En la Comunidad de Madrid resultaron detenidas 6.333 personas por su situación «irregular» en 2016, según datos del Ministerio del Interior recogidos en el informe del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) de 2017 sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). En el CIE de Aluche (Madrid) fueron internados 1.526 migrantes en 2016, el 20% […]
En la Comunidad de Madrid resultaron detenidas 6.333 personas por su situación «irregular» en 2016, según datos del Ministerio del Interior recogidos en el informe del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) de 2017 sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). En el CIE de Aluche (Madrid) fueron internados 1.526 migrantes en 2016, el 20% de los internos en los CIE del estado español, de los que 704 terminaron expulsados a los países de origen. Una voz autorizada para explicar lo que sucede en el CIE madrileño es la del exjuez Ramiro García de Dios (Palma de Mallorca, 1946), quien se jubiló de la magistratura el pasado dos de febrero. Por escrito y en diferentes ponencias, ha definido los centros de internamiento como espacios de «sufrimiento, opacidad e impunidad policial».
Ramiro García de Dios ha estado al frente del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid durante 30 años y, durante ocho años, ha sido juez de control del CIE de Aluche; también es miembro de Juezas y Jueces para la Democracia. Lejos de los juzgados de la madrileña Plaza Castilla, García de Dios ha participado en Valencia en las jornadas «Immigració, Diversitat y Democràcia» organizadas por la Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Immigrants y la Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament de la Universitat de València.
-¿Qué singularidades presenta el CIE de Aluche?
No conozco la gestión policial de todos los CIE de España. Sí tengo referencias directas de los centros de Las Palmas y Algeciras, alguna información del CIE de Sangonera, en Murcia, y el de Zona Franca en Barcelona. Creo que la diferencia es que en Aluche se da una intensificación de la arbitrariedad y la discrecionalidad policial, porque al hallarse la Comisaría General de Extranjería y Fronteras en Madrid y estar la dirección del CIE muy vinculada con el subsistema policial, se produce un mayor control sobre el director del centro. En los CIE de Madrid y Murcia se ha producido una mayor violencia policial en el modo de tratar las protestas de los internos, y en la forma de desvirtuar y sobredimensionar las acciones colectivas y de cierta «rebeldía» frente a los maltratos policiales. Además, no es lo mismo el director actual del CIE de Aluche, Antonio Montes, una persona realmente arbitraria, que los dos anteriores, más comprensivos y menos autoritarios respecto al problema de los centros.
-Durante ocho años, un mes y 14 días de relación directa con el CIE madrileño, ¿has recibido presiones políticas y policiales?
Políticas no, pero sí de la policía, lo que ocurre es que no me preocupan. Cuando he recibido auténticas difamaciones por parte del subsistema policial y de ciertos «sindicatos» de la policía (a los que prefiero llamar cofradías), ha sido por mi tarea de control. Me han denunciado en diferentes ocasiones -el caso más reciente ha sido hace menos de un año- por asuntos tan peregrinos como criticar la llamada de la dirección del CIE a la policía antidisturbios sólo porque los internos argelinos estaban gritando «libertad». Como juez de control le pregunté al director del centro el porqué de ese despliegue, a lo que me respondió que por razones de seguridad y «por si acaso», ya que -según dijo- podía ocurrir un motín; entonces le pregunté con ironía si, en caso de producirse el supuesto motín, habría pedido que interviniera la legión. También con motivo de una entrevista en eldiario.es, cuando el periodista me preguntó por la impunidad policial. Le expliqué la dificultad para la investigación de los malos tratos, las humillaciones y el fortísimo corporativo que impide que haya agentes que digan la verdad.
-¿Qué sucedió a continuación?
En este caso, hubo una denuncia de un sindicato al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Todas se han archivado. Pero en el caso de la entrevista, lo preocupante es que recurrieron contra el archivo, con el argumento de que yo era una especie de «acosador» de la policía. No daba crédito, aunque después lo entendí. Fue hablando con un agente que también era miembro de Amnistía Internacional; me explicó que mi labor como juez de control les tensionaba, porque he ejercido un control muy riguroso de las actuaciones policiales; y no lo niego. Se me podrá decir que he sido duro, lo admito, porque estimo que con los agentes de la autoridad, con quienes tienen poder, no se puede ser complaciente.
-En agosto de 2017 Pueblos Unidos, SOS Racismo-Madrid, la Coordinadora de Barrios Madrid y Karibu denunciaron que la dirección del CIE de Aluche cambió «unilateralmente» las condiciones de las visitas a los internos, de manera que estas se restringían a las personas que pidieran expresamente y por escrito ser visitadas. ¿Cómo valora estas «barreras burocráticas», según calificación de las ONG?
En enero de 2011 emití un auto, consensuado con mis dos compañeros magistrados, que estableció el sistema de entradas para las ONG en el CIE de Aluche, por el que las organizaciones podían visitar y asistir a los internos. Lo que sucedió en 2017 fue que los tres jueces de instrucción, en funciones de control del CIE, firmamos un auto muy conciso, en el que nos negamos a la modificación del sistema actual y a las condiciones draconianas que trataba de imponer la dirección.
-¿Qué observaste durante las últimas visitas al centro de Aluche en diciembre de 2017 y enero de 2018? Algunas ONG han informado que los migrantes llegaron a mostrarte una gran rata muerta en el techo de la sala de ocio, «lo que en ningún caso puede considerarse una anécdota». Las organizaciones criticaron asimismo las deficiencias en la alimentación, sistema de calefacción y la escasez de la ropa de abrigo.
He realizado numerosas visitas de inspección. Las realizaba sin previo aviso, y siempre me he encontrado con la misma situación: suciedad y carencias en la atención; en el sentido, por ejemplo, que el sistema de lavandería -que se encuentra privatizado- sólo recoge ropa para el lavado, planchado y secado durante unos días y por un número de prendas; los internos han de lavar la ropa en los lavaderos que se hallan en la zona de cuartos de baño y duchas, fuera de las celdas-dormitorio. Pero lo que más me impresionó fue el hacinamiento y el trato indigno a las personas ocurrido entre octubre y diciembre de 2017. En las distintas inspecciones contabilicé entre 160 y 180 africanos -magrebís o subsaharianos- recién llegados que, después de estar unos días en el CIE, ni siquiera sabían la razón por la que permanecían encerrados tras llegar a Europa y ser recogidos en el mar.
-Las organizaciones sociales han caracterizado los CIE como «cárceles para pobres»…
En los CIE hay que estar. Allí no pueden entrar los periodistas. En cualquier prisión española ya no hay celdas-dormitorio para seis y ocho personas. En el centro de internamiento de Aluche no hay intérprete, y los servicios de alimentación, limpieza, lavandería y médico están «externalizados». Esto forma parte de la industria (o negocio) de la represión contra la inmigración «irregular», sobre lo que hay publicaciones (en septiembre de 2016 Ciudadanos presentó en el Congreso una Proposición No de Ley para privatizar la gestión y la seguridad de los CIE, con el fin de aumentar la «eficacia». Nota del entrevistador).
-El Centre per la Defensa dels Drets Humans-Irídia y Sos Racismo han protestado ante el CGPJ por los autos del Juzgado Mixto número 4 de Motril (Granada), en los que el juez autoriza «de manera colectiva y no individualizada» el ingreso en el CIE de Madrid de migrantes recién llegados a las costas españolas. ¿Qué opinas de estos autos?
Creo que son resoluciones injustas, por prevaricadoras y porque no se ajustan a derecho; y se trata de una consideración técnico-jurídica, no de un juicio descalificativo. Pienso que el juez ha actuado arbitrariamente, lo que está prohibido por el Artículo 9.3 de la Constitución Española. Los jueces que acordaron los internamientos de inmigrantes en la prisión de Archidona (Málaga), en diciembre de 2017, también dictaron, en mi opinión, resoluciones injustas por prevaricadoras; allí murió ahorcado, en su celda, un ciudadano argelino de 36 años.
-El pasado 24 de septiembre, informa SOS Racismo, 60 internos del CIE de Aluche remitieron a la instancia judicial una carta que señalaba presuntos «abusos de autoridad y constantes tratos vejatorios, con burlas y tratos xenófobos por parte de los agentes policiales». Una semana después, cerca de 50 migrantes -muchos de ellos trasladados al CIE madrileño desde la frontera- se fugaron del centro. A este hecho siguió la denuncia de «múltiples y graves agresiones» en el interior del CIE, según las ONG, que también criticaron la presencia «cada vez más frecuente» de los agentes antidisturbios en el centro de internamiento.
En Aluche ha habido intentos de fuga y fugas consumadas, aunque estando yo en funciones; de hecho, nunca me ha tocado llevar alguno de estos episodios. ¿Qué te puedo decir? A los policías antidisturbios -que no son las Unidades de Intervención Policial (UIP) presentes en las manifestaciones- no los observas a diario en el CIE; se trata de unidades especiales que aparecen cuando se les llama. Los policías que están a diario en el CIE llevan armas de fuego, porque lamentablemente lo permitió el reglamento. Cuando le dije al director que esto implicaba un riesgo, me contestó que las pistolas no llevaban balas. A los «antidisturbios» los he visto varias veces durante las últimas visitas; creo que es porque había muchos internos argelinos, con quienes la policía tiene una auténtica obsesión; estaban en la zona de la sala-comedor, porque ni siquiera permiten que si hay en el CIE 200 varones puedan comer todos juntos. Lo que hacen es separarlos por pequeños grupos y hacerles comer a toda velocidad. Mientras comían, estaba presente la policía antidisturbios.
-¿Te consta que se ordene la expulsión de migrantes antes de que estos tengan la posibilidad de denunciar malos tratos en los centros de internamiento?
Lo que puedo afirmar es que cuando ha habido denuncias por maltrato policial en el CIE de Madrid, los testigos han desaparecido; bien los han repatriado lo más rápidamente posible, bien los han dejado en libertad y se les ha perdido la pista. Tuve el caso de un ciudadano colombiano, que se hallaba en el CIE y denunció tortura punitiva, lo que implica amenazar y pegar como castigo. A lo mejor es cierto que este ciudadano llamó «maricón» a un policía, pero la reacción de tres o cuatro agentes fue darle una paliza; lo expulsaron rápidamente a su país, de manera que pudo denunciar el caso pero no declarar ante el juez.
-En diciembre de 2011 murió tras su paso por el CIE de Aluche la ciudadana congoleña Samba Martine, de 34 años. Martine había estado previamente en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, era portadora del VIH y en el CIE madrileño no recibió la atención médica adecuada, denunciaron las organizaciones sociales. El informe de 2017 del Defensor del Pueblo constata una demora de cerca de siete años en la instrucción del procedimiento judicial. También en 2011, las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos denunciaron las «redadas racistas». ¿Se continúan produciendo?
Creo que las redadas por perfil étnico no siguen ocurriendo de un modo tan aparatoso como en la época en que ejerció Pérez Rubalcaba como ministro del Interior, cuando en Madrid incluso se llegó a denunciar penalmente a miembros de las Brigadas de Observación de los Derechos Humanos simplemente por tomar nota de las actuaciones policiales. En Madrid yo las he visto en varias estaciones del metro. Eran redadas e identificaciones muy aparatosas. Unos policías de paisano transmitían a otros que se hallaban en la calle, uniformados, información sobre los migrantes que iban saliendo. En la boca del metro he llegado a ver cómo los hacían situarse contra la pared y con las piernas abiertas, para después llevárselos detenidos. Fue en la época de Rubalcaba, marzo de 2011, cuando el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas instó a España a que erradicara los controles de identificación basados en perfiles étnicos y raciales.
-¿Recuerdas alguna experiencia como juez de instrucción?
La entrada de la policía en una discoteca, a la que asistían personas latinoamericanas, para realizar una redada. Dieron la orden de que se encendieran las luces. A continuación, un agente con un megáfono pidió que los españoles se colocaran a un lado, los extranjeros a otro y sacaran la documentación. Una chica dominicana de color y nacionalidad española se ubicó en el grupo de los españoles, tras lo cual una agente uniformada le gritó: «Eh, tú puta, ¿dónde vas?, tú qué coño vas a ser española». La policía fue a por ella, la chica dominicana reconoció que le dio un mordisco a la agente y me explicó el porqué. El caso lo llevé como juez de instrucción. Se denunciaron mutuamente.
-Mame Mbaye Ndiaye, ciudadano de 35 años de origen senegalés que trabajaba como vendedor ambulante en el top manta, murió el 15 de marzo en el barrio madrileño de Lavapiés, debido a un infarto de miocardio que siguió a una persecución policial. Vivía desde hace 14 años en el estado español, y se encontraba todavía en situación «irregular». ¿Qué pensaste al conocer los hechos?
Tengo bastante información, después de tantos años como juez de instrucción. Es cierto que a este chico ningún policía municipal le tocó ni golpeó, pero no resulta menos cierto que se hallaba en la zona de Sol con otros manteros, tuvo que salir corriendo -una carrera bastante larga- y murió tras un paro cardíaco. Lo he hablado con el médico forense de mi juzgado, y afirma que es lógico lo ocurrido después de realizar un esfuerzo muy grande. El acoso a los manteros hay que vivirlo. Si yo fuera mantero, estaría siempre preocupado, porque aunque la policía municipal no pueda conducirte a un juzgado para pedir el internamiento, sí que puede realizar el traslado a una comisaría del Cuerpo Nacional de Policía.
-Por último, ¿qué consecuencias observas en la aplicación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana («Ley Mordaza») y en la reforma del Código Penal aprobada en 2015?
Cuando la política muestra derivas autoritarias, éstas se traducen en leyes que también lo son. La deriva más fuerte es la del PP, pero la Ley de Seguridad Ciudadana de 1992 o «Ley Corcuera» ya era, en mi opinión, una ley autoritaria. Considero que la «Ley Mordaza» es una ley totalitaria y que permite la arbitrariedad policial. Esto lleva a que la policía, al sentirse protegida por unas normas emanadas del legislativo, actúe de una forma más arbitraria; los mecanismos de control del poder judicial sobre estas actuaciones se ven disminuidos, al existir un marco normativo que lo permite. Por ejemplo, si la «Ley Mordaza» establece que lo que dice la policía tiene presunción de verdad, el ciudadano queda relegado a la categoría de súbdito.
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