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Legislatura para el diálogo

Fuentes: Rebelión

El gobierno de Pedro Sánchez abre un nuevo ciclo político en el Estado, siendo el primer ejecutivo de coalición del régimen del 78, y una nueva etapa para afrontar desde el diálogo el conflicto político con Cataluña. Sánchez consiguió su investidura gracias a una reedición de los apoyos de la mayoría de la moción de […]

El gobierno de Pedro Sánchez abre un nuevo ciclo político en el Estado, siendo el primer ejecutivo de coalición del régimen del 78, y una nueva etapa para afrontar desde el diálogo el conflicto político con Cataluña.

Sánchez consiguió su investidura gracias a una reedición de los apoyos de la mayoría de la moción de censura contra Mariano Rajoy. Una mayoría que el presidente Sánchez se ha visto obligado a aceptar por ser la única suma posible después de la reedición electoral, el atrincheramiento del PP y la caída de Ciudadanos. El nuevo gobierno de coalición del PSOE con Unidas Podemos tiene encima de la mesa toda una serie de cuestiones que ha de abordar lo más rápido posible: trabajo, vivienda, salud, pensiones, memoria histórica, igualdad, financiación autonómica o el cambio de modelo productivo para hacer frente a la emergencia climática son algunos de los temas sociales, económicos y medioambientales más urgentes. No obstante, la legislatura que ahora empieza será recordada por si afronta o no, de forma decidida y valiente, la resolución del conflicto político con Cataluña. Un camino del diálogo lleno de obstáculos, en el que tendrá que hacer efectiva la desjudicialización de la política, poner fin a la represión al movimiento independentista, y hacer frente al juicio de la cúpula de los Mossos y a la situación de los presos políticos y los exiliados.

Un ejecutivo español que tendrá que convivir con la flagrante situación de Oriol Junqueras, con inmunidad reconocida por el Tribunal de Justicia de la UE pero negada por el Tribunal Supremo, y con la presión desde Europa que los eurodiputados Carles Puigdemont y Toni Comín -pendientes de la resolución del suplicatorio- ejercerán desde el Parlamento Europeo. Una europeización del Procés que visualiza la magnitud de la tragedia de la vía judicial que inició el gobierno de Rajoy y que ha situado al Estado en una autarquía judicial con la que el gobierno de Sánchez-Iglesias tendrá que bregar. En este sentido, el vicepresidente Pablo Iglesias, ya ha topado dialécticamente con la cúpula judicial, tildando de humillación para la justicia español el dictamen del TJUE hacia Junqueras. Unas críticas que el poder judicial no acepta reclamando responsabilidad institucional al vicepresidente. Otro ejemplo de la necesaria y urgente renovación del poder judicial que hay que abordar.

Un nuevo ciclo político donde los bloques -a derecha e izquierda- pugnarán por su liderazgo, unos siendo socios de gobierno, otros desde lo que será una encarnizada oposición. En este sentido, Ciudadanos afrontará su asamblea extraordinaria para refundar el partido, después de la hecatombe del 10N y de la marcha de Albert Rivera, en medio de una nueva crisis con ceses, dimisiones y críticas internas a la falta de transparencia. La línea continuista de confrontación, de blanqueo de la extrema derecha, de caudillismo de la gestora y de la portavoz en el Congreso, Inés Arrimades, pueden dejar a las puertas de la desaparición al partido que estaba llamado a ser la muleta del régimen monárquico. Por su parte, los populares lideratos por Pablo Casado continúan escorados hacia la extrema derecha pugnando con Vox para ver quién es más beligerante contra los soberanistas y frente al nuevo gobierno progresista, con una utilización política de los tribunales y de las cloacas del Estado. Al respecto, los barones del PP reclaman un giro hacia la moderación y rehuir de la deriva ultra de su líder pero, todo y sus vaivenes discursivos, Casado está anclado en la confrontación.

Por su parte, los socios del gobierno estatal han firmado un compromiso para que la coalición no sea un campo de batalla donde se dispute un mismo espacio electoral. En Unidas Podemos se encontrarán muchos límites y contradicciones en su apuesta de gobernar con el PSOE. Una apuesta por la realpolitik que aseguran será positiva para los intereses de quienes representan pero que, sobre todo, lo será para los propios de la cúpula de los morados que aprovecharán el impulso inicial del nuevo gobierno de coalición para afrontar una Asamblea Ciudadana exprés para perpetuarse al frente de la formación. Una refundación en falso del partido que no encarará los problemas de la falta de democracia interna y de transparencia, y que no pondrá fin a los híperliderazgos. El bloque del cambio no era esto. Los dos socios quieren una legislatura larga, pero esta dependerá de cómo se avance en la mesa de diálogo entre gobiernos. Desde Cataluña los partidos independentistas reclaman amnistía y autodeterminación. Exigencias que veremos si pueden avanzar y como lo hacen en esta nueva etapa. La próxima prueba de fuego que tendrá que afrontar el ejecutivo de Sánchez es la aprobación de los presupuestos generales, donde vuelve a ser imprescindible el apoyo de ERC -que ya ha avisado que sin mesa de diálogo no hay legislatura- y del resto de fuerzas soberanistas del Estado. Una oportunidad para continuar presionando.

Finalmente, la actitud beligerante de las derechas y de la caverna mediática puede hacer ampliar la mayoría en torno a este nuevo gobierno progresista, pero si a medio plazo no se resuelven las cuestiones sociales más urgentes para mejorar las condiciones de vida de la población y no se aborda políticamente la salida al conflicto con Cataluña, los postulados de la extrema derecha tendrán la alfombra roja para asaltar el gobierno, recortar los derechos de la ciudadanía y acabar con las libertades de los pueblos de todo el Estado español.

Jesús Gellida, politólogo e investigador social

@jesusgellida

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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