Dos años después de la entrada en vigor, este 21 de octubre, de la Ley de Memoria Democrática (LMD), distintas organizaciones y colectivos de víctimas del franquismo hacen balance de su aplicación denunciando la «lentitud» e «ineficacia» en su puesta en marcha.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Amnistía Internacional y CEAQUA, entre otras, coinciden en denunciar la falta de avances significativos en la implementación de esta ley, que -creen- aún no ha cumplido con las expectativas de justicia y reparación.
La ARMH critica que las víctimas del franquismo siguen siendo tratadas como «ciudadanos de segunda». A modo de ejemplo, señalan la diferencia en los homenajes oficiales: mientras el Congreso y el Senado acogen actos solemnes en el Día de las Víctimas del Holocausto (27 de enero) o del Terrorismo (27 de junio), el Día de las Víctimas del Franquismo (31 de octubre) se celebra «en un auditorio de música lejos que los espacios donde está representada la soberanía». Para la asociación, esta es una clara muestra del trato desigual que reciben las víctimas del franquismo frente a otras tragedias históricas.
Además, las principales críticas a la ley se centran en la falta de justicia para las víctimas. En los últimos años, se han presentado más de 100 querellas por torturas, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, robo de bebés y trabajo esclavo, tanto por querellantes individuales como por corporaciones locales. Más de una decena de estas querellas han sido interpuestas desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática. Todas se han inadmitido o archivado.>
El Tribunal Constitucional en el Auto del 17 de junio, considera que el articulado de la vigente Ley de Memoria Democrática es insuficiente y no habilita para investigar los crímenes franquistas. Además, como ya hiciera en el Auto del 15 de septiembre de 2021, argumenta que al tiempo de haberse cometido los crímenes objeto de denuncia no existía en el Código Penal español el tipo penal del crimen contra la humanidad, añadiendo que tampoco cabe acudir al derecho internacional como fuente de tipos penales puesto que resulta incompatible con el principio de legalidad penal. También considera que no cabe investigar dichos crímenes como delitos “ordinarios” por estar prescritos y amnistiados.
«El Constitucional obvia que el derecho internacional establece que la ausencia de codificación por un Estado de los crímenes de derecho internacional en el momento en que fueron cometidos no elude la obligación de investigarlos, y que dicha investigación no puede ser impedida por normas internas de los Estados», señala Amnistía Internacional.
Desde 2008, distintos mecanismos de Naciones Unidas han recomendado a España en hasta once informes que adopten medidas concretas y efectivas para poner fin a la impunidad por los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, privando de efectos a la Ley de Amnistía de 1977, de forma que no pueda ser aplicada por los tribunales españoles para impedir el enjuiciamiento de estos crímenes.>
Otro de los puntos más sensibles es la búsqueda de desaparecidos, que, según la ARMH, sigue dependiendo de subvenciones, lo que consideran inadmisible en una democracia consolidada. A pesar de la aprobación de la ley, muchas exhumaciones, incluidas las del Valle de Cuelgamuros, han avanzado de forma limitada. Aunque este lugar, donde yacen miles de víctimas de la Guerra Civil, ha sido uno de los principales puntos de intervención, las organizaciones denuncian que el Estado ha delegado gran parte de este trabajo en asociaciones civiles, mostrando una falta de compromiso institucional.
La frustración también ha crecido debido a la permanencia de monumentos franquistas, como el Arco de la Victoria en Madrid, que, para la ARMH, simbolizan la impunidad con la que siguen vigentes ciertos elementos de la dictadura. A esto se suma el incumplimiento de algunos aspectos de la ley, como la creación de un censo de víctimas y verdugos, y la investigación de los bienes incautados por los golpistas en 1936, puntos que el Gobierno aún no ha desarrollado.
En el ámbito autonómico, la situación es igualmente preocupante para estos colectivos. Algunas comunidades, como Aragón, han comenzado a derogar leyes de memoria aprobadas anteriormente, mientras que en la Comunidad Valenciana se han propuesto sustituciones a las normativas existentes. Para las organizaciones de derechos humanos, estos retrocesos «suponen un grave obstáculo para los derechos de las víctimas y reflejan una falta de voluntad política para enfrentar las deudas históricas del país».
Amnistía Internacional, la ARMH y CEAQUA insisten en la necesidad urgente de reformar la Ley de Amnistía de 1977 y modificar el Código Penal para incorporar una perspectiva de derecho internacional. También exigen que el Gobierno acelere la implementación de la Ley de Memoria Democrática y garantice que todas las víctimas del franquismo reciban una reparación real, tanto en términos de justicia como de reconocimiento social.