La noche de Reyes fue trágica para Ibrahim Sissé. Era un muchacho de 21 años, nacido en Guinea Conakry. Había sido detenido por la policía el 5 de diciembre pasado, cuando intentaba saltar la valla de Melilla que marca la frontera entre Marruecos y España, entre África y Europa. Más de dos semanas después, tras […]
La noche de Reyes fue trágica para Ibrahim Sissé. Era un muchacho de 21 años, nacido en Guinea Conakry. Había sido detenido por la policía el 5 de diciembre pasado, cuando intentaba saltar la valla de Melilla que marca la frontera entre Marruecos y España, entre África y Europa. Más de dos semanas después, tras pasar a disposición judicial, fue trasladado a la Península para su expulsión y retenido, mientras tanto, en el centro de internamiento de extranjeros (CIE) de la Zona Franca, en Barcelona. Era el día de San Honorato, y los niños de San Ildefonso cantaban premios. La vigilia de Reyes, pasada la medianoche, en la celda junto a otros cinco subsaharianos, se encontró mal, al parecer debido a dificultades respiratorias. De nada sirvió, cuando llegó, demasiado tarde, la asistencia sanitaria: ya estaba muerto. La autopsia apuntó a un infarto de miocardio como causa probable. La Oficina de la Defensora del Pueblo ha abierto investigación de oficio.
En diciembre, el Síndic de Greuges denunció que el CIE de la Zona Franca no cumplía las condiciones adecuadas, entre otras cosas, para impedir malos tratos, y pidió actuaciones de urgencia para que este centro no se convirtiera, a escondidas, en un centro penitenciario. En un CIE, supuestamente, los extranjeros sólo pueden estar «retenidos» preventivamente por una falta administrativa, pero no «detenidos», pues no han cometido delito. El Síndic denunció también que el anterior delegado del Gobierno en Catalunya, Joan Rangel, no le había autorizado a visitar el centro y que había contestado a sus peticiones con «el silencio más absoluto». Ocultados a la mirada de la sociedad civil, y con el acceso en la práctica vetado no sólo a medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales, sino incluso a autoridades institucionales como el Síndic, los CIE configuran un espacio invisible y opaco, que convierte en imposible su fiscalización pública.
En enero del 2008, un informe publicado por el Parlamento Europeo denunciaba, en los CIE del Estado español, el «sistema de detención de tipo carcelario», «las condiciones materiales e higiénicas deplorables que llevan a condiciones degradantes de detención» y «violencias perpetradas por el personal de seguridad». No se conocen medidas operativas del gobierno Zapatero que modifiquen aquel diagnóstico.
¿Qué es eso de un centro de internamiento para extranjeros? Se trata, en realidad, de una invención reciente, creada por la primera ley de Extranjería del PSOE, en 1985, con Barrionuevo de ministro del Interior, antes de la incorporación de España a la UE. Las posteriores modificaciones han ido precisando su función. En el año 2008, el Parlamento Europeo aprobó la contestada directiva del retorno, el primer paso para una política de inmigración común de la UE. La directiva estableció el concepto de «retorno voluntario», por el cual los inmigrantes extracomunitarios sin permiso en regla para estar en el territorio de la Unión deben abandonarla voluntariamente antes de 30 días. Transcurrido ese plazo, las autoridades pueden dictar una «orden de internamiento temporal» y ordenar su traslado a «centros de retención» donde pueden permanecer un máximo de seis meses, ampliable a un total de 18. La directiva afecta también a los menores de edad. Actualmente, existen en territorio español nueve CIE.
No es tan conocido que, en los últimos años, se ha ido generalizando en todo el territorio europeo una red global de centros de internamiento y detención al margen del sistema penitenciario. La red Migreurop, que actualiza el número y la localización de estos centros, hace tiempo que también llama la atención sobre el proceso de externalización de los CIE, que está ampliando esta red de encierro fuera de las fronteras de la UE. Ver ese inquietante mapa de Europa y sus márgenes (está en la web de Migreurop) produce escalofríos.
A los diez años de la apertura de Guantánamo, esa aberración parajurídica que suspende los derechos humanos de los detenidos, creada al amparo de la legislación antiterrorista de Bush, parece que la «excepción» se ha convertido en modelo al menos para los CIE, creados en principio para solventar un problema, no terrorista, sino administrativo, pero que, con el tiempo, han acabado siendo lo que, en principio, no querían parecer.
Los CIE no son, propiamente, como se dice a veces, una muestra más de la sociedad de control o de la generalización del sistema carcelario a la totalidad del espacio social (eso que Michel Foucault analizó en Vigilar y castigar). No son, tampoco, una muestra del estado de excepción que ahora ya regula, como norma, el funcionamiento reciente de las sociedades democráticas (tal como sostiene Giorgio Agamben en Estado de excepción). No son, finalmente, tampoco, eso que parece sugerirse con la metáfora teológica del limbo.
Los CIE son la continuación de la guerra contra la inmigración (no contra el delito ni el terrorismo) por otros medios. Y, por ello, comportan la extensión del modelo carcelario más allá de los límites del sistema penitenciario. Su modelo evidente son los campos del sistema totalitario: la excepcionalidad arbitraria avalada por la indefinición legal. Los CIE son, hoy, una anomalía que permite la detención, hasta un año y medio, de personas que no han cometido delito tipificado penalmente, cosa que comporta además la suspensión sistemática de sus derechos más elementales. Una anomalía que sólo puede ampararse en su invisibilidad. No hay excusa: es hora de abrir los ojos.
Fuente: http://www.lavanguardia.com/