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Los partidos políticos recibieron del erario público veintiséis mil millones de pesetas en el año 2002

Fuentes: inSurGente

El Tribunal de Cuentas ha hecho público el ingreso de los partidos políticos en el año 2002. Dejando a un lado los nueve millones de euros recibidos por donaciones privadas (seguramente la cifra real sea bastante superior), es alarmante la cantidad de dinero público recibido por organizaciones que deberían tener en la cotización de sus […]

El Tribunal de Cuentas ha hecho público el ingreso de los partidos políticos en el año 2002. Dejando a un lado los nueve millones de euros recibidos por donaciones privadas (seguramente la cifra real sea bastante superior), es alarmante la cantidad de dinero público recibido por organizaciones que deberían tener en la cotización de sus afiliados, su principal fuente de ingresos. El informe destaca la participación de algunos partidos políticos en sociedades mercantiles, y la utilización de fundaciones para recibir dinero del Estado. Ya saben, el dinero que les llega del sistema, no afecta a su independencia ideológica porque, como es sabido, el vil metal no sirve para comprar.

Los partidos políticos cuya contabilidad fiscaliza anualmente el Tribunal de Cuentas recibieron en 2002 un total de 9,6 millones de euros en concepto de donaciones privadas y 156,6 millones de euros de financiación pública para atender sus gastos de funcionamiento ordinario.

Así consta en el informe de fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos correspondiente al citado ejercicio aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuenta, según informó el órgano fiscalizador.

En este informe se exponen los resultados de la fiscalización de la contabilidad de las 17 formaciones políticas obligadas a presentar las cuentas anuales ante el Tribunal por haber percibido subvenciones para funcionamiento ordinario.

En concreto, la financiación pública recibida en el ejercicio 2002 por las formaciones políticas para atender sus gastos ordinarios alcanzó la cifra de 156,6 millones de euros, pero la entidad fiscalizadora apunta que algunas de estas subvenciones no figuran incluidas entre los recursos enumerados en la Ley de Financiación de Partidos Políticos.

2,3 millones en subvenciones electorales

Además, en este mismo ejercicio las formaciones políticas recibieron subvenciones electorales por importe de 2,3 millones de euros, correspondientes fundamentalmente a las elecciones autonómicas vascas y gallegas de 2001.

En cuanto a la financiación privada, las aportaciones no finalistas suman 9,6 millones de euros y, con carácter general, han respetado las previsiones establecidas en la normativa vigente, con las salvedades que se señalan en el informe.

Entre las conclusiones del texto aprobado por el Pleno destaca que la «práctica totalidad» de las formaciones políticas no incorpora la actividad de sus organizaciones locales y de sus grupos municipales. Asimismo, el órgano fiscalizador denuncia la falta de información por parte de algunas entidades de crédito y la existencia de determinadas deficiencias en el registro contable y el control interno de las operaciones de endeudamiento.

Cancelación de créditos

El Tribunal de Cuentas resalta también la cancelación de una operación de crédito por parte de una formación política que ha supuesto una minoración de la deuda con entidades de crédito, extremo que, según consta en el informe, «supone una aportación extraordinaria no regulada expresamente» en la Ley de Financiación de Partidos Políticos.

Se señala, asimismo, la participación de algunas formaciones políticas en el capital social de diversas sociedades mercantiles, así como la existencia de relaciones de carácter económico con distintas fundaciones.

Al igual que los informes de ejercicios anteriores, el Tribunal de Cuentas vuelve a reiterar sus tradicionales recomendaciones que se recogen, de modo más sistemático, en la moción sobre esta materia elevada a las Cortes Generales, con el objetivo de que sean tenidas en cuenta en la próxima reforma de la Ley de Financiación de Partidos, cuyo inicio se acordó por unanimidad por el Pleno del Congreso del pasado 27 de septiembre.