Diferentes Consejos de Guerra celebrados en agosto y septiembre de 1975 sentenciaron con la pena capital a 11 militantes antifranquistas, aunque a seis se les permutó por condenas de reclusión. El 27 de septiembre de 1975, hace 40 años, la dictadura ejecutó los últimos fusilamientos, los de Juan Paredes Manot «Txiki», de 21 años y […]
Diferentes Consejos de Guerra celebrados en agosto y septiembre de 1975 sentenciaron con la pena capital a 11 militantes antifranquistas, aunque a seis se les permutó por condenas de reclusión. El 27 de septiembre de 1975, hace 40 años, la dictadura ejecutó los últimos fusilamientos, los de Juan Paredes Manot «Txiki», de 21 años y Ángel Otaegui, de 33, ambos activistas de ETA Político-Militar; y los de otros tres militantes del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP): José Luis Sánchez Bravo, de 22 años de edad; Xosé Humberto Baena Alonso, de 24 y Ramón García Sanz, de 27. Antes de la ejecución en Hoyo de Manzanares (Madrid), Xosé Humberto Baena escribió a sus padres: «Enterradme, si podéis, en el cementerio civil, al lado de la tumba de Ricardo Mella» (escritor y activista libertario de finales del siglo XIX y principios del XX). En ciudades como Madrid, con tres actos, Vigo, Zarautz, Vitoria, Pamplona, Derio (Vizcaya) o Valencia se ha rendido homenaje a los cinco fusilados.
Las reacciones tuvieron un alcance mundial, mayor incluso que las provocadas por el juicio a Julián Grimau, dirigente del PCE fusilado por la dictadura franquista en 1963. En la biografía «Franco. Caudillo de España» (1994), el historiador Paul Preston recuerda que, como respuesta a las cinco condenas a muerte, quince países europeos retiraron a sus embajadores; se dieron manifestaciones y ataques contra las embajadas españolas en la mayoría de países europeos y, en Naciones Unidas, el presidente de México, Luis Echeverría, exigió la expulsión de España. A las peticiones de clemencia se sumó el papa Pablo VI. Además, en Euskadi y Navarra se convocó una huelga general de tres días, con un notable seguimiento. ¿De qué modo afectaron las protestas al dictador? El 1 de octubre de 1975 un Franco parkinsoniano y con gafas de sol sale al balcón que da a la Plaza de Oriente y, acompañado del príncipe Juan Carlos de Borbón, agradece al público la «viril adhesión» frente a la «conspiración masónica e izquierdista» y la «subversión comunista».
El 27 de septiembre de 2015 se recuerda el 40 aniversario de los últimos fusilamientos del franquismo, «que cierran una etapa iniciada con el golpe de estado del 18 de julio de 1936», ha afirmado el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, en el Paraninfo de la Universitat de València. Hay cerca de 100.000 personas soterradas en «fosas comunes» como consecuencia de los crímenes franquistas, y España es el segundo país del mundo, por detrás de Camboya, en número de desapariciones forzadas, de personas cuyos restos no han sido recuperados ni identificados. Cuatro décadas después de la muerte del dictador, la inacción de los gobiernos españoles ha llevado a que Naciones Unidas manifieste su «preocupación». De hecho, el organismo internacional pidió el pasado mes de julio que España derogara la Ley de Amnistía de 1977, que impide investigar las vulneraciones de los derechos humanos, particularmente los delitos de tortura, desapariciones forzosas y ejecuciones sumarias.
Los procesos judiciales que culminaron en los cinco fusilamientos del 27 de septiembre de 1975 no consideraban, de ningún modo, los derechos de los reos. Los Consejos de Guerra estaban formados por militares, «un cuerpo jerarquizado y que obedece estrictamente las órdenes de los superiores», recuerda Bosch. Además, «se aplicaron procedimientos sumarísimos, de urgencia y sin la menor garantía jurídica, y esto se hizo en 1975 sin la menor justificación, como si se estuviera en tiempos de guerra». En sólo dos meses de investigación judicial se consiguió «aclarar» la muerte de varios policías, hecho que había motivado las detenciones, explica el magistrado. «Seguramente se detuvo a los llamados sospechosos habituales, a quienes se sometió a régimen de incomunicación, en algunos casos de un mes y, sobre todo al principio, se les infligió malos tratos y vejaciones». De hecho, muchas de las confesiones de los procesados se arrancaron mediante torturas en las dependencias policiales.
Tampoco se aceptó en el juicio ninguna prueba presentada por los abogados de los activistas, en relación, por ejemplo, con las armas, informes balísticos o la petición de una rueda de reconocimiento. Con unos juicios en los que se expulsó a los letrados y un fallo judicial que carecía de fundamentos y motivaciones (básicamente reproducía los informes policiales), «la sentencia estaba más que cantada», concluye el portavoz de Jueces Para la Democracia.
La dictadura franquista «nació por la fuerza de las armas y terminó fusilando a cinco personas», resume la catedrática de Historia Contemporánea de la Universitat de València, Ana Aguado. El franquismo se basó en «el terror y la violencia institucionalizada». Pero lo hizo con un aparato jurídico que ofrecía un barniz de legalidad, y con el que pretendía legitimarse. Es lo que explica la aprobación de la Ley de Seguridad del Estado (1941); el Decreto-Ley del 28 de abril de 1947 sobre Represión de los Delitos de Bandidaje y Terrorismo, aplicado, por ejemplo, a la guerrilla del maquis; la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo (1940) y el Tribunal de Orden Público (TOP), muy vinculado a la Brigada Político-Social, que operó entre 1964 y 1977 (el historiador Mario Amorós recuerda en el libro «Argentina contra Franco» que en los trece años de actividad se abrieron 22.600 procedimientos y dictaron 3.798 sentencias, de las que 2.839 resultaron condenatorias; las condenas sumaron 11.731 años de prisión).
Todavía en enero de 1977, recuerda Ana Aguado, un grupo de ultraderechistas asesinó al estudiante Arturo Ruiz, de 19 años, cuando participaba en una manifestación a favor de la amnistía. «Persecuciones, muertes, miedo, exilio (interior y exterior), clandestinidad, miseria moral…». Un antecedente de las cinco ejecuciones fue el Decreto-Ley sobre Prevención del Terrorismo del 26 de agosto de 1975, que imponía la pena de muerte por «atentado terrorista» del que «resultare» la muerte de miembros de las fuerzas armadas, de la seguridad del estado y otras fuerzas públicas. El texto legal empezaba del siguiente modo: «La larga paz que viene disfrutando España no podía ser totalmente inmune a la plaga terrorista que padece el mundo».
La abogada y defensora de presos antifranquistas, Concha Blat, afirma que la falta de garantías era absoluta, «no había posibilidad de defensa jurídica». Entre las mujeres a las que defendía, una de las materias de conversación preferidas era la salud del dictador. Ellas no se sentían solas, ya que sus posiciones se veían refrendadas, en septiembre de 1975, por las huelgas generales en Euskadi y las protestas en el resto del mundo. La letrada recuerda de sus visitas a la prisión los «comentarios peyorativos» de la policía sobre su presencia.
Concha Blat sumaba su trabajo a la red de despachos laboralistas que, además de asesorar a trabajadores, denunciaba la legalidad franquista con la Declaración de Derechos Humanos en la mano. Apoyaba en su condición de jurista causas como la discriminación laboral, la defensa de mujeres acusadas de adulterio o a los obreros en los convenios colectivos, por ejemplo, en la factoría Ford de Almussafes (Valencia). Ampliaban la red de acción mediante la Coordinadora de Abogados Anticapitalistas. «Nuestros clientes provenían sobre todo de organizaciones autónomas y asamblearias, trabajábamos en despidos masivos como los de Fasa-Renault en Valladolid; por encima de las posiciones políticas, éramos abogados a quienes nos unía la defensa de los derechos humanos frente a la dictadura».
Lucila Aragó fue militante del Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) y del FRAP. Por su condición de mujer antifranquista, se vio sometida a interrogatorios y torturada después de su detención en Valencia el verano de 1975. Critica que haya quienes «intenten suavizar la dictadura calificándola de régimen autoritario». Destaca además como a finales de la década de los 60 hubo un incremento de la protesta y el conflicto social, y también en los años 70 (en el libro «La España del siglo XX» el historiador Santos Julià señala que de 1972 a 1974 las huelgas aumentaron de 853 a 2.290 y las horas de trabajo perdidas se triplicaron, al pasar de 4,7 millones a 14).
La exmilitante del PCE (M-L) recuerda una consigna del cantautor Lluís Llach que resume una época: «Soñemos hasta lo inimaginable». Subraya asimismo la reacción del régimen mediante una instancia judicial especial, el Tribunal de Orden Público (TOP). Avala esta idea el estudio de Juan José del Águila, «El TOP. La represión de la libertad», citado por el historiador Mario Amorós: el 60% de los procedimientos abiertos por este tribunal datan del periodo 1974-1976. «Nuestros compañeros fueron condenados a muerte en un juicio farsa, ha costado mucho abrir brecha en este muro de silencio».
«Fraguó una resistencia importante que puso a la dictadura en una encrucijada», sostiene Pablo Mayoral, exmilitante del PCE (M-L) y del FRAP, sometido en julio de 1975 a Consejo de Guerra en la base militar de El Goloso (Madrid), y condenado finalmente a 30 años de prisión. «En solo unos meses la dictadura montó cuatro Consejos de Guerra, dos en Madrid, uno en Burgos y otro en Barcelona; nuestros militantes fueron detenidos por centenares, éramos primera página en los periódicos de la época», explica.
Después de las manifestaciones en París, Roma, Londres o las capitales alemanas con la consigna «Franco asesino», recuerda, «desenchufaron al dictador, que duró dos meses». En ocasiones la microhistoria adquiere valor de gran relato. Pablo Mayoral cuenta en el Paraninfo de la Universitat de València el caso de Sergio Manzanera y Aitor Aguirre, dos futbolistas del Rácing de Santander que el 26 de septiembre de 1975 salieron a disputar un partido en el estadio de El Sardinero contra el Elche, con un brazalete negro. Manifestaban así la solidaridad con los dos fusilados de ETA y tres del FRAP. Les supuso una multa, amenazas de muerte por parte de la ultraderecha y tener que cambiar de domicilio.
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