Las asociaciones memorialistas lamentan que los monjes benedictinos se queden en el mausoleo y creen que eso “dificulta” la transformación del espacio debido al papel de pilar fundamental que la Iglesia desempeñó durante el franquismo.
El pacto entre el Gobierno y la Iglesia para resignificar el Valle de Cuelgamuros no ha sentado bien a las asociaciones de víctimas del franquismo. Aunque en su seno conviven voces diversas sobre cuál es la mejor solución para el faraónico mausoleo mandado construir por Franco para honrar su victoria en la Guerra Civil, todas coinciden en algo: la permanencia en la basílica de los monjes benedictinos, que en varias ocasiones el Ejecutivo de Pedro Sánchez prometió desalojar, es “incompatible” con una transformación completa del espacio y “una falta de respeto” dado el papel que tuvo la Iglesia durante la dictadura.
“Es una continuidad franquista y un lastre tener allí a unos religiosos que hicieron convenios con el propio Franco y misas diarias por ‘los caídos por Dios y por España’, que es para lo que el dictador lo construyó”, sostiene Fausto Canales, que peleó durante décadas para sacar a su padre de las criptas de Cuelgamuros, donde fueron enterrados miles de republicanos sin consentimiento de sus familias. En 1958 el Estado firmó con la Abadía Benedictina de Silos un convenio por el que los monjes se comprometían a perseguir los fines que dispuso el régimen para el Valle, entre ellos, “rogar a Dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional”.
Canales, que recibió en 2023 –a sus 89 años– los restos de su padre, uno de los represaliados de Pajares de Adaja (Ávila), considera que la “complicidad de la Iglesia con el franquismo” hace muy difícil que su permanencia en Cuelgamuros sea aceptada. “El templo no se puede desacralizar, pero para convertirlo en un lugar de memoria democrática hubiera sido necesario que los monjes se hubieran ido. Se quiere evitar que el Valle sea un espacio en el que se den cita franquistas para ensalzar la dictadura, pero el pacto con la Iglesia ha dejado este polo de atracción”, considera el destacado memorialista.
El acuerdo, cerrado en el Vaticano por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, implicará no solo que los religiosos se queden –a excepción del prior Santiago Cantera y otros dos monjes– sino que una parte de la basílica no pueda ser intervenida: en concreto, el altar y las bancadas adyacentes. Además, un miembro de la Iglesia formará parte del jurado del concurso de ideas del que saldrá el proyecto definitivo. A pesar de que expulsar a los benedictinos ha sido durante los últimos años la posición mantenida por el Gobierno, este ha justificado el pacto por “no poder tomar decisiones sobre un lugar de culto de forma unilateral”.
Tomás Montero, portavoz del colectivo Memoria y Libertad, califica de “síntoma preocupante” la cesión del Ejecutivo. “Demuestra el nivel de poder que tiene la Iglesia”, afirma el memorialista, para el que “no es comprensible que en un Estado aconfesional” una institución religiosa “tenga este nivel de participación en la resignificación de un monumento franquista”. Lamenta Montero que “se haya puesto por delante” de las asociaciones de víctimas a la Iglesia y a estas, de momento, no se les ha consultado. “Estamos celebrando los 50 años de libertad pero por lo que se desprende de estas negociaciones el nacionalcatolicismo sigue teniendo fuerza”.
El apoyo de la Iglesia a la dictadura
Precisamente a la simbiosis entre religión y política que sostuvo la dictadura y que tiene en Cuelgamuros su máximo exponente apuntan todas las voces consultadas para este reportaje. Rosa María García, militante antifranquista detenida en 1975 y torturada en la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol de Madrid y miembro del colectivo La Comuna, considera “muy simbólico” que la comunidad benedictina se quede. “Aceptar las imposiciones de la Iglesia es el resultado del ocultamiento del rol de esa misma Iglesia en el golpe de Estado de 1936 y en la represión franquista”, sostiene.
La institución católica se convirtió desde el principio en uno de los pilares clave de la dictadura a través de la educación, la propaganda, los homenajes “a los caídos” y al propio dictador o su papel en las cárceles y otros sistemas de castigo. Los obispos llegaron a bendecir la Guerra Civil y apoyaron el levantamiento de los sublevados contra la legalidad republicana. “Hoy por hoy, no hay en España más esperanza para reconquistar la justicia y la paz y los bienes que de ellas se derivan, que el triunfo del movimiento nacional”, redactó el cardenal Isidro Gomá en nombre de los obispos en una carta publicada en 1937 que no firmaron ni el catalán Vidal y Barraquer ni el vasco Mújica.
Para Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, también censura la permanencia de los monjes en el Valle y hace referencia no solo “a su papel durante la dictadura” sino también al intento de frenar la exhumación de Franco que protagonizó el prior Santiago Cantera, cuya salida del mausoleo ha sido una línea roja para el Ejecutivo. “Aunque el Gobierno aceptara que se siguieran celebrando misas, para eso no es necesario que vivan allí los monjes, como pasa en montones de pueblos de este país”, reseña el memorialista.
Para la resignificación del complejo se ha consignado un presupuesto de casi 31 millones de euros y se hará a través de un concurso de ideas del que se prevé tener ganador en septiembre. El encargo será triple: una transformación en clave paisajística y artística, la construcción de un centro de interpretación y un proceso de musealización. Todo ello con el objetivo de dar a conocer las circunstancias y motivos de su construcción y su significado histórico, según prevé la Ley de Memoria Democrática. La gran cruz que lo corona, de 152 metros de altura, no será derribada, a pesar de que la extrema derecha ultracatólica sigue agitando este fantasma para movilizar a sus bases.
Estos sectores cuentan con la connivencia de los obispos ultra, que están revolviéndose desde dentro de la Conferencia Episcopal contra el acuerdo. La semana pasada, varios grupos ultra como HazteOir protestaron a las puertas de su sede, han iniciado una recogida de firmas y acusan a los obispos de “profanadores” y “traidores”. “Nosotros ni hemos marcado fechas ni sabemos lo que ahí se resignifica. Estamos con una misión: orar por la paz”, justificó este miércoles cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo.
¿Es posible la resignificación?
A pesar de que sobre la mesa del Gobierno no haya estado la posible demolición de la cruz de Cuelgamuros, el símbolo religioso por excelencia representa para las víctimas “la más pura alianza entre la Iglesia y los golpistas, que son quienes nos robaron a nuestros familiares”, esgrime Canales sobre el traslado que una vez inaugurado el Valle se hizo de 33.000 víctimas de la Guerra Civil, una parte de las mismas republicanas. La propuesta del memorialista es “desmontar” la cruz y colocar las piezas en la explanada o en el futuro centro de interpretación “para que sea explicado”, una opción que el Ejecutivo no contempla.
Para Canales, la resignificación del mausoleo “es necesaria” porque el espacio “no se puede borrar del mapa” y puede convertirse en un instrumento “para hacer pedagogía y explicar la historia”. “Franco fue el inventor de los lugares de memoria, pero franquista. Y Cuelgamuros es el primero. Lo que se está intentando es transformarlo”, afirma. La salida de Franco y de José Antonio Primo de Rivera de la basílica o los trabajos de exhumación de víctimas como su padre o su tío, obstaculizadas sistemáticamente por sectores franquistas, “son pasos que se están dando en ese sentido”, cree Canales.
En este sentido, las opiniones son diversas. Para Silvia Navarro, presidenta de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos, el espacio “es irresignificable”. “El Valle de los Caídos es el Valle de sus Caídos y eso es muy difícil cambiarlo”, opina la mujer, cuyo tío abuelo permanece enterrado en una de sus criptas tras ser asesinado por los franquistas en 1936. Para Navarro, lo “urgente” es recuperar los restos de los familiares que los reclaman –160, de momento–, un trabajo que, asegura, “va muy lento” mientras “los pocos hijos de víctimas que quedan van muriendo”.
Todas las voces consultadas están expectantes ante los pormenores del concurso de ideas que dará lugar a la transformación, cuyos detalles aún no son públicos. Tomás Montero cree que “puede ser positivo” que allí se explique “de forma rigurosa” el pasado franquista y siempre que se consiga “no seguir usándolo para lo que quiso el dictador” a pesar de que comprende que a las víctimas “puede causarnos malestar, dolor y recuerdos”. Aun así, Montero, cuyo abuelo fue fusilado en Madrid en junio de 1939, lo ve difícil. “Es complicado resignificar Cuelgamuros como se quiere mientras se mantenga allí un núcleo religioso porque más allá del momento actual ¿qué pasará si hay un giro en las estructuras católicas hacia una radicalización más conservadora?”, se pregunta.