Luego de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE diera a conocer el Informe de evaluación al desempeño ambiental de Chile durante los últimos 14 años, entregando 52 recomendaciones de política ambiental, se ha reabierto el debate en torno a los próximos desafíos ambientales de nuestro país, sobretodo considerando que estamos […]
Luego de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE diera a conocer el Informe de evaluación al desempeño ambiental de Chile durante los últimos 14 años, entregando 52 recomendaciones de política ambiental, se ha reabierto el debate en torno a los próximos desafíos ambientales de nuestro país, sobretodo considerando que estamos en un año electoral.
Eso sí, no está de más aclarar que para que este debate alcance un nivel aceptable, es imperioso abandonar el discurso altamente autocomplaciente del Gobierno en esta materia, que sigue sin asumir sus culpas y responsabilidades por la serie de desastres ambientales que se han producido en el último tiempo, y sobretodo por la lamentable deuda ambiental que la administración del Presidente Lagos ha dejado al país, ejemplificado en los casos de los cisnes en el río Cruces y el proyecto Pascua Lama.
Entonces desde una perspectiva crítica a la actual gestión ambiental, uno podría identificar una serie de elementos que deberían estar presentes en el análisis para identificar los grandes desafíos ambientales de Chile en el siglo XXI. Tal vez uno de los más importantes tiene que ver con la serie de instrumentos a disposición de las autoridades para enfrentar la problemática ecológica. En esto existe un consenso parcial entre los especialistas y economistas ambientales. Si bien existe un total acuerdo en cuanto a la superación de las viejas herramientas fiscalizadoras enmarcadas en el modelo de comando y control, para dar paso a las herramientas de mercado, focalizadas en los incentivos, señales de precios y definición de derechos de propiedad, la literatura económica moderna da un paso más allá para llegar a mecanismos enmarcados en la gestión integral del territorio y los recursos naturales. Este punto aún no es internalizado en plenitud por los hacedores de políticas ambie
ntales en Chile, ya que en el último tiempo se ha puesto un exagerado énfasis en los mecanismos de mercado para resolverlo todo. Así tenemos la figura de la administración pesquera, los bonos de descontaminación, el código de aguas, etc. Sin embargo la evidencia aún no da por descontado el éxito de este tipo de mecanismos, y así tenemos que pese a los Límites Máximos de Captura por Armador en el sector pesquero, la crisis de sobreexplotación de especies marinas se ha agudizado en el último tiempo.
Mientras no se contemple la visión que busca una gestión más integral del territorio, las autoridades no estarán en condiciones de dar respuesta a una serie de conflictos de corto plazo y que tienen relación con disputas en la propiedad del agua, en el uso de los suelos y el borde costero, para finalmente desembarcar en una crisis por falta de una real política de manejo territorial. Una política ambiental que se enmarque verdaderamente en la senda del desarrollo sustentable es aquella que justamente da una verdadera prioridad al aporte del capital natural al proceso productivo, encuadrando la dinámica económica regional y local al espacio físico en la cual ésta se asienta, reconceptualizando el concepto de escasez y costo alternativo de los recursos físicos incorporando la figura de la evaluación ambiental estratégica, rompiendo así con la divergencia de intereses entre los proyectos productivos de corto y largo plazo.
Tampoco debemos pasar por alto, el rol que le cabe a la política fiscal en el diseño e implementación de la política ambiental. Cobro de royalties, recuperación de la renta asociada a la explotación de los recursos naturales, impuestos verdes, incentivos e internalización de las externalidades negativas, también son elementos críticos a la hora de enfrentar los desafíos ambientales. Esto es ratificado por el Informe de la OCDE, al declarar la falta de impuestos que permitan internalizar los costos ambientales que esta generando el modelo económico implantado en Chile.
Sin duda que el gran tema tiene que ver con la institucionalidad ambiental, que hoy deja al descubierto su completo fracaso. La autonomía de la CONAMA, las modificaciones sustanciales al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y la mayor eficacia en la fiscalización deberían ser los primeros desafíos del próximo Gobierno. Sin embargo, es importante recordar, que toda modificación en la política e institucionalidad ambiental debe ser guiada por un profundo cuestionamiento a la estrategia de desarrollo seguida por Chile en el último tiempo.
Cristián Gutiérrez, Economista
OCEANA, Ofic. para América del Sur y Antártica