El próximo jueves 10 de junio se reúne el Consejo Europeo de Transportes, en el que probablemente se debatirá la propuesta de revisión de la directiva Eurovignette. Dicha directiva, adoptada en 2003 por la Comisión Europea, propone cobrar a los vehículos pesados de transporte por el uso de las principales carreteras europeas, incluidas en las […]
El próximo jueves 10 de junio se reúne el Consejo Europeo de Transportes, en el que probablemente se debatirá la propuesta de revisión de la directiva Eurovignette. Dicha directiva, adoptada en 2003 por la Comisión Europea, propone cobrar a los vehículos pesados de transporte por el uso de las principales carreteras europeas, incluidas en las redes TEN (Red Transeuropea de Transportes). De esta forma, se cobraría a los usuarios de transporte precios reales o, en términos económicos, se lograría una internalización de los costes externos.
La propuesta de revisión de la Comisión presenta, a juicio de la organización ecologista, algunas mejoras respecto a la anterior directiva. Entre estas cabe señalar que la nueva propuesta cubrirá a todos los vehículos de más de 3’5 toneladas, cuando el límite está ahora en las 12 toneladas. Además, los costes externos de accidentes quedarían incluidos. Por otra parte, en áreas ecológicamente sensibles se permite un cobro añadido de más del 25% con la condición de que los ingresos sean usados para transporte alternativo en esa área.
Sin embargo, aunque la directiva pretende que los costes del transporte sean asumidos por los usuarios en lugar de por todos los contribuyentes europeos, lamentablemente no todas las externalidades están consideradas. La teoría económica sugiere que los cargos de infraestructuras deberían reflejar los costes marginales sociales. Esto significa que cobrar por todos los costes causados por el transporte que la sociedad tiene que aguantar (congestión, daño a la salud humana, impacto medioambiental, etc.) es económicamente válido. La propuesta de la Comisión toma otro camino, pues aunque incluye los costes de accidente, no hace lo propio con los ambientales y de congestión. Esto resulta absurdo en una directiva que pretende cobrar precios reales.
Además, aunque la actual propuesta determina que los ingresos sean reservados para el sector transporte, el memorando explicativo deja claro que el dinero de las tarifas debe ser usado para el sector en el que ha sido generado, es decir, para el sector carreteras en lugar de para el de transportes en general. Por tanto sería deseable que todos los requisitos sobre cómo deben de ser usados los ingresos desaparezcan de la propuesta, para además evitar así una violación del principio de subsidiariedad. Un tercer punto que también viola claramente este principio es el hecho de que, si un Estado miembro decide aplicar un sistema similar de precios en carreteras no incluidas en las TEN, debe pedir permiso primero a la Comisión. No parece que esta medida burocrática tenga beneficios claros.
El movimiento ecologista europeo lleva años pidiendo una nueva reelaboración de la directiva o, al menos, unas reformas básicas recogiendo estas reivindicaciones. Ecologistas en Acción ha enviado sendas cartas y documentos informativos a la Ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y al Secretario General de Transportes, Fernando Palao, solicitándoles que se hagan eco de estas propuestas de cara al próximo Consejo de Transportes del 10 de junio.
Más información: Samuel Martín-Sosa 915312739 Elena Díaz 932 68 36 80
Información sobre directiva Eurovignette (PDF, 28.7 KB)
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/directiva_eurovignette.pdf