Traducción para Rebelión de Loles Oliván
El volumen de participación del ejército egipcio en la economía ha sido un tema de gran debate antes y después de la expulsión de Hosni Mubarak de su cargo. Es sabido que el ejército fabrica de todo: desde aceite de oliva y crema para el calzado, a las urnas utilizadas en las elecciones parlamentarias egipcias de 2011, pero nadie sabe a ciencia cierta qué parte de la economía del país controlan las industrias militares. En informes de prensa se han citado estimaciones de «expertos» según los cuales se extienden por toda la geografía y oscilan desde el 5% al 40% o más. Forzado por The New York Times a que aventurase una conjetura, el ex ministro de Comercio, Rashid Muhamad Rashid, en la actualidad en el exilio, admitió que «menos del 10%» [1]. La disparidad de cifras hace imposible calcular la impronta de lo que el académico Robert Springborg denomina «Military Inc.» [2]. Las propiedades militares no sólo están clasificadas como secretos de Estado -un periodista que informe sobre ello puede acabar en la cárcel- sino que son asimismo demasiado numerosas y dispersas como para hacer una estimación veraz.
Los intereses comerciales más antiguos del ejército son las fábricas administradas por el Ministerio de Producción Militar, la Organización Árabe para la Industrialización (OAI) y la Organización de Proyectos del Servicio Nacional. Pero el ejército también supervisa numerosas filiales de sociedades de cartera de propiedad estatal y posee acciones de empresas público-privadas. En muchos casos, estas operaciones más pequeñas se insertan en grupos transnacionales que tocan varios sectores económicos, desde la construcción y el transporte marítimo a la fabricación de armas.
Altos oficiales del ejército fueron en su día fiduciarios de la iniciativa de «la industrialización para sustituir importaciones» y otras políticas estatistas promovidas por el presidente Gamal Abdel Naser. La creencia convencional es que los militares egipcios pretenden defender legados de la era de Naser tales como un sector público de importantes proporciones y una política comercial proteccionista. El levantamiento de 2011 reforzó esta creencia, sobre todo después de la defenestración de Gamal Mubarak y de su círculo, autores intelectuales de la agresiva reforma neoliberal aplicada bajo el primer ministro Ahmad Nazif entre 2004 y 2010. De haberse mantenido, dicho programa hubiera podido desmantelar las últimas empresas del sector público egipcio, muchas de las cuales están gestionadas por el ejército. Se cree que fue el ejército quien echó a Gamal en parte para preservar esas operaciones. Funcionarios de Estados Unidos habían telegrafiado este análisis años antes: en un cable del Departamento de Estado fechado en septiembre de 2008 y publicado por WikiLeaks, la entonces embajadora en Egipto, Margaret Scobey calificaba a los grupos de los militares de «cuasi-comerciales» y concluía que los planes de privatización del Gobierno se veían «como una amenaza a la posición económica [de los militares] «y que los militares por lo general se oponen a las reformas económicas». El antecesor de Scobey, Frank Ricciardone, había planteado un argumento similar en un cable de marzo del 2008: «[El mariscal de campo Hussein] Tantawi opina que el plan de reforma económica de Egipto fomenta la inestabilidad social al disminuir el control [del gobierno] sobre los precios y la producción».
Desde el derrocamiento de la familia de Mubarak en febrero de 2011, Estados Unidos ha intentado empujar al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), los gobernantes de facto en Egipto, a algo parecido a la vía seguida por Gamal Mubarak. En su discurso de 19 de mayo 2011 sobre Oriente Próximo, el presidente Barack Obama afirmó que Estados Unidos ya había pedido al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial que elaboraran un plan para estabilizar y modernizar la economía egipcia. Obama afrimó que Estados Unidos había cancelado mil millones de dólares de la deuda egipcia y que trabajaría «con nuestros socios de Egipto para invertir esos recursos en el fomento del crecimiento y del espíritu empresarial». Bajo presión social, sin embargo, el CSFA rechazó el paquete inicial del préstamo del FMI, lo que preocupó a muchos observadores que pensaron que Egipto iba a volver a un modelo de gestión económica más estatista.
Sin embargo, las acciones posteriores del CSFA sugieren que esas preocupaciones están fuera de lugar. El ejército ha sido diligente disciplinando a los trabajadores huelguistas mientras que el CSFA ha sido reticente a elaborar proyectos de ley que establezcan salarios mínimos y máximos y a legalizar sindicatos independientes. Tales movimientos podrían considerarse asimismo como una invocación al espíritu de Naser, quien hizo colgar a dos dirigentes huelguistas a menos de un mes después del golpe de Estado que lo llevó al poder, si no fuera porque el ejército ha emparejado la represión con otras medidas predicadas por el FMI y del Banco Mundial. Los gobernantes militares provisionales de Egipto emitieron bonos del Tesoro en dólares para protegerse contra la inflación y tranquilizar a los inversores, por ejemplo, y se negaron a levantar el techo de la deuda de Egipto. Remplazaron al ministro de Finanzas Samir Radwan -un anciano incondicional del PDN que había presentado un presupuesto expansivo que aumentaba los gastos sociales y los salarios- con Hazim Biblawi, un firme defensor del liberalismo de libre mercado y de la «racionalización» de las subvenciones estatales para productos básicos. Para ablandar a la opinión pública en relación con los recortes de los subsidios al combustible, se rumorea que es el CSFA quien ha orquestado la escasez de combustible y los retrasos en la entrega de gasolina -incluso en las propias gasolineras wataniyya del ejército. Finalmente, el CSFA aceptó «a regañadientes» en diciembre una línea de crédito de 3,2 mil millones de dólares del FMI. Los fondos están programados para ser desembolsados a la vez que el Banco Central de Egipto se quede sin reservas de divisas para evitar en sentido estricto el desastre económico y permitir que el ejército reclame el crédito. Al mismo tiempo, el CSFA ha favorecido a actores políticos que ven los intereses de Egipto como sinónimo de los [intereses] de los planificadores económicos del ejército. Consentir esta lógica se recompensa con el acceso a las instituciones reconfiguradas del Estado. A las voces que rechazan esta visión, como por ejemplo organizadores sindicales independientes y manifestantes por la justicia social, se les ridiculiza como fi’awi -divisivos y provincianos [3].
En retrospectiva, parece claro que mientras que el complejo militar-industrial resistió la privatización aplicada por el gobierno de Ahmad Nazif, su obstinación se basaba en dos temores: primero, que las operaciones militares serían las siguientes a recortar y, en segundo lugar, que los oligarcas del sector privado próximos a Gamal Mubarak eclipsarían a Military Inc. en la economía política de Egipto. Las ofertas de la privatización son bienes excluibles, y cuantas más se concedían a la camarilla de Gamal, menos quedaban para las empresas militares que las buscaban tan asiduamente.
Ahora, después de un año con el CSFA en el ejecutivo y muchos de los asociados de Gamal bajo investigación o en el exilio, la trayectoria económica de Egipto parece muy similar a la de 2010. Los tecnócratas vestidos de seda ya no imponen a los egipcios que renuncien a salarios dignos, a condiciones laborales seguras y a la responsabilidad política en aras del «crecimiento económico». Pero los oficiales vestidos de caqui se hacen eco del argumento de que la justicia social debe esperar y acusan a quienes la exigen de ahuyentar a los turistas y a los inversionistas extranjeros. La proximidad al poder político sigue siendo la vía principal para los privilegios económicos, y los grupos tradicionales del Estado intervencionista -funcionarios y campesinos y urbanos empobrecidos- siguen siendo marginales. En tándem con el capital transnacional, el ejército pretende acaparar los mercados incluso jactándose de la panacea del libre mercado. Y Military, Inc. puede hacer lo que hacían los Mubarak, pero mejor: con la camarilla capitalista aliada de Gamal fuera del horizonte, ya no hay ningún competidor cuyas ambiciones hagan contrapeso al apetito de expansión económica que tiene el ejército.
Ampliación de cartera
A pesar de su aura naserista, la incursión del ejército egipcio en el sector privado se viene practicando desde hace unas dos décadas. Por lo que mejor se conoce a las empresas militares es por fabricar material de guerra, y a pesar de tratarse de un mercado extranjero históricamente pequeño, los sistemas de armas siguen saliendo de las líneas de montaje del ejército en niveles superiores de lo que incluso un sólido Estado policial puede absorber. Los almacenes están repletos de inventario. Algunos fabricantes de armas creen que «la exportación es nuestro futuro» [4] pero la salud general de la cartera del ejército requiere diversificar sus actividades económicas.
Así que Military, Inc. ha abierto proyectos en sectores que van desde el transporte marítimo al petróleo, el gas y las energías renovables. Contrariamente a la reputación del ejército como uno de los pilares del proteccionismo, se trata de proyectos de colaboración en los que se introducen como socias empresas del Golfo así como multinacionales occidentales y asiáticas. Al igual que los oligarcas del sector privado civil egipcio, los altos mandos militares explotan su influencia política y el acceso privilegiado a aportaciones económicas para atraer a inversores extranjeros cuyas inyecciones de capital y acuerdos de transferencia de tecnología fortalecen el balance de situación. La estrategia inversora del ejército parece estar cosechando buenos dividendos: el CSFA no solo «prestó» al Banco Central Egipcio mil millones de dólares en diciembre sino que se las ha arreglado para repartir cuantiosos bonos mensuales (de cerca de 2.400 libras egipcias, o 400 dólares) entre personal del ejército de rango medio desde que comenzó el levantamiento contra Mubarak [5].
Los militares habían ido diversificando sus propiedades mucho antes del levantamiento mediante la expansión en sectores como la promoción inmobiliaria y el arrendamiento de equipos pesados en los que las enormes propiedades de terrenos, infraestructuras y capital del ejército ofrecen grandes ventajas, así como las empresas de propiedad privada que constituyen lo que se ha dado en llamar la «economía oficial». Los tentáculos del ejército también se aprovecharon de una gran porción del sector público civil como parte del proceso de «privatización» de la década de 1990. Los astilleros de Alejandría, por ejemplo, fueron puestos a disposición del Ministerio de Defensa en agosto de 2007. En la actualidad producen grandes buques mercantes y buques de guerra y ofrecen sus servicios de reparación a compañías navieras privadas. Del mismo modo, la Organización Árabe para la Industrialización, controlada por el ejército, posee en la actualidad el 100% de la Compañía General Egipcia de Vagones y Coches de Ferrocarril que fue inicialmente otorgada para la privatización en 2002. Sin embargo, son las inversiones conjuntas con empresas del Golfo y con las corporaciones multinacionales lo que han dado al proyecto de diversificación del ejército un impulso sin precedentes.
El grupo kuwaití M.A. Kharafi e Hijos -cuyo difunto patriarca ocupaba el séptimo lugar en la Lista de Ricos de 2010 de la revista Arabian Business– ha demostrado ser un socio particularmente codicioso. Desde el año 2001, se ha unido al ejército egipcio en una serie de empresas, incluida la Compañía Árabe para la Fabricación de Ordenadores, la única productora egipcia de ordenadores y portátiles, en la que Kharafi posee el 71% de las acciones y la OAI y una filial del Ministerio de Producción Militar, un 5% cada una. La empresa, que se sirve de Aopen (una compañía taiwanesa) para las aportaciones de tecnología, tenía un capital inicial de 140 millones de dólares y produce 750.000 ordenadores al año [6]. A través de una filial, Kharafi controla aproximadamente el 60% de la Compañía Internacional de la Industria de Tuberías de la que el Ministerio de Producción Militar posee el 10%. Esta empresa es la mayor fabricante de tuberías para petróleo y gas de la región con un registro de ventas de 104 millones de dólares en 2008, y ha sido descrita por el ex ministro de Producción Militar Sayyid Mish’al como «modelo de cooperación» entre el Estado y el sector privado [7]. Asimismo, el ejército y Kharafi operan en un negocio llamado Maxalto que depende de tecnología de la firma alemana Schlumberger para la fabricación de tarjetas inteligentes. Además, existe una serie de empresas mixtas [integradas por] filiales egipcias de Kharafi y divisiones de empresas de propiedad estatal que se cree están bajo el control del ejército.
Empresas mixtas
El ejército egipcio está bien situado para atraer socios extranjeros inversores debido en buena parte a que los sectores económicos donde su influencia es más fuerte son también los que tienen gran potencial de beneficios. Estos sectores incluyen el transporte aéreo y marítimo, el petróleo y el gas, y proyectos medioambientales de escala industrial como el tratamiento de aguas residuales y la generación de energía renovable. El ejército egipcio ha buscado activamente asociarse con empresas extranjeras en todos esos sectores, principalmente bajo la rúbrica de empresas público-privadas, un mecanismo de la economía del desarrollo que cumple igualmente con las restricciones impuestas por los planificadores de las políticas neoliberales. Bajo el gobierno de Ahmad Nazif convergieron importantes inyecciones de capital de los bancos estatales junto con préstamos de instituciones financieras internacionales y la privatización escalonada para facilitar las iniciativas del ejército de establecer empresas conjuntas con grupos empresariales del Golfo y grupos multinacionales extranjeros.
Históricamente, el ejército ha hecho valer a menudo su función en la economía poniendo de relieve el carácter estratégico de algunos sectores como el transporte marítimo, que durante mucho tiempo permaneció inmune a los imperativos de la privatización. A finales de 1990, el ministro de Empresas del Sector Público, «Atif» Ubayd restringió la privatización de las acciones de las compañías marítimas a un 10% después de que el embajador de Israel revelara que las compañías israelíes habían mostrado interés en comprar una de las empresas de estibadores de propiedad estatal egipcia (y posiblemente gestionada por el ejército). En medio de percepciones de que los propietarios israelíes bloquearan deliberadamente la adquisición de nuevas tecnologías con el fin de mantener a Egipto en el subdesarrollo, el ejército consiguió presentarse como garante de los activos nacionales vitales. En última instancia, el gobierno decidió postergar la privatización del transporte marítimo en su conjunto [8]. Sin embargo, la renovada presión de los miembros de la Organización Mundial de Comercio con importantes intereses navieros condujo al gobierno a adoptar un plan maestro (2001-2017) para ampliar la liberalización de las actividades marítimas. Dicho plan incluye la introducción del «modelo propietario» mediante el cual empresas del sector privado cumplen con muchas de las funciones del puerto aunque permanecen bajo la supervisión de entidades «independientes» y con fines de lucro (si bien siguen siendo de propiedad estatal) [9]. A mediados de la década, los puertos de Egipto estaban experimentando lo que un informe de la USAID (2008) denominaba «furor inversor» que incluía nuevas y amplias inversiones de cuatro de los grupos empresariales más grandes del mundo marítimo: el danés Moeller-Maersk, la francesa CMA CGM y la Cosco Pacific y la Hutchison Port Holdings, ambas de Hong Kong. A pesar de que en la actualidad estas empresas extranjeras tienen una participación mayoritaria en las empresas marítimas egipcias, el ejército ha podido asegurarse una significativa participación minoritaria así como altos cargos ejecutivos, principalmente a través de la Compañía Estatal para el Transporte Marítimo y Terrestre, de diversas autoridades portuarias y del Ministerio de Transporte Marítimo, todas las cuales están fuertemente integradas por oficiales de la Marina y otros. (Military, Inc. también controla otras empresas paraestatales involucradas en el transporte marítimo, tales como la Federación Árabe de Cámaras de Transporte, cuyo presidente es el almirante Hatim al-Qadi.)
Estas empresas mixtas suponen decenas de miles de millones de dólares de inversión por parte de empresas extranjeras, bancos estatales y prestamistas internacionales; incluso la parte minoritaria del ejército en estas empresas constituye un activo importante. Los nuevos operadores portuarios incluyen la Compañía Portuaria Internacional de Damietta de la que empresas privadas francesas, kuwaitíes y chinas poseen una combinación del 70% además de una explotación desconocida de la Compañía Naviera Árabe Unida (una empresa mixta más ó menos al 50% entre la Compañía Holding controlada por el ejército y por el gobierno de Kuwait) y un 5% de la propiedad de la Autoridad Portuaria de Damietta, cuyo presidente es también un oficial militar [10]. Asimismo, la Autoridad del Canal de Suez -encabezada por el almirante Ali Ahmad al-Fadil- posee el 12% de las acciones de la Compañía Terminal Internacional de Contenedores del Canal de Suez, que inició operaciones en 2004 y cuyos otros accionistas son Maersk y Cosco Pacific.
La Terminal Internacional de Contenedores de Alejandria, de propiedad mayoritaria de Hutchison Port Holdings, de Hong Kong y de un fondo de capital privado con sede en Emiratos Árabes Unidos, es otra importante empresa mixta. El proyecto se inauguró bajo el mando del general Abd al-Salam Mahgub, un oficial ex jefe de inteligencia convertido en firme defensor de la coordinación entre el Estado y el sector privado tras haber sido nombrado gobernador de Alejandría a finales de 1990. El vehículo principal de esta colaboración fue un acuerdo firmado por Mahgub y la Cámara de Comercio local que otorgaba a los empresarios importantes privilegios -incluido el libre acceso a tierra firme en aras del desarrollo comercial- a cambio de una porción de sus beneficios que se depositaban en una cuenta especial de desarrollo de la ciudad que permitía al gobernador evitar el envío de sus ingresos tributarios a El Cairo [11]. Los intereses militares han mantenido una cierta propiedad (el 5%) también en este caso a través de la Autoridad Portuaria de Alejandría. El presidente de la Autoridad Portuaria, el almirante Muhammad Yusuf, elogió la introducción de los intereses de navieras extranjeras, indicando que la política del gobierno para «atraer la inversión extranjera directa mediante la asociación con empresas multinacionales» beneficiará al sector del transporte a través de la transferencia de conocimientos de gestión y de las mejores prácticas», así como a la introducción de nuevas tecnologías y más tráfico de contenedores. [12].
Las diversas autoridades portuarias también tienen acciones en diferentes proyectos de infraestructura marítima y sectores complementarios (tales como seguros marítimos), junto con inversionistas extranjeros. Uno de estos proyectos es un acuerdo conjunto de draga con la empresa holandesa Damen Grupo, otro es Seguros Canal de Suez, que ahora es propiedad mayoritaria de Inversiones Oasis Green, un grupo de fondos de inversión chino-egipcio. Los militares se benefician generosamente de esta afluencia de inversiones, equipamiento y tecnología, no sólo porque controlan acciones tanto en las empresas mixtas como en sus competidoras de propiedad estatal, sino también porque ejercen un control sustancial sobre las industrias asociadas. Por ejemplo, los militares (a través de la citada Compañía General Egipcia para Vagones y Coches de Ferrocarril) proporciona gran parte del hierro y de la mano de obra para la construcción del ferrocarril egipcio, que se está ampliando a fin de unir las nuevas terminales portuarias marítimas con el interior de las redes ferroviarias, lo que a su vez aumentará el volumen de negocio para los operadores portuarios de empresas conjuntas. Los ingresos de Military Inc. procedentes del sector marítimo explican el grado de violencia que se infligió a los huelguistas y manifestantes alrededor de los puertos egipcios, a quienes a menudo se les incorpora a «zonas económicas especiales» donde la regulación es mínima y los incentivos fiscales son elevados.
Petroquímica y [energías] renovables
En los últimos diez años, las reservas probadas de gas en Egipto se han duplicado en tamaño desde 36 a 76 billones de pies cúbicos; entre 2009 y 2010 las reservas probadas de petróleo alcanzaron un máximo histórico [13]. Estos hallazgos provocaron un aumento sustancial de la inversión extranjera directa; Egipto firmó 176 acuerdos de petróleo y gas entre 1999 y 2010 aunque más de la mitad de los acuerdos se alcanzaron en tan sólo los dos últimos años de la década [14]. El sector del petróleo (incluyendo el procesamiento de aguas abajo) representa casi la mitad de los ingresos por exportación del Estado.
Al igual que en el sector del transporte marítimo, el ejército está en una buena posición para beneficiarse de la inversión extranjera en el sector energético egipcio donde ejerce el control formal casi tanto como el Ministerio de Petróleo. El ejército tiene participaciones en Tharwa Petroleum, la única empresa estatal de petróleo egipcia que se dedica a las actividades iniciales de exploración y desarrollo. Tharwa tiene varias empresas conjuntas con firmas extranjeras, entre ellas China Tharwa (una operación de perforación con la estatal china Sinopec); Tharwa Breda Petroleum Services y Thekah Petroleum Company (empresas mixtas con las italianas Breda y Eni respectivamente), y la Compañía de Petróleo Chino-Egipcia para la Fabricación de Plataformas de Perforación (un consorcio de Egypt Petrojet, Tharwa y Enppi con Sichuan Honghua Petroleum Equipment). China e Italia también son Estados clave en el transporte marítimo ya que la mayoría de las exportaciones chinas con destino a Europa se descargan en el puerto sureño italiano de Gioia Tauro. El aumento de la participación en el tráfico dirigido a Italia, que pasa a través del Canal de Suez, representa, por tanto, una enorme fuente de ingresos para el ejército. En 2006, los tres gobiernos firmaron un acuerdo destinado a facilitar el tráfico por el Canal, el cual, según dijeron responsables de la Autoridad del Canal de Suez, podría estimularse mediante «incentivos arancelarios» otorgados por el Ministerio de Hacienda, tal como indica un cable del Departamento de Estado filtrado por WikiLeaked.
Asimismo, empresas extranjeras han desarrollado alianzas con los productores militares egipcios con el fin de conseguir un pedazo del vasto mercado de Egipto para la energía renovable y los proyectos de limpieza medioambiental. China firmó un memorando de entendimiento con la OAI para colaborar en proyectos de energía solar y eólica. Las empresas europeas también están siendo activas en este área. Empresas alemanas y danesas han concluido acuerdos de licencia y transferencia de tecnología con la OAI para generar energía eólica, mientras que empresas españolas y canadienses se están asociando con la OAI para construir una planta fotovoltaica cerca de El Cairo. Otros proyectos relativos al medio ambiente en los que Military, Inc. está implicada incluyen el tratamiento de aguas residuales, la incineración de residuos y los kits para la conversión de vehículos que operen con gas natural. Un informe elaborado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de El Cairo destacaba la capacidad del ejército para fabricar los componentes necesarios para una industria de energía renovable, y muchos agregados comerciales de embajadas extranjeras hacen hincapié igualmente en el potencial de inversión en estas áreas. Tales dispositivos de comercialización han dado sus frutos: Alemania invirtió 50 millones de euros en el reciclaje de la paja de arroz mediante la construcción de dos fábricas en colaboración con la OAI [15]. La paja de arroz se prensa y se transporta en el marco de un contrato celebrado con otra institución militar, la Organización de Proyectos del Servicio Nacional [16].
La ofensiva del ejército para obtener acceso al capital transnacional se refleja también en la retórica del nuevo ministro de Producción Militar, General Sabri, quien supervisó el gasto de mil millones de libras egipcias (unos 166 millones de dólares) para ampliar las operaciones del Ejército en la producción de fertilizantes y tratamiento y saneamiento de aguas entre 2006 y 2008. Aunque Sabri se ha pronunciado en muchas ocasiones en el mismo sentido que su predecesor al respecto de formar laboralmente a jóvenes titulados y sobre el desarrollo industrial en zonas remotas, se ha mostrado especialmente propenso a destacar a las numerosas empresas extranjeras que el ejército ha asegurado con Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, China, Sudáfrica, Francia, Alemania e Italia. En un aluvión de entrevistas con la prensa tras su nombramiento, Sabri citó una larga lista de éxitos económicos del ejército, incluido un crecimiento del 5% de la producción en el período posterior al comienzo del levantamiento, la finalización de la primera fábrica de acero laminado en caliente de Egipto (y de acuerdo con las declaraciones de Sabri, la única de la región), la previsión de completar un complejo industrial en una carretera del desierto al noreste de El Cairo, y la intensificación de empresas mixtas comerciales con importantes compañías internacionales que se mostraron «dispuestas» a seguir adelante con la expansión planificada a pesar de la continua inestabilidad política.
Asimismo, el CSFA ha logrado reanudar conversaciones sobre algunas de las asociaciones público-privadas que se frenaron cuando los inversores extranjeros exigieron elevar las garantías contra las fluctuaciones monetarias y el riesgo político. Los sectores primarios destinados a la financiación público-privada -hospitales, plantas de tratamiento de aguas residuales y carreteras- forman parte igualmente del ámbito tradicional de intervención del ejército y han destacado en los pronunciamientos de Sabri ante los medios de comunicación.
Apostar por el Parlamento
La recompensa para los grupos empresariales extranjeros que invierten en negocios con Military, Inc. forma parte en buena medida del mismo sistema de beneficios que los oligarcas egipcios han disfrutado, incluido el trato preferencial en la licitación para contratos del Estado, el acceso privilegiado a la infraestructura y los servicios, y avisos anticipados para futuros proyectos. La mayor ventaja, no obstante, es poder confiar en que son soldados egipcios quienes aseguran los activos empresariales -un tipo de seguro que ningún otro actor-Estado puede proporcionar. Durante el transcurso de 2011, a Kharafi National (parte del grupo kuwaití del mismo nombre) se le concedió una guardia armada para garantizar la entrega segura del equipamiento a su proyecto de la planta de energía de al-Shabab, parte de una empresa mixta público-privada adjudicataria en 2010. Según un boletín informativo de Kharafi National, «[…] el ejército egipcio proporcionó fuerzas militares apoyadas con tanques para proteger los principales emplazamientos energéticos de los clientes en al-Shabab y Damieta… Asimismo, el ejército egipcio utilizó personal militar armado para escoltar el transporte de grandes piezas de equipamiento para las turbinas de gas desde el puerto de al-Ismailiyya hasta el área de al-Shabab». Tras el levantamiento, cuando varios Estados del Golfo anunciaron paquetes de ayuda a Egipto con la esperanza de contener la ira popular, el Grupo Kharafi anunció otro préstamo de 80 millones de dólares para ampliar las inversiones en sus infraestructuras en Egipto que se suman a los siete mil millones estimados que el grupo kuwaití ya ha invertido allí.
Desde el comienzo de la insurrección, los dirigentes del ejército hicieron lo imposible para dar garantías a los extranjeros de que los puertos, las instalaciones de petróleo y gas, y otros emplazamientos delicados estaban operando normalmente bajo la vigilancia de las fuerzas armadas y de la policía [17]. A medida que el ejército consolida la influencia adicional que ha acumulado en tanto que gobierno de transición de Egipto, sus méritos como socio empresarial se ha revelado más nítidamente: los inversores extranjeros no solo consiguen que sean soldados los que protegen sus activos sino que obtienen también las conexiones políticas que han sido siempre la vía para los beneficios económicos en Egipto. Es posible que en el futuro las inversiones extranjeras se concentren aún más en las empresas con participación del ejército.
Es probable que el ejército, por su parte, refuerce su incursión en el sector privado según aumentan sus aliados extranjeros. En el pasado, el ejército podía bloquear nuevas empresas comerciales por razones de «seguridad» pero a costa de un valioso capital político. Hoy en día, cuando varios oligarcas civiles están bajo investigación por corrupción, los militares se sienten mucho más libres para imponer sus condiciones. Con el poder de determinar quién gana y quién pierde en las altas esferas del capitalismo egipcio, el CSFA conservará una influencia indiscutible que se prolongará durante mucho tiempo después de la devolución formal del gobierno civil.
La elección de la autocracia
Buena parte de la especulación sobre el papel del ejército egipcio en la economía ha sido engañosa. La antipatía de los generales hacia Gamal Mubarak condujo a que muchos supusieran que también rechazaban todos los proyectos neoliberales. La suposición, igualmente, oscureció el hecho de que, en la era del capital transnacional, la huella del ejército se hallaba en muchas áreas fuera de las empresas formalmente de propiedad estatal. El ejército ha ampliado su cartera fundando empresas conjuntas y ejecutando la compra de acciones en operaciones privadas, explotando su monopolio sobre sectores lucrativos y concediendo un acceso exclusivo a empresas extranjeras con el fin de bruñir su bona fides empresarial. Si la ambición del CSFA por el poder político directo es dudosa, la centralidad de las industrias administradas por los militares en el futuro económico de Egipto no lo es. Los generales han tenido casi 12 meses para anclar sus empresas con tanta firmeza como para que sean inamovibles.
Desde el momento de la renuncia de Mubarak, era evidente que el CSFA no era un árbitro desinteresado durante la transición política. El furor respecto a la riqueza obscena del sector privado de la camarilla de Mubarak ofreció a los militares una oportunidad de oro para eliminar a sus rivales. El CSFA procedió a dar forma al campo electoral para favorecer a esos políticos que no transgredirían las prerrogativas económicas de los militares. La principal de sus tácticas fue una vistosa pero muy selectiva campaña anticorrupción. Al encarcelar a importantes empresarios como Izz Ahmad, amigo íntimo de Gamal, y a impopulares responsables políticos como el ex ministro de Vivienda, Ibrahim Sulayman, el CSFA canalizó la reivindicación de justicia de la opinión pública. Como es lógico, los empresarios civiles con estrechos vínculos con las empresas militares fueron pasados por alto por los fiscales -otra señal a los políticos para que acepten el papel del ejército en la economía o mantenerles callados por completo.
El CSFA elaboró asimismo una nueva Ley Electoral diseñada para dar ventaja a los partidarios del status quo. En la cámara baja del Parlamento, un tercio de los escaños siguen perteneciendo a distritos uninominales dando una ventaja a los mismos agentes del poder local que se habían beneficiado del patronazgo del PDN. Los escaños restantes se asignan de acuerdo a la representación proporcional, y aunque este sistema podría haber permitido concurrir a plataformas basadas en partidos, la exigencia del CSFA de celebrar elecciones inmediatamente después de la renuncia de Mubarak supuso que la mayor parte de los rivales potenciales fueran demasiado débiles y estuvieran demasiado desorganizados como para poner en marcha un campaña importante. También aquí, los antiguos clientes del PDN fueron por lo tanto los ganadores. La Ley del CSFA también mantuvo una disposición que obliga a que la mitad de los escaños de la Cámara baja se reserven a «obreros y campesinos», aunque en realidad esos espacios se llenan a menudo con militares y policías retirados. Esos hombres ocupan entonces puestos en el Comité de Defensa y Seguridad Nacional del Parlamento, el único órgano con la responsabilidad, siquiera nominal, de supervisar al ejército [18].
Las técnicas de gestión de las elecciones por parte de los militares parecen estar dando sus frutos. El adversario potencial más poderoso del ejército -el Partido de la Justicia y la Libertad, de los Hermanos Musulmanes- está acatando sus líneas en aspectos importantes, incluida la adhesión al Tratado de Paz con Israel, condición sine qua non para el mantenimiento de la ayuda militar de Estados Unidos. Diputados de los Hermanos asimismo han expresado su apoyo a que se oculten los detalles del presupuesto militar a compañeros parlamentarios curiosos (que sólo tienen acceso a una cifra única y global). Y los Hermanos han movilizado a sus miembros para que se posicionen junto a las fuerzas de seguridad cuando éstas hacen frente a grandes manifestaciones como la del «Martes de la Determinación», cuando los manifestantes marcharon hacia el edificio del Parlamento exigiendo una rápida transferencia del poder a los civiles.
El resultado es un Parlamento que en lo tocante a la gobernanza económica va casi en paralelo con los militares. Aunque los parlamentarios sin duda tendrán luchas de poder con los generales, los partidos que controlan la Asamblea en casi un 87% -Libertad y Justicia, el salafista Partido Nur, el Wafd y el Bloque Egipcio- respaldan todos que se continúe el ejercicio del neoliberalismo. Los grupos que rechazan ese marco, La Revolución Continúa, obtuvieron un magro 2,5% de los escaños. Sería simplista sugerir que el CSFA manipuló los resultados con precisión pero sí que diseñaron un sistema con el que pudieran obtener sus resultados preferidos.
Además de la ingeniería electoral, el CSFA se ha ocupado de reprimir a espuertas y de hacer triquiñuelas legales para acallar a los excluidos de la arena política. Los generales no solo han convertido en delito la organización de protestas que perturben la economía, excluyendo hábilmente al «matonismo» de la lista de actos que ya no están penados por la Ley de Emergencia, sino que han alentado la idea de que las huelgas laborales socavan la economía nacional. Los aliados civiles del CSFA llegan a extremos dramáticos para recordar a la población el empeoramiento de la situación económica, como el primer ministro Kamal al-Ganzuri, que literalmente derramaba lágrimas ante las cámaras [19]. Mientras tanto, los disidentes están sometidos a detenciones arbitrarias, a tribunales militares y a tortura. Junto con la siembra del miedo y la discordia, tal coacción sirve como elemento de disuasión frente a acciones laborales y manifestaciones callejeras que desafíen el programa neoliberal. El objetivo no es encarcelar a todos los manifestantes sino disuadir a los descontentos de que protesten siquiera.
Así, a los egipcios se les está ofreciendo una conocida y falsa alternativa: aceptar un status quo con ligeras modificaciones con el fin de restaurar la «estabilidad», o volver a las calles e invitar a que se reanude el caos. Las elecciones, sean cuales sean sus beneficios, otorgan a las autoridades un mandato más amplio para reprimir la disidencia y para reclutar nuevos facilitadores de la conducta busca-rentas del ejército. Military, Inc. está decidida a que sus posesiones y sus operaciones sigan fuera del escrutinio público. El verdadero giro maquiavélico en Egipto se reduce a cuántos islamistas, liberales, nacionalistas y actores no afiliados se contentan con ver cómo crece el imperio económico de los militares a expensas de aquellos que claman por un cambio político y por la justicia social.
Notas
[1] The New York Times, 17 de febrero de 2011.
[2] Egypt Independent, 26 de octubre de 2011.
[3] Hesham Sallam, «Striking Back at Egypt’s Workers,» Middle East Report, 259 (Summer 2011).
[4] Shana Marshall, «Egypt’s Other Revolution: Modernizing the Military-Industrial Complex,» Jadaliyya, 10 de febrero de 2012.
[5] The Guardian, 28 de diciembre de 2011.
[6] Daily News Egypt, 26 de diciembre de 2005.
[7] Al-Ahram, 2 de abril de 2005.
[8] Marsha Pripstein Posusney, «Egyptian Privatization: New Challenges for the Left,» Middle East Report ,210 (Spring 1999), p. 39.
[9] «Maritime Transport and Related Logistics Services in Egypt,» ICTSD Program on Trade in Services and Sustainable Development (December, 2007), pp. ix, 8.
[10] «Major Lines Join Damietta Project,» Lloyds List (via NewsEdge Corporation), 7 de diciembre de 2007.
[11] Samer Soliman, The Autumn of Dictatorship (Stanford, CA: Stanford University Press, 2011), pp. 88-89.
[12] «Contract for a New Company to Upgrade Container Terminal Quays at the Ports of Alexandria and El Dekhelia,» March 13, 2005.
[13] Los Angeles Times, 16 de agosto de 2010.
[14] Egypt Oil and Gas nº47 (noviembre de 2010) y nº50 (febrero de 2011).
[15] «Egypt: Business in Brief» (Embajada de Holanda en El Cairo, enero de 2006).
[16] «Sector Review on Environment and Energy» (Embajada de Holanda en El Cairo, abril de 2008).
[17] Ashraf Ghazy, «Back to Normality: How Egyptian Ports Are Settling Back into the Old Routine,» Port Technology, 7 de febrero de 2011.
[18] Jeff Martini y Julie Taylor, «Commanding Democracy in Egypt,» Foreign Affairs (septiembre-octubre de 2011).
[19] Associated Press, 11 de diciembre de 2011.
Fuente original: http://www.merip.org/mer/