Numerosos son los estudios publicados en los últimos años que hablan de la migración en tránsito irregular por México a partir de lo que acontece alrededor del tren de carga «La Bestia», casi siempre bajo la mirada y las experiencias de los hombres. Sin embargo, desde hace seis décadas el 50 por ciento de las […]
Numerosos son los estudios publicados en los últimos años que hablan de la migración en tránsito irregular por México a partir de lo que acontece alrededor del tren de carga «La Bestia», casi siempre bajo la mirada y las experiencias de los hombres. Sin embargo, desde hace seis décadas el 50 por ciento de las personas que migran de forma irregular alrededor del mundo son mujeres.
Hacer visible la participación de las mujeres en tránsito irregular por México necesariamente involucra un enfoque de género que permita analizar sus experiencias y las condiciones que enfrentan en este proceso migratorio. De acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, las mujeres constituyen aproximadamente el 20 por ciento del total de personas detenidas en tránsito irregular. La mayoría proviene de Centroamérica, especialmente de Guatemala, Honduras y El Salvador. Son jóvenes y madres, que trabajan en su lugar de origen antes de migrar.
Quienes deciden hacerlo cuentan con redes y apoyos, tanto en su país de origen como en el de destino. Las estrategias para migrar de las mujeres se distinguen por la forma en que se toma la decisión. Aunque las razones son diversas, destaca la necesidad de mayores ingresos económicos para brindar a sus hijas e hijos mejores condiciones de vida; escapar de la violencia (en sus diferentes tipos y modalidades); o como parte de un acuerdo dentro del grupo familiar (influido, casi siempre, por las relaciones de poder existentes en la familia).
La ruta de migración irregular más conocida en México comienza en la región del Soconusco, en Chiapas, hacia Oaxaca y Veracruz. Las y los migrantes de Centroamérica suelen viajar en autobús desde su lugar de origen hasta Tecún Umán (Guatemala), donde cruzan el río Suchiate (Chiapas) en balsas; y, quienes así lo hacen, posteriormente montan en el tren. De acuerdo con la Encuesta sobre Migración de la Frontera Sur de México, en 2010 sólo 14 por ciento de las personas deportadas por México y 10 por ciento de las deportadas por Estados Unidos utilizaron el tren de carga conocido como La Bestia.
Bestia más, bestia menos
Las migrantes hondureñas suelen viajar más en tren que las de Guatemala y El Salvador, ya que cuentan con menos recursos económicos y redes de apoyo. En general, las estrategias de viaje de las mujeres migrantes se distinguen de las de sus pares hombres porque: viajan de forma más clandestina; la mayoría contrata los servicios de un traficante, ya sea para todo el viaje o una parte de éste; portan documentación falsa; evitan el tren de carga; se alojan en hoteles y casas de huéspedes, evitando los albergues; se vinculan con transportistas mexicanos para hacer parte de su recorrido; cuentan con redes trasnacionales para planear, realizar y costear su viaje, con el objetivo de llegar con éxito a su destino. Sin embargo las estrategias que siguen no implican necesariamente un viaje más seguro o libre de violencia. Por el contrario, durante su experiencia migratoria continúan inmersas en las estructuras desiguales de poder y violencia estructural de género que permean la región.
En los últimos años se ha incrementado y agudizado la violencia contra las personas migrantes en tránsito irregular por México. Entre los riesgos que corren se encuentra la extorsión, con la participación de autoridades de distintos niveles de gobierno, principalmente durante los operativos de revisión y detención realizados en puntos móviles carreteros; tráfico de personas, resultado de la falta de posibilidades y/o de programas para que puedan migrar de forma regular; y diversas modalidades de violencia.
Luego de la puesta en marcha de la estrategia fallida del presidente Felipe Calderón para combatir al narcotráfico se colocó el tema de la migración como un asunto de seguridad nacional, lo que amplió la participación de las autoridades de seguridad pública y militares en las actividades de control migratorio; dicha estrategia abrió las puertas a una mayor corrupción e impunidad.
De acuerdo con el «Informe especial sobre secuestro de migrantes en México», de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Cndh), de los 214 eventos de secuestro documentados entre abril y setiembre de 2010, que involucraron a más de 10 mil víctimas, 16 por ciento de los testimonios de víctimas y testigos correspondieron a mujeres. El mismo informe señala que durante ese año sólo se presentaron 13 denuncias de secuestro ante la Procuraduría General de la República, y apenas fueron sentenciadas dos personas por el delito de secuestro de migrantes. Por lo que las violaciones a los derechos de las personas migrantes son agravadas por la omisión, la inacción, la aquiescencia y el perjuicio de las prácticas de las autoridades, en todos los niveles.
(Los datos consignados en esta nota fueron fueron obtenidos de: Gabriela Díaz Prieto y Gretchen Kuhner (2014), Un viaje sin rastros. Mujeres migrantes que transitan por México en situación irregular. México, Cámara de Diputados LXII Legislatura, Imumi, 4ª Editores. Disponible en: unviajesinrastros.imumi.org)
Factores
Entre los factores que contribuyen a la violencia contra las mujeres migrantes en tránsito irregular por México se destacan:
Bajos índices de desarrollo humano, tanto en los países de origen como en el de tránsito.
La militarización de la seguridad pública y el combate al narcotráfico con un Estado de derecho débil.
La securitización de la política migratoria, que descuida los derechos humanos de las personas migrantes y carece de una perspectiva de género.
Los vacíos de información estadística sobre las mujeres migrantes que atraviesan México, que impiden explicar las especificidades de la participación femenina en los eventos de detención, y la documentación de las violaciones de las que son objeto.
La falta de reconocimiento del papel de las migrantes como trabajadoras que contribuyen al desarrollo económico y social de sus familias, comunidades de origen y de destino.
Falta de congruencia entre la legislación, las políticas migratorias y los instrumentos jurídicos de protección de los derechos humanos de las mujeres migrantes.
Desconocimiento de los derechos de las migrantes en México por parte de las autoridades, pero también de las propias mujeres.
Discriminación, xenofobia, normalización de la violencia contra las mujeres, desigualdad y exclusión social.
Falta de reconocimiento de la corresponsabilidad de proteger y garantizar la vida y los derechos de las mujeres migrantes que comparten los países de origen, tránsito y destino.
La corrupción, la falta de rendición de cuentas y la impunidad.
Las estrategias de migración más clandestinas que siguen las mujeres durante su tránsito irregular por México pueden contribuir a que lleguen a su destino con éxito. Sin embargo, las exponen a situaciones que involucran riesgos, violencia y violaciones a sus derechos humanos, que difícilmente pueden sortear. De hecho, las extorsiones, la violencia sexual y las vicisitudes asociadas al tráfico de personas muchas veces son vistas por las mujeres migrantes como trámites por los que «deben pasar» a fin de llegar a su destino, normalizando con ello la violencia, ante la falta de un mecanismo de tránsito regular acorde a las necesidades de las mujeres en la región.
Ante esta situación es necesario garantizar la seguridad de las mujeres migrantes y su acceso al desarrollo humano, reducir la clandestinidad y las consiguientes situaciones de vulnerabilidad de las mujeres migrantes, y reconocer las realidades demográficas, de integración económica y del mercado de trabajo de la región, así como la contribución de las personas migrantes al desarrollo económico y social de los países de origen, tránsito y destino. Además de homologar la nueva programación política mexicana, como el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, el Programa Especial de Migración 2014-2018, y el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2013-2018 con las leyes en la materia.
Fuente original: http://brecha.com.uy/36004-2/