Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández.
El Centro Palestino por los Derechos Humanos (PCHR, por sus siglas en inglés) está profundamente preocupado por la continuidad del cierre impuesto por Israel sobre la Franja de Gaza por octavo año consecutivo, así como insatisfecho con el mecanismo de reconstrucción para la Franja de Gaza declarado por el Enviado de las Naciones Unidas para Oriente Medio. Además, el PCHR está preocupado de que este mecanismo llegue a institucionalizar el cierre israelí impuesto desde 2007. El PCHR hace un llamamiento a favor del levantamiento total e inmediato del cierre israelí por constituir una forma de castigo colectivo que el derecho humanitario internacional prohíbe. El fin del cierre incluye la eliminación de todas las restricciones impuestas a la libertad de movimiento de personas y bienes, incluyendo las importaciones y exportaciones hacia y desde la Franja de Gaza.
Según fuentes de los medios, el Enviado Especial de la ONU para Oriente Medio, Robert Serry, afirmó el 16 de septiembre de 2014 que las Naciones Unidas, Israel y la Autoridad Palestina habían alcanzado un acuerdo que iba a permitir que se iniciaran trabajos de reconstrucción en la arrasada Franja bajo la observación internacional del uso de los materiales. Según Reuters, Serry dijo al Consejo de Seguridad de la ONU que las Naciones Unidas habían auspiciado el acuerdo a fin de posibilitar los trabajos en la Franja a la escala necesaria, implicando al sector privado en Gaza y dando un papel principal a la Autoridad Palestina en el esfuerzo de reconstrucción, a la vez que se garantizaba la seguridad mediante el control de la ONU de que esos materiales no iban a desviarse de objetivos completamente civiles.
La única forma justa de poner fin a los desastrosos impactos de la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza es levantando de inmediato el ilegal cierre sobre la misma, permitiendo la libertad de movimientos de personas y bienes y haciendo que las políticas de Israel cambien de forma drástica para poder poner fin a la continuada crisis soportada por la población de la Franja de Gaza. La entrada de tipos y cantidades limitadas de productos nunca permitirá un cambio real en los niveles sociales y económicos de la Franja, por el contrario, la situación no hará sino empeorar cada vez más. Por tanto, cualquier acuerdo que no incluya la entrada de bienes que satisfagan las necesidades básicas, la libertad de movimiento de productos, incluyendo las importaciones de y las exportaciones a Cisjordania, Israel y el extranjero, y la libertad de movimiento de personas de y hacia la Franja de Gaza, favorece la institucionalización del cierre impuesto por Israel y no contribuye seriamente al proceso de reconstrucción ni a a mejorar la deteriorada situación humanitaria. La institucionalización del cierre supone el desprecio a los principios del derecho humanitario internacional y de los derechos humanos, incluyendo el IV Convenio de Ginebra de 1949.
Desde 2007, la Franja de Gaza lleva sufriendo el ilegal cierre israelí que ha tenido un impacto desastroso en todos los aspectos de la vida, con el deterioro de las condiciones humanitarias, económicas, sociales y culturales. Además, la cifra de personas desempleadas en la Franja ha aumentado a más de 200.000, un grupo que a su vez mantiene a otras 900.000, según la Federación General Palestina de Sindicatos de Comercio. De acuerdo con el Buró Central Palestino de Estadística, la cifra de pobres ha subido a 700.000 personas (38% del total de la población), 380.000 de las cuales sufren de extrema pobreza (21,1%). La última ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza ha causado una inmensa destrucción, por lo que la Franja de Gaza va a necesitar al menos cinco años para su reconstrucción a condición de que los cruces de frontera estén totalmente abiertos y se permita la entrada de 300 toneladas de cemento, 1.600 toneladas de acero para la construcción y 6.000 toneladas de conglomerado, según las estimaciones de las empresas de construcción.
La comunidad internacional ha sido un fracaso total y absoluto a lo largo de los últimos ocho años a la hora de apoyar la aplicación de las disposiciones del derecho humanitario internacional y de las leyes de los derechos humanos. Una actuación vergonzosa para las Altas Partes Contratantes del IV Convenio de Ginebra de 1949 al no haber emprendido las correspondientes acciones, en función de sus obligaciones legales, para obligar a las autoridades israelíes a respetar esa Convención y poner fin a todas las políticas que violan los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de los palestinos.
Por tanto, el PCHR hace un llamamiento a la comunidad internacional, especialmente a las Naciones Unidas, para que obliguen a las autoridades israelíes a levantar completamente el cierre porque constituye una forma de castigo colectivo prohibido en función del derecho humanitario internacional, y poner fin a las restricciones impuestas al movimiento de personas y bienes. El PCHR cree que la única forma de abordar el cierre impuesto contra la Franja de Gaza es admitiendo que esa política es ilegal y no es sino un castigo colectivo contra los civiles que viven en la Franja de Gaza.