Se sabía que la multinacional estadounidense está acusada de contaminar en varias partes del mundo. En cambio no era tan conocido que también censura a docentes e investigadores universitarios, de universidades públicas y también privadas. La mayor semillera mundial, Monsanto, tiene una bien ganada pésima fama internacional, que viene de su producción del defoliante «agente […]
Se sabía que la multinacional estadounidense está acusada de contaminar en varias partes del mundo. En cambio no era tan conocido que también censura a docentes e investigadores universitarios, de universidades públicas y también privadas.
La mayor semillera mundial, Monsanto, tiene una bien ganada pésima fama internacional, que viene de su producción del defoliante «agente naranja» usado a mansalva en Vietnam, hasta la contaminación ambiental y enfermedades cancerígenas provocadas por el uso del glifosato y el paquete de semillas genéticamente modificadas como la soja transgénica.
La firma basada en Saint Louis, estado de Missouri, no se duerme en los laureles de esa dudosa fama sino que la alimenta en la Argentina. Ya tenía un capítulo abierto por el proyecto de instalación de una planta de semillas de maíz en Malvinas Argentinas, Córdoba, frenada desde 2014 por la resistencia de la población y fallos de la justicia provincial. En vez de meter violín en bolsa, al aguardo de tiempos mejores, la multinacional sumó motivos para el repudio social.
En abril pasado una carta de profesores de la Universidad Católica de Córdoba, universidad de los jesuitas, como reza su logo, denunció que esa casa de estudios había censurado el artículo «Monsanto en Malvinas Argentinas, los contrapuntos en el caso». Los autores del trabajo, del Comité de Bioética de la UCC, cuestionaban el proyecto empresario por implicar un peligro para la vida y el ambiente.
¿Qué hizo el rector, superior jesuita, Alfonso Gómez? Censuró la publicación y quitó el artículo de la web. Y, en simultáneo, sancionó con el retiro del Comité de Bioética a Mónica Heinzmann, su titular.
Una veintena de profesores de facultades de la UCC difundieron por las redes sociales una nota al rector Gómez, cuestionando su proceder. Consideraron que había actuado por orden y cuenta de Monsanto: «el modo en que se resolvió la cuestión hace pensar en la existencia de poderosos intereses, de esos que no consideran necesario el debate, ya que basta la fuerza del capital para demostrar la contundencia de sus derechos». Si el rector consideraba injustas las críticas del Comité de Bioética sobre los daños a la salud humana y el ambiente provocados por los agroquímicos, en tal caso podría haber incluido puntos de vista diferentes, pero no censurar lo de Heinzmann y otros especialistas.
Cuando se ingresa al portal de la UCC para averiguar del Centro de Bioética se encuentra que fue fundado en 2001 y su director honorario es Armando Andruet (h), ex integrante del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba. Entre otras alabanzas, se lo sindica como el único Comité de Bioética del país y que a diferencia de otros similares de origen anglosajón, con centro en ciencias y laboratorios, el de la UCC contendría la preocupación por el medioambiente, lo social, los derechos humanos, etc.
La página oficial se vanagloria: «el Centro de Bioética de la UCC hoy pretende asumir esta realidad (social) nutriendo su reflexión con los aportes de la tradición cristiana que involucra una gran multiplicidad y riqueza de perspectivas, el respeto a la libre conciencia de los seres humanos».
Se nota que Monsanto no respetó esa libre conciencia…Es tan depredador que incluso tuvo denuncias de la Sociedad Rural, CRA y FAA por su intento de cobrar regalías en puerto.
En Universidad
Las andanzas de la multinacional eran conocidas en la Universidad Nacional de Córdoba. El 8 de agosto de 2014, día del Ingeniero Agrónomo, el decano de Agronomía de la UNC, Marcelo Conrero, firmó un convenio por tres años con Monsanto. Fue en medio de un asado y muchos festejos; muchos de los asistentes dijeron no haberse dado cuenta que en medio de tanto barullo se suscribiera tal compromiso. El asado fue co-organizado por Agroverdad, el programa de Canal 12 (La Voz del Interior-Clarín).
Según el mismo, la facultad haría auditorías y cursos con Monsanto, cuando su planta estuviera en funcionamiento. Esa parte de la alianza había comenzado el mes anterior con el auspicio a una charla con el periodista británico Mark Lynas, según el cual no hay ningún riesgo con el glifosato ni el Round Up. La semilla Intacta RR es una maravilla, igual que destinar 18 millones de hectáreas a ese cultivo. Lynas, un ambientalista arrepentido, disertó para los capitales sojeros de Maizar y en la UNC.
Agronomía colaboraría con la semillera en el nuevo informe de impacto ambiental para justificar su planta. Sería rueda de auxilio de la multinacional, luego que comenzara un tiempo judicial y político adverso para esa polémica iniciativa. Es que la secretaría de Medio Ambiente de Córdoba -que antes había dado luz verde- le bajó el pulgar al informe empresario, cuestionando que no resolvía cómo eliminar los desechos pasibles de contaminación.
En ese arreglo con Monsanto, el decano contó con su secretario general, Jorge Omar Dutto. Casualmente había sido el redactor del primer informe de impacto ambiental, favorable a la empresa y rechazado por el gobierno provincial.
El pacto no pudo pasar el filtro del Consejo Superior de la Universidad, donde fue rechazado en setiembre de 2014. En 2012 la casa de estudios ya se había opuesto al establecimiento de la semillera en esa localidad cordobesa. La votación fue elocuente: 28 votos en contra del convenio y 6 abstenciones. El decano pro soja, ex militante de Franja Morada, debió anular lo firmado por su facultad.
La universidad del entonces rector Francisco Tamarit y vicerrectora Silvia Barei, estaba siendo coherente con lo planteado dos años antes. Y no fueron los únicos, pues el 7 de marzo de 2013, el Comité de Bioética de la Universidad Católica, con las firmas de Mónica Heinzmann, Diego Fonti, Juan Carlos Stauber y José Alessio, se había pronunciado contra Monsanto. Había apremiado a las autoridades con responsabilidades políticas a que «se respeten los derechos humanos, la legislación y la resistencia social».
Esos tiempos progresistas en la Universidad ya pasaron. Fue ungido rector el conservador Hugo Juri, ex ministro de Educación de Fernando de la Rúa. Y con él subieron varios peldaños Conrero y Dutto. El primero fue promovido a la secretaría de Gestión Institucional de la UNC y el segundo a Pro secretario General. Los amigos de lo transgénico recuperaron poder, en tanto Tamarit y Barei perdieron sus posiciones.
Quien no cedió ministerio fue Lino Barañao, ministro de Ciencia y Tecnología que continuó allí con Mauricio Macri. Es un defensor acérrimo del paquete Monsanto y la Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid). En el reportaje dado a Nora Veiras, en Página/12 del 3 de mayo, aseguró que «se comprobó que no hay relación entre el glifosato y cáncer». Él y el flamante secretario de Medio Ambiente, el rabino Sergio Bergman, son del team de Missouri.
¿Qué dirá el Santo Padre?
Las censuras de la multinacional contra quienes objetan sus productos y procedimientos peligrosos para el ambiente y la salud van en oleadas contra círculos universitarios. A los casos ya comentados se debe recordar la discriminación y persecución sufridas en el Conicet, durante la gestión Barañao, del doctor Andrés Carrasco, ya fallecido, un pionero en las denuncias contra los efectos cancerígenos del glifosato.
Y más acá en el tiempo, en marzo de 2016, la Red de Salud y Ambiente «Médicos de pueblos fumigados» denunció presiones de la multinacional ante la difusión de su informe sobre los agrotóxicos. Monsanto les envió cartas documento intimando a suprimir esa difusión bajo amenaza de acciones legales y juicios.
La organización amenazada expresó que «el modus operandi nos habla de una preocupante limitación a la libertad científica, lo cual merece el rechazo de quienes vemos en la ciencia y los profesionales de la salud la seria responsabilidad de investigar los efectos que estas empresas tienen sobre el desarrollo de nuestras comunidades».
La entidad había difundido en marzo de 2015, un informe sobre el impacto del cáncer en una localidad cordobesa. Medardo Ávila Vázquez, integrante de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados le declaró a Télam: «los resultados preliminares fueron alarmantes: la población de Monte Maíz tiene cinco veces más casos de cáncer que los estimados en la OMS, un 25 por ciento más de problemas respiratorios tipo asma y casi cinco veces más de abortos espontáneos».
Estos elementos pueden haber sido tenidos en cuenta por el Papa Francisco en enero de 2016 cuando dirigió un mail a la concejal Vanesa Sartori, de «Malvinas Despierta», alentando la causa ambiental de quienes resistían a la multinacional. El Papa venía de propagandizar la defensa de la ecología con su encíclica Laudato Sí, de mayo de 2015.
De todas maneras el «flor de tipo el porteño que está en el Vaticano» (diría anteayer Pepe Mujica, de visita en Córdoba) tendría que involucrarse más en esta polémica. Es que la censura y sanciones contra el Centro de Bioética de la Universidad Católica, por cuenta de Monsanto, ameritan su toma de posición. El rector que tomó esas decisiones tan negativas viene de ser el Provincial de los Jesuitas que incluye Argentina y Uruguay, o sea ocupó el mismo cargo que Jorge Bergoglio entre 1973 y 1979.
¿Qué dirá el santo Padre, que vive en Roma? Monsanto está degollando a sus palomas…
Fuente original: http://www.laarena.com.ar/