En un hecho histórico, se registraron más de 100.000 inscriptos para las audiencias públicas en defensa del agua. Pero el Gobierno nacional sólo permitió que se expresen 200 personas. Dos días donde quedó muy en evidencia que el Congreso Nacional se mueve en función de los intereses de multinacionales mineras. La complicidad del Poder Judicial y las voces de los territorios que rechazan el extractivismo.
Las audiencias públicas pretendieron ser para el Gobierno nacional un escalón más hacia el objetivo de aprobar la modificación de la Ley de Glaciares y habilitar a las multinacionales mineras a explotar oro, plata, cobre y litio sobre zonas glaciares y periglaciares. El récord de inscriptos para una audiencia pública, más de 100 mil, en su abrumadora mayoría para defender las fuentes de agua, forzó al oficialismo a manipular el proceso de audiencia pública y restringir la participación a sólo el 0,3 por ciento de los expositores, por lo que desde la sociedad civil se tildó de “farsa” lo sucedido, mientras que un grupo de diputados presentó una impugnación contra la audiencia. El Poder Judicial, por el momento, habilitó el trámite, a pesar del Acuerdo de Escazú, pero quedó en evidencia que el oficialismo prioriza los intereses económicos de las empresas mineras por encima de los argumentos científicos, ambientales y humanos.
La tensión crece con una agenda oficial que insiste en no escuchar y, junto a sus aliados, pretende dar dictamen la semana próxima y llevar al recinto el proyecto en los primeros días de abril. En segunda instancia, el Poder Judicial aún podría frenar el tratamiento en el recinto de la Cámara baja si hiciera lugar a la medida cautelar presentada por organizaciones de la sociedad civil, que pidieron demorarla hasta que se dé efectivo cumplimiento de una participación bajo los parámetros de Acuerdo de Escazú y la Ley Ambiente, con participación abierta, transparente y efectiva de quienes pidieron expresarse ante los diputados.
Si el oficialismo consigue los votos aliados, para avanzar con el dictamen el 31 de marzo y llevarlo al recinto el 7 de abril, las presentaciones por inconstitucionalidad serán la regla de esta “modernización” o “adecuación” de la norma, por la vulneración del artículo 41 de la Constitución y la Ley de Ambiente, sobre los presupuestos mínimos ambientales de carácter federal (ya reconocido por un fallo de la Corte Suprema en 2019) y el principio de “no regresión” reconocido por la Ley de Ambiente y por el Acuerdo de Escazú, entre otros puntos. Los expositores de las comunidades indígenas Huarpe, Diagüitas, Ocloya, entre otros, denunciaron también el incumplimiento de los derechos de los pueblos originarios, la falta de consulta previa, previsto en el Convenio 169 de la OIT, y el Derecho de la Naturaleza.
Una ley para las mineras
La Casa Rosada no se inmutó por la apabullante cantidad de expositores en defensa del agua y avanzó con su agenda a favor de las multinacionales. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció, en paralelo a la audiencia del jueves, más beneficios del Régimen de Incentivos a Grandes Inversores (RIGI) para la británica Río Tinto, que participa del proyecto Los Azules sobre ambiente glaciar, y ahora ampliará el proyecto Fénix, en el Salar de Hombre Muerto. Esa explotación de litio inició en 1997 y, desde entonces, secó el Río Trapiche y no trajo ni progreso ni empleo para Antofagasta de la Sierra. El presidente de Lithium Argentina, Gerardo Romero Agüero, empresa que explotaba el yacimiento ahora bajo control de Río Tinto desde febrero de este año, fue uno de los expositores a favor de la reforma de la Ley de Glaciares.
Los intereses de las mineras detrás de la reforma fue una denuncia constante en las exposiciones de sociedad civil, que mostró un músculo de participación de récord mundial. Quienes pudieron llevar su voz al micrófono en las audiencias del 25 de marzo y 26 de marzo, sostuvieron la necesaria defensa del agua (mediante los glaciares y periglaciares) en un contexto de crisis climática y “quiebra hídrica”. Alertaron sobre lo irreversible de destruir estos cuerpos de agua y la necesidad vital de cumplir los objetivos del artículo 1 de la norma actual: “Reservas estratégicas” para el consumo humano, la agricultura, la recarga de cuencas, la protección de la biodiversidad, ciencia y turismo.
Una de las exposiciones que buscó dejar en claro que el proyecto de ley tiene “nombre y apellido” fue la del presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale. Es que MARA y El Pachón (de la multinacional Glencore en Catamarca y San Juan), Vicuña (de las multinacionales BHP y Lundin Mining en San Juan), y Los Azules (de McEwen Cooper en San Juan), son algunos de lo proyectos beneficiados por el RIGI, que operan en zona de glaciares.
La ex diputada nacional y autora del proyecto de ley votado en 2010, Marta Maffei, recordó también que un estudio de la Universidad de Zurich reveló, al menos, 53 casos entre Jujuy, Salta, La Rioja, Mendoza, Catamarca y San Juan, donde ya funcionan proyectos mineros sobre zonas de ambientes glaciares y periglaciares; y llamó a los diputados a la reflexión para que no voten la norma aprobada por el Senado porque “omite rigurosamente todos los recaudos legales y constitucionales establecidos en la legislación vigente”.
Durante la audiencia, Viale señaló un caso concreto de relación entre los legisladores y las mineras. El de la senadora salteña Flavia Royón (ex secretaría de Energía y Minería en las gestiones de Alberto Fernández y Javier Milei), por tener vínculo de asesoría con la minera Río Tinto, la misma que benefició Caputo durante el segundo día de audiencias. Sobre el cierre de las audiencias, Abogados Ambientalistas presentó la denuncia penal contra Royón en Comodoro Py por delitos contra la administración pública por negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, tráfico de influencias y cohecho. La organización denunció que la ex funcionaria formó parte del Directorio de empresas proveedoras mineras como Minenco SAS y Zelandez sin respetar el periodo de carencia con la función pública.
Si la norma fuera aprobada tal como salió del Senado, cada provincia definirá —violentando el principio constitucional de presupuestos mínimos ambientales y el ordenamiento federal que rige en la Ley de Ambiente— si el glaciar o zona periglaciar cumplen la «función hídrica» de “reserva estratégica” o si el inicio de una explotación minera, hidrocarburífera o industrial —hoy prohibidas— podrían generar una «alteración relevante».
Las autoridades ambientales de Buenos Aires, la ministra Daniela Vilar, y de La Pampa, la secretaria de Ambiente Vanina Basso, se presentaron en la audiencia para rechazar la norma. Una falta de acuerdo entre las provincias que quedó expresada en la última reunión extraordinaria del Cofema —organismo reconocido por la Ley de Ambiente para ordenar la política ambiental del país— donde la reforma no tuvo quórum. Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Formosa, Santa Cruz y La Rioja también se opusieron. Los propias provincias reconocieron que una aplicación sin criterios federales y abandonados los glaciares a las decisiones provinciales, resultará en una victoria para la presión económica que ejercerán las mineras, algo que el Senado ya desoyó a favor de las multinacionales y las provincias mineras que pidieron esta reforma: San Juan, Salta, Catamarca y Mendoza (Jujuy, la impulsó, pero mostró un cambio de posición para sumar modificaciones que aún no se reflejaron en el texto).
En su exposición, el titular de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, resumió lo que ocurrirá si la norma le da el poder a las provincias: “Cuanto más cerca de un emprendimiento minero, menos chance va a tener un glaciar de ser considerado reserva de agua“. Además, señaló que la norma permite a las provincias ordenar al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), instituto del Conicet a cargo del inventario, borrar glaciares y periglaciares del mapa y legalizar los proyectos que ya operan en la ilegalidad. Pero advirtió que, lejos de traer seguridad jurídica para las inversores, la “única seguridad que van a tener es que van a tener cientos de demandas, por cada glaciar que le quieran sacar la reserva estratégica se van a presentar miles”.
La posición de las mineras, Gobierno y provincias aliadas quedó reflejada en pocas exposiciones, parte del lobby que opera sobre la oscuridad y no a la luz de una audiencia pública, pero hubo tres exposiciones que resultaron significativas. Una fue la de Pablo Marcet, quien como denunció la periodista Tais Gadea Lara, se presentó como geólogo para hablar a favor de la reforma y ocultó ser miembro de la junta directiva de la minera canadiense Pan American Silver Corp, esa que lleva años intentando romper el “No a la mina” de la provincia de Chubut.
El otro caso lo denunciaron las diputadas Lucía Cámpora y Sabrina Selva, de Unión por la Patria, cuando a viva voz y frente a los presidente de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, presididas por los oficialistas Nicolás Mayoraz y José Peluc, respectivamente, denunciaron una modificación en la lista de expositores para agregar a un representante del Ministerio de Minería de San Juan y un representante del Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la Argentina (Genera). Un ejemplo claro de la manipulación de la audiencia, que impide cumplir con el Acuerdo de Escazú.
Una audiencia amordazada
Mayoraz y Peluc plantearon la decisión de llamar a audiencia pública en una plenaria de comisiones a inicios de marzo, con la intención de cumplir con el artículo 7 del Acuerdo de Escazú, que ordena una participación amplia, efectiva e informada de los ciudadanos para el tratamiento de proyecto o modificaciones de legislación con impacto ambiental profundo. Se trató de un cambio de estrategia frente al tratamiento exprés del Senado y la reacción social en defensa del agua, pero que mostró sus patas cortas.
En principio, un grupo de diputados de la oposición advirtieron la necesidad de una participación federal —como ocurrió con la Ley de Medios— ante la posible afectación de los glaciares y periglaciares: reservas de aguas que ocupan solo el 0,2 por ciento del territorio, pero abastecen a 36 cuencas hídricas, un millón de kilómetros cuadrados, 1.800 localidades y siete millones de habitantes. Y solicitaron una ampliación de días y horarios. No se hizo lugar, los presidentes de comisión fijaron en dos días la participación, con diez horas por día, cinco minutos por expositor y resolvieron la participación federal con una jornada de exposiciones virtuales. Se aceptó, pero se planteó un posible cambio de acuerdo a la cantidad de inscriptos.
De esa manera, lo que cambió todo fue el nivel de inscripciones: más de 100 mil personas. Frente a esa reacción social, el oficial incorporó modificaciones sobre el propio reglamento de la audiencia para cubrirse de una demanda popular tan amplia. Lo que se publicó como un “registro de inscripción” pasó a ser “solicitud de inscripción”; lo que se preveía resolver con presentaciones escritas, se agregó sobre la marcha presentaciones con videos por YouTube; lo que serían cinco minutos de exposición; se avisó minutos antes del inicio de la audiencia que serían solo cuatro minutos.
¿Y quiénes iban a exponer? Resultó un misterio que no se hizo público hasta que se inició la audiencia, cuando la Cámara de Diputados hizo públicas las listas sin orden de aparición. Sobre los criterios de selección de los 200 que expusieron tampoco existió respuesta oficial. Por eso, diputados de la oposición denunciaron que hubo personas que habían recibido el correo de participación y no pudieron ingresar a la sala de audiencias.
Además, con la presión pública por el tema, el Gobierno desplegó un desproporcionado operativo conjunto de la Policía Federal y la Gendarmería Nacional que amuralló el Congreso y el Anexo de la Cámara de Diputados, donde se realizó la audiencia. Quienes estaban inscriptos —y fueron avisados el jueves o viernes anterior individualmente por correo electrónico— debían pasar en grupos a exponer y luego eran retirados de la sala.
El Gobierno también limitó el acceso a la prensa. Solo pudieron asistir periodistas acreditados previo al llamado a la audiencia. “Reducción del espacio asignado” fue la respuesta oficial, pero durante la transmisión se vieron sillas vacías en la sala de audiencia.
Impugnación y el rol del Poder Judicial
“Solicitamos la inmediata revisión, adecuación y o nulidad de la metodología adoptada, por encontrarse viciada en sus elementos esenciales”, sentenciaron en una presentación de impugnación los diputades Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Sabrina Selva (Unión por la Patria), María Inés Zigarán (Provincias Unidas), Carolina Basualdo (Provincias Unidas), Pablo Juliano (UCR), Adriana Serquis (Unión por la Patria), Gabriela Estévez (Unión por la Patria), Juan Brugge (Provincias Unidas), Abelardo Ferrán (Unión por la Patria), Lucía Cámpora (Unión por la Patria) y Pablo Farías (Provincias Unidas).
La demanda fue elevada al presidente de la Cámara, Martín Menem, advirtiendo que la audiencia, con las modificas y manipulaciones ocurridas resultaba “incompatible” con el propio reglamento establecido para la audiencia, con el reglamento de la Cámara, la Constitución Nacional, la Ley de Ambiente y el Acuerdo de Escazú “al restringir ilegítimamente el derecho a la participación ciudadana efectiva”.
El pedido de impugnación ponía como ejemplos de manipulación, la negativa a extender la duración de las audiencias en relación a la cantidad de inscriptos, algo que establecía “expresamente” el reglamento acordado en comisiones. Otro acuerdo era el de la “oralidad” de las presentaciones, que fueron modificadas por el oficialismo cuando habilitó, fuera de reglamento, subir ponencias por YouTube. “Configura una instancia de participación meramente asincrónica que no garantiza que dichas intervenciones sean efectivamente escuchadas, consideradas ni integradas al proceso deliberativo”, denunciaron. Menem, Peluc y Mayoraz obviaron las denuncias y continuaron adelante, pero los diputados se reservaron la posibilidad de iniciar acciones legales.
El Poder Judicial mantiene complicidad con la estrategia oficial. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5 rechazó el viernes un amparo presentado por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos y Naturaleza de Derechos.
La decisión judicial le sirvió a Mayoraz para publicar en su redes y decir que las denuncias eran parte de “un grupo minúsculo de ONGs y charlatanes de feria”. “Esta audiencia pública es de nulidad absoluta y cualquier tratamiento del proyecto de ley va a estar viciado de nulidad”, le respondió Jonathan Valdiviezo, abogado del Observatorio, al exponer en la audiencia y anticipó llevar el reclamo hasta la Corte Interamericana.
El mismo miércoles por la mañana, antes de la audiencia, el Poder Judicial tuvo otro gesto con el oficialismo. Juzgado Contencioso Administrativo Federal 7, a cargo del juez Enrique Lavié Pico, rechazó de manera exprés otra medida cautelar urgente presentada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, Greenpeace Argentina, Círculo de Políticas Ambientales (CPA) y la Red Universitaria por la Crisis Climática (RUCC).
Los argumentos exprés no se detuvieron en las cuestiones de fondo sino en cuestiones de forma y sobre la supuesta intromisión de poderes, cuando en materia ambiental los jueces federales tienen poder de control. En la presentación que rechazó Lavié Pico se negó la posibilidad de que existieran veedores judiciales, que podrían haber registrado todas las irregularidades denunciadas durante las audiencias. La impugnación de los diputados y la manipulación de la audiencia por el oficialismo podría ser nuevos argumentos para frenar el tratamiento en el recinto en una instancia de apelación.
«Nunca el sujeto regulado puede ser el que diseña las regulaciones que tiene que cumplir. Si aprueban esta ley, diseñada por las empresas mineras, va a ser la mayor estafa que hagan desde el congreso», aseguró en su exposición, María Eugenia Testa, directora ejecutiva del Círculo de Políticas Ambientales.
El palacio para las mineras y la calle por el agua
«Soy una de las 104 mil personas inscriptas en la audiencia pública», decía el cartel en el pecho de Claudia. Mientras la “farsa” ocurría en el anexo de Diputados, en el cruce de Riobamba y Mitre, sobre uno de los vallados que cercó con Gendarmería y Policía Federal diez cuadras a la redonda del Congreso. Los ciudadanos a los que el Gobierno impidió exponer asistieron a la convocatoria de la campaña “La Ley de Glaciares No se Tocan”. Megáfono en mano pusieron en palabras lo que el Gobierno prefirió no escuchar.
Claudia no tomó el megáfono pero, con sentido común, le dijo a Tierra Viva lo que habría llevado ante los diputados y diputadas que deben dar dictamen al proyecto del Senado: «Si se pierde el agua de los glaciares, si se rompe esa cadena santa, por una guita que ni siquiera va a quedar acá, no tenemos ninguna perspectiva. Es algo que se pierde entre la cantidad de datos falsos y planteos ridículos de la dirigencia política y la cantidad de gente pagada para engañar».
La convocatoria fue amplia, en la calle también estuvieron los diputados de los bloques opositores que presentaron la impugnación y el Frente de Izquierda, que aunque no cuenta con representación en ninguna de las comisiones intervinientes, participó del debate dentro y fuera del recinto. “Si destruyen nuestros glaciares vamos a quedar sin comida todos, el campesinado, los pueblos indígenas. Hay que seguir luchando”, decía un dirigente del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase); “¿Por qué los glaciares tienen que estar cuidados por una institución nacional (Ianigla), porque todas las contribuciones que los glaciares generan para las personas atraviesan varias provincias”, explicaba una investigadora micrófono en mano.
La organización en las calles contra la minería también estuvo en la audiencia: la Asamblea El Algarrobo y sus más de 800 caminatas por la vida (que enfrenta el proyecto MARA), la Asamblea Jáchal y su denuncia contra la incesante contaminación de la mina Veladero, el diputado provincial y judicializado por defender el agua Santiago Vasconcelos, y la lista fue de cientos, más los miles que quedaron afuera. A todos, el oficialismo demostró no querer escucharlos. Pero la reforma promete más organización en la calle y en los tribunales.
Tras el cierre de las audiencias, tras escuchar horas de argumentos, el diputado Mayoraz publicó un video en el que se burlaron de los expositores en defensa del agua y se leía: “Nosotros pensando en subirnos al tren del progreso de la mano de la inteligencia artificial… Mientras tanto, ellos…» y convoca a la batalla cultural para “reconstruir los valores de occidente”.
“Está muy claro que todo responde a la presión del sector minero, dicen que la ley va en contra de la actividad minera pero solo la limita en áreas sensibles”, denunció Carlos Herrera, vecino de Famatina, La Rioja, uno de los últimos expositores y agregó: “¿Ya se sabe que se hizo desde los ’90 con la apertura de inversiones minera como para que tengamos que seguir destruyendo nuestros ecosistemas?”.