Es muy recurrente que dirigentes de partidos políticos apelen a las necesidades sociales para desplazar las reivindicaciones nacionales vascas y catalanas a un mañana indefinido y perpetuado. Pero en realidad, la afirmación de que el soberanismo y el derecho a decidir no son una necesidad de la gente, en contraposición al empleo que sí lo […]
Es muy recurrente que dirigentes de partidos políticos apelen a las necesidades sociales para desplazar las reivindicaciones nacionales vascas y catalanas a un mañana indefinido y perpetuado.
Pero en realidad, la afirmación de que el soberanismo y el derecho a decidir no son una necesidad de la gente, en contraposición al empleo que sí lo es, no tiene una base real y democrática, sino todo lo contrario. No hay derechos sociales sin ciudadanía democrática, y no hay ciudadanía sin comunidad y autogobierno. Lo afirma con mucho acierto la profesora en filosofía del derecho María Eugenia R. Palop.
A ver si nos enteramos, no es posible defender los derechos sociales, dejando a un lado el factor comunitario y democrático en que se sustenta. Derechos sociales y derechos políticos son indivisibles. La profesora citada señala que no hay derechos sociales sin derechos políticos, y no hay derechos políticos sin soberanía y sin autogobierno. Y añade que el autogobierno tiene mucho que ver con la identidad y el relato común. El afán por lo justo no puede realizarse en el individuo, sino sólo en la comunidad humana, dejó escrito Martin Buber. Por eso agrego yo que la justicia social es la meta colectiva de una comunidad que se dota por si misma de un proyecto común.
Que haya mejores prestaciones sociales, un magnífico sistema de sanidad y educación, y una política que garantice la vivienda a todas las personas es genial. Pero pensar y creer que una mayor igualdad y una mejor distribución de la riqueza agotan las aspiraciones de una sociedad es un grave error. Es ni más ni menos que reducir las dimensiones de los seres humanos a pan y trabajo, obviando que la comunidad es un factor imprescindible para el desarrollo integral, el bienestar humano, el sentido de pertenencia, y lo que se quiere ser. María Eugenia R. Palop dice bien al afirmar que no se puede distribuir la riqueza sin hacer comunidad, y que para hacer comunidad es imprescindible conocer, en primer lugar, y respetar después, lo que tal comunidad es, piensa y quiere. Como ya reconocía Thomas Humphrey Marshall en su Ciudadanía y clase social, los derechos sociales tienen un carácter comunitario que solo puede realizarse en el ejercicio de una democracia amplia e incluyente y eso, en el terreno que nos ocupa, se llama, cuando menos, derecho a decidir.
Es desde mi punto de vista bastante extraño que desde posiciones autodenominadas socialistas se siga analizando la construcción de una sociedad desde un enfoque economicista que no tiene en cuenta la totalidad de cada persona y de los conjuntos sociales. Los vínculos que cultivan la libertad y la democracia tienen que ver con la capacidad de una comunidad a decidir qué quiere ser y cómo quiere ser. De lo contrario la vida humana empieza y acaba en trabajar, comer y dormir, obviando los anhelos individuales y colectivos que también pasan por crear y reproducir, mediante la participación, una organización política espacialmente adecuada en una comunidad que se reconoce a sí misma como distinta a otras.
Si se afirman los derechos sociales y al mismo tiempo se niegan los derechos políticos se está atentando contra la viabilidad de los primeros, pues solamente pueden implementarse desde una comunidad política que se organiza democráticamente, que es lo mismo que decir de manera soberana pues la democracia no se mutila a sí misma. Al contrario, si los derechos sociales y los derechos políticos se reconocen y se refuerzan quien sale ganando es la ciudadanía, individual y colectivamente ya que puede aspirar a auto organizarse con instituciones propias de modo más eficaz.
Por eso cuando algunas voces priorizan lo social y niegan la reivindicación del derecho a decidir, no toman en cuenta que justamente el combate a las crisis y los avances sociales requieren de una comunidad con capacidad de crear un Estado propio (otra cosa es que ejerza libremente o no esa opción) para mejor redistribuir sus recursos y afrontar la construcción del bien común en las mejores condiciones posibles. Es así que lejos de haber una contradicción entre lo social y lo nacional es la conjunción de ambos factores que pueden facilitar el desarrollo de todas las potencialidades sociales y políticas.
Planteo todo esto desde una posición republicana, de rex pública, no desde un patriotismo sentimental, de consagración de la historia, y mucho menos etnicista. El derecho a decidir, lo nacional, como identidad de una realidad social plural que cuidando lo colectivo coloca en la centralidad a cada ciudadano y ciudadana con toda su individualidad. María Eugenia R, Palop me recuerda a Buber cuando dice: La propia libertad individual, la autoconsciencia y la autoestima, solo pueden realizarse en una vida social que inspire un compromiso con el bien común. De otro modo, nuestra vida sería «solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta».
Naturalmente, la indivisibilidad de los derechos sociales y políticos, no quiere decir que unos y otros se instalan de facto a un mismo tiempo. En los dos casos hay procesos y ritmos desiguales. De modo que se puede aceptar que el derecho a decidir se consolide más tarde que el derecho a una sanidad universal, por ejemplo. Pero antes o después, si aceptamos conceptualmente la exigibilidad de los derechos políticos, el derecho a decidir ha de hacerse realidad. El Buen Vivir es una oportunidad para construir una sociedad sustentada en la incorporación de todas las dimensiones humanas, también la de pertenencia, al paradigma de la libertad. La libertad con mayúsculas que significa la autodeterminación de cada ser humano y la de la comunidad en la que se inserta. Dejo para otra ocasión el desarrollo del paradigma del Buen Vivir.
En resumen: la radicalización democrática que es necesariamente pacífica, exige tomarse en serio las diferencias de cada comunidad definidas por ella misma. La izquierda que niega el derecho político a decidir debe superar ese olor a viejo de una unidad estatal impuesta. (el proletariado unido dirían los socialistas de otro tiempo; herencia que han recogido los socialistas de hoy) que puede llegar a ser una cárcel de pueblos incluso sin pretenderlo.
Los vínculos que cultivan la libertad y la democracia tienen que ver con la capacidad de una comunidad a decidir qué y cómo quiere ser.
La izquierda que niega el derecho político a decidir debe superar ese olor a viejo de una unidad estatal impuesta.
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