Iberdrola ha vuelto a publicar sus beneficios del 2022 siendo estos nuevamente positivos (¡para la energética!) con 4.338,6 millones de euros, una subida del 11,7 %. Cualquiera que lo lea pensará directamente que esa es la consecuencia de la alta tarifa que hemos tenido que pagar en España en los últimos meses. Pero leyendo más a fondo comprobamos que en realidad el resultado aquí ha sido negativo y que si ha obtenido tales beneficios ha sido por su negocio en Estados Unidos y Brasil. En Brasil también esa tarifa aumentó de forma nefasta para muchas familias, hasta un 36%.
En Brasil Iberdrola opera como Neonergia, que provee electricidad a 34 millones de personas. Parte de su negocio en Brasil es la macrohidroeléctrica de Belo Monte, en funcionamiento desde 2016. Iberdrola gestiona esta central como parte del consorcio Norte Energia1, en el que ostenta un 10% de la propiedad. Pese al tiempo en Brasil y en Belo Monte muchas personas no conocen los proyectos de Iberdrola en el exterior: Iberdrola se centró en Brasil y México, economías con gran potencial energético, capitalista, y sobre todo donde consiguió condiciones muy favorables para asegurarse buenos beneficios.
La represa de Belo Monte es la tercera del mundo después de la de Tres Gargantas (China) e Itapú (Brasil-Paraguay) con 11.233,1 MW. Un monstruo (para que nos hagamos una idea, la mayor hidroeléctrica en términos de potencia de España es Aldeadávila con 1.243 MW, también de Iberdrola). Belo Monte se sitúa en medio de la Amazonía, en uno de los afluentes más importantes del Amazonas, el río Xingu, hogar de muchos pueblos indígenas. El proyecto fue tildado por todos como una aberración. Lo bautizaron Belo Monstruo. Los peligros de los que alertaba Sting con el cabecilla kayapó Raoni en aquellas giras en los ochenta no eran otros que este embalse. Siete años después de su inauguración podemos concluir que todos aquellos presagios no sólo se han cumplido, sino que son peores de lo esperado.
Y se suman otros nuevos, siendo el peor el de una nuevo proyecto de mina de oro, Belo Sun. El MAB (Movimiento de las Personas Afectadas por Represas) también ha denunciado ahora el proyecto de construcción de más de 3 km de muros a lo largo del río Xingu como medida de «mitigación» de los daños causados por la construcción del embalse. Para ello la empresa plantea depositar unas 576.000 toneladas de rocas en las orillas. Esto supondrá un impacto ambiental en el río muy fuerte, a sumar a los ya existentes. Un proyecto como el de un embalse ignora muchos aspectos relacionados con el río, sus procesos y los ecosistemas existentes: en este caso, el Xingú varía su caudal y su cauce según la época, con una amplia zona que se inunda en la época de crecidas y que es imprescindible para la existencia de un bosque aluvial.
Pero además las personas afectadas con opción a indemnización han tardado todos estos años en cobrarla. Tras siete años de lucha, 370 familias afectadas por Belo Monte de la zona de Lagoa do Independente consiguieron ser indemnizadas (10/2022). Son familias que fueron sacadas de sus casas en 2018 sin opción a vivienda sustitutiva.
Una de las condiciones para la construcción de Belo Monte fue que Norte Energia también se haría cargo de mejorar el sistema de abastecimiento de agua y tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Altamira, que por un lado sufría un aumento poblacional y por otro también quedaba limitada con las aguas del embalse. La energética es responsable del Plan de Mejora Urbana de Norte Energia, pero con muchas deficiencias, ya que ese equipamiento aún no ha sido transferido al ayuntamiento. La activista del MAB en Altamira, Elisa Estronioli, nos comunicó que ahora “se encuentra en una fase de transferencia”.
Las denuncias no cesan
En 2022 el Supremo Tribunal Federal (STF) finalmente reconoció también que la licencia de Belo Monte no había respetado el debido proceso de ley y fue en violación directa de la Constitución. Específicamente, no hubo una consulta pública amplia, con la necesaria información de los posibles impactos socioambientales, muchos de ellos severos y difíciles de revertir, ni el necesario debate con la sociedad. Ni mínimos, sobre todo con poblaciones afectadas indígenas.
El complejo proceso de licenciamiento de Belo Monte implicaba una Licencia Preliminar. El proyecto fue paralizado en 2008 por el Tribunal Federal, objeto de 28 juicios por parte del Ministerio Público Federal y de denuncias de organizaciones no gubernamentales y de particulares, incluido el sector científico. Las licencias fueron otorgadas siempre con condiciones que ahora se comprueba que no se han cumplido y muchas no se cumplirán por su imposibilidad. Todas recibieron opiniones técnicas negativas del organismo que otorgaba dichas licencias, IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais).
Según la exministra de Medio Ambiente de la época, Mariana Silva, y ahora nuevamente en el cargo, el consorcio Norte Energia utilizó una “maniobra” para eludir los requisitos ambientales y obtener esa licencia del IBAMA. Silva criticó la presión contra esta institución responsable de otorgar los permisos y de cometer ésta una irregularidad.
El Movimiento Xingu Vivo hace un repaso de los efectos que se predecían y cuál es su resultado una década después en el documento “Belo Monte y las profecias del fin del mundo”, concluyendo que «Lo que anticipamos en ese momento lamentablemente no abarcaba la totalidad de la tragedia que viene destrozando la vida cotidiana de los pueblos del Medio Xingu». (Ver vídeo de 2011 en el que se predecían muchos de los actuales impactos)
Una de las predicciones fue el crecimiento de la población de Altamira y los impactos asociados: Altamira prácticamente duplicó su población, generando un colapso de los servicios. Primero fue la llegada entre 2011 y 2013 de 45.000 trabajadores, a la que siguieron la de otros miles en busca de oportunidades. Esto se reflejó en una escalada de violencia (en 2017 fue la ciudad más violenta de Brasil), convirtiéndose en centro del crimen organizado, del narcotráfico, y se multiplicaron los feminicidios. Este aumento de habitantes tuvo un efecto directo en los precios de la vivienda, lo que afectó a la población en general, pero sobre todo a las familias desplazadas, cuyas indemnizaciones no alcanzaban para esos precios. Unas 200 familias se agolpan en los márgenes de la carretera transamazónica, con la amenaza de desalojo.
De la misma forma, pese a ser víctimas de un proyecto hidroeléctrico, pese a vivir tan cerca del lugar de producción, los y las habitantes de Altamira se enfrentan a facturas de luz muy altas. Otra afección tiene relación con la salud pues el embalse ha provocado la proliferación de mosquitos palúdicos que han aumentado los casos de malaria (40% de enero a junio de 2020).
Belo Monte ha supuesto un desastre ambiental en sí, pero también ha servido para provocar otros: más destrucción de la selva amazónica y más impactos contra los pueblos indígenas. Este desastre se ha visto agravado con el gobierno de Bolsonaro, que ha sido tan negligente en materia ambiental e indígena. Así el proyecto también contribuyó a la deforestación, la mayor en la Amazonía. En 2021 se talaron casi 6.500 hectáreas de bosques públicos solo en Altamira. Ha supuesto también la invasión de tierras indígenas (TI). Como consecuencia también, denuncian que el impacto en los pueblos indígenas locales Xikrin, Arara, Parakanã y Ituna Itatá ha sido “catastrófico”. En el caso de los últimos también porque existen grupos aislados en riesgo de genocidio.
El pasado 18 de enero investigadores de la región amazónica brasileña también publicaron un llamado urgente al recién elegido presidente Lula da Silva a paliar los impactos socioambientales de Belo Monte. El Observatório da Volta Grande do Xingu que reúne a investigadores locales así como a habitantes locales damnificados por la represa enviaron una carta al recién elegido Gobierno y a sus ministros respectivos, sobre todo tras anunciar un talante menos permisivo con los daños ambientales y sociales. En su carta, OVGX enumera las condiciones que no se cumplieron en el proyecto como “el saneamiento urbano de Altamira, sin el cual la región está sujeta al colapso sanitario; la garantía de supervivencia de los ecosistemas inundables y acuáticos del Xingú, sin los cuales más de 4.000 pescadores han tenido que hacer frente a la pobreza y el hambre desde el final de las obras; y la protección de las tierras indígenas, sin las cuales la deforestación, la minería ilegal y la ocupación ilegal han devastado casi todos los territorios afectados por la construcción y operación de Belo Monte”.
Belo Monte y la emergencia climática
El complejo de Belo Monte se sitúa en la Volta Grande del río Xingu, una gran curva de 130 km que este río hace en su camino hacia el norte, hacia el Amazonas. En el otro final de la curva se sitúa la ciudad de Altamira. Ésta queda a pies de otra represa, Pimentel, parte del mismo complejo. Desde esta represa se desvía agua por un canal de abastecimiento del embalse principal. Hasta en un 80% del caudal. La consecuencia es que al desviar agua deja al río en esta curva casi sin agua, viéndose este enorme río reducido en el verano amazónico tan solo a un lodazal.
Esta situación se ha intensificado actualmente con la emergencia climática. En 2020, la región del Medio Xingu sufrió una de las sequías más severas en los últimos años, secándose muchos de los afluentes del Xingu. La falta de precipitaciones por el calentamiento global y con ello la falta de caudal para llenar embalses y, por tanto, para producir energía es un hecho patente. Aquí hemos vito las cotas mínimas en embalses como el de Yesa, o incluso planteamientos como el de construir otro embalse en Aizpurgi (ya abandonado) para abastecerlo de agua para el proyecto de recrecimiento en construcción.
Por tanto, la predicción de que Belo Monte no cumpliría las previsiones de producción energética también están siendo confirmadas. Por esta misma razón, cuando se inició el proceso de licenciamiento del proyecto ya se había reducido su proyección de producción anual hasta el 39%. Ahora, el efecto queda corroborado: el segundo semestre de 2021 solo una de las 18 turbinas hidroeléctricas estaba en funcionamiento.
Las consecuencias ambientales y sociales son nefastas pues suponen la pérdida de pesca, básica en la alimentación de las comunidades, y también anula sus formas de transporte que se basaban en navegar con canoa.
Pero, para más ironía, además la represa de Belo Monte ha contribuido considerablemente a la emergencia climática. No son únicamente los gases de efecto invernadero asociados a todo el petróleo consumido para mover la maquinaria, tierra y rocas. O las asociadas a todo el hormigón que se empleó en su construcción, 3 millones de m3 a los que corresponderían 2.700 Tm de gases de efecto invernadero.
El mayor impacto climático asociado a dicho embalse corresponde a la descomposición de árboles cubiertos por el agua. Dicha descomposición supone la emisión de grandes cantidades de metano, 25 veces de mayor impacto en el calentamiento atmosférico que CO2. Así lo planteó el doctor Philip Fearnside (INPA) en el documental “Damocracy” de Todd Southgate. Fearnside comparaba los gases emitidos por la descomposición de vegetación en la inundación a la de 5 centrales térmicas y estimaba un periodo de 41 años para que se anularan dichas emisiones. Este aspecto también se ha confirmado en un informe2 que señala que Belo Monte generó un aumento de hasta tres veces de gas de efecto invernadero.
El desastre del reasentamiento
La afección humana es terrible, ya que incluye la aparición de hambre y pobreza. Se traduce en gran presión social en las comunidades indígenas, en los pueblos reasentados y sobre todo en la principal ciudad de la zona, Altamira. El Movimiento de Afectadas por Represas (MAB) calcula entre 40.000 y 50.000 personas las afectadas que vivían en la zona inundada. De ellos todos era ribeirinhos y ribeirinhas (ribereños) o indígenas que vivían al margen del río, con una clara dependencia del agua para la pesca y la agricultura. Otra de las condiciones impuestas a Norte Energia para explotar Belo Monte fue el regreso de los ribereños a la ribera del Xingú, tampoco materializada a día de hoy.
Norte Energia construyó seis Reasentamientos Urbanos Colectivos (RUC) fuera de Altamira con 3.850 viviendas prefabricadas de mala calidad. Uno de ellos, Tavaquara, fue una victoria de las familias afectadas pues no estaba previsto de inicio. Este es el único próximo al río. El resto fue reasentado lejos del río, lo que impide que esas personas continúen con su forma de vida y sustento.
Además estos reasentamientos sufren deficiencias porque a día de hoy no tienen agua. Los de Laranjeiras y São Joaquim se construyeron después del sobredimensionamiento del proyecto de saneamiento general de la ciudad y se encuentran al «final de la línea» del sistema de distribución. A día de hoy tienen que ser abastecidos de agua con camiones cisterna.
El Conselho Ribeirinho (Consejo Ribereño) listó 212 familias excluidas del reasentamiento. De ellas Norte Energia sólo ha reasentado a 13. Parte del reasentamiento se realizó en Zonas de Preservación Permanente (APP) con restricciones para la práctica agrícola, con lo que las familias no pudieron mantener su autobastecimiento. Todo ello crea más problemas en esas comunidades y también más presión en el medio ambiente.
En los últimos seis años la lucha del MAB se ha traducido en el reconocimiento de unas 600 familias que inicialmente no eran reconocidas como afectadas, pero aún quedan 370 familias por reconocer como afectadas. En 2021 el MAB y familias de Lagoa do Independente ocuparon la sede del IBAMA exigiendo que Norte Energia presentara un cronograma de reubicación para 97 familias que carecían de conexión de alcantarillado sanitario. En 2018, el Ibama reconoció que la situación de las familias de esa zona era responsabilidad de Norte Energia.
Norte Energia, la concesionaria de la hidroeléctrica, interpuso la demanda en 2014 contra el MAB. Las familias afectadas también salieron a protestar y cortaron la carretera transamazónica. Norte Energia les llevó a los tribunales acusándoles de impedir el acceso de los trabajadores a la obra. El caso fue archivado en 2022 por entenderse que había perdido razón de ser.
¿Energía para quién?
Además de la hidroeléctrica en sí, el proyecto precisaba sacar toda esa energía desde la Amazonía al resto del país. Para ello se proyectó una nueva línea de transmisión que iría desde la central a São Paulo: 2000 km. Una nueva macroinversión también de mucho impacto ambiental (torres distanciadas cada 500 metros). Éste y otro tendido, el Pré-Belo Monte, de 1.854 km que abastece al Nordeste y va a San Salvador de Bahía, fueron adjudicados a la también española Abengoa. Abengoa sufrió distintas vicisitudes financieras para declararse finalmente en bancarrota en 2021. En 2017, con Belo Monte ya finalizado, Abengoa no había cumplimentado la línea, por lo que el proyecto le fue transferido a BMTE, de la china State Grid, que también precisó tiempo para cumplimentarla. Así que la Agência Nacional de Energia Eléctrica brasileña (ANEEL) se vio con la imposibilidad de sacar la electricidad que generaba en Belo Monte. El costo de la demora fue facturado a las familias consumidoras con un monto estimado de más de 270 millones de euros.
La energía de Belo Monte alimenta el Sistema Interconectado Nacional, pero la canadiense TSX: BSX quiere instalar su mina de oro Belo Sun Mining en Volta Grande. TSX: BSX argumenta que una de las ventajas del lugar es justamente el suministro de energía. Así se confirma otra de las predicciones: que semejante despropósito energético debía corresponder con otros intereses, mayores. O que una vez de que se imponen estos proyectos, estos atraen y justifican otros.
Belo Sun sería la mina de oro a cielo abierto más grande de Brasil. Calculan que su subsuelo contiene casi 113 Tm de oro, con un valor de más de 8.000 millones de dólares. Belo Sun dice que la mina fue diseñada para tener un impacto ambiental cero, pero eso en Brasil es difícil de creer con desastres como Mariana y Brumadinho, en los que las compañías prometían lo mismo. El depósito de relaves (residuos mineros) de esta proyecto se prevé será más del doble que el de Mariana, lo que no es muy esperanzador. Como en esos casos tristes, de ocurrir un accidente, o de haber fugas, éstas acabaran en el río Xingú, como aquellas hicieron en el río Dulce y el Paraopeba respectivamente. Y de ahí al Amazonas. Los augurios son escalofriantes.
La mina además estaría a tan sólo 10 km de territorio indígena Paquisamba, del pueblo Juruna. Este pueblo ya ha sido afectado considerablemente por Belo Monte. Ahora, Belo Sun añadiría nuevas afecciones. Belo Sun alega que las comunidades locales aprobaron el proyecto en una serie de procesos de consulta, pero éstas denuncian que esas reuniones fueron defectuosas y que nunca aprobaron el proyecto. Así lo entendió también el Tribunal Regional Federal de la 1ª Región (TRF1) que suspendió la licencia del proyecto minero en 2017 y lo revalidó en 2022, y el Ministerio Público Federal (MPF) que entendió que supone riesgo de impacto devastador para estos pueblos y el ecosistema.
Además, dichas reuniones tuvieron lugar en plena pandemia, autorizadas por la propia Funai (Fundación Nacional Indígena). Como es sabido, el Gobierno de Jair Bolsonaro se caracterizó por su mala gestión de la pandemia, pero también por su desprecio por los pueblos indígenas. Y la FUNAI, como organización al servicio de los pueblos indígenas, fue una institución que ese Gobierno intentó eliminar. Al no poder hacerlo, colocó oficiales de la policía y el ejército en sus cargos de responsabilidad, que defendieron intereses empresariales y no los indígenas. (ver más aquí). Así el Gobierno declaró el proyecto “estratégico” para el país dentro de su Programa de Asociación para la Inversión (PPI).
Así, en 2019 el asesor para asuntos indígenas, comunitarios y ambientales de Belo Sun Mining fue un general, Franklimberg Ribeiro de Freitas, quien había sido el presidente de la FUNAI entre mayo de 2017 y abril de 2018. Como ha salido a la luz ahora, otro ex-militar, Barroso Magno es también el representante en Brasil de Forbes & Manhattan (F&M), la financiadora del proyecto Belo Sun, desde 2019. Estas empresas llevan 10 años intentando que les permitan explotar en esa parte de la Amazonía, protegida como reservas naturales y resguardos indígenas. Pero como ya es sabido, el objetivo del Gobierno Bolsonaro fue desmantelar esas protecciones, así como las mismas FUNAI e IBAMA. Y para satisfacer los intereses capitalistas puso a militares en sus direcciones. Así, el representante de F&M y Belo Sun consiguió reuniones con el Gobierno para discutir el proyecto Belo Sun desde 2019.
Seguimos pendientes, Lula
Un aspecto que hay que recordar es que este proyecto se materializó con Lula en el Gobierno. Después de su encarcelamiento y las maniobras para desestabilizar el Gobierno de sus sucesora, Dilma Rousseff, Lula se mostró más cercano a movimientos sociales como el MAB (Movimiento de las Personas Afectadas por Represas). Aunque no oficialmente, sí se comprometió a revisar políticas del pasado.
Así se puede entender también que en su nuevo Gobierno figure de nuevo Marina Silva al frente del Ministerio de Medio Ambiente. Silva ya lo lideró en el primer Gobierno de 2003 hasta 2008. De hecho, sus posicionamientos sobre hidroeléctricas y otros aspectos ambientales fueron los detonantes para que ella abandonara el Gobierno y también el PT en el que había militado 30 años. Su vuelta se debe a un cambio de posicionamientos con el reto anunciado de detener la deforestación de la Amazonía.
Sin embargo, en junio, Lula se mostró distante de los planteamientos de Silva y afirmó que que “no se arrepentía de haber defendido la construcción de Belo Monte y que si tuviera que tomar la decisión de volver a construir la planta, lo haría”. Pero sabido lo que sabemos, entendemos que hace falta ser más críticos.
Ahora Lula se ha mostrado decidido a detener la minería ilegal, y esperemos que también lo haga con otros proyectos que aunque con gran capital por detrás también suponen grandes ilegalidades.
