Mientras el fallo de un tribunal de California sostiene que el glifosato provoca cáncer, el lobby agroquímico en la Argentina goza de buena salud.
El glifosato que produce Monsato es un «factor sustancial» para desarrollar cáncer. El argumento se repite una y otra vez en estudios que las grandes multinacionales del sector agroquímico pretenden relativizar o sencillamente esconder, tarea para la cual cuentan con la anuencia de muchos gobiernos, entre ellos el argentino, que tiene entre sus filas a muchos ex gerentes de esas empresas. Pero esta vez, es un jurado federal de San Francisco, EE UU, el que considera probado que el herbicida Roundup ha precipitado el cáncer que sufre un hombre que manipuló ese producto durante décadas.
El de este martes es el segundo veredicto que apunta al glifosato de Monsanto como cancerígeno, luego de la condena que otro jurado estatal de California le impuso el año pasado a indemnizar en 289 millones de dólares -la cifra se redujo luego a 78 millones- al jardinero Dewayne Johson que estuvo largamente expuesto al producto.
Edwin Hardeman, de 70 años, contrajo el linfoma no Hodgkin por haber estado durante tres décadas expuesto al glifosato que usaba para quitar de hierbas su propiedad, tal es la conclusión a la que llegó el tribunal, que ahora deberá definir cuáles son los términos de la reparación que le impondrá a la megacorporación alemana Bayer, propietaria de Monsanto, cuyos voceros volvieron a negar la relación entre el herbicida y la enfermedad.
El fallo sienta jurisprudencia para otras 9 mil demandas similares que enfrenta Bayer en los Estados Unidos. Ahora, el juicio de Hardeman entra en una segunda etapa, que buscará demostrar si Monsanto conocía los riesgos y si los ocultó deliberadamente a los usuarios del herbicida. Luego de que se expresara el tribunal californiano, las acciones de Bayer cayeron este miércoles un 9,61% en la Bolsa de Frankfurt.
La sentencia contra Monsanto parece sellar un dilema que desvela a miles de comunidades «fumigadas» de la Argentina y de todo el mundo. No es una novedad para la Organización Mundial de la Salud, que desde 2015 considera al glifosato, el herbicida más utilizado, como «cancerígeno probable». Sin embargo, son pocos los países que lo prohíben, presas de los fuertes intereses corporativos del agronegocio global.
En Europa, un amplio debate sobre el glifosato derivó en la renovación por cinco años (hasta 2022) de la licencia de uso del herbicida, aunque persiste la sospecha sobre la real independencia de las agencias científicas (particularmente la EFSA, European Food Safety Authority) que justificaron esa decisión.
En la Argentina, en tanto, la trágica historia del glifosato acumula cientos de muertes por cáncer que los vecinos de los «pueblos fumigados» adjudican al herbicida, y la lucha cotidiana de decenas de comunidades por establecer ordenanzas que impidan la utilización de esos peligrosos agroquímicos. El caso testigo ha sido Monte Maíz, la localidad a 290 kilómetros de Córdoba Capital donde los relevamientos arrojaron tasas de morbimortalidad hasta tres veces por encima de las nacionales, con decenas de casos de cáncer, sobre todo de pulmón, además de neumopatías, hipotiroidismo y otras enfermedades. Sólo en 2013, el 39% de los fallecimientos se debió al cáncer, en un pueblo de 8500 habitantes rodeados de cultivos de soja y maíz transgénicos.
El poder del agronegocio es tan grande que la discusión en la Argentina rara vez trata sobre la necesidad de prohibir el uso de ese peligroso herbicida. Sin una legislación nacional, el tópico que más se discute en los consejos deliberantes de los municipios es la distancia a la que se puede fumigar, respecto de zonas pobladas. Paraná, Gualeguaychú y Rosario son algunas de las ciudades que impulsaron ordenanzas prohibiendo su uso en el ejido urbano.
Todas estas iniciativas aisladas chocan contra el sólido respaldo del gobierno nacional a los agrotóxicos. En julio de 2018, cuatro ministros de Cambiemos (Sergio Bergman, de Ambiente; Lino Barañao, de Ciencia; Luis Etchevehere, de Agroindustria; y Adolfo Rubinstein, de Salud, luego degradados a secretarios) presentaron, sin investigación científica alguna que los avalara, una suerte de manual de «Buenas Prácticas en Aplicaciones de Fitosanitarias», hecho a la medida del lobby agroquímico, que elimina las distancias mínimas para fumigar con glifosato y otros herbicidas.
En diciembre del año pasado, el ministro de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquis, firmó una resolución que habilita la fumigación en las llamadas «zonas de amortiguamiento», es decir, lotes contiguos a escuelas y áreas de esparcimiento, a cursos de agua y reservas naturales. Antes de ser funcionario del gobierno de María Eugenia Vidal, Sarquis fue gerente de Monsanto.