“Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son cárceles racistas encubiertas bajo el amparo legal del control de la inmigración irregular”, recordó la Campaña Estatal por el cierre de los CIE en mayo, cuando los ocho centros, dependientes del Ministerio del Interior, se vaciaron de reclusos (el gobierno español decretó el Estado de Alarma para hacer frente a la COVID-19 el 14 de marzo).
Los movimientos sociales explicaron la puesta en libertad por la imposibilidad de ejecutar deportaciones durante el cierre de fronteras; y por las protestas de los internos ante la falta de medidas sanitarias en el contexto de la pandemia (en marzo los internos en el CIE madrileño de Aluche protestaron pacíficamente encaramándose al tejado y se declararon huelgas de hambre en los centros de Sangonera La Verde, en Murcia; Zona Franca en Barcelona, Zapadores en Valencia y en Algeciras).
Desde hace una década, el último martes de cada mes, la Campaña CIE No de Valencia organiza concentraciones en la puerta azul del centro de Zapadores (un antiguo cuartel militar hoy utilizado por la Policía Nacional) por el cierre de los centros y el fin de las deportaciones. Entre marzo y junio, con motivo de la pandemia, las ONG convocaron concentraciones virtuales; en una de ellas, difundieron una conversación por vídeo con un migrante encerrado durante 59 días (la Ley de Extranjería establece un máximo de 60 días de internamiento antes de la expulsión). “Ni en las peores cárceles ocurre esto; no puedes tener un lapicero ni una hoja de cuaderno, hay requisas cada 24 horas y te controlan todo lo que haces: es una situación muy denigrante; además te imponen castigos de mierda; tu gran error, tu gran delito,es no tener papeles y documentación”.
Agradece el apoyo que recibió de los colectivos sociales para poder comunicarse con sus familiares, y añade: “Te cerraban por la noche las puertas de la celda sin que tuvieras la opción de ir al baño; de manera que tenías que hacer tus necesidades allí, buscando un cubo de basura…; también hubo compañeras que se nos pusieron enfermas y tuvimos que hacer el gran jaleo a las 10, 11, 12 de la noche… Entonces te encierran en la celda” (el uso de las celdas de aislamiento no responde a “criterios rigurosos” y muchos internos han protestado por no recibir un tratamiento adecuado de las dolencias, denuncian los activistas sociales).
En cuanto a la deportación al país de origen, el exrecluso la califica de “atroz”, pues “llegaron los agentes de madrugada, me sacaron del CIE enmanillado y llevaron -en furgón y carros policiales- hasta el aeropuerto como si fuera el peor” (en diciembre de 2019 el BOE hizo pública la adjudicación por parte del Ministerio del Interior de estos vuelos a las empresas Evelop Airlines y Air Nostrum, por valor de 9,9 millones de euros); la reclusión en el CIE de la persona migrante se produjo en 2016 (a partir de octubre de 2016 el centro de Zapadores estuvo seis meses clausurado por una plaga de chinches; además en un comunicado de septiembre de 2015, los activistas denunciaron “la expulsión de personas presas en el CIE tras el intento de fuga y la violencia policial”).
El pasado 15 de junio la Campaña presentó en el Centre del Carme de Valencia el informe Sin derecho a tener derechos, sobre la “cárcel racista” de Zapadores. El reporte estaba dedicado a Marouane Abouobaida, migrante marroquí de 24 años que falleció el 15 de julio de 2019 –bajo custodia estatal- entre los muros del CIE. “Marouane fue aislado un día después que sufriera una paliza a manos de otros internos y permaneció solo en la celda de aislamiento hasta su muerte”, recuerdan los activistas. Se da la circunstancia que el joven informó por escrito a la dirección del centro sobre la agresión, sus efectos –lesión ocular y dolores de cabeza-, además de aportar una copia del informe hospitalario de urgencia.
“A pesar de los evidentes indicios de la situación angustiosa que sufría este interno, no se adoptaron las medidas preventivas que reclama el juez ni se activó el protocolo antisuicidio”, concluye el informe de la Campaña. El 25 de julio de 2019 el Jugado de Instrucción Número 3 de Valencia, en funciones de control del CIE, emitió un auto con 16 medidas para “preservar en mejor forma la vida, integridad, salud y derechos” de los internos (la mayor parte hacían referencia a garantías durante los encierros en celdas de aislamiento).
Respecto al contexto de la muerte violenta del muchacho, ese verano se produjo un hecho importante: la dirección del CIE restringió las posibilidades de visita a las ONG. ¿Respuesta institucional? Todavía “nadie ha dado explicaciones; queremos respuestas, pero sobre todo queremos justicia”, responde la Plataforma un año después. Pero el fallecimiento de Marouane Abouobaida no es una circunstancia excepcional, subrayan los activistas: al menos 10 personas migrantes han perdido la vida en estos “espacios de impunidad policial y sufrimiento” -o durante los traslados forzosos- en el estado español.
Los colectivos sociales informan sobre las denuncias de maltrato policial que les trasladan los internos de Zapadores: insultos racistas, malos modos, decisiones arbitrarias con “cierta habitualidad” y decenas de (presuntas) agresiones durante la última década; “la mayoría de los casos acaba archivándose porque la víctima es expulsada o desiste de su denuncia”, destaca el informe. Uno de los últimos casos fue el de un joven migrante de 20 años, quien permanecía más de un mes encerrado en el CIE; en diciembre de 2019 el chico denunció ante el juzgado de guardia que dos policías locales de Valencia –quienes le trasladaban en su vehículo al hospital por contusiones en una mano- le propinaron dos puñetazos en la cara; “fue deportado el 10 de enero sin que la justicia actuara de ninguna forma para tratar de esclarecer lo sucedido”.
Otro ejemplo es, en noviembre de 2018, el de un muchacho argelino que había llegado en patera al litoral de Almería y –cuando trataba de alzarse al muro de Zapadores- se rompió un pie; los movimientos sociales recogieron su testimonio: “Mientras gritaba de dolor tendido en el suelo, un policía me pisó con las botas la mandíbula y otro el pie que acababa de romperme”; el migrante presentó una denuncia en los juzgados, además del parte médico. Según el reporte de CiE’S No, “la policía afirma que posteriormente se retractó, lo que provocó que no continuara el procedimiento judicial”.
La Campaña detectó la presencia en el complejo de Zapadores de 12 mujeres víctimas de trata desde 2015, pero el número quizá es mucho mayor. En algunos casos se trataba de mujeres menores de edad; en otros estaban también en el CIE sus proxenetas. Por otra parte, desde 2018 los colectivos sociales han denunciado el internamiento de 11 menores en el centro, pese a que –según la Ley de Extranjería y la normativa de Interior- “no podrá acordarse el ingreso”. Otras críticas de las ONG apuntan al aprisionamiento en el CIE de personas con enfermedades graves, como el VIH o la hepatitis C; y a la excarcelación de los migrantes –cuando no puede materializase la expulsión- sin ningún apoyo económico, psicológico o social.
Además de concentraciones, manifestaciones y reportes, la Plataforma promueve encuentros estatales, vigilias por la liberación de las personas presas en los CIE, boicots a los vuelos de deportación y tarea de difusión en los medios informativos; y desarrollan un trabajo que consideran clave, el de acompañamiento (apoyo psicosocial a las personas reclusas y sus familiares, respaldo jurídico y control sobre la vulneración de los derechos humanos). Hay ejemplos de que las movilizaciones rinden fruto. En febrero de 2019 la presión popular logró que se revocara la expulsión exprés de una ciudadana boliviana, de 63 años, 17 residiendo en Valencia y con hijos y nietos españoles; Carmen Leigue había trabajado como empleada del hogar interna, y cuidando a niños y ancianos (estuvo dos días en los calabozos de la comisaría de Paterna, recuerda la Campaña).