El sistema de pensiones públicas es una decisión colectiva. La sociedad puede decidir repartir más o menos riqueza social en esa forma o variar el procedimiento de recolección de la renta destinada a tal menester. Ante cualquier problema, una mala pregunta o un enfoque erróneo conducen a dar respuestas equivocadas y posiblemente a un agravamiento […]
El sistema de pensiones públicas es una decisión colectiva. La sociedad puede decidir repartir más o menos riqueza social en esa forma o variar el procedimiento de recolección de la renta destinada a tal menester.
Ante cualquier problema, una mala pregunta o un enfoque erróneo conducen a dar respuestas equivocadas y posiblemente a un agravamiento del mismo. En el caso de las pensiones, es un mal augurio cuando se empieza por preguntar por su sostenibilidad. Al plantearlo así, se da por supuesto que en el caso de las pensiones hay una dificultad -que no existe, por ejemplo, con el Ministerio de Asuntos Exteriores o con los Tribunales de Justicia-, generada por un aumento de los gastos o una merma de ingresos que pudiera obligar a cerrar el negociado si no se le pone remedio.
Esta forma de ver las cosas es producto de la mercantilización de la vida social, que lleva a interpretar el sistema de pensiones como un procedimiento de pago por adelantado (las cotizaciones sociales) a cambio de un producto (una pensión) que recibiremos en el futuro a fecha fija (edad de jubilación). Un enfoque que puede ser útil para analizar los productos financieros denominados pensiones, porque su cobro depende de que estén garantizadas una suma de variables muy inestables, como la rentabilidad de los productos financieros o la voluntad de los ahorradores de seguir pagando por adelantado, y de otras variables problemáticas como la relación entre pagadores y cobradores, que dificulta la sostenibilidad del sistema de pensiones financieras cuando la población envejece.
Pero esto no tiene nada que ver con la realidad del sistema de pensiones públicas, que no son otra cosa que la cantidad de riqueza social en forma de renta que la sociedad ha decidido distribuir entre las personas que han llegado a una edad o circunstancias que les impiden generar riqueza social por ellos mismos. Se trata de una decisión colectiva, susceptible de ser evaluada frente a otros usos posibles de esa renta distribuida entre los pensionistas, que puede variar la cantidad asignada al pago de pensiones, y en consecuencia la sociedad puede decidir repartir más o menos riqueza social en esa forma, incluso variar el procedimiento de recolección de la renta destinada a este menester (cotizaciones sociales o impuestos).
Hay que tener en cuenta que con cada empleo a tiempo completo equivalente generador de riqueza, en los años 80 había que sostener a 3,2 personas, de las cuales 0,4 eran ancianos; y en los años 90, a 2,9 personas, 0,4 de ellas ancianos. Hoy hay 0,5 ancianos por cada empleo a tiempo completo, pero con la renta que genera un empleo a tiempo completo solo se mantienen 2,7 personas. Así que si ha aumentado la carga de los ancianos, está más que compensada por la reducción de la carga que suponen los niños y los inactivos en edad de trabajar.
El único límite objetivo a la parte a destinar al pago de pensiones es el volumen total de renta generada por la sociedad y la necesidad de dedicar al menos una parte de la misma a reproducir a los que trabajan y a los objetos y máquinas que se utilizan en la producción. Así se puede decidir que para pagar todo tipo de pensiones (de jubilación, de viudedad, de minusvalía, de prejubilación etc.) hay que destinar el 12% del PIB como en España o Gran Bretaña, el 7% como en Irlanda o Estonia o el 16% de Italia o Portugal. Se puede decidir establecer un mínimo vital para los pensionistas -que en España rondaría los 600 euros para un anciano solo, sin cargas familiares ni gastos de alquiler o hipoteca- y acordar que hay que aumentar el monto de la renta distribuida como pensiones, o por el contrario, permitir que 1,3 millones de pensionistas no lleguen a esa cantidad y considerar que la carga de las pensiones es ya demasiado elevada para la capacidad redistributiva que la sociedad está dispuesta a hacer.
Teniendo en cuanta que la propia UE estima que la renta (el PIB) entre 1995 y 2018 crecerá a un ritmo sostenido del 4,2% al año en términos nominales y al 2% en euros constantes de 2010, y la población anciana solo crecerá al 1,7% al año en el mismo periodo y el resto de la población solo el 0,4% al año, no se puede decir que haya una presión económica o demográfica que imposibilite mantener e incluso aumentar (ligeramente) el monto total de la renta destinada a pensiones.
Pero la cosa es que en España, desde 2013, la sociedad, a través de su gobierno, ha decidido que la parte de la renta nacional que se distribuye a los pensionistas no solo no tiene que aumentar sino que debe estabilizarse o mejor disminuir porque en caso contrario puede suponer una carga excesiva sobre los salarios; en este caso, «carga excesiva» significa no solo que cada vez más asalariados no pueden vivir una vida normal sin acudir a las ayudas sociales (cargando así otras partidas del presupuesto) sino que con un magro salario, su consumo es tan escaso que apenas generan perspectivas de venta a quienes fabrican productos para el consumo de los asalariados, debilitando el ritmo del crecimiento económico, es decir la acumulación de beneficios.
Consecuencia de esta decisión, aunque desde 2013 se han creado 1,1 millones de empleos equivalentes a tiempo completo, el peso de las cotizaciones sociales en el PIB sigue cayendo todos los años. Desde el 12,1% del PIB 2011, ha perdido ya un 0,6% y se espera que seguirá disminuyendo el equivalente a un 0,2% del PIB en los próximos dos años.
Las cotizaciones sociales por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo entre 1995 y 2016 aumentaron un 0,7% anual, por debajo del aumento del PIB real del 2%, o dicho en euros constantes: si en 2009, en lo peor de la crisis global, se recaudaron 131.000 millones de euros por cotizaciones sociales, un 12,1% del PIB, en 2016 , tercer año glorioso de la recuperación, se estima que las cotizaciones sociales solo lleguen a 128.500 millones de euros, un 11,5% del PIB. Si se hubiera mantenido el mismo peso de las cotizaciones sociales en el PIB que en 2008-09, este año se habrían recaudado 5.600 millones de euros más por ese concepto.
La cuestión decisiva no estriba en cómo cuadrar técnicamente el pago de las pensiones con los ingresos por cotizaciones o si hay que complementar estas con impuestos; el problema político que se dirime en este debate es la influencia que tienen y la que tienen que tener los distintos grupos sociales a la hora de definir las reglas de la distribución del producto social.
Por ahora, los trabajadores asalariados, los que lo fueron y se jubilaron, y sus familias están viendo cómo se reduce su parte a favor de los que obtienen sus ingresos fundamentalmente de las rentas del capital y la propiedad. ¿Hay que desligar la suerte de los pensionistas de la de los asalariados? ¿Hay que mantener la represión salarial para crear nuevos puestos de trabajo? Una respuesta afirmativa a estas cuestiones es el mayor argumento detrás de las propuestas de financiar parte de las pensiones contributivas con impuestos, al tiempo que se reducen las cotizaciones sociales del trabajo.
Si se considera, por el contrario, que la creación de empleo no depende de la reducción de su precio, sino de las expectativas generales de beneficio y también del desarrollo de los servicios sociales, se abre la vía para considerar otras posibilidades, como suprimir todas las decisiones de reducción de cotizaciones sociales (y si se sigue viendo la necesidad de dar incentivos a la creación privada de empleo, otorgarlos en forma de subvenciones o pagos directos financiados con impuestos). O aumentar el salario mínimo y en general la masa de salarios; un aumento en la participación de los mismos en un punto hasta el 48,2% del PIB -el nivel medio del último lustro del siglo pasado-, supondría aumentar la masa salarial de 2016 en 7.300 millones de euros y las cotizaciones sociales en cerca de 1.800 millones. O dedicar los posibles incrementos fiscales no a sustituir cotizaciones con impuestos, sino a aumentar la provisión de empleo público en servicios sociales…
En definitiva, garantizar las pensiones pasa por garantizar los salarios, el poder adquisitivo de estos y su crecimiento conforme a la evolución de la productividad, pero también pasa por modificar las reglas sociales de distribución del producto. Es decir, por la política.
Joaquín Arriola. Profesor de Economía Aplicada UPV/EHU
Fuente: http://www.deia.com/2016/11/22/opinion/tribuna-abierta/las-pensiones-ante-las-opciones-de-sociedad
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