El modelo de pensiones del País Vasco (las denominadas EPSV o Entidades de Previsión Social Voluntarias) es una apuesta personal de José Luis Escrivá, actual ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Es el proyecto de pensiones privadas que pretende impulsar. Se apoya en las recomendaciones del Pacto de Toledo, especialmente la número 16.
El sistema de pensiones que el ejecutivo de Pedro Sánchez tiene en la cabeza tiene tres patas: una, pública (como la actual pero con un carácter progresivamente residual); una segunda articulada en torno a las Pensiones Privadas de Empresa y una tercera alrededor de las Pensiones Privadas. En estos días José Luis Escrivá está concretando sus propuestas: quiere que en el período 2021-2025 hayan suscrito estos planes 9.000.000 de trabajadores y para el 2050 pretende que la mayoría de los asalariados tengan como referencia esos Planes Privados de Empresa. El objetivo enunciado estos días de reducir la cuantía de las pensiones en 30.000 millones de euros va en esa dirección.
¿Que son las EPSV?
Las EPSV son un modelo de pensiones privadas de empresa que sólo existe en el País Vasco. Esas EPSV habrían de ser el núcleo de un sistema propio de pensiones que se implementaría definitivamente una vez conseguida la independencia. En su momento, se publicitó que sería el propio gobierno autonómico quien aseguraría su supervisión y control. Las buenas palabras han quedado en eso; en la práctica se ha ido desnaturalizando de forma tal que los gestores tienen una gran capacidad para decidir dónde invierten. La filosofía neoliberal que destilan estos fondos privados empuja a reducir el control público a la mínima expresión; para hacerlo, entre otros métodos, se recurre al cambio de estatutos si es necesario. La representación en el caso del País vasco se canaliza a través de los sindicatos (CCOO, UGT, LAB, ELA…), la patronal y el ejecutivo autonómico. Sabemos del escaso o nulo control que ejercen estas instituciones sobre sus representantes en las mesas de negociación. En el escándalo de las tarjetas Black, de Bankia, vimos como algunos representantes sindicales estaban tan implicados en el fraude y la corrupción como los demás.
El ejecutivo, con José Luis Escrivá al frente, pretende generalizar este modelo. Se introduce de esta forma un factor de ruptura en la solidaridad intergeneracional. El modelo público de reparto y de prestación definida (modelo de pensiones públicas actual), aún con todas sus deficiencias, pretende no dejar a nadie atrás; promueve una salida colectiva, cosa que no hace el modelo de Fondo Privado de Empresa (modelo de capitalización individual) donde cada uno mira para sí exclusivamente.
Este modelo se publicita como la fórmula para “compensar” la futura bajada de las pensiones creando una “bolsa individual” ligada a los convenios de empresa que, en el caso actual y a pesar de su nombre (Entidades de Previsión Social Voluntarias o EPSV), serían obligatorias. Curiosamente, y nos volvemos a remitir a las declaraciones del ministro Escrivá, las empresas podrán voluntariamente adherirse o no al protocolo; los trabajadores no podrán escoger.
¿Como se organizan en el País Vasco?
En el País vasco existen unos 77 Fondos Privados de Empresa. Por número de socios, aunque no por capital gestionado, el primero sería GEROA; el segundo Lagun Aro; el tercero, Hazia Elkarkidetza (para los funcionarios y trabajadores de las tres diputaciones vascas y los ayuntamientos); y el cuarto, Itzarri (trabajadores del Gobierno vasco, donde están incluidos por ejemplo la Ertzaintza y los trabajadores del Servicio Vasco de Salud). El negocio de las EPSV es importante y ha representado una fuente de financiación para el propio gobierno: a 31 de diciembre del 2019 [1] las EPSV acumulaban 25.939 millones de euros. De esta cifra, el 60% correspondería a Planes de Empleo colectivos y el resto, hasta un 40%, son Planes de Pensiones Individuales. Los Fondos Privados de Empresa existen en otros países pero junto a la figura de la autoafiliación, como en Reino Unido, Italia o Polonia: en esos países los trabajadores pueden decidir si quieren ser socios o no de esos fondos. No parece ser esa la idea del señor José Luis Escrivá.
GEROA
La EPSV vasca GEROA copia su modelo del Reino Unido, Noruega y Suecia. Nace un año después de la firma del Pacto de Toledo (1996) y coincide con una de sus recomendaciones. Fue creada por la patronal vasca y los sindicatos (ELA, LAB, CCOO y UGT). Curiosamente, y es una crítica que se hace desde los afectados por la crisis de esta EPSV, los problemas financieros de GEROA no han provocado una reacción sindical, bien al contrario estas fuerzas sindicales que están representadas en el Consejo de Administración han preferido hacer “mutis por el foro” y ponerse de perfil.
En GEROA, que hace de gestora de esos fondos, el poder en ese órgano de dirección está dividido al 50% entre sindicatos y patronal. La crítica más común es la opacidad en la toma de decisiones y los cambios de estatutos como hemos señalado.
Las Entidades de Previsión Social Voluntarias tienen un peso considerable en la economía del País Vasco. Si hacemos caso a sus datos, se acogen a alguna de las modalidades de previsión social más o menos el 31% del total de trabajadores activos, aunque el porcentaje llega al 61% en Guipúzcoa. Otra singularidad, como hemos señalado, es que no son voluntarias: si el trabajador realiza su actividad en alguno de los veinte sectores adheridos queda incluido de forma obligatoria en este Plan. Las empresas pueden entrar o salir a voluntad, los trabajadores no. Se da el caso de que alguna gran multinacional, para presionar a los sindicatos en la negociación colectiva, ha llegado a amenazar con retirar sus aportaciones.
GEROA cuenta en este momento con unos 113.298 socios (las cifras lógicamente pueden fluctuar) estructurados en 9.294 empresas y 20 sectores productivos. En 2018 recibió por parte de sus aportantes unos 92,34 millones de euros y gestionó un patrimonio de 2.028 millones. Ese mismo año pagó en prestaciones complementarias de jubilación 52,98 millones de euros a 2.597 jubilados, con un importe mínimo mensual de 173 euros y una media de 182,47 euros/mes.
Lo que hace diferente a GEROA es que las aportaciones a la EPSV se realizan al 50% entre la empresa y el trabajador. En otras EPSV no se funciona así. Los trabajadores de esos 20 sectores presentes entran automáticamente en GEROA en el momento en el que firman un contrato laboral aportando según indique el convenio colectivo; no se pueden realizar aportaciones voluntarias. El aporte máximo, más o menos, ronda el 4,60% del sueldo bruto, al 50% el trabajador y la empresa. Lo define el sector del metal (que es el que creó GEROA) y el mínimo el 0,4% del sector de oficinas o despachos y el comercio general.
Cada trabajador percibirá a la hora de jubilarse una cantidad complementaria en función del dinero aportado. En estos momentos, la aportación media de un trabajador del metal es de 109,99 €/mes, lo que supone una expectativa de complemento de pensión en torno a los 250 €/mes (tras haber cotizado 40 años o más y haber acumulado en la hucha cerca de 50.000 euros) siempre y cuando las inversiones que realice el fondo sean rentables. Un trabajador del comercio, en cambio, apenas aporta para su plan 4,58 €/mes y su expectativa futura sería de 10,5 euros.
El órgano de gobierno de GEROA es paritario entre la patronal, 13 miembros, y los sindicatos, otros 13. El fondo que gestiona Geroa invierte en activos financieros de renta fija y variable en todo el mundo y se publicita afirmando que obtiene más rentabilidad que los Planes Privados. Afirman que desde su creación en 1996 la media de rentabilidad ha sido del 6,5%. Según la publicidad, los trabajadores que “ahorran” en GEROA tienen de media un patrimonio de 36.479 euros (el 42% son beneficios generados y el resto aportaciones).
Los Problemas de GEROA
Al margen de la publicidad, los problemas de GEROA han aflorado, como no podía ser otra forma, en medio de la Pandemia. La primera cuestión es la rentabilidad, que se ha hundido. GEROA invierte en mercados financieros. Las inversiones en bolsa o depósitos, en una situación de marasmo económico, se han desplomado haciendo caer la rentabilidad. El segundo problema es que según los estatutos solo se puede dedicar ese dinero acumulado para pagar pensiones. Los trabajadores con largos años de cotización que se ven empujados al paro, aunque por edad aún no puedan jubilarse, no pueden utilizar esos ahorros para solucionar una situación que en muchos casos es angustiosa.
Según los estatutos sólo por debajo de 11.280 euros de aportación es posible recuperar el dinero en forma de capital o de renta. Si el importe supera los 45.210 euros sólo se podrá recuperar en forma de renta mensual que puede ser temporal o vitalicia, en función de la edad y del importe exacto. Los casi 1.600 trabajadores que, de momento, se han organizado en contra de estas políticas exigen a GEROA cambiar los estatutos para poder retirar su capital; la cantidad que se reclama es modesta (unos 65 millones de euros en total) y GEROA presume de solidez financiera; aun así la entidad se niega a cambiar los estatutos. Los trabajadores descontentos también señalan situaciones dramáticas. Por ejemplo, la viuda o viudo de un/a aportante no puede retirar todo el capital de su cónyuge fallecido sino que sigue recibiendo esa compensación mensual; lo mismo pasa en el caso de los huérfanos. Pero más sangrante es que los trabajadores afectados por un ERE o ERTE [2] no pueden compensar la reducción de ingresos con los ahorros que se tienen en el Fondo Privado de Empresa porque no pueden rescatarlo; cosa que otros fondos de pensiones sí han permitido.
Las consecuencias del proyecto Pedro Sánchez.
Las propuestas de José Luis Escrivá y el gobierno de coalición contribuirán a debilitar las pensiones públicas. Fueron los cuatro sindicatos mayoritarios quienes apoyaron el proyecto desde el inicio. Aunque hubo oposición sindical, ésta no prosperó. La gran contradicción la ofrecen los grandes sindicatos que por la mañana hablan de defender el sistema Público de Pensiones y por la tarde firman las EPSV. La posición sindical no deja de ser incómoda; unos días actúan como “brokers” en bolsa buscando la rentabilidad a cualquier precio, incluso con inversiones especulativas en fondos buitre, y por la tarde se ponen la banda roja reivindicativa.
También es una anomalía que las propias Administraciones Públicas participen de un sistema privado que debilita al Sistema Público de Pensiones. Al detraer dinero de la contribución de los trabajadores y entregarlos a entidades financieras, estas aumentan sus beneficios a costa del Estado. El gobierno progresista recorre una vía ya explorada por la derecha, la de ayudar al sector privado con los recursos públicos, puesto que los ingresos de la SS vienen de los impuestos y cotizaciones que pagamos todos.
El objetivo a medio plazo, como estamos viendo en Europa, es debilitar el sistema público recortando los gastos. Si la pensión pública disminuye hasta llegar a ser meramente asistencial, se querrá imponer a continuación un sistema de capitalización a través de las EPSV y de los planes privados. La reforma de José Luis Escrivá es insolidaria, elitista y sobre todo regresiva ¿Qué tiene eso de transformación progresista como dicen algunos?
Notas:
Fuente: https://www.elviejotopo.com/topoexpress/fondos-privados-de-empresa/