A lo largo de los últimos años, los deferentes Gobiernos del Reino de España se encuentran enrocados en una tautología que, por ellos mismos, no son capaces de resolver. Para tales concepciones Democracia es sinónimo de Constitución Española de 1977, de manera que Constitución Española de 1977 es sinónimo de Democracia. Si se anula una, […]
A lo largo de los últimos años, los deferentes Gobiernos del Reino de España se encuentran enrocados en una tautología que, por ellos mismos, no son capaces de resolver. Para tales concepciones Democracia es sinónimo de Constitución Española de 1977, de manera que Constitución Española de 1977 es sinónimo de Democracia. Si se anula una, se hace lo propio con la otra, y viceversa. Nótese que no se equipara Democracia con Constitución, puesto que tal innovación plantearía nuevas cuestiones que el pensamiento único no puede ni quiere plantear. No se trata de la Constitución Republicana; ni tan siquiera de la posibilidad de la Reforma en los términos que marca la Ley de Leyes, no, si eso ha de abrir la posibilidad de replantear la unidad sacrosanta del Estado Español, puesta negro sobre blanco en la misma Legislación.
A falta de argumentación democrática que oponer al derecho a decidir sobre su propio futuro de una parte del todo, a los Gobiernos del Reino y de la República sólo les quedan as siguientes salidas: negar la calidad de sujeto político a la población catalana, afirmando que la soberanía se encuentra en el conjunto nacional (estatal); se trata de un argumento pobre en calidad democrática, puesto que, aun suponiendo que el 100% de los catalanes optaran por la secesión, estos serían 8/46 millones, aproximadamente, lo que impide automáticamente la separación (aunque se tratara, como se indica, del 100%) o la reforma constitucional en dicho sentido. La mayoría de la población estatal estaría obligando a la totalidad de una región a pertenecer al territorio en contra de su voluntad. Se puede llegar a acordar realizar un referéndum vinculante en todo el Estado, pero si los independentistas logran una mayoría suficiente en su territorio, ¿Para qué sirve lo que vote el resto?
Evidentemente queda una segunda vía, tanto para la independencia como para el unionismo, camino que, afortunadamente parece definitivamente rechazado por ambas partes (aunque más por los primeros que por los segundos): se trata del uso de las armas (reaparición de Terra Lliure, envío de tanques, represión policial, etc.). Como queda dicho, tal camino parece definitivamente cerrado (aunque tendremos ocasión de oír ruidos de sables si la apuesta soberanista sigue la ruta propuesta).
Una tercera opción es la utilización política de la judicatura. En España, la división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) no es más que una caricatura que puede lavarle la cara frente a otras democracias occidentales, pero que cae en papel mojado, como hemos tenido ocasión de comprobar estos últimos días, al ver los pactos acordados entre el PP, el PSOE y C´s a la hora de nombrar a los miembros del TS y TC. El Legislativo nombra al ejecutivo, y entre ambos, a los miembros de los máximos responsables de la Justicia. Visto lo visto, el enfrentamiento entre Catalunya y el Estado no uenta con un arbitraje independiente dentro de sus fronteras.
Ha de tenerse en cuenta, sin embargo, el cambio en el mapa electoral ocurrido en los últimos años con la irrupción de Podemos, que parece dar serenidad al debate territorial, concibiendo España como un Estado verdaderamente Federal o incluso Confederal, a pesar de las reticencias mostradas por los soberanistas catalanes y vascos. Algo está cambiando en España, y la Troika (PP, PSOE y C´s) ha tomado buena cuenta, apartándolos, dentro de lo posible, de los órganos y mesas de decisión en el Congreso, Senado o la Judicatura. Todo esto nos lleva a la conclusión de que la resolución democrática (pactada, política) para la secesión, o se hace de un modo unilateral (referéndum sí o sí) o no tiene recorrido. Ya va siendo hora de que el PNV vaya aprendiendo en cabeza ajena y vea que, si realmente quiere la independencia, no lo va a lograr respetando la legalidad vigente, por mucho que dicten leyes de referéndum, del derecho a decidir, o a la autodeterminación. Siempre serán de un rango inferior a la sacrosanta.
Queda, por último, la vía internacional. Se trata de una batalla aún no abierta en todas sus dimensiones, pero que se aventura interesante. Evidentemente, el Estado y la República van a presionar para que las instituciones Comunitarias e Internacionales se opongan al reconocimiento de una República Catalana Independiente (lo mismo que de una Euskal Herria). Tras las presiones de rigor vendrán los cálculos económicos: Catalunya cuenta con aprox. 8 millones de habitantes que, actualmente, por el hecho de ser españoles, son también europeos. Euskal Herria, a su vez, tiene una población de unos 3 millones de ciudadanos en las mismas condiciones de ciudadanía europea que catalanes o murcianos. ¿Puede la UE prescindir de entre 8 y 11 millones de contribuyentes por un antojo del Reino de España? Que pueda presionar no hay duda, pero si la secesión se realiza, ¿cuánto va a tardar en readmitirlos?
Faltan aún dos cuestiones a tener en cuenta: El Reino de España ha contraído una deuda muy alta con las sociedades financieras europeas, pero el deudor es el Reino de España, y punto. Si Catalunya se separa a buenas (pactando) puede reconocer parte de la deuda y resarcirla, pero si lo hace a malas, puede desvincularse de la misma y partir de cero, mientras el monto recaerá en las regiones que sigan perteneciendo al Reino. Está claro que dos de las regiones motoras de la economía son Catalunya (que se separa) y Euskal Herria (en quien recaería el peso económico). A España le interesaría pactar al respecto, y los Gobiernos central y autonómicos deberían comenzar a llegar a acuerdos bilaterales. No sereía de extrañar que en pocos años Catalunya y Euskal Herria estuvieran en disposición de entrar a formar parte de la UE (si les interesara, que estaría por ver), y de vetar la pertenencia de España, que no cumpliría los requisitos mínimos.
Los Gobiernos Españoles no nos quieren contar todo lo anterior: que no hay una Constitución Europea, por mucho que nos digan que sí (no ha sido ratificada); que no hay precedentes ni normativa para que un ciudadano europeo actual deje de serlo (yo puedo ser catalán y, por el hecho de serlo, español y europeo; pero, dejar de ser español ¿implica dejar de ser europeo?); no nos dice que los tribunales de justicia están contaminados por el legislativo, vendiendo la falsa idea de la división de poderes; no nos dice que subsumen la democracia (el poder del demos, el pueblo, al poder de la Ley, de una Ley muy concreta: la Constitución de 1977); no nos dice que países más pequeños son capaces de administrar sus recursos garantizando sus pensiones y servicios sociales (desde Liechtenstein, pasando por Suiza, Austria, Andorra, San Marino, Vaticano y un largo etcétera) todo consiste en el balance entre ingresos y gastos (aunque conlleve gravar más a las grandes fortunas).
Por último, el autoengaño español. Muy posiblemente si se acaba por convocar un referéndum en Catalunya, este se realizará bajo todo tipo de presiones (políticas, militares, judiciales, internacionales, etc.), lo que provocará que el no a la secesión pueda ser superior al sí. Y aquí la población española respirará aliviada. Y dará un ufff! Sin entender nada de lo que ha ocurrido. Los políticos del PP, el PSOE y C´s incidirán en el hecho de que ya habían vaticinado que la población catalana no era proclive a la independencia. Los de Podemos y acólitos dirán que por fin se ha consultado a la ciudadanía (sin tener en cuenta las presiones); y los secesionistas resaltarán dichas presiones para justificar la pérdida del mismo, a la vez que se congratularán de haber podido consultar y saber qué es lo que realmente quieren los catalanes. Nuevamente todos ganan y nadie pierde. Y nuevamente nadie dice la verdad, aunque nadie mienta.
La importancia del referéndum no estriba en su resultado. De hecho, el miedo de los Partidos Políticos no se centra aún en éste. El miedo es a la propia convocatoria, puesto que una vez realizado, sólo resta negociar las condiciones para la próxima celebración (tiempos, porcentajes, poblaciones, etc.). Esto sí que abre una verdadera caja de Pandora.
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