Ya hemos analizado en Ágora, en numerosas ocasiones, la tendencia al aumento de los litigios climáticos como una herramienta de lucha y de sensibilización frente al cambio climático y utilizada por igual frente a Estados y empresas. Sólo por citar algunos casos en mayo de 2021, en una sentencia calificada de histórica , un tribunal holandés condenó a la petrolera Shell a reducir un 45% sus emisiones de C02 para 2030 con respecto a 2019. Este caso, que tuvo repercusión en todo el mundo, ha puesto de manifiesto litigios como un arma climática importante. Y más recientemente, a principios de mayo, la ONG ClientEarth inició una acción judicial contra los administradores de esta misma empresa por “mala gestión del riesgo climático” cuya intención es reconocer la responsabilidad de los 13 miembros del consejo en la falta de implementación de una estrategia climática ambiciosa.
Las demandas también han apuntado a los Estados bien sea por inacción climática como en Francia o España, o por el reconocimiento de la equidad intergeneracional que lleva a una mejor planificación de las políticas de transición energética y lucha contra el cambio climático, como en el caso de la sentencia del Tribunal Constitucional alemán.
En este contexto, el Informe mundial sobre litigios climáticos. Revisión Global 2020 del PNUMA ofrece un resumen general del estado actual de los litigios sobre el cambio climático en todo el mundo, así como una evaluación de las tendencias mundiales en torno a este tipo de litigios. Una de las conclusiones principales del informe es el rápido aumento de los litigios climáticos que se ha producido en todo el mundo.
En 2017, el número total de casos que se habían presentado era de 884 en 24 países mientras que, al 1 de julio de 2020, el número de casos se había duplicado prácticamente, con al menos 1.550 casos de cambio climático presentados en 38 países.
¿Pero son necesarios los litigios climáticos? ¿Son efectivos?
El informe muestra cómo los litigios climáticos están obligando a los gobiernos y a los actores corporativos a perseguir objetivos más ambiciosos de mitigación y adaptación al cambio climático.
El informe describe también cómo los casos están obligando a una mayor divulgación en torno al clima y poniendo fin al “lavado verde” por parte de las corporaciones sobre los temas del cambio climático y la transición energética. Además muestra cómo las personas están exigiendo cuentas a sus gobiernos, evitando que se extraigan los combustibles fósiles del suelo y desafiando el incumplimiento de las leyes y políticas relacionadas con el clima.
Esta tendencia se suma al reconocimiento a un medio ambiente saludable por la Asamblea General de la ONU el pasado 18 de julio como un derecho humano universal y al existente en las constituciones de más de 100 países. El reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano por parte la Asamblea General y de otros foros de la ONU, aunque no es jurídicamente vinculante puede ser un catalizador para la actuación en favor de un medio ambiente sano y limpio y la exigencia de responsabilidades a los gobiernos.
El propio IPCC, el grupo intergubernamental de expertos para el clima, sugirió en uno de sus informes el uso de los litigios como herramienta de lucha contra el cambio climático: «Fuera de los procesos formales de política climática, el litigio climático es otro escenario importante para que varios actores se enfrenten e interactúen sobre cómo se debe gobernar el cambio climático».
En un nuevo estudio publicado por el Instituto de Investigación Grantham sobre el Cambio Climático y el Medio Ambiente, los investigadores observan un aumento en los litigios relacionados con el cambio climático. Desde 2015, su número se ha más que duplicado. De los casos en curso de 2002, una cuarta parte se presentaron entre 2020 y 2022.
“Los casos contra las grandes petroleras y otras compañías involucradas en la minería fósil o el suministro de combustibles fósiles han proliferado, ahora de manera más significativa fuera de los Estados Unidos”, señalan los investigadores del estudio.
En Europa, se han presentado así 13 denuncias contra las grandes petroleras. En 2020, un grupo de asociaciones, incluidas Notre Affaire à Tous y Sherpa, así como las autoridades locales, llevaron a los tribunales a TotalEnergies con el objetivo de «elevar las ambiciones climáticas del grupo». En Australia, la compañía de gas Santos está siendo demandada, al igual que Exxon, Eni y Sasol en Guyana y Sudáfrica. Según los autores del estudio, el 54% de las disputas resultaron en resultados “favorables a la acción climática”.
“Los casos de litigios climáticos están jugando un papel importante en el movimiento hacia la eliminación gradual de los combustibles fósiles”, escriben los autores del informe. Las quejas contra las empresas se refieren principalmente a la industria de los combustibles fósiles, pero tienden a diversificarse. En 2021, la mitad se destinó a alimentación, agricultura, transporte, plásticos y finanzas.
Según el informe, los litigios futuros se centrarán principalmente en la responsabilidad penal. Pero esta estrategia tiene una contrapartida. Empresas e inversores se apoyan en el Tratado sobre la Carta de la Energía , para demandar a los Estados cuando consideren que sus decisiones climáticas pueden perjudicar sus proyectos. Hasta la fecha se han solicitado a los Estados 150 reclamaciones por un total de 115.000 millones de euros en concepto de indemnización.
Los litigios climáticos por su duración y su coste no son la herramienta idónea para luchar contra la inacción climática, pero a nivel reputacional juegan un papel cada vez más impactante en las organizaciones que no quieran verse señaladas como causantes del cambio climático y de Estados que no quieran ser cómplices de ello. Y el papel de sensibilización ciudadana y de activismo que están generando, por su transversalidad intergeneracional y dimensión planetaria, están promoviendo una visibilización del problema y una capacidad de movilización como se había visto en pocos movimientos ciudadanos. Lástima que la voz ciudadana del desarrollo sostenible se tenga que hacer valer así pero la urgencia del cambio climático exige respuestas contundentes.