Fotos: Asamblea El Algarrobo
Audio: Ana Chayle (Asamblea El Algarrobo) tras la liberación de los detenidos
Los últimos detenidos presos por oponerse al nuevo proyecto minero de Yamana Gold, MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera) ya fueron liberados en Andalgalá (Catamarca, Argentina). El 4 de junio ya fue liberado Aldo Flores quien tras sufrir un infarto en comisaría fue hospitalizado. Enzo Brizuela por su parte fue liberado este jueves 9 de junio. Enzo realizó una huelga de hambre por 10 días para denunciar el despropósito de sus detenciones y los maltratos recibidos.
A tan solo un día de la liberación de los miembros de la Asamblea El Algarrobo, un nuevo hecho represivo ocurrió en el acampe anti-minero de Choya: patotas se desplegaban en la zona para continuar la intimidación a las personas acampadas que no pudieron conseguir con las detenciones. Las patotas son grupos parapoliciales, en este caso configuradas por trabajadores de la empresa junto a policías. Éstas instalaron un nuevo campamento, el segundo, desde el que impedir que los y las vecinas de la comunidad afectada de Choya lleguen al acampe anti-minero tanto para sumarse, como para llevar provisiones. Y obviamente, su función es también la de intimidar. Ahí radica este nuevo movimiento de la empresa y de las instituciones, obviamente asociado al de la detención de Flores y Brizuela, puesto que la represión no consigue su fin de hacer desistir a la comunidad.
Así lo expresó el mismo Enzo Brizuela el día de su liberación: «el escarmiento de los militares es ponernos 5 días, 10 días, 20 días en cana [prisión]. Que sepan que con eso no va a obtener nada, a lo sumo a las personas nos va a hacer más unidos. Esa forma de escarmiento ya pasó de moda – ya lo hicieron en los 90, en los 70, ya no tiene sentido», en clara alusión a las dictaduras que vivió Argentina. «Entonces no hay que tener miedo; ya no tenemos miedo», concluyó.
Esa misma idea la compartía con A Planeta/Rebelión otra de las activistas participantes de la Asamblea El Algarrobo, Ana Chayle: «También la estrategia del miedo ha fracasado porque Andalgalá es un pueblo con vasta experiencia en megaminería porque aquí se asentó la primera empresa que llevó a cabo megaminería a través de la modalidad de a cielo abierto». Catamarca lleva años conviviendo con la minería a gran escala, con la minería a cielo abierto. De hecho, la mina Bajo La Alumbrera a la que pertenece el proyecto MARA fue la primera de sus características en Argentina, iniciada en 1997. Era a su vez la mina de cobre y oro a cielo abierto más grande del país. «Era», porque este abril se cerró, pero no así la actividad minera de Yamana Gold, quien la adquirió en 2007.
Las afecciones que causa han hecho que la población se oponga, pero debido a al peso que tiene y los intereses asociados hacen que sea un poder de facto. Lo que la Asamblea el Algarrobo tilda de «dictadura megaminera». Chayle explica que la denominan así porque es una política «orientada a la violación sistemática de derechos humanos: el derecho humano al agua, el derecho humano a vivir en un ambiente sano, el derecho de los pueblos a la autodeterminación, el derecho a la libertad de expresión cuando ésta no conviene a los intereses de los poderosos. Todas estas estrategias desencadenadas por los distintos poderes tienen como finalidad, obviamente, lograr a través de la persecución y el medio desactivar las manifestaciones contrarias al proyecto, amedrentar a la población para que deje de expresar la falta de licencia social para este modelo extractivista». Como ella bien razona, esta fórmula se aplica como en muchos otros lugares y épocas cuando «ya han fracasado todas las otras estrategias, por ejemplo las de comprar mediante dinero las voluntades, o vender un falso progreso». Y ese es el caso desde hace ya años, en Andalgalá.
Debemos recordar que estos últimos casos son solo dos más de los muchos de una larga historia de resistencia. Son «cerca de un centenar de personas que fueron y están siendo imputadas desde el comienzo del conflicto contra el proyecto megaminero que hoy se denomina MARA», nos explica Chayle. En febrero de 2010 se vivió una fuerte represión. El propio Subcomandante Marcos la denunció, con lo que la resistencia de este pueblo adquirió no solo reconocimiento sino también carácter de resistencia global, anti-neoliberal. Andalgalá es ya una referencia de resistencia a la mega-minería, y los últimos acontecimientos así como su convicción para seguir demuestran el porqué. Al año siguiente El Sub dedicó otra mención a las mujeres de Andalgalá que «marchan con las únicas armas de que disponen, sus cuerpos y su silencio, para defender lo que es de todas.»
La calificación de «dictadura» por los habitantes de Andalgalá tiene sentido si consideramos que aquella represión de 2010 fue una de las primeras ya en democracia, en la que además de las fuerzas de seguridad, participaron un juez de garantía, un ministro de seguridad y el mismísimo gobernador regional. Entonces el pueblo de Andalgalá se sintió que el gobierno que le tenía que proteger, se ponía de lado de los atacantes para atacarles a ellos. Y así ha sido desde entonces.
En abril de 2021 la empresa empezó a movilizar maquinaria con el fin de iniciar la explotación de MARA, pese a que el Concejo Deliberante de Andalgalá prohibía la minería en todas sus formas en la cuenca del río Andalgalá. El proyecto MARA afectará a los glaciares que se hallan en la zona licitada, pero también al río Minas, afluente del río Andalgalá, del que depende la población y ecosistemas. La reacción del pueblo no se hizo esperar. Porque la pandemia no detuvo a la minera, pero tampoco a las activistas ni a la Asamblea el Algarrobo. Enzo y Aldo ya fueron también detenidos entonces por más de 10 días junto a otros 10. Les acusaron del incendio de una oficina. «Una causa fiscal que nunca más avanzó», nos explica la asambleista Rosa Farias, «y ya lleva un año y medio!». Sí, la represión y las triquiñuelas tanto de la empresa como de las instituciones y la judicatura no tienen límites para provocar la desesperación y la rendición, y no iba a menguar entonces.
Porque así llegamos a este año, 2022, en el que la Asamblea El Algarrobo estableció el acampe anti-minero de la Choya en abril, para impedir el paso de maquinaria y combustible para éstas. Con este salto se incrementó la represión con varios episodios de violencia, también en la misma ciudad de Andalgalá, y contra las asambleas de Aguas Claras y Pucará. El primero a principio de mayo en la que la policía atacó ocasionando heridas a varios integrantes y deteniendo como ahora, a la activista Karina Orquera. No solo fue ella la víctima de los machos policiales sino muchas de sus compañeras también al ser disparadas a boca jarro balas de goma. El 20 de mayo el acampe anti-minero de la Choya volvió a ser atacado por elementos antidisturbios.
Rosa Faria nos comunicó que pese a esta última represión «el acampe ha seguido con gente, a pesar de que hace dos días han empezado las patotas que intimidan a los vecinos acampando en el cerro». También han seguido las manifestaciones semanales por las calles principales de Andalgalá, la Caminata por la Vida: este sábado fue la 645. Las imágenes de la última Caminata por la Vida dejan patente que pese a la represión y tantos años Andalgalá no se rinde, y Como dice Chayle «así vamos a continuar hasta que se vayan las megamineras de nuestro territorio».
Si hay un símbolo de resistencia y de memoria de lo que fue la dictadura en Argentina, ese es el de las Madres. En este caso de represión, como todos los que tiene que ver con la megamindería, las Madres de Andalgalá también se pronunciaron a través de una carta exigiendo la liberación de los detenidos. En ella confirman su zozobra, continuidad de aquella otra dictadura: «No hay un día que podamos sentarnos a ls mesa y comer en paz, se nos hace un nudo en la garganta el solo saber que nuestros hijos e hijas están apostados en la inmensidad de nuestro territorio, siendo guardianes de nuestro río y guardianes de nuestros cerros. Mientras el gobierno provincial y la «justicia» local los acecha. No tenemos temor porque deban aguantar las inclemencias del tiempo. Esos Hijos nuestros están curtidos. Pero si tememos porque están batallando contra las injusticias y la impunidad de los entregadores».
Esos «entregadores» son los políticos de turno. Como Ana Chayle reflexiona, «ninguna dictadura se lleva a cabo solamente desde el poder político, siempre se necesitó el poder económico, de grandes grupos económicos, de medios de comunicacion serviles y también de civiles que son utilizados para lograr instalar el terror» .El poder económico en esta dictadura megaminera, no es sólo la empresa canadiense, sino otras locales que la apoyan, así como los políticos que le rinden pleitesía.
Al tiempo de ser liberados Aldo y Enzo, desde el 11 de junio, el gobierno de Argentina y los regionales(*) participan en la mayor feria minera del mundo en uno de los países líderes a nivel mundial de destrucción y contaminación, Canadá, país matriz deYamana Gold: la Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) en la ciudad de Toronto. Esta participación institucional demuestra lo arraigado que esta actividad está en la política, como las instituciones están a su servicio y como dependen económicamente de las pocas regalías que la minería ofrece. De siempre Argentina ha sido un país exportador, pero aún más desde la bancarrota de 2001 que supuso la imposición de ajustes estructurales y una economía concentrada en el extractivismo: monocultivos y minería. Parece que el objetivo de los entreguistas vendematrias es seguir esa senda. Pero muchos pueblos han dicho «¡Basta!» y no van a entregar sus cerros, ni sus bosques, ni su agua.
(*) Participa el ministro de Economía, Martín Guzmán , y los gobernadores Raúl Jalil de Catamarca, Gustavo Sáenz de Salta, Gerardo Morales de Jujuy, Sergio Uñac de San Juan, Alicia Kirchner de Santa Cruz y Rodolfo Suarez de Mendoza.