Traducido para Rebelión por LB
Los palestinos que deciden estudiar en el extranjero se están dando cuenta -demasiado tarde- de que han puesto en peligro su derecho a regresar a su ciudad natal.
El pasado miércoles por la tarde un «shabah», un extranjero ilegal, se sentó en la pequeña sala de conferencias del Juez de Distrito de Jerusalén Noam Solberg. Así es como la persona en cuestión fue descrita por Solberg y por un representante del Ministerio del Interior, el abogado Gur Rosenblatt. El residente ilegal sabe leer y escribir en hebreo, pero en la pequeña habitación tenía dificultades para seguir los doctos alegatos del juez argumentando que una persona nacida en el barrio de Jerusalén de Sur Baher hace 43 años, cuyos padres y abuelos y tatarabuelos son nativos de ese mismo lugar, que fue a la escuela primaria y secundaria en Jerusalén, que recientemente pagó 120.000 shekels (25.000€) por un permiso de construcción de la municipalidad de Jerusalén, es un extranjero ilegal. En otras palabras, un delincuente.
Presentemos al delincuente: Doctor Imad Hammada. Padre de tres hijos, con un cuarto en camino. Casado con una enfermera que trabaja en la Mutua de Salud Leumit de Jerusalén. Su biografía incluye otros elementos que podrían sonar muy israelíes: estudió ingeniería eléctrica en Estados Unidos y trabajó en Silicon Valley para pagar sus estudios de doctorado y adquirir experiencia. Especialidad: nanotecnología (un nanómetro es una mil millonésima parte de un metro). Frecuentes visitas a su hogar familiar en Jerusalén.
Es cierto que su estancia en el extranjero se prolongó más de lo esperado, desde 1989 hasta 2007. También eso nos suena familiar. Tres meses después de recibir su doctorado, en agosto de 2007, él y su familia hicieron las maletas y regresaron a casa, un año después de haber recibido la ciudadanía estadounidense. Una compañía israelí y una compañía americana con una sucursal en Israel querían contratarlo pero cambiaron de opinión. El Ministerio del Interior les informó de que el doctor Hammada era un turista.
¿Turista? ¿A santo de qué? Así fue como el doctor Hammada descubrió que el Ministerio del Interior israelí había revocado su estatus de residente. Por medio de la abogada Leah Tsemel hizo una petición a la Corte de Distrito de Jerusalén, actuando como Tribunal de Primera Instancia en Materia Administrativa, para que invalidara la revocación de su permiso de residencia permanente. Durante los últimos tres años ha estado viviendo en su tierra natal, en su ciudad, en la casa de sus padres, sin seguro sanitario para los niños, sin derechos y en peligro constante de ser detenido y expulsado.
«La prolongada estancia ilegal en el país va en detrimento del solicitante«, dijo el juez Solberg con voz severa. Explicó que esa sola circunstancia podría ser causa suficiente para rechazar automáticamente su petición. En los pasillos de la Corte de Distrito de la calle Salah al-Din se decía que, a diferencia de los jueces liberales Cheshin David y Tzur Yehudit, que ya no están, Solberg es conocido por rechazar sumariamente peticiones similares. Resulta sin embargo que en esta ocasión Solberg tenía conflictos internos, como lo expresó él mismo.
Es natural ir al extranjero
Por un lado, dijo, la estancia ilegal nos obliga «a decir que esa es una razón suficiente para rechazar automáticamente la petición«. Por otra parte, dijo el juez: «Es natural que la gente vaya [al extranjero] para estudiar y residir un tiempo. Hay margen para una cierta indulgencia cuando se lee que el hombre trabaja en Herzliya (para una empresa taiwanesa que tiene una sucursal en Ramallah) y que su esposa trabaja… Mi impresión inicial es que su relación con Israel es genuina«.
El Procurador Rosenblatt mencionó en varias ocasiones la «estancia ilegal» del demandante. Tsemel objetó: Ese argumento no se ha planteado hasta el momento. Mi cliente entró de manera legal y nació aquí y usted sabe que tiene derecho a estar aquí. En principio, dijo Rosenblatt, «puede salir del juzgado y ser detenido por un policía por ser un extranjero ilegal«. Y Tsemel: «En principio, puede salir del juzgado y ser detenidos por ser árabe«.
Solberg trató de calmar los ánimos. Dijo que estaba tratando de llegar a un compromiso. Que la petición se anule, sugirió, y que el Dr. Hammada solicite el inicio de un procedimiento de «reunificación familiar» (con su esposa). Las partes debían dar una respuesta hoy. Más tarde, junto a las escaleras, Rosenblatt le explicó a Tsemel que no era nada personal, pero que estaba actuando de acuerdo a la ley.
La Ley de 1952 de Entrada en Israel establece que toda persona que no sea ciudadana israelí o titular de un permiso de inmigrante o de un certificado de inmigración no tiene derecho a vivir en Israel, y que su residencia en Israel está condicionada a la posesión de un permiso de residencia otorgado de acuerdo con esta ley». La Ley de Entrada se impuso a los palestinos que viven en esa parte de Cisjordania que fue anexionada a Israel en 1967: Jerusalén oriental y los pueblos circundantes. «Fue Israel quien entró en nosotros«, dicen amargamente las personas a las que se aplica la Ley de Entrada, «No fuimos nosotros los que entramos en Israel«. Solberg mencionó que no carece de lógica afirmar que el caso de un francés (no judío) que emigrara a Israel no es similar al caso de un palestino nacido en Jerusalén. Pero no sería correcto, dijo, discutir la cuestión de principio en relación con la presente petición.
Además de la Ley de Entrada existen regulaciones para la entrada en Israel que estipulan [las circunstancias que determinan] la expiración del permiso de residencia permanente. Así, se considerará que una persona se ha afincado en el extranjero si concurren uno de los siguientes casos: haber vivido fuera de Israel por un período mínimo de siete años; haber recibido un permiso de residencia permanente en ese país; haber recibido la ciudadanía de ese país. Cualquiera de esas tres condiciones basta para revocar la condición de residente a un palestino de Jerusalén Oriental.
Hasta finales de 1995 las autoridades israelíes eran flexibles y se daban por satisfechas con las visitas que, al objeto de conservar su residencia, los residentes [palestinos] en el extranjero realizaban a intervalos más cortos que los «siete años de ausencia». Sin embargo, en diciembre de 1995, durante el mandato de Haim Ramon como ministro del Interior en el efímero gobierno de Shimon Peres, esa política cambió. Sin previo aviso, las personas que vivían en el extranjero pero que regresaban frecuentemente de visita descubrieron que su condición de residente había sido revocada. Una prolongada batalla pública -en la que participaron palestinos, israelíes y organizaciones internacionales- generó una presión que dio sus primeros frutos en 2000, cuando la cartera de Interior estaba a cargo de Natan Sharansky. En una declaración ante el Tribunal Supremo, Sharansky prometió que la política revertiría a la práctica vigente con anterioridad al año 1995. Para aquellos que por cualquier motivo residieran en el extranjero, sus visitas periódicas volverían a tener el efecto de mantener viva su residencia, mientras que los que hubieran vivido en el extranjero en el pasado (o que, por falta de viviendas, residieran en una parte de Cisjordania no anexionada por Israel) recuperarían su estatus de residencia si demostraban que el centro de su vida estaba en Jerusalén. Al estallar la segunda Intifada en el año 2000 el Ministerio del Interior volvió a instaurar la revocación en masa del estatus de residencia permanente de los palestinos de Jerusalén Oriental.
Imad Hammada es uno de los 289 jerusalemitas a los que los israelíes revocaron su residencia en 2007. En 2008 le revocaron la residencia a Murad Abu-Khalaf, de 33 años, natural de Ras al-Amud y doctor en ingeniería eléctrica. Su familia vivía en el barrio de Baka, en Jerusalén Oeste, de donde fue expulsada en 1948. Las ocho páginas de su currículum incluyen una serie de publicaciones científicas, áreas de especialización, campos de investigación, conferencias, premios y prestigiosos lugares de trabajo. En 2007 completó su post-doctorado (con un estipendio de la división de investigación del Ejército de los EEUU). También él visitó a su familia periódicamente. Sabía que a su regreso era probable que no le contrataran para trabajar en empresas israelíes y que se dedicaría a enseñar en la universidad. «Quería obtener algo de experiencia en el mundo profesional fuera de la universidad«, dijo hace dos días en una conversación telefónica desde su casa de Boston.
Un ingeniero en Boston
Desde 2007 el doctor Hammada ha trabajado como ingeniero de software en una empresa estadounidense de Massachusetts, The MathWorks, cuyos clientes son la industria aeronáutica y las empresas de seguridad, entre ellas la empresa israelí Rafael. Los EEUU exigen que los empleados de su industria de seguridad posean la tarjeta verde. La tarjeta verde no es un permiso de residencia permanente que se otorgue por motivos familiares, o como la que se concede a un solicitante de asilo, pues solamente se otorga con fines laborales, subrayó Abu Khalaf durante la conversación. «Si hubiera sabido que una tarjeta verde conllevaría la revocación de mis derechos como residente de Jerusalén, habría regresado después de acabar el post-doctorado. Pero, ¿qué podría haber hecho entonces, careciendo de experiencia práctica? ¿Vender falafel?«
Las deliberaciones sobre la petición de Abu-Khalaf tendrán lugar en su ausencia ante Solberg el próximo jueves. Desde enero de 2009 Abu Khalaf ha estado buscando vías de recurso, también con la ayuda de la abogada Tsemel. Sus frecuentes pero cortas (debido a compromisos de trabajo) visitas en 2009 no satisficieron a las autoridades. Su permiso de viaje expiró en enero de 2010. Desde entonces no ha visto a sus padres y a su hermano. Toda su familia vive en Jerusalén. Su padre es médico de cabecera, su hermano trabaja como facultativo en el Centro Médico Shaare Zedek en Jerusalén. Él vive en Boston y echa de menos a sus amigos y las calles de su infancia.
La Procuradora Achva Berman, una asistente de la Oficina del Distrito de la Fiscalía de Jerusalén, explicó los motivos de su oposición a permitir su regreso a Israel: «La política del Ministerio del Interior es resultado de la soberanía del Estado, a quien compete de forma exclusiva decidir quién puede permanecer en su territorio. A tal efecto se establecieron criterios estrictos basados en consideraciones humanitarias de peso (…) La adquisición de la condición de residente permanente en otro lugar en el mundo (…) es lo que provoca la expiración de la residencia (…) En los últimos años (el solicitante) incluso ha estado trabajando en los EE.UU. Al hacerlo, el solicitante cortó su conexión con Israel«.
Abu-Khalaf es uno de los 4.577 habitantes de Jerusalén cuya residencia los israelíes revocaron en 2008, según datos facilitados por el Ministerio del Interior al Centro para la Defensa del Individuo. Se trata del mayor número de revocaciones de residencia desde que la política se instauró en 1995. El récord anterior se produjo el año 2006: 1.363 personas cuyo estatus de residente caducó. En 1995, el número fue de 91. En 1996, el número ascendió a 739. En 1997 hubo 1.067 casos. En 1991, el número fue de 20.
Se cree que la gran mayoría de los casos afectan a personas como ellos: jerusalemitas que salieron al extranjero para adquirir educación superior y experiencia laboral, con la intención de volver una vez obtenida esa experiencia y financiación para mejorar la calidad de su sociedad. Expulsarlos de su país y de su ciudad natal es la otra cara de las estadísticas de pobreza y miseria que caracterizan a la Jerusalén palestina, bajo control israelí.