Cada año, por esta época, todos los que nos preocupamos por los avances de la globalización liberal esperamos con impaciencia la edición del Informe Anual del Programa de Naciones Unidas par el Desarrollo (PNUD). Este organismo internacional es conocido del gran público porque, también una vez por año, da a conocer el Indice de Desarrollo […]
Cada año, por esta época, todos los que nos preocupamos por los avances de la globalización liberal esperamos con impaciencia la edición del Informe Anual del Programa de Naciones Unidas par el Desarrollo (PNUD). Este organismo internacional es conocido del gran público porque, también una vez por año, da a conocer el Indice de Desarrollo Humano (IDH) que permite clasificar a los 177 países del mundo según su nivel respectivo de desarrollo no sólo económico sino también en términos de libertades políticas, de derechos sociales, de derechos económicos, de derechos de la mujer, de nivel de educación, de atención al niño (y a la niña), de cuidado sanitario, de libertad de expresión, etcétera. Un índice mucho más real, en lo que a vida concreta se refiere (España figura en el puesto 20) que las clasificaciones basadas en el simple PIB per cápita.
Pues bien, hace unos días el PNUD ha publicado su Informe 2004 (se puede consultar en el sitio http://hdr.undp.org/presskit/hdr2004/) y ha sorprendido a muchos porque está consagrado a «la libertad cultural en un mundo diversificado». Por primera vez en el marco de la ONU, el PNUD afirma, de manera casi revolucionaria, que las «libertades culturales», o sea las políticas identitarias, son esenciales a la dignidad humana y que deberían ser consideradas como un derecho fundamental y como una necesidad para el pleno desarrollo de las sociedades cada vez más diversificadas del siglo XXI.
Para los jacobinos más dogmáticos este informe constituye una bomba. Y es significativo que el documento se haya hecho público en Bruselas. No porque se encuentre allí la sede del Parlamento europeo, sino porque Bélgica -siendo un país multicultural donde las comunidades flamenca y valona estuvieron a punto de lanzarse hace unos años a una guerra étnica- ha conseguido establecer leyes ejemplares basadas en acuerdos que garantizan los derechos culturales y el uso de la lengua vernácula de cada comunidad.
También se cita como modelo a España por haber sabido dotarse de lo que el documento llama un «federalismo asimétrico» mediante el cual algunas comunidades (en este caso Galicia, Euskadi y Cataluña) tienen, por razones históricas, más competencias que otras. Lo mismo que Canadá con respecto a la provincia de Quebec.
Los autores afirman que todos los pueblos tienen derecho a conservar su identidad étnica, lingüística y religiosa. Recomiendan a todos los gobiernos la adopción de políticas que reconozcan y protejan esas identidades. Y afirman que esa es la única manera de garantizar el desarrollo duradero y pacífico de sociedades multiétnicas, plurinacionales y multiculturales.
Según este informe, la globalizacion liberal está destinada a fracasar si no favorece el respeto y la protección de las identidades y de las libertades culturales de los pueblos minoritarios. Muchos grupos étnicos o religiosos discriminados o marginalizados responden a esa exclusión con un fuerte activismo político que, por su radicalidad, puede devenir en odio hacia las demás culturas y producir letales enfrentamientos culturales. Muchos pueblos se movilizan en la actualidad sobre bases étnicas, religiosas, raciales y culturales. Por eso el informe también insiste en que la xenofobia y el ultranacionalismo son peligros mortales que hay que combatir.
En un corto texto de apoyo final, Nelson Mandela, ex presidente de Sudáfrica y víctima durante decenios de la segregación del apartheid , escribe: «Cuando ganamos el poder, escogimos contemplar la diversidad de los colores de piel y de las lenguas, que eran otrora utilizados para dividirnos, como un hermoso manantial de fuerza».