Traducción para Rebelión de Loles Oliván
Las decisiones recientes del presidente Muhammad Mursi de apuntalar los poderes presidenciales y proteger a la asamblea constituyente frente a desafíos legales, entre otras controvertidas medidas, han planteado la cuestión de hacia dónde se dirige la política egipcia en la actualidad.
A primera vista, estas actuaciones parecen mantener la promesa de vengar a los mártires de la revolución, a cuyas familias se les ha concedido un aumento de sus pensiones estatales. Sin embargo, tras un examen más detallado, tales decisiones tienen como objetivo claramente apropiarse de la legitimidad revolucionaria y utilizarla para fortalecer la posición de la presidencia, controlada por los Hermanos Musulmanes. Lo que inicialmente se presentó como un conjunto de decretos dirigidos a dar respuesta a los enfrentamientos que tuvieron lugar en la calle Muhammad Mahmud iniciados el lunes así como a la indignación generalizada ante la ineptitud del Estado para llevar ante la justicia a los responsables de la muerte o las heridas de los manifestantes revolucionarios del año pasado, ha acabado siendo un intento flagrante de centralizar aún más el poder y eliminar todo control a la autoridad presidencial.
Efectivamente, los decretos tornan definitivas las decisiones presidenciales y no sujetas a la revisión de las autoridades judiciales, lo que podría marcar el regreso de la presidencia al estilo de Mubarak sin el maquillaje legal siquiera que el régimen anterior empleaba para justificar sus métodos autoritarios.
Asimismo, el presidente ha aprovechado la indignación expresada por los manifestantes de la calle Muhammad Mahmud por la ausencia de juicios creíbles contra los sospechosos de matar y herir a los activistas revolucionarios desde la caída de Hosni Mubarak, como justificación implícita de su decisión de reemplazar al fiscal general. Aunque el hecho de que no se hayan llevado ante la justicia a funcionarios y ex funcionarios de seguridad sospechosos de malas prácticas durante y desde los 18 días del levantamiento pueda ser atribuido parcialmente a la incompetencia de los fiscales, el principal obstáculo para ese proceso radica esencialmente en la ausencia de cualquier reforma significativa en el seno de los cuerpos de seguridad militar y civil, algo que las decisiones de Mursi no han logrado resolver.
Dado que esos cuerpos han quedado protegidos de las reformas institucionales transformadoras incluso bajo la dirección de Mursi, no es sorprendente que sigan poniendo palos a las ruedas de las investigaciones que se están llevando a cabo contra funcionarios de seguridad actuales. Tampoco debe sorprender que siga empleando reiteradamente la violencia letal contra los manifestantes pacíficos como demuestra una serie de incidentes recientes. Al pasar por alto la ausencia de reformas legales e institucionales para rectificar la conducta del sistema policial y su relación con la sociedad, Mursi ha dejado sin resolver la esencia del problema.
El ritmo de estas decisiones resulta interesante por varias razones. En primer lugar, la sustitución del fiscal general habla de un temor que tienen los Hermanos Musulmanes con respecto a que la afluencia de demandas presentadas cuestione la posición jurídica de la organización. Un fiscal general que no sea políticamente leal a los Hermanos Musulmanes convierte en extremadamente amenazador los desafíos presentes y futuros de la legalidad de la Hermandad. En segundo lugar, la consolidación de la autoridad presidencial subraya el hecho de que el gobierno egipcio, tras llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sobre los términos de un préstamo de 4,8 mil millones de dólares, se está preparando para descender por la vía de la liberalización económica que probablemente dará lugar a disturbios sociales y a una gran disidencia, lo que exija una presidencia imperial con las mínimas obligaciones [democráticas].
En tercer lugar, la decisión de que ni la Asamblea Constituyente ni el Consejo de la Shura puedan ser legalmente disueltos se produce en un momento en que el tribunal está revisando los espinosos problemas legales que podrían resultar en la inconstitucionalidad de tales organismos. En cuarto lugar, también es probable que el presidente haya tomado esas decisiones tras percibir que Washington pudiera ser reacio a expresar una preocupación seria por el carácter no democrático de los decretos ahora que [Mursi] ha demostrado que, al igual que Mubarak, tiene algo útil que ofrecer en la cuestión palestino-israelí y, en consecuencia, se le debe conceder un margen de maniobra al respecto de cómo hace frente a la disidencia interna.
Por último, merece la pena mencionar que lo más llamativo de la declaración no es lo que contiene sino lo que omite. A la luz de la brutalidad policial contra los manifestantes, de la indignación generalizada por el accidente de Assiut que provocó la muerte de decenas de niños inocentes, y de la retirada masiva de personalidades no islamistas de la Asamblea Constituyente debido a desacuerdos graves sobre el proyecto de constitución, la gente esperaba que el presidente anunciase algo muy diferente. Esperaban la sustitución del gobierno de Hisham Qandil; un plan para reformar el Ministerio del Interior y el sistema policial; la disolución de la Asamblea Constituyente y la formación un organismo para [la elaboración del] proyecto de constitución más creíble y representativo. En cambio, el presidente ha enviado el mensaje de que sus decisiones son supremas, que la Asamblea Constituyente dominada por los Hermanos Musulmanes no puede ser disuelta, y que su gobierno y los cuerpos represivos de seguridad del país heredados de la era Mubarak son intocables.
Está claro que Mursi ha tomado partido, y no es al lado de la Revolución.
Hisham Sallam es coeditor de Jadaliya Ezine y estudiante de Doctorado en la Universidad de Georgetown, Washington (EEUU).
Fuente original: http://www.jadaliyya.com/pages/index/8557/morsy-and-the-nationalization-of-the-revolution_so
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