La libanesa Samira Souweida rompió a llorar el día en que las autoridades de su país le informaron de que podían deportar a sus dos hijos por haberse retrasado en el pago para renovar sus permisos de residencia. Yousra, beirutí, paga 2.000 dólares al año por el colegio de su hijo menor, de padre jordano […]
La libanesa Samira Souweida rompió a llorar el día en que las autoridades de su país le informaron de que podían deportar a sus dos hijos por haberse retrasado en el pago para renovar sus permisos de residencia. Yousra, beirutí, paga 2.000 dólares al año por el colegio de su hijo menor, de padre jordano y sin derecho a las ayudas estatales para alumnos libaneses. Las hijas de Ghada Kaakami consiguieron la nacionalidad libanesa, la de su madre, tras casarse con ciudadanos del país. «Ellas son libanesas por sus maridos, no por mí», explica indignada. Sus dos hijos, de 26 y 30 años, en cambio, continúan siendo refugiados palestinos, como lo fue su padre. La lista de casos similares sigue. Ellas son libanesas. Sus hijos, no, aunque no conozcan otro país. En Líbano, las mujeres que se casan con un extranjero están destinadas a parir una prole de inmigrantes, en el mejor de los casos, y de apátridas, en el peor.
La Ley de Nacionalidad libanesa prohíbe a las mujeres pasar su propia nacionalidad a sus hijos o a sus maridos, ya que solo reconoce los vínculos de sangre en el caso del padre. Es uno de los casos más flagrantes de discriminación de la mujer en un país que se jacta de haber avanzado más que sus vecinos en materia de igualdad. La escritora y feminista Joumana Haddad considera que esta situación ha provocado una «definitiva alienación entre las mujeres libanesas y la política».
«En Líbano, donde algunas mujeres están tan orgullosas porque se les permite conducir coches, se sienten totalmente emancipadas porque pueden llevar minifalda, y miran por encima del hombro a sus equivalentes saudíes porque pueden pasear sin un guardián masculino, las mujeres continúan siendo discriminadas legalmente y en la práctica», escribe, haciendo hincapié en que «las mujeres libanesas aún están incapacitadas para pasar la nacionalidad a sus maridos e hijos».
Para activistas como Lina Abou Habib, representante del colectivo de derechos civiles CRTD-A y cabeza de la campaña ‘Mi nacionalidad es un derecho para mi y para mi familia’, el Estado, simplemente, trata a las mujeres como ciudadanas de segunda. «Hace que quieras replantearte qué significa ser [un Estado] democrático», clama, «Líbano finge serlo, pero ¿puede ser democrático un país que no permite a sus mujeres ser ciudadanas?».
Según Abou Habib, sucesivos gobiernos han rechazado una y otra vez implementar la ley de nacionalidad para eliminar la dichosa frase: «Son ciudadanos libaneses (…) los nacidos de un padre libanés». Se han hecho avances, pero los que no han quedado estancados han resultado poco más que meros parches que aún presentan peros. Otros países de la región sí han hecho reformas, gracias a la presión de la campaña, concebida de forma conjunta en Oriente Medio y el Magreb. «Incluso Arabia Saudí, donde las mujeres no pueden conducir», ilustra.
Razón de estado
La absurda argumentación por la que el Gobierno se niega a cambiar la ley no es menos discriminatoria: peligra el Estado y peligra el equilibrio sectario, esto es, si el Gobierno reconociese a los hijos y maridos extranjeros de mujeres libanesas como nacionales, acabaría por haber más musulmanes que cristianos en un país donde todas las instituciones públicas, desde el Gobierno y el Parlamento, hasta el Ejército, pasando por las escuelas, tienen cuotas religiosas para garantizar la representación de las 18 comunidades reconocidas constitucionalmente.
Para Abou Habib es, simplemente, «vergonzoso». «Cómo se puede vincular el ejercicio de sus propios derechos por parte de las mujeres con una perturbación del equilibrio demográfico», se pregunta la activista, que señala el imperio de la fe en Líbano por encima del derecho. Esa amenaza, al parecer, no se da en el caso de los hombres: «La vida y la familia están regidas por códigos confesionales, todas las leyes religiosas atentan, por definición, contra la mujer en cuanto a matrimonio, divorcio, herencia, custodia de los hijos, movilidad… Así que [el Gobierno] es muy coherente en este aspecto, es muy coherente en su postura patriarcal».
Fuente original: http://msur.es/2014/02/11/libano-discriminacion-madre/