828).

xv^ Versión electrónica en http://www.salvamentomaritimo.es/sm/que-hacemos/estadisticas/evolucion-de-actuaciones-de-inmigracion-por-centros-2014/?id=13340.

xvi^ Versión electrónica en https://apdha.org/media/Balance-migratorio-16-web.pdf.

xvii^ Op. cit., pág. 131.

xviii^ Ver al respecto https://www.apdha.org/balance-migratorio-16/.

xix^ Véase «Zoido: «No es nuestra responsabilidad que los inmigrantes decidan huir», en «El País», 18/07/2017, versión electrónica en https://politica.elpais.com/politica/2017/07/18/actualidad/1500363694_744689.html.

xx^ He abordado esta cuestión en «For export: las deportaciones forzadas en España», en «Rebelión», 2/06/2017, versión electrónica en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=227418.

xxi^ Veáse «El fiscal italiano que acusa a las ONG de ser cómplices de tráfico de personas reconoce que no tiene pruebas», en «Europa Press», 4/05/2017, versión electrónica en http://www.europapress.es/internacional/noticia-fiscal-italiano-acusa-ong-ser-complices-trafico-personas-reconoce-no-tiene-pruebas-20170504011915.html.

xxii^ Tampoco resulta anecdótico que una parte de los fondos computados como «Ayuda Oficial al Desarrollo» (AOD) nunca salgan del país «donante», siendo destinados a «gastos de acogida de refugiados» en sus territorios respectivos (véase «Así paga Europa la crisis de refugiados», en «El País», 6/06/2017, versión electrónica en https://elpais.com/internacional/2017/06/05/actualidad/1496691606_043417.html?rel=mas).

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