Conocida la resolución del Tribunal Supremo que reabre el «Caso Camps», cargos del PP y periodistas cercanos a esa formación conservadora cambian su línea de defensa. Ahora afirman que «no tienen importancia los regalos», que deberían «regularse» los regalos que reciben los políticos, etc… Muchos serán los que recordarán el caso «Juan Guerra», el entonces […]
Conocida la resolución del Tribunal Supremo que reabre el «Caso Camps», cargos del PP y periodistas cercanos a esa formación conservadora cambian su línea de defensa. Ahora afirman que «no tienen importancia los regalos», que deberían «regularse» los regalos que reciben los políticos, etc… Muchos serán los que recordarán el caso «Juan Guerra», el entonces Partido Popular en la oposición montó un escándalo mayúsculo que le costó el cargo a Alfonso Guerra. En aquel momento y debido a la presión de los conservadores y los medios afines se reformó el Código Penal, en materia de corrupción, y se aumentó los delitos cometidos por funcionarios y se agravaron las penas de los ya existentes.
También el Partido Popular y PSOE han limitado los derechos de los imputados en lo relativo a la interceptación de sus comunicaciones telefónicas. Como recuerda Carlos Jiménez Villarejo, el propio Tribunal Supremo en sentencia de 28 de noviembre del 2001 admite que «el secreto profesional [de los letrados] puede, en circunstancias excepcionales, ser interferido por decisiones judiciales», sobre todo cuando el abogado ha podido «desbordar sus obligaciones y responsabilidades profesionales, integrándose en la actividad delictiva». Dicen los conservadores que estas medidas están pensadas para terroristas y narcotraficantes, pero la ley de enjuiciamiento criminal no hace distingos.
No está de más recordar a los imputados del Partido Popular y a toda la población que cuando se piden mayores penas o se recortan derechos procesales, no son medidas que afecten únicamente a aquellos que consideramos «delincuentes», sino que las leyes son de aplicación general y que conforme a ellas deben ser juzgados todos los ciudadanos, desde presuntos terroristas, narcotraficantes hasta el mismísimo Francisco Camps.
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