Muerte y violación de derechos en las fábricas de etanol en São Paulo

La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Estado de São Paulo, realiza una investigación sobre una serie de irregularidades en el sector cañero. Una audiencia pública de esta Asamblea escuchó a varias entidades de derechos humanos, sindicatos, investigadores y miembros del Ministerio Público del Trabajo. A pesar de que el gobierno ha invertido fuertemente en la ampliación de la producción de etanol, mediante un crédito y otro tipo de incentivo, las condiciones de trabajo en los cañaverales en la zafra del 2007, no son diferentes a las de otros años.
Desde el año 2004, el Servicio Pastoral de los Inmigrantes, registró la muerte de 21 trabajadores inmigrantes en los cortes de caña en São Paulo. En el 2007, se registraron las muertes de 5 inmigrantes por exceso de trabajo en los cañaverales del estado. El 28 de Marzo, José Pereira Martins, de 52 años, murió de un infarto después de trabajar en el corte de caña en la ciudad de Guariba. Había inmigrado del municipio de Araçuaí en Minas Gerais. El día 24 de Abril, Lourenço Paulino de Sousa, de 20 años, que inmigrara de Tocantins, fue encontrado muerto en el central São José, en Barretos. El 19 de Mayo, falleció Adailton Jesús dos Santos, de 34 años, que había inmigrado de Piauí, a los cañaverales paulistas. El 20 de Junio, murió José Dionisio de Sousa, de 33 años, que había inmigrado del Estado de Minas Gerais. El 11 de Septiembre, en el municipio de Guariba falleció Edilson Jesús de Andrade, de 26 años, que emigrara de Bahía, aunque su cuerpo fue enterrado en São Paulo.
Además de estos casos, existen otros registros de accidentes y muertes de trabajadores del sector cañero en São Paulo. En el 2005, la Delegación Regional del Trabajo registró 416 muertes en los centrales del estado, la mayoría por accidente de trabajo. El día 15 de Abril del 2007, un funcionario del central Santa Luisa en el municipio de Motuca, murió de asfixia y otro resultó gravemente herido, cuando realizaban el control de la quema de caña y fueron alcanzados por las llamas. Adriano de Amaral, de 31 años, murió cuando se agotó el agua de la pipa que dirigía para controlar el fuego. El era padre de un niño de siete años y un bebé de sólo 20 días. El otro trabajador, Ivanildo Gomes, de 44 años, sostuvo quemaduras en un 44% de su cuerpo.
En el estado de São Paulo, el mayor productor de etanol del país, se estima que la mitad de la mano de obra de los centrales sean trabajadores inmigrantes, principalmente del Nordeste y de Minas Gerais, donde viven en una situación de mayor vulnerabilidad. Los trabajadores gastan cerca de la mitad de su salario para sobrevivir en los cañaverales y les queda poco para enviar a sus familias, que también dependen de esos recursos para su sustento. Al final de la zafra, muchos inmigrantes no tienen dinero suficiente para regresar a su lugar de origen. El salario mínimo es como promedio, 413 reales al mes, y los trabajadores llegan a gastar 250 reales mensuales, para cubrir los gastos de alimentación, agua y alojamiento en condiciones extremadamente precarias.
«El empleador no ofrece un local adecuado para el descanso y las comidas, ni ofrece condiciones sanitarias adecuadas para las necesidades de los trabajadores, ni suministra herramientas de trabajo adecuadas, ni repone los Equipamientos de Protección Individual (EPI), ni respeta las pausas para el descanso, previstas por la Norma Reguladora número 31, ni suministra cantinas térmicas ni ropa de trabajo para los cortadores», afirma el Fiscal de asuntos laborales José Fernando Ruiz Maturana. Y añade, «sin sombra para que se cobijen ni sillas para sentarse, a los trabajadores no les queda otra alternativa que comer sentados en el piso bajo el sol fuerte».
El Ministerio Público pretende investigar el impacto de las condiciones ambientales (exposición al sol fuerte, al calor, al polvo y a la ceniza) y el uso de los agro tóxicos en la salud de los trabajadores. Otra área de investigación será el cálculo del «pago por la producción», pues los trabajadores no tienen el control del pesaje de la caña que cortan. Este año, la Fiscalía Regional del Trabajo de la 15ª Región, enjuició más de 40 acciones civiles públicas contra los centrales, los suministradores y empresas de mano de obra de São Paulo por incumplimiento de las leyes laborales.
A finales de Agosto, los Fiscales de la región de Bauru hicieron fracasar un esquema de fraude de documentos de trabajadores rurales, a partir de una empresa de fachada llamada «Escritorio Contabil Avenida» en Lençois Paulista. El «kit fraude», contenía documentos en blanco que las empresas obligaban a los trabajadores a firmar para ser contratados. «El kit estaba compuesto por documentación irregular, como el pedido de dimisión, términos para rescindir el contrato de trabajo, registro de trabajo, recibos de suministro de EPIs (Equipamientos de Protección Individual), contrato de experiencia, prórroga del contrato de experiencia, contrato de zafra (período de cosecha) y contrato por plazo determinado, todos firmados en blanco por los trabajadores», según afirma un documento divulgado por el Ministerio Público. El Fiscal de los asuntos laborales Luis Henrique Rafael, estima que «miles de trabajadores pueden haber sido víctimas del fraude».
Durante la segunda semana de Septiembre, el Ministerio Público decidió suspender el corte de caña en el municipio de Mineiros do Teitê, en el interior paulista, hasta que los centrales regularicen la situación de los trabajadores. Una de las dificultades para castigar a los centrales es el hecho de que las contrataciones se realizan a través de intermediarios o «gatos» cuya función es seducir a los trabajadores inmigrantes principalmente, que en muchas ocasiones, ni siquiera tienen conocimiento de quienes son sus empleadores. Por ello, el Ministerio Público pasó a adoptar medidas punitivas para toda la cadena productiva. En prácticamente todas las investigaciones realizadas, se constataron violaciones de las leyes laborales, en los centrales de São Paulo.
Los cañeros reaccionan ante las condiciones degradantes a las que son sometidos. Recientemente, cerca de 300 trabajadores del central Gasa, que pertenece al grupo Cosan, mayor productor de etanol y azúcar del país, se fueron a la huelga para protestar contra la represión sufrida por reivindicar un aumento salarial. Con el propósito de intimidar al movimiento, el central procedió a intimidar a un grupo de trabajadores inmigrantes.
«Treinta trabajadores fueron retirados de sus alojamientos, cerrados en el comedor del central y sometidos a coacción por miembros armados de la seguridad y un representante de la empresa. Los miembros de la seguridad, que eran Policías Militares vestidos de civil, mostraban ostensiblemente sus armas, amenazando a los trabajadores. Les dijeron que todos estaban despedidos y que sería mejor que abandonaran la ciudad lo más rápido posible», denuncia Aparecido Bispo, Secretario General de la Feraesp (Federación de Empleados Rurales Asalariados del Estado de São Paulo).
Las frecuentes denuncias de violación de los derechos a los trabajadores en los centrales han llevado a la industria cañera a especular sobre la posibilidad de masificar la mecanización del sector. Por ello, existen dudas sobre esa posibilidad, pues los bajos salarios y las condiciones precarias de trabajo, hacen más lucrativo para las empresas, mantener el corte manual, en vez de invertir en las maquinarias. Actualmente, más del 60% de la cosecha de la caña se realiza manualmente en Brasil. Desde el período de la colonización, este sector depende de la explotación de la mano de obra, de grandes cantidades de recursos públicos y de la violación de la legislación ambiental para mantenerse.

Maria Luisa Mendonça es periodista y coordinadora de la Red Social de Justicia y Derechos Humanos.