«La solución no puede ser impedir el desarrollo a los que más lo necesitan. Lo real es que todo lo que contribuya hoy al subdesarrollo y la pobreza constituye una violación flagrante de la ecología. (…) Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y tecnologías disponibles […]
Han pasado tres años desde que se realizara en junio 2012, la Cumbre de los Pueblos paralela a la de Naciones Unidas conocida como Rio+20. En aquel momento la Red En defensa de la humanidad hizo un llamado a los movimientos sociales, a líderes sociales en general, gobiernos, y a todas las personas de buena voluntad a movilizarse en contra del modelo suicida que se ha impuesto al mundo, y que nos deja como única alternativa la extinción de la especie humana.
Hoy, a las puertas de la COP 21, París 2015, donde se espera la firma de un nuevo acuerdo climático, no existen motivos para estar satisfechos, pues nada nos induce a pensar que habrá consenso en adoptar las verdaderas soluciones que reclama la gravedad del momento. Cabe retomar la consigna abrazada en Copenhague: No cambiemos el clima ¡Cambiemos el sistema! Si no enfrentamos las verdaderas causas de la catástrofe, no podremos evitarla.
En la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Defensa de la Vida, celebrada en Tiquipaya, Bolivia, del 10 al 12 de octubre de este año, los allí presentes adoptaron la decisión de retomar por su vigencia, y así quedó recogido en la Declaración Final, el mensaje que la Red En defensa de humanidad hiciera en junio de 2012 a la Cumbre de Río+20 y exigir, por todos los medios a nuestro alcance, ante el sistema de organismos internacionales de las Naciones Unidas:
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Refutar la pretensión de las nuevas tesis planteadas en torno a la «economía verde». Rechazar este concepto y cualquier otra forma de explotación por parte del poder transnacional y exigir un abordaje multisectorial y multidimensional del enfrentamiento a la crisis.
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Condenar la privatización de los recursos naturales y toda forma de mercantilización de la naturaleza. Reconocer y valorar la concepción integral de la vida de las culturas originarias y de los principios de solidaridad, igualdad, complementariedad y reciprocidad en que se basan alternativas como el Buen Vivir y otras, para la relación armónica con la naturaleza y la supervivencia de la especie humana.
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Reconocer la urgencia de colocar la defensa de los derechos de nuestra especie y de la naturaleza como eje central de las negociaciones e instrumentos normativos internacionales en detrimento de los derechos del capital. Desde esa perspectiva, reconocer la necesidad de un tribunal penal sobre el ambiente.
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Que se condenen las guerras, las políticas imperiales y la carrera armamentista como las mayores agresiones al medio ambiente y a la preservación de la especie humana, tanto por sus consecuencias directas como por los gastos incalculables que provocan. Estos recursos bien podrían utilizarse para solventar los principales retos sociales y medioambientales que enfrenta la humanidad. Que se denuncie el carácter suicida de los arsenales nucleares y se demande su eliminación y prohibición absoluta.
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Que las autoridades públicas asuman como obligación principal aplicar un enfoque basado en los derechos de sustentabilidad, bienestar y progreso de la sociedad, y se reivindique la responsabilidad inexcusable de los gobiernos de proporcionar servicios esenciales para la vida a la totalidad de los ciudadanos. Que cambien radicalmente los indicadores de desarrollo y progreso para que tengan en cuenta los costos ambientales, la equidad social y el desarrollo humano.
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Que se reconozca como imprescindible la transformación de los patrones de producción, consumo y distribución del ingreso. La búsqueda de acumulación creciente de ganancias y la orientación de la producción en función de la demanda solvente y no de la necesidad social, propia del sistema capitalista, no puede, ni podrá nunca, generar igualdad, eliminar la pobreza, ni garantizar un desarrollo armónico con la conservación del medio ambiente. La urgencia real de migrar hacia tecnologías no contaminantes no puede reducir los análisis a aspectos meramente tecnológicos.
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Que el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, reconocido en la Declaración de Río, se traduzca en reales mecanismos de financiación, flexibilidades y políticas de acceso a la tecnología y el conocimiento para los países más necesitados y en obligaciones ineludibles para los países industrializados.
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Denunciar el cínico «discurso limpio» de las potencias del Norte que intentan hoy inculpar a los países del Sur mientras ocultan su responsabilidad histórica y presente en el atraso de las tecnologías de esos países y en la deformación de sus economías y favorecen las operaciones «sucias» de las transnacionales en el Sur. Las marcas y patentes «verdes» deben ser denunciadas como un renovado y peligroso mecanismo de reafirmación de la dominación hacia todos los países tecnológicamente dependientes.
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Que la Cumbre se pronuncie por la imprescindible evaluación precautoria de las tecnologías según sus impactos sociales y ambientales. Debe gestarse con urgencia una Convención mundial para el control de tecnologías nuevas y emergentes, basada en el principio de precaución y la evaluación participativa.
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Denunciar la llamada obsolescencia programada y que se favorezcan las tecnologías que atiendan a la máxima vida útil de los productos, beneficien la estandarización, la reparación, el reciclaje y un mínimo de desechos, de manera que se satisfagan las necesidades humanas con el menor costo ambiental.
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Condenar el control del comercio mundial por las transnacionales y el papel de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en la imposición de acuerdos que legitiman la desigualdad y la exclusión e impiden el ejercicio de políticas públicas soberanas. Promover acciones concretas para lograr un intercambio comercial más justo, y en armonía con los requerimientos medioambientales.
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Acordar medidas concretas para frenar la volatilidad de los precios de los alimentos y la especulación en los mercados de productos básicos, como medio indispensable para combatir el hambre y la pobreza.
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Denunciar la compra masiva de tierras en países del Sur por parte de potencias extranjeras y multinacionales para explotar sus recursos naturales o dedicarlos a proyectos que comprometen el medio ambiente o el equilibrio de sus ecosistemas.
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Promover un convenio marco para la responsabilidad ambiental y social de las empresas y legislaciones nacionales que condenen prácticas nocivas y abusivas de las mismas, teniendo en cuenta el carácter transnacional de sus operaciones
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Promover acciones de control sobre la publicidad comercial, la incitación al consumo desmedido y la creación de falsas necesidades, sobre todo los dirigidos a la infancia y la juventud, y establecer en cambio políticas de impulso a la publicidad de bien público, que constituya fuente de información y prácticas sustentables.
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Que se realice un firme pronunciamiento en favor de orientar la educación y la ciencia en beneficio del desarrollo humano y no en función del mercado, basada en una nueva ética del consumo que, sin sacrificar lo esencial de las satisfacciones materiales, rechace los productos fruto de prácticas ecológicamente agresivas o del trabajo esclavo y de otras formas de explotación.
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Promover la revisión y modificación del sistema de propiedad intelectual vigente, a la luz de las negociaciones medioambientales, la agenda de lucha contra el cambio climático y los derechos humanos, de modo que pueda facilitarse la transferencia de tecnologías y conocimientos prácticos ambientalmente sanos, o el acceso a ellos.
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Exigir a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) como organización del sistema de Naciones Unidas, que enfrente la urgente necesidad de un cambio de paradigma en torno a la investigación científica internacional y el conocimiento, de manera que, dejando a un lado los mecanismos de mercado, fomente la necesaria colaboración, la investigación coordinada y la difusión y aplicación de sus resultados a gran escala. Que se implementen por esta organización los mecanismos necesarios para propiciar en el menor tiempo posible una transición energética efectiva y las medidas de mitigación del cambio climático.
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Que se promueva una reevaluación integral del sistema de gobernanza ambiental existente, que ha demostrado ser incapaz de frenar la catástrofe ecológica, y se sienten las bases de uno nuevo, inclusivo, auténticamente democrático y participativo, que se dirija a las causas profundas de la crisis, y sea capaz de promover soluciones reales a estos problemas para las actuales y futuras generaciones. Generar un nuevo Contrato Social en nuestros países y a escala internacional.