La jornada del 24 de agosto empezaba en Castilla y León con 17 incendios de diferentes características; la mayor parte de los focos se emplazaban en tres provincias: León, Zamora y Palencia.
Cinco días antes, Comisiones Obreras denunció la precariedad en que se hallan los bomberos forestales de Castilla y León, “desde el incumplimiento del convenio a los requerimientos de la Inspección de Trabajo”; tal vez las reivindicaciones podrían resumirse en dos: un operativo de extinción totalmente público y que desarrolle su labor durante todo el año; respecto a las empresas privadas, el sindicato denuncia la falta de reconocimiento de la categoría de bombero, además de nóminas que rondan el salario mínimo y “jornadas de muchas horas”.
Otro tipo de deficiencias se han apuntado en el Informe 16/2025 Financiación de la UE para luchar contra los incendios forestales, realizado por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE); uno de los objetivos de la auditoría es evaluar de qué modo los Estados miembros, en concreto Grecia, España, Polonia y Portugal, utilizan la financiación de la UE frente a los incendios forestales.
El informe constata que los Estados utilizan los fondos europeos cada vez más para acciones de prevención; “sin embargo, había poca información sobre los resultados de los proyectos financiados por la UE, su sostenibilidad a largo plazo no siempre estaba garantizada y hallamos deficiencias en la selección de los proyectos”, subraya la auditoría.
Pero junto al déficit en los medios de extinción y el análisis sobre la financiación de proyectos, se observan causas de fondo que contribuyen al efecto devastador de las llamas (en el estado español, cerca de 350.000 hectáreas arrasadas durante la ola de incendios de agosto); por ejemplo la emergencia climática, también el abandono de usos y aprovechamientos tradicionales en el monte; la caída demográfica en el mundo rural y el “incremento de la interfaz urbano-forestal”.
Son factores mencionados en el Informe Incendios fuera de control. 20 años promoviendo la prevención, publicado en julio de 2025 por la organización de conservación de la naturaleza WWF.
Uno de las tendencias apuntadas en el reporte es la reducción del número total de incendios a largo plazo; así, la media de deflagraciones en el periodo 2015-2024 se redujo un 35% respecto a la década anterior; la mayor parte de los fuegos están causados por el ser humano.
También la superficie anual dañada por los siniestros ha disminuido progresivamente en los últimos 20 años, aunque con determinadas excepciones (267.946 hectáreas forestales afectadas por el fuego en 2022 y 216.894 en 2012).
“Sin embargo en los últimos años se observa que esta disminución de la superficie afectada es cada vez menor, lo que reafirma la tendencia que predicen los escenarios de cambio climático (…); esta realidad viene a confirmar que cada vez se quema más en menos incendios”, destaca WWF.
Un problema creciente es el de los Grandes Incendios Forestales (GIF) -superficie quemada por encima de las 500 hectáreas-, cuyo porcentaje sobre el total de incendios aumenta continuamente; entre 2014 y 2023 aumentaron un 31% respecto a la década anterior; entre el 1 de enero y el 17 de agosto se han producido 55 GIF, frente a una media de 16 en la última década, según el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO).
El reporte dedica asimismo un apartado a los incendios extremos o superincendios, que resultan prácticamente imposibles de sofocar; los primeros incendios -llamados de sexta generación– ocurrieron en 2017 en Chile (zonas centro y sur) y en el centro de Portugal; en este caso las llamas causaron la muerte de 64 personas.
Según la organización ambientalista, “se trata de siniestros muy influenciados por condiciones meteorológicas extremas (…); estos incendios son inapagables por más medios terrestres y aéreos que se sumen a los operativos”; antiguamente este tipo de fuegos eran poco frecuentes, pero en la última década son cada vez más habituales.
El Anuario Estadístico Forestal-2023 del MITECO señala que el total de la superficie forestal en el estado español es de 28,5 millones de hectáreas (27,4 millones en 2005); asimismo la superficie forestal arbolada pasó de 17,7 millones de hectáreas en 2005 a 19,4 millones en 2023; “pero el aumento de la superficie forestal no se traduce en un incremento de bosques sanos, resistentes y resilientes”, concluye el informe Incendios fuera de control. El 72% de la superficie forestal española es de propiedad privada.
El documento de WWF hace referencia asimismo a la limpieza y aprovechamiento de los bosques, en relación con la amenaza de incendios:
“A partir de los años 80 del siglo pasado se aprecia una paulatina caída de la tasa de extracción de maderas y leñas, con el consiguiente incremento de la biomasa disponible. En la actualidad, el crecimiento forestal supera ampliamente a las cortas de madera: se produce tres veces más madera de la que se corta”.
Otro punto señalado es la falta de gestión y ordenación forestal; de hecho, el análisis titulado El reto de la ordenación de los montes privados en España, de Alberto Rojo Alboreca (Universidad de Santiago de Compostela), publicado en 2015, apunta que en el estado español existen cerca de 3,4 millones de hectáreas ordenadas (sujetas a instrumentos de gestión forestal), lo que supone el 12% de toda la superficie forestal; WWF concreta en el reporte que más del 77% de los espacios forestales no tienen planes de ordenación.
A ello se agregan factores como la escasa diversidad de los sistemas forestales, ya que en más de la mitad pueden observarse tres -o menos- especies de árboles: principalmente pinos (autóctonos y también no originarios) y el eucalipto; según la entidad conservacionista, “estas plantaciones son fruto de la política de repoblaciones de mediados del siglo pasado, la mayoría para evitar procesos de erosión y sin fines productivos, que no tuvieron una posterior gestión forestal”.
El abandono creciente de los usos agropecuarios puede contribuir asimismo a un agravamiento de los incendios; según el Censo Agrario de 2020, el número de explotaciones agrícolas en España se situaba -ese año- en 914.871, un 7,6% menos que en 2009; en la misma década, en paralelo, la mano de obra en las explotaciones agrícolas se redujo un 7,7%; en los últimos treinta años se constata, también, una drástica disminución de la ganadería ovina y caprina.
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