En Brasil se ha repetido otro accidente minero de un alcance terrible, 254 personas sepultadas por la rotura de una represa de residuos, al tiempo que ha supuesto una catástrofe ambiental. Ambos desastres, humanos y ambientales, provocados por accidentes, suelen ir de la mano afectando a las poblaciones más vulnerables. Una vez más un […]
En Brasil se ha repetido otro accidente minero de un alcance terrible, 254 personas sepultadas por la rotura de una represa de residuos, al tiempo que ha supuesto una catástrofe ambiental. Ambos desastres, humanos y ambientales, provocados por accidentes, suelen ir de la mano afectando a las poblaciones más vulnerables.
Una vez más un accidente que hemos visto una y otra vez en las minas a cielo abierto: la rotura de la presa de los residuos del tratamiento del mineral y el vertido al medio ambiente de millones de toneladas de fangos con alto contenido en metales pesados. En España vivimos el drama de Aznalcollar y los vertidos tóxicos sobre Doñana.
Esta vez ha sido en Brumadinho, la tragedia mil veces repetida y no sólo en Brasil, donde hacía sólo tres años que Minas Gerais había sufrido otro accidente similar, la tragedia de Mariana. En este caso el impacto ha sido brutal, con cientos de víctimas humanas; pero también lo será el ambiental, por la contaminación que causarán las miles de toneladas vertidas a lo largo de kilómetros de cauce del río.
Las investigaciones de estos grandes accidentes deben servir para que se apliquen medidas de control de los riesgos y no se vuelvan a repetir, pero lo cierto es que ni se pagan las multan ni se aumentan los controles ni se paraliza la actividad cuando el riesgo es intolerable. En algunos casos, aunque se realicen comisiones de investigación en el Parlamento, alguno de sus integrantes han recibido fondos de la minería para sus campañas políticas. En el Brasil de Bolsonaro hay pocas esperanzas siquiera de que se exijan responsabilidades a la empresa, porque Bolsonaro ha hecho del antiecologismo una de sus banderas. ¿Quién se puede creer ahora que hará algo contra los responsables de este desastre?
La legislación de la minería en materia de seguridad siempre ha sido objeto de controversia, como lo ha sido ligar los sueldos a la producción bajo cualquier condición laboral y sin prevención de riesgos. La cuestión cobra especial gravedad en lo que a baldas de residuos mineros se refiere, porque son infraestructuras inseguras y peligrosas.
La amenaza del desempleo se convierte en el mantra que las empresas extienden como un virus por las poblaciones donde se instalan. La falta de visión de alternativas ligadas a los escasos recursos de esas poblaciones, las convierte en doblemente vulnerables.
Tenemos varios factores subyacentes donde se gestan las catástrofes: pobres legislaciones en materia de seguridad unidos a la financiación de campañas políticas o legislaciones que siendo correctas no se hacen cumplir, inspecciones complacientes, connivencia con representantes de trabajadores que han de elegir entre susto o muerte, entre desempleo o empleo miserable, poblaciones con pocos recursos, en situación de vulnerabilidad y por último empresas que sólo invierten para enriquecerse, depredan el lugar y llevan al límite los riesgos sin invertir en seguridad.
El debate sobre las explotaciones mineras a cielo abierto está muy presente en España. Decenas de nuevos proyectos mineros se extienden por toda nuestra geografía. Sus promotores se aprovechan de dos factores: el abandono del territorio que deja campo libre a su explotación más impactante, y las necesidades de empleo.
Razmig Keucheyan, en su libro «La Naturaleza es un campo de batalla» comienza el capítulo dedicado a la ecología política que viene,con estas palabras: «Si a las asociaciones ambientalistas tradicionales les cuesta trabajo reconocer la dimensión social de la ecología, el movimiento obrero, por su parte, mantiene desde los orígenes una relación ambivalente con las problemáticas ambientales». Tras la explosión de la planta química AZT en Toulouse, los sindicatos y los damnificados se dividieron, mientras los primeros gritaban que la química era una necesidad y la seguridad una exigencia, pidiendo seguridad y empleo, las víctimas, los ribereños y asociaciones ambientalistas clamaban «Nunca más, ni aquí ni en otra parte».
Continúa diciendo Keucheyan «Esta ruptura es reveladora de una división que estructuró el campo político en el siglo XX. A los sindicatos la defensa de los empleos y de la industria que los proporciona, a veces con exclusión de otras preocupaciones como la seguridad de los vecinos o de los mismos asalariados. Una lectura productivista del marxismo también influyó en esto así como la distinción entre el trabajo (sindicatos) y «fuera del trabajo»(sociedad civil).
La naturaleza no escapa a las fuerzas sociales, es la más política de las entidades. Por ello las explotaciones mineras están ligadas no sólo a las crisis ecológicas sino a los incumplimientos repetidos de las medidas de seguridad que acaban afectando tanto a trabajadores como a la población. Todo ello teñido de un «clasismo ambiental» donde la ubicación de las grandes explotaciones mineras perpetúa las desigualdades vulnerando derechos cívicos, como son la seguridad, la salud y el ambiente, justamente en los territorios o comunidades más pobres.
Bhopal, un drama de consecuencias que aún perduran, Chernóbil o Fukushima tienen en su génesis causal pobres medidas de seguridad. Tantos accidentes mineros, como dice el cantautor asturiano en La Planta 14 la tragedia repetida, una tarde amarilla, los hombres no volvieron.
Contra la mercantilización de la naturaleza se necesita de una revolución política y social en cuanto a la rebelión contra la sociedad de consumo, y ahí es donde no debemos dejarnos vencer para evitar que las tragedias se repitan.
Fuente: https://blogs.publico.es/ecologismo-de-emergencia/2019/01/28/mineriadesastresaccidentes/