En principio, las centrales nucleares españolas están diseñadas para tener una vida útil de 40 años. Sin embargo, desde hace tiempo se viene desarrollando una estrategia por parte del Gobierno del PP y de las eléctricas del oligopolio para renovar los permisos de explotación de las centrales aunque se hayan cumplido esos 40 años. Las […]
En principio, las centrales nucleares españolas están diseñadas para tener una vida útil de 40 años. Sin embargo, desde hace tiempo se viene desarrollando una estrategia por parte del Gobierno del PP y de las eléctricas del oligopolio para renovar los permisos de explotación de las centrales aunque se hayan cumplido esos 40 años. Las próximas semanas son clave al respecto, pues la fecha límite para que la central de Almaraz I (la más antigua de las que están en funcionamiento) solicite la renovación llega en la primera mitad de junio (legalmente, la solicitud ha de realizarse tres años antes de que expire el permiso, lo cual ocurre en junio de 2020 en el caso de Almaraz). A continuación, de forma progresiva, sería previsible que llegase la solicitud de renovación de los permisos del resto de centrales nucleares.
Es interesante recapitular y explicar brevemente algunos pasos significativos en esta operación de alargamiento de la vida de las nucleares. La desconexión de la red de la central de Santa María de Garoña es un buen punto de partida para la historia. Los 40 años de vida de esta central se cumplían en 2011. En 2009, el Gobierno del PSOE amplió el permiso de operación hasta 2013. Sin embargo, en diciembre de 2012 la central de Garoña dejó de funcionar por decisión de la empresa propietaria, Nuclenor (participada al 50% por Iberdrola y Endesa), que adujo que no era económicamente rentable mantener abierta la central.
A partir de aquí comienza una larga batalla, no siempre sencilla de interpretar. En 2014 Nuclenor solicitó la reapertura de Garoña y la extensión de su permiso de funcionamiento hasta 2031, cuando cumpliría 60 años. Ante esta solicitud, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) exigió una serie de reformas en materia de seguridad como condición necesaria y previa a la emisión de un potencial dictamen positivo a la reapertura. No está claro que Nuclenor reabra Garoña si finalmente recibe el permiso para ello, pero conseguir el dictamen positivo del CSN era fundamental por otro motivo: como precedente para solicitar la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares en funcionamiento.
En todo el proceso, la independencia del CSN como organismo supervisor se fue poniendo cada vez más en entredicho, resultando evidente que actuaba como colaborador esencial en el proyecto para ampliar la vida útil de las nucleares. De hecho, a finales de 2016 la Asociación Profesional de Técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear envió una carta a la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados alertando del «grave deterioro» de la función regulatoria del organismo. Poco después, en febrero de 2017, el CSN aprobó un informe clave, con efectos de largo alcance. En primer lugar, en él se avala la reapertura de Garoña a condición de que se hagan las inversiones en seguridad exigidas. Nótese que esto representaba un giro respecto al planteamiento anterior del propio CSN, según el cual las mejoras de seguridad eran una condición previa a la emisión de un dictamen a favor de la reapertura. La segunda decisión del informe es todavía más importante: hasta ese momento, los permisos de operación de las centrales podían renovarse, como máximo, por periodos de 10 años. El informe eliminó ese límite a la vez que emitía el dictamen sobre Garoña.
Una vez existe este informe del CSN, el Gobierno tiene la última palabra. La oposición política a la reapertura de Garoña es abrumadora, por lo que esperamos que no reciba el permiso del Gobierno. En todo caso, ya hemos dicho que la batalla principal, en realidad, no trata sobre Garoña. El objetivo del PP y de las eléctricas era llegar a junio de 2017 con las piezas adecuadamente colocadas en el tablero. Como indicábamos al comienzo, esta fecha marca el límite para que Almaraz I solicite la renovación de su permiso de operación.
El motivo por el que las eléctricas quieren conseguir la renovación de los permisos de explotación es sencillo: las centrales nucleares son muy rentables para ellas. Antes de la liberalización del sector eléctrico, las nucleares españolas gozaron de un marco normativo regulado que les garantizaba la recuperación de su importante inversión inicial (tan importante que hubo que rescatar a las empresas) y unos beneficios que se consideraron razonables. Conviene recordar, además, que en los primeros años tras la liberalización del sector eléctrico estas centrales cobraron en concepto de Costes de Transición a la Competencia (los famosos CTC), los cuales tenían el objetivo de que las potenciales incertidumbres del mercado (o sea, los potenciales bajos precios del mercado, que no tuvieron lugar, como bien sabemos) no pusieran en peligro la recuperación de la inversión. Desde 1998 y gracias a los elevados precios de la electricidad determinados por el ya «libre» mercado eléctrico, las nucleares han generado enormes ganancias para sus propietarios, conocidas como «beneficios caídos del cielo», una denominación casi autoexplicativa. Obviamente, las eléctricas no admiten la existencia de estos beneficios caídos del cielo. Y no solo eso, sino que Iberdrola ha comenzado una campaña comunicativa en la que afirma, nada menos, que sus centrales nucleares producen pérdidas y que no son económicamente viables con los impuestos y tasas que actualmente soportan, sugiriendo que la empresa podría no estar interesada en continuar con su operación. Es indudable que, en particular, se trata de una forma de presionar al Gobierno para que rebaje las cargas impositivas a las que están sometidas estas centrales.
Nosotros nos oponemos a que se alargue la vida de las centrales nucleares porque no queremos que las eléctricas engorden ilegítimamente sus ganancias a costa de la ciudadanía. Pero no solo por esto, por supuesto. Nos oponemos porque las centrales nucleares son peligrosas, pudiendo originar accidentes catastróficos; porque mientras estén en funcionamiento se sigue generando residuos radiactivos que contaminan durante miles de años y cuyo tratamiento no está resuelto; y, no menos importante, porque las centrales nucleares son un obstáculo para la transición hacia un sistema eléctrico 100% renovable. En contra de lo que con frecuencia se escucha, las renovables no gestionables como la eólica y la fotovoltaica no necesitan la «generación base», constante, de las nucleares, sino que requieren el apoyo de fuentes que suministren una potencia regulable. De hecho, si la penetración de eólica y fotovoltaica es suficientemente alta, estas tecnologías y la nuclear son, directamente, incompatibles.
Aquellos que están a favor del alargamiento de la vida de las nucleares suelen esgrimir el argumento de que su cierre repercutiría en un aumento de la factura de electricidad que pagan los consumidores eléctricos y de las emisiones de CO2. Ninguno de estos efectos es inevitable. Ambos dependen del tipo de política energética que se lleve a cabo antes, durante y después del cierre nuclear. Por ejemplo, en lugar de seguir pagando los beneficios caídos del cielo de las nucleares, tiene más sentido invertir las cantidades correspondientes en la instalación de renovables que sustituyan la potencia nuclear sin incrementar las emisiones de CO2.
Por todo lo anterior, apoyamos la manifestación antinuclear convocada por diversos colectivos de la sociedad civil para el 10 de junio en Madrid. Creemos que no es momento de hablar de cómo y cuánto alargar la vida de las nucleares que están en funcionamiento, sino de su calendario de cierre. Nuestra propuesta es conocida: que los permisos de explotación no se renueven, de manera que el cierre nuclear ocurra progresivamente a medida que aquellos expiren.
Iván Calvo y Marta Victoria, miembros de la Secretaría de Economía, Energía y Modelo productivo de Podemos. Juan López de Uralde, coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos en el Congreso. Josep Vendrell, Diputado de En commú Podem en el Congreso.