Estos últimos días hemos visto en los medios de comunicación como han saltado dos alarmas sanitarias por sandías importadas de Marruecos [a España] con presencia de un pesticida prohibido en Europa, concretamente el metanilo. Y ya hay quién se apresura en las redes en afirmar que esto demuestra que los controles funcionan y qué con la producción española estamos a salvo.
Bueno, pues vamos por partes. Primero hay que tener en cuenta lo que hemos denunciado en el informe de la campaña Buena Suerte, y es el llamado efecto bumerán. Esto es: substancias que tienen prohibido su uso en la UE, dada su alta toxicidad, pero que se permite que se fabriquen y exporten a terceros países, en este caso, Marruecos. Tóxicos que vuelven a nuestras mesas vía importación. Eso es exactamente lo que ha pasado, aparte de obviamente poner en peligro la salud de los habitantes de los países que reciben el químico que aquí no queremos. Sólo esto ya es un crimen.
¿Cómo es posible que una substancia que es tan tóxica que tiene prohibido su uso dentro de las fronteras, se permita su fabricación y exportación a otros países que la van a usar para vendernos esos alimentos rociados con esa substancia?
Pues como seguro que han adivinado, se trata de un negocio descomunal. El uso de pesticidas no hace sino aumentar año a año. Así, el uso total de pesticidas había aumentado en más del 50% en 2010 en comparación con 1990, y las cantidades totales comercializadas se triplicaron entre ambas décadas. El comercio mundial de pesticidas ha seguido la misma lógica, alcanzando más de 6 millones de toneladas en 2019 con un valor de exportaciones de 39.000 millones de euros. Pero además de incrementarse el uso de pesticidas, se está incrementando su intensidad. Si observamos por países, vemos que en el año 2021 son China, EE UU, Francia, Alemania, India y España los mayores exportadores de pesticidas del mundo y que, por regiones económicas, la UE sigue liderando.
Exportar tóxicos a otros países para que se utilicen masivamente en alimentos que vamos a importar en grandes cantidades no parece un modelo ejemplar de protección de la salud de la población española. Pero, ¿los alimentos importados de países a los que vendemos pesticidas prohibidos en territorio español tienen residuos de los mismos? Hay indicios que apuntan hacia una misma dirección que sirve para denunciar que una gran parte de las frutas y verduras que consumimos tienen residuos de pesticidas no autorizados. La UE tiene la denominada Red de Alerta Rápida para los Productos Alimenticios y Piensos (RASFF), que intenta detectar los riesgos para la población europea de los alimentos que entran en la UE. Si miramos cuántas alertas se han generado por presencia ilegal de residuos de pesticidas en alimentos importados veremos que son más de 3000 en 2 años y medio. Es decir, 3,5 alertas cada día. En el caso del Estado español, durante este mismo período se han detectado 90 casos. Uno cada semana y de estos, la mitad es por causas de “grave riesgo”.
¿Se debería prohibir está práctica? Claro, y países como Francia ya lo han hecho ¿Qué pasa con la producción española? Pues miren, somos el rey absoluto en el uso de pesticidas en Europa. Nuestros suelos agrarios reciben, anualmente, más de 76.000 toneladas de pesticidas, y somos los que menos controlamos, tal cual.
Para controlar los pesticidas existentes, los países de la UE están obligados a publicar anualmente el número de muestras de alimentos y qué pesticidas y en qué cantidad se han encontrado. Los últimos datos disponibles para el Estado español hacen referencia a los resultados del programa de vigilancia y control de residuos de pesticidas en alimentos del año 2020. Durante el mismo, se tomaron 1.543 muestras. Para hacernos una idea de si eso es mucho o poco, en 2014 se tomaron prácticamente el doble. En términos de muestras per cápita supone seis muestras por cada 100.000 habitantes. En Alemania se toman 23 por cada 100 000 habitantes, en Francia 12, en Italia 18, en Países Bajos 19, en Dinamarca 35 y en Rumania 30, por poner diversos ejemplos. Siendo más claros: el Estado español es el país de la UE que menos muestras analiza per cápita, seguido de Polonia.
Otro tema preocupante para el Estado español, además de las poquísimas muestras que se toman, es qué tipo de pesticidas se analizan en las muestras. Los criterios de selección de qué se debe analizar no están claros, ya que no se evalúan todas las sustancias utilizadas en la práctica agrícola en el país. De hecho, de los 50 pesticidas más utilizados, según datos del Ministerio de Agricultura, no se evaluaron algunos de los productos de mayor consumo. La no selección de estos compuestos para su evaluación supone que más del 62 % de los pesticidas disponibles no han sido supervisados por el programa de control de estos residuos en los alimentos.
Si han llegado hasta aquí se preguntarán, ¿cómo salimos de este callejón sin salida? Pues miren, haciendo caso al propio Parlamento Europeo y en aplicación del principio de precaución, el Estado español debe ser un territorio libre de pesticidas sintéticos para el año 2035, además de decretar ya la prohibición de la fabricación y exportación de los pesticidas prohibidos a terceros países.
Nos va la vida en ello.
Javier Guzmán es director de Justicia Alimentaria.