Miguel Primo de Rivera, el Mussolini español que no fue

Para 1923 España atravesaba desde hacía tiempo tres líneas de conflicto que no parecían tener solución sencilla. Ellas amenazaban el esquema político y social que, con altibajos, había funcionado en el país durante casi medio siglo.

Era un régimen oligárquico de apariencia parlamentaria, que contaba con el respaldo de los más ricos; de los sacerdotes y militares a su servicio y que tenía como cabeza al rey, irresponsable y corrupto.

Una era la virtual “guerra social” entre patrones y obreros que tenía lugar sobre todo en Cataluña. La violencia física era endémica en ese choque entre clases. La patronal recurría a fuerzas parapoliciales y a sindicatos propatronales. Eran frecuentes los asesinatos; atentados con bombas, secuestros y torturas.

Empresarios y terratenientes temían a una revolución obrera y campesina y esperaban hacía tiempo a un “cirujano de hierro” que terminara con ese peligro.

Otro nudo de tensiones era la profunda crisis del sistema político y de partidos. Caudillos políticos regionales mantenían a las masas apartadas de la política y convertían en las elecciones en una riña fraudulenta por un botín de cargos y privilegios.

Las coaliciones mudaban, los gobiernos cada vez duraban menos, el prestigio de la dirigencia estaba erosionado. Ese sistema no quiso ni pudo reformarse en pos de una legitimidad que se le escapaba.

En tercer lugar se encontraba la guerra colonial en Marruecos, en la que las tropas hispanas habían sufrido durísimas derrotas. Para las clases populares el norte de África era un matadero de jóvenes que no les traía ningún beneficio. Los militares encontraban allí una ocasión de ganar ascensos y prebendas. La derecha reaccionaria la tenía como una posibilidad de sostener con vida al sueño imperial.

El costo creciente de esas operaciones y su fracaso a la hora de “pacificar” la región había extendido las dudas acerca de la racionalidad de ese empecinamiento en mostrarse como la potencia colonial que España ya no era.

La conjunción de esos problemas sin respuesta atrajo a diversos sectores hacia una solución militar. Un régimen de fuerza que encauzara los múltiples conflictos.

Llegó la dictadura

El 13 de septiembre de 1923 el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, se sublevó contra el Gobierno. El grueso de los militares le dio su apoyo.

Había una reunión prevista de las Cortes para fechas inmediatamente posteriores. Tenía como objetivo analizar los informes acerca de las responsabilidades en un desastre militar sufrido por las tropas coloniales españolas en Marruecos, la llamada masacre de Annual.

Estaba en debate el papel del ejército en la contienda y la probable culpabilidad del rey Alfonso XIII, Esto pudo constituir el detonante último de la sublevación. Y el motivo principal del rey para apoyarla, yendo en contra de la constitución que estaba obligado a respetar.

El 14 de septiembre, el Gobierno legítimo pidió al rey la destitución inmediata de los generales sublevados y la convocatoria de las Cortes. El monarca no apoyó la solicitud y el Gobierno tuvo que dimitir. Poco después el soberano nombró a Primo de Rivera presidente del gobierno. En el manifiesto de los sublevados se invocó la salvación de España de «los profesionales de la política».

Vale la pena reproducir un pasaje de la justificación del rey sobre su decisión de llevar al gobierno a Primo:

“Yo acepté la Dictadura militar porque España y el Ejército la quisieron para acabar con la anarquía, el desenfreno parlamentario y la debilidad claudicante de los hombres políticos. La acepté como Italia tuvo que acogerse al fascismo porque el comunismo era su inmediata amenaza. Y porque había que emplear una terapéutica enérgica sobre los tumores malignos que padecíamos en la Península y en África.”

Primo de Rivera se reunirá al poco tiempo con Benito Mussolini, a quien elogiará diciendo que era «el apóstol de la campaña contra la anarquía y la corrupción política»

Por su parte Alfonso le dijo a su par italiano, Víctor Manuel III: “Ya tengo mi Mussolini”-

La represión

Una vez advenida la dictadura en toda España rigió por dos años el llamado “estado de guerra”. Esa medida se manifestaba como una supresión de todas las garantías constitucionales. E implicaba el sometimiento a tribunales militares de una amplia gama de delitos. En particular los vinculados a la política.

Esas acciones policíacas permitieron la disminución de la conflictividad social, Se sumó en la misma dirección una cierta prosperidad económica conocida como “los felices años veinte”. Se había superado una aguda crisis desatada en la posguerra mundial.

Respecto a las organizaciones obreras, la política dictatorial fue dual. Con respecto a la CNT y los sindicatos anarcosindicalistas eligió la represión más dura y violenta, que obligó a la organización anarquista a pasar a la clandestinidad

El Estado respondía a las acciones obreras con la persecución implacable y el reinado del terror.

En cambio, con la UGT orientada por los socialistas tuvo una política de captación. Para eso convocó a su dirigencia a integrarse en un Consejo del Trabajo y se establecieron comisiones paritarias de trabajadores y empleadores. La central aceptó y su dirigente Francisco Largo Caballero pasó a tener el rango de “consejero de Estado”.

Era una política con rasgos corporativos que incluía la negociación de los desacuerdos entre patrones y empleadores. La mayoría de la dirección socialista decidió seguir un camino “prudente”, de reformas parciales compatibles con el no cuestionamiento de la dictadura.

El dictador enunció entre sus objetivos el del “descuaje del caciquismo”. Lo que equivalía al desmantelamiento de las prácticas de fraude, violencia electoral y corrupción sistemáticas. Las que habían obturado en España una construcción democrática real. Las medidas “anticaciquiles” no fueron tantas ni muy efectivas.

Lo que sí debilitó al régimen de partidos anterior fue haber quedado sin acceso al poder político en los años de dictadura. Eso no impidió que dirigentes de los partidos tradicionales se convirtieran al “primorriverismo” y no pocos “caciques” se pusieran a su servicio.

También se alteraron las estructuras de poder locales, en parte en perjuicio de las fuerzas partidarias de la autonomía. Por ejemplo en Cataluña las conducciones provinciales fueron reemplazadas por personalidades “españolistas” enemigas de cualquier elemento de autodeterminación.

Se llevó adelante un proceso de “castellanización” que abarcó desde el lenguaje utilizado en los oficios religiosos a la supresión de las denominaciones en catalán de calles y espacios públicos. O la virtual eliminación de la prensa editada en otras lenguas. Se llegó a hostigar a manifestaciones culturales y folklóricas. Prohibiciones o restricciones cayeron sobre danzas y canciones tradicionales.

“Unión Patriótica”, corporativismo

A poco de iniciado el período dictatorial se empezó a trabajar desde el Estado en la formación de un nuevo partido, llamado Unión Patriótica. Paradójicamente pretendía ser un partido “apolítico”, destinado a “gente de buena fe” que quisiera trabajar por el país con un enfoque más administrativo, ajeno a las disputas políticas tradicionales.

Se definía como monárquico y católico. Sus doctrinarios solían rechazar el sufragio universal y en gran parte se asentaban en el clericalismo más tradicional A través de esa impronta religiosa aspiraban a diferenciarse del fascismo.

Fue un partido creado de arriba hacia abajo, con el impulso y los recursos del aparato estatal. Y el compromiso activo de quienes eran dueños del poder real. Recogió en su seno a una parte del desarticulado caciquismo y a organizaciones de inspiración eclesiástica. Se apuntaba hacia un partido único, iniciador de un régimen antiliberal con impregnaciones fascistas.

A fin de 1925 cambió la estructura del gobierno. Hasta ese momento había sido la de un “directorio militar” de exclusiva procedencia castrense. Su reemplazo fue un gabinete más tradicional, con integración mixta entre militares y civiles. Estos últimos pertenecían a la Unión Patriótica.

La dictadura se había presentado a su inicio como “temporaria”. Esta reorganización indicaba una propensión a la continuidad, a institucionalizarlo como un sistema con vocación de permanencia.

La Organización Corporativa Nacional”(OCN)· y la “Asamblea Nacional Consultiva” (ANC) fueron intentos de dotar al régimen de un armazón con vocación de permanencia. Lo que incluía instrumentos de corporativismo con un aire de familia respecto a lo que ocurría en Italia.

La OCN orbitaba sobre la tutela estatal a las relaciones entre capital y trabajo. Reconocía inspiración en la doctrina social de la iglesia. Y tenía una práctica que la asimilaba al gobierno de Mussolini. Se le ofreció participar a la UGT por la parte obrera y ésta aceptó.

Mientras los ácratas sufrían hostigamiento y persecución, el sindicalismo socialista recibía facilidades para ampliar su representación y predominar en su antigua rivalidad con la CNT.

Las representaciones de patrones y obreros eran iguales en número y se escalonaban desde el nivel local hasta la confluencia en un consejo de todo un oficio en el plano nacional.

La ANC fue un organismo no electivo, con la mayoría de sus miembros nominados por el gobierno de modo directo o indirecto. Su misión era preparar proyectos de nueva legislación y de una constitución que después se someterían a plebiscito. Los socialistas se negaron a tomar parte de la asamblea.

Mientras estaba reunida, Miguel de Unamuno, opositor y exiliado, le dedicó este soneto burlón al dictador con motivo de su nombramiento como doctor honoris causa de la universidad de Salamanca:

No se mueve, Miguel, para admirarte,
la forma en que el poder has conseguido,
ni admiro esa parodia de partido

en el que ahora tratas de ampararte.
Tampoco admiro tu destreza o arte,
amordazando a un pueblo adormecido,
ni admiro la asamblea que has urdido,
para que tenga siempre que aguantarte.
Admírote, Miguel, de una manera
tan ferviente, tan mística y sincera,
que no podrá tener tregua ni pausa
por la insigne osadía y la frescura
de aceptar el birrete honoris causa,
sin causa, sin honor y sin cultura.

Las “realizaciones”

Como se ha escrito, el de Primo fue un tiempo de prosperidad para la economía, en medio de un comercio internacional reactivado y en crecimiento. El gobierno desarrolló una política proteccionista de la producción local, reguladora de la actividad económica y orientada a la realización de grandes obras públicas, en especial hidráulicas, de construcción de carreteras y ferrocarriles. Éstas dieron lugar a grandes negociados, que a menudo iban en beneficio de amigos y parientes del dictador.

Otra “especialidad” de la dictadura fue la creación de monopolios que asociaban en su usufructo al Estado y empresas privadas. Así creó una empresa petrolera única (CAMPSA) y una compañía de teléfonos también monopólica, entre otros emprendimientos similares.

La industria avanzó, sobre todo en las regiones ya tradicionales de Cataluña, el país vasco y Asturias. Primo construyó una cordial relación tanto con los grandes terratenientes como con los industriales catalanes y vascos.

En el problema de Marruecos Primo consiguió imponerse gracias a la colaboración francesa. Fue mediante el ataque conocido como “Desembarco en Alhucemas”, en 1925. Significó ponerle punto final a la sangría marroquí, uno de los factores desestabilizantes.

El declive

La dictadura entró en su ocaso porque suscitaba cada vez más disconformidad con sus políticas y mayores oposiciones. No había encontrado una fórmula política nueva y no tenía un horizonte institucional claro. Había ido contra las autonomías regionales y entrado en conflicto con estudiantes e intelectuales. La CNT, la central que se dedicó a combatir, resurgía con nuevos bríos. En la UGT resonaban con fuerza creciente las críticas a la actitud colaboradora que había dado escasos resultados.

Las organizaciones empresarias recelaban de algunos aspectos del intervencionismo. Y en particular del otorgamiento de facultades que había recibido la UGT sobre la organización del trabajo. Ante la declinación, el propio rey pensó que no le convenía atarse a la figura del general andaluz.

Desgastado por la pérdida de apoyo, el crecimiento de la oposición y la creciente reticencia del rey, Primo pidió respaldo a sus colegas, los comandantes de las distintas regiones militares. No recibió apoyos claros sino respuestas más bien cautas. Presentó entonces su dimisión y el rey se la aceptó de inmediato.

La salida del dictador, después de casi siete años, dejaba en ruinas el sistema político y la monarquía en particular. La legitimidad moral de las instituciones se hallaba a ras del piso. El monarca aspiraba todavía a perpetuarse. Pero un amplio arco de fuerzas republicanas se aprestaba a trabajar en pos de un nuevo sistema.

Alfonso designó como jefe de gobierno a otro militar, Dámaso Berenguer. Su mandato se denominó en tono satírico “dictablanda”. Se comenzó a buscar el retorno a una “normalidad” que había dejado de ser normal. La movilización, el voto popular y una amplia alianza opositora harían imposible cualquier regreso.

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