Fue el 14 de abril de 2010. Dos familiares de víctimas españolas se dirigieron a los juzgados argentinos para interponer la querella número 4591/2010 por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad durante la guerra de 1936 y la dictadura. Dos años después se constituyó la Red Ciudadana de Apoyo a la Querella Argentina contra los […]
Fue el 14 de abril de 2010. Dos familiares de víctimas españolas se dirigieron a los juzgados argentinos para interponer la querella número 4591/2010 por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad durante la guerra de 1936 y la dictadura. Dos años después se constituyó la Red Ciudadana de Apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes franquistas, la única abierta en el mundo por esta causa. Plataformas en Cataluña, Madrid, País Vasco, Andalucía, País Valenciano, Castilla y León, Aragón y Asturias trabajan actualmente por la verdad, justicia y reparación en torno a las 115.000 personas desaparecidas durante el franquismo. Además de la querella argentina, un nuevo frente de presión se abre camino ante la cerrazón del gobierno y justicia españoles: el de los municipios, que comienzan a promover mociones y querellas contra la impunidad. La Diputació de València y Acció Ciutadana contra la Impunitat Franquista organizaron el 4 de abril en Valencia una Jornada Municipalista sobre la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo.
En Argentina está reconocido -incluso constitucionalmente- el Principio de Justicia Universal. A los siete años de que dos ciudadanos plantearan la primera querella, más de 400 personas físicas y jurídicas están ejerciendo la acusación por los crímenes de la dictadura. Sin embargo, «el Estado español ha puesto sistemáticamente barreras al proceso», explica Jacinto Lara, abogado de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina. En febrero de 2012, el Tribunal Supremo cerró la puerta a la investigación de estas violaciones muy graves de los derechos humanos en las instancias judiciales españolas. En marzo de 2015 el Ministerio de Justicia propuso al Consejo de Ministros denegar la extradición de una veintena de acusados por crímenes de lesa humanidad, con lo que frenaba la petición de la jueza María Servini, instructora de la querella argentina. En la nómina figuraban ocho exministros franquistas, entre otros José Utrera Molina y Rodolfo Martín Villa. Algunos de los nombres más citados fueron el del policía Antonio González Pacheco («Billy el Niño»), el excapitán Jesús Muñecas Aguilar y el ginecólogo Abelardo García Balaguer. El ministerio recurrió a tres argumentos: la competencia para investigar y enjuiciar corresponde a tribunales españoles; la prescripción de la responsabilidad penal; y el principio jurídico de no retroactividad. Otro de los argumentos esgrimidos para cerrar las opciones a un juicio justo es la vigencia de la Ley de Amnistía de octubre de 1977.
Frente a la razón de estado, a los familiares de las víctimas y los grupos de apoyo les avalaba Naciones Unidas. El 27 de marzo de 2015 un grupo de cuatro expertos de la ONU en Derechos Humanos advertía que el Gobierno español estaba obligado a extraditar a los responsables de los delitos muy graves cometidos durante el franquismo. En el verano de 2014, el Relator Especial de Naciones Unidas para la Promoción de la Verdad y la Justicia, Pablo de Greiff, defendió el mismo planteamiento. Jacinto Lara subraya algún punto de ruptura contra el bloqueo oficial. Hace tres años la magistrada María Luisa García, del Juzgado de Instrucción Número uno de Almazán (Soria), reabrió una causa para elucidar la muerte, en agosto de 1936, de una decena de personas en el municipio soriano de Barcones. La actuación judicial fue posterior al hallazgo de los restos de seis de las víctimas, durante las tareas de exhumación. La magistrada pidió información sobre varios exmandos militares. Otro pequeño avance en esta larga batalla se produjo el 30 de enero de 2016. Ese día terminó en el cementerio de Guadalajara la primera de las exhumaciones solicitadas por la jueza Servini. Tras doce días de trabajo, se recuperaron los restos de Timoteo Mendieta, fusilado en 1939.
«La querella argentina es hoy uno de los instrumentos más efectivos para luchar contra la impunidad del franquismo», resalta Jacinto Lara; «los jueces del Estado español se han negado a intervenir». Las plataformas contra la impunidad confían ahora en la implicación de las instituciones públicas para impulsar la acción de los tribunales. «Esto complementaría la querella argentina», apunta el abogado de la coordinadora. El pasado 24 de febrero se presentó en Madrid la Red de Ciudades por la Justicia y la Memoria, de la que forman parte ayuntamientos como los de Zaragoza, Vitoria, La Coruña, Cádiz o Rivas Vaciamadrid. El primero en presentar una querella fue el consistorio de Pamplona, el 17 de marzo. De este modo, pidió que se investigara judicialmente la muerte de 309 personas y el encarcelamiento de aproximadamente un millar durante la guerra civil y el franquismo en la capital navarra. También ha dado pasos el Ayuntamiento de Valencia, que el 30 de marzo aprobó una moción de apoyo a la querella argentina.
A esta corriente se sumó recientemente el equipo de Ada Colau. El consistorio de Barcelona ha anunciado la presentación de una querella por crímenes del franquismo contra el juez militar Carlos Rey González, quien redactó en solitario y firmó la pena de muerte contra el militante libertario Salvador Puig Antich, ajusticiado por el método del «garrote vil» en marzo de 1974. Por otro lado, los intentos de hacer justicia por la muerte de cinco obreros durante una carga de la policía armada en Vitoria, el tres de marzo de 1976, se han topado con sentencias desfavorables de los jueces. Las cinco muertes y el centenar de heridos se produjo después que la policía desalojara la iglesia de San Francisco de Asís, durante una jornada de huelga. Pero el Juzgado de Instrucción Número tres de Vitoria decidió archivar una querella presentada por la Diputación Foral y las Juntas Generales de Álava al considerar que los delitos por crímenes de lesa humanidad habían prescrito. Con el mismo argumento, los jueces también desestimaron a primeros de marzo la querella interpuesta por el consistorio de Vitoria.
En el acto celebrado en el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad, el abogado de Amnistía Internacional Alberto Aznar destaca iniciativas como la nueva Ley de la Memoria Histórica de Andalucía, aprobada sin votos en contra; o la Oficina Local de Memoria Histórica y Democrática de Jérez. Hace un año Amnistía Internacional presentó una querella por crímenes del franquismo y durante la guerra civil ante la Procuradoría General Mexicana. La denuncia hacía referencia a la desaparición del ferroviario y sindicalista, Félix Llorente Gutiérrez, tras su detención y traslado a la cárcel de Medina del Campo, en el verano de 1936. La organización de derechos humanos también presentó ante la procuradoría mexicana el caso de Ligia Ceballos Franco, quien descubrió que fue separada durante el franquismo de su familia biológica para ser entregada a otra mexicana. «En España hay más de 2.000 diligencias abiertas por bebés robados y ninguna ha prosperado», concluye el abogado.
Al igual que el abogado Jacinto Lara, el magistrado y portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, considera un momento capital la sentencia del Tribunal Supremo de 2012. «Cerraba la vía penal, y remitía a los familiares que quisieran recuperar los huesos de las víctimas a la Ley de Memoria Histórica, que resultó una legislación timorata»; «pero se trata de delitos que no pueden amnistiarse», agrega Bosch. Menciona algún ejemplo, después de la sentencia del Tribunal Supremo, en que los tribunales españoles han ordenado investigar y reabrir causas por crímenes de lesa humanidad. Así, en abril de 2013 la Audiencia Provincial de Barcelona admitió el recurso contra el sobreseimiento de una querella contra una veintena de pilotos italianos que, entre 1937 y 1939, participaron en el bombardeo de Barcelona. Sin embargo, para que las querellas prosperen en las instancias judiciales españolas «hace falta algún movimiento, y en la magistratura hay poca tendencia al cambio», desconfía Joaquim Bosch.
Sugiere alguna posibilidad -como las modificaciones legislativas- la diputada autonómica de Podemos y miembro de la Plataforma Valenciana de Suport a la Querella Argentina, Llum Quiñonero. Recuerda que el grupo parlamentario de Unidos Podemos ha defendido una Proposición No de Ley que agregue una cláusula a la Ley de Amnistía de 1977: que ésta no pueda aplicarse a los delitos de torturas, desapariciones forzadas y crímenes de genocidio o lesa humanidad durante la guerra civil y el franquismo. También critica la utilización oficial que en 2017 se está haciendo de la figura delictiva del «enaltecimiento del terrorismo». Según Quiñonero, «Franco podría haber sido condenado por este delito cuando afirmó, tras la muerte de Carrero Blanco, que no hay mal que por bien no venga».
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