«No hay transición antiextractivista si se sigue avalando el saqueo de América Latina y África», afirma el autor. A contramano de algunos sectores académicos y políticos que impulsan esa supuesta bandera verde, señala que la propuesta deja afuera el necesario protagonismo de las comunidades locales y, en definitiva, es un paso más del poder corporativo y gubernamental sobre territorios y cuerpos.
La transición energética, tal como se la presenta hoy en día, dista ampliamente de lo que se entiende y se busca cuando las comunidades y las personas hablamos de justicia social y ambiental en nuestros territorios, tanto en América Latina como en África. En este artículo en particular, me centraré en cinco aspectos que considero relevantes a la hora de pensar en soluciones a la crisis climática. Anticipo en este sentido que ninguna transición será justa si profundiza los extractivismos y, mucho menos, si propone nuevas formas de sacrificar cuerpos y territorios.
1- Reduccionismo. El modo de configurar la crisis climática y la manera en la cual se presenta su supuesta solución nace de una primera reducción. Desde diferentes sectores se impulsa la idea de una crisis climática que se limita a la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Por supuesto que reconozco el rol fundamental que estos gases tienen en la problemática, y que su incremento en la atmósfera tiene graves consecuencias, como el aumento en la temperatura media, la acidificación de los mares o los cambios en los regímenes de precipitaciones, entre otros. No obstante, el reduccionismo implica que se restrinjan los problemas ambientales únicamente a ese factor. Así, escenarios de desertificación, contaminación, incendios, aumento de enfermedades o expulsión de comunidades locales, por mencionar algunos de los más expandidos, suelen ser dejados de lado o soslayados. En paralelo, se desarrollan y promueven actividades asociadas a una menor emisión de GEI, pero que producen daños irreparables. Por ejemplo, se promociona la energía nuclear, se vuelven viables las centrales hidroeléctricas o se propone la expansión de plantaciones forestales. En cualquiera de los tres casos, son omitidos los daños a nivel local y regional que genera la minería de uranio, las presas con sus embalses e inundaciones, o bien los monocultivos de especies que desplazan el monte o el bosque. De este modo, se ocultan las graves consecuencias que sufren las comunidades, tanto hoy como a futuro, a través de la transformación de los territorios, la contaminación, la dificultad para acceder al agua o la pérdida de la producción local. No es posible promover una transición justa que aumente la destrucción ambiental.
2- Tecnocracia. El segundo aspecto tiene que ver con el carácter técnico que se le da a esta transición. Es decir, se conforma la supuesta solución desde y para profesionales, excluyendo toda otra voz. Nuevamente, con esto no niego la importancia de los aspectos técnicos, pero la transición energética tiene ante todo un carácter político, que debe incluir a la multiplicidad de actores sociales y no puede ser definida y delimitada únicamente por técnicos. El objetivo democrático, político y justo, es trabajar junto con las comunidades locales y regionales en la toma de decisiones. Sin embargo, desde los sectores hegemónicos se obstaculiza cualquier discusión profunda, diversa y disonante en torno a estos temas. Quién puede entonces discutir la transición energética: ¿El experto? ¿El técnico? ¿El ingeniero? ¿La empresa? ¿El funcionario de turno? En definitiva, y en estas limitadas democracias, las decisiones se toman en algún lugar del mundo y jamás se vinculan con las las comunidades locales y regionales, sus características, particularidades y necesidades reales. No hay transición democrática cuando las decisiones excluyen a las comunidades que viven en los territorios.
3- Electromovilidad. El tercer aspecto tiene que ver con qué solución es la que presenta la ya restringida transición energética. En términos generales, el acento está puesto principalmente en la electromovilidad. Lo que se pretende es cambiar vehículos que usan gasolina por otros que utilizan electricidad con baterías de litio, cobre y otros minerales. Esta sustitución uno a uno impide —una vez más— discutir y problematizar acerca de las cuestiones de fondo. Por ejemplo, el hecho de que la propuesta está dirigida directamente a los sectores de alto consumo, buscando garantizar la transición de Estados Unidos, China, Europa y un puñado de países más. O que no se fomentan estrategias colectivas, antes que consumos privados. De este modo, se amplifican aun más los niveles de desigualdad social tanto entre países como al seno de las mismas sociedades. Esta supuesta solución nada dice acerca de la concentración de riqueza, del consumo desmesurado o de que un puñado de empresas utilizan más electricidad que provincias enteras. Por ejemplo, gobiernos y empresas impulsan el proyecto minero Josemaría, que consumirá más electricidad que la provincia de San Juan en nombre de la transición energética, para la extracción de cobre. O que la empresa Aluar utilice la electricidad que consumen un millón y medio de personas aproximadamente, todo en nombre del aluminio. ¿Qué se pretende entonces con esta estrategia frente a la crisis climática? ¿Qué significa una transición energética que prioriza garantizar las tasas de ganancia de ciertos sectores? No hay transición con equidad social si para resolver la crisis climática se amplifica la desigualdad social y se destruyen los tejidos comunitarios.
4- Las corporaciones como centro. ¿Quiénes están detrás del armado de esta forma de configurar la transición energética? En primer lugar, Estados Unidos y China. A su vez, la Unión Europea y en particular Alemania, cuyo rol protagónico quedó en evidencia con la rebelión Serbia frente a la minería de litio. Ahora bien, los Estados de África, de varias regiones de Asia y de América Latina cumplen también roles claves. Por ejemplo, en el caso de nuestra región, Argentina y Chile también aparecen en este mapa, ya que permiten el saqueo territorial para obtener litio y cobre, entre otros minerales.
Detrás de los Estados, son las Corporaciones que ocupan un lugar central. Operan y determinan el cómo y el cuándo de la transición energética. Aparecen entonces las mineras, con un armazón estratégico y una amalgama muy clara en diferentes lugares del mundo. Recordemos que en el caso de Argentina se multiplican corporaciones de países como Canadá, Estados Unidos, Francia, Corea, China y Australia, entre otras. Junto con las mineras, otro rol importantísimo lo ocupan las empresas automotrices. Así, aparecen empresas como Volkswagen o Toyota que son fundamentales para entender cómo construye la transición energética. Finalmente, es fundamental reconocer el papel de los grupos financieros, cuyo rol es clave en esta tríada. Al respecto, ilustra la carta en la que Larry Fink, CEO de BlackRock, le anuncia a sus accionistas que entrarán al negocio de las energías verdes. Y junto con BlackRock, aparece el Grupo Vanguard, el Deutsche Bank y el banco HSBC, entre otros.
Los Estados mencionados, junto con la triada mineras-automotrices-financieras, son los grandes impulsores de los extractivismos que sufrimos en los territorios. Por ejemplo, en el caso particular de Argentina, la minería de cobre, la minería de litio y el hidrógeno verde forman parte de grandes proyectos que se tiñen de ese color.
En la actualidad de Argentina, este mapa no puede escindirse de la aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) o con los grandes anuncios de BHP y Lunding Mining con Josemaría. Las transiciones no serán para los pueblos y las comunidades si son las Corporaciones, algunos Estados y las Entidades Financieras quienes la determinen.
5- Multiplicación de extractivismos. El extractivismo de las Corporaciones que se enriquecen con la extracción de los hidrocarburos ha sido y es un desastre para los territorios. A las formas de extracción convencionales de petróleo y gas, se le han sumado en las últimas décadas el desarrollo del fracking y de la explotación offshore, estrategias no convencionales que expanden las maneras de depredación. Sin embargo, y sin perjuicio de la necesidad imperiosa de terminar con la producción y consumo de combustibles fósiles, la transición energética no puede avalar en pos de la descarbonización otras formas igualmente nocivas en términos sociales y ambientales. Cualquier lista en torno a estos temas lo muestra claramente. El litio que amenaza secar la Puna, la minería de cobre en San Juan y Catamarca, el níquel, que multiplica el saqueo en Guatemala, Brasil o Indonesia; África y el cobalto, la ya mencionada Aluar con la presa Futaleufú a su servicio (símbolos de las últimas dictaduras en Argentina). La lista es interminable. No hay transición antiextractivista si se sigue avalando el saqueo de América Latina y África.
En ocasiones nos suelen presentar la extraña dicotomía entre la negación total de una crisis climática (tal como realizan Javier Milei, Jair Bolsonaro o Donald Trump), o la aceptación de una transición organizada desde y para las Corporaciones en nombre de una descarbonización global. Aquí he evitado ambas opciones. Y somos numerosas voluntades las que elegimos salir de esta supuesta dicotomía y transitar un camino distinto. El andar histórico de América Latina y África así lo reclama. La única transición hacia un bienestar social y ambiental es aquella que rechaza cualquier opción en la que los territorios y comunidades sean zonas y cuerpos de sacrificio.