Traducido del inglés para Rebelión por J. M.
Lieberman y Netanyahu en una conferencia de prensa, noviembre de 2012. (Foto: Olivier Fitoussi)
El parlamento de Israel, la Knesset, renovará su debate la próxima semana sobre un proyecto de ley que impondrá la pena de muerte a los palestinos acusados de «terrorismo», luego de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, anunciaron a principios de esta semana su apoyo para promover el proyecto de ley.
El proyecto de ley fue presentado en 2017 por el partido de derecha de Lieberman, Yisrael Beitenu, y pasó una primera lectura en la Knesset con una votación de 52 a 49 en enero de 2018.
A pesar de haberse quedado estancado desde enero debido a la oposición de la agencia de inteligencia interna de Israel, el Shin Bet y el ejército israelí, Netanyahu dijo el lunes a la radio del ejército israelí que la oposición de los organismos de seguridad del país no debe impedir que se apruebe el proyecto de ley.
Lieberman prometió el martes que el proyecto de ley se convertiría en ley, publicando en Twitter: «Después de más de tres años de una lucha obstinada, finalmente la ley de la pena de muerte para los terroristas se presentará al comité de leyes el próximo miércoles (14 de noviembre) y luego para su primera lectura en el Pleno de la Knesset «.
«No nos rendiremos ni nos detendremos hasta completar la misión», continuó. Lieberman -quien en 2017 pidió que se impusiera la pena de muerte a un palestino de 19 años que apuñaló y mató a tres colonos israelíes- y otros políticos de derecha han argumentado anteriormente que el proyecto de ley actuaría como un elemento disuasivo para los palestinos que cometen ataques contra los israelíes.
Aunque Israel abolió el uso de la pena capital como castigo por asesinato en los tribunales civiles en 1954, en teoría todavía puede aplicarse a los casos de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio, traición y crímenes contra el pueblo judío.
La última ejecución llevada a cabo por Israel tuvo lugar en 1962, cuando el criminal de guerra nazi Adolf Eichmann fue ahorcado.
Sin embargo, conforme a la ley militar israelí, el sistema bajo el cual los palestinos son acusados y juzgados contempla la pena capital que puede aplicarse a una persona condenada por matar a un israelí, aunque requiere un fallo unánime de un tribunal con tres jueces, según Addameer, el organismo que trabaja por los derechos de los presos palestinos.
Además, la ley actual tal como está vigente requiere que el fiscal militar solicite la pena de muerte, algo que no se ha registrado como que sucedió antes.
El proyecto de ley actual que se propone reduciría el umbral de la ley actual y requeriría una mayoría simple entre tres jueces. También prohibiría la conmutación de una sentencia de muerte y no requeriría que el fiscal militar solicitase dicha pena.
Según Addameer, el proyecto de ley incluirá una enmienda que también permitiría a los tribunales penales israelíes dictar sentencias de muerte.
En una declaración del lunes, Addameer expresó su preocupación de que, de ser aprobado, el proyecto de ley generará un aumento en los casos en que se solicite la pena de muerte, y agregó que «representará una contravención de las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional e irá en contra de las normas internacionales aceptadas».
«En virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 6, la pena de muerte no se puede imponer en los casos en que no se ha garantizado un juicio justo», señaló Addameer, y agregó que el sistema de tribunales militares de Israel «ha demostrado ampliamente que no cumple con los estándares internacionales de un juicio justo y por lo tanto no puede dictar la sentencia de muerte».
Los tribunales militares israelíes tienen una tasa de condena autorizada del 99,74% y los grupos de derechos humanos los han denominado kangaroo court (tribunales arbitrarios, N. de E.)
Los grupos de derechos locales han argumentado que si bien los tribunales se establecieron para trabajar en conjunto con las instituciones locales, se utilizan en cambio como una herramienta de dominación y la extensión de la soberanía israelí al territorio permanentemente ocupado.
Actualmente hay 5.640 prisioneros palestinos recluidos en prisiones israelíes, de los cuales 465 están en detención administrativa, 53 son mujeres, 270 son niños y 50 son menores de 16 años.
«Este proyecto de ley representa la continuación de una política de discriminación sistemática del pueblo palestino», dijo Addameer el lunes. «En una situación en la que la potencia ocupante tiene la última palabra sobre sus derechos, el movimiento hacia la incorporación de la pena de muerte representa una grave infracción para el pueblo palestino».
Las autoridades israelíes han sido criticadas durante mucho tiempo por lo que los grupos de derechos humanos han considerado políticas de «castigo colectivo» contra los palestinos acusados de «ataques terroristas» y sus familias, que se lleva a cabo en forma de demoliciones punitivas de hogares y la cancelación de los permisos israelíes de trabajo
A pesar de argumentar que las demoliciones punitivas domésticas y políticas similares de castigo colectivo disuaden a los palestinos de llevar a cabo ataques contra el personal de seguridad y civiles israelíes, la ONG israelí B’Tselem informó de que «el Estado nunca presentó cifras para demostrar que las demoliciones sí lo hacen» es decir, que disuaden a los palestinos de llevar a cabo ataques, ni que tampoco han sido presionados para hacerlo.
«Sin prueba de eficacia, se pierde la justificación utilitaria para una medida tan extrema y perjudicial», dijo la organización.
Fuente: https://mondoweiss.net/2018/11/netanyahu-palestinians-terrorism/
Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar a la autora, a la traductora y Rebelión como fuente de la traducción.