Traducido para Rebelión por Sinfo Fernández.
Una bandera del gobierno sirio ondea sobre los escombros en la barriada de Hajar al-Aswad, cerca del campo de refugiados de Yarmuk, en las afueras de Damasco (AFP)
La familia de Hassan perdió su casa durante la Nakba, la «catástrofe» del desplazamiento forzado de los palestinos durante la creación del Estado de Israel en 1948, y terminó viviendo en el campamento de Yarmuk, en las afueras de Damasco.
Ahora, alrededor de 70 años más tarde, la familia palestina está a punto de perder su hogar una vez más, esta vez a causa del gobierno sirio, en virtud de una ley que amenaza no solo a los refugiados, sino también a los millones de sirios desplazados por la guerra en el país.
Hassan, de 37 años, que vive con su familia en la propiedad de un pariente en Ghuta Oriental, ha estado intentando que las autoridades le permitan al menos comenzar los trabajos de reparación de su casa gravemente dañada en Yarmuk, escenario de varios años de intensos combates.
Pero ahora, dijo Hassan, a muchos de los desplazados del campo se les ha dicho que van a perder sus hogares para siempre debido a la Ley 10, el controvertido programa del gobierno sirio que permite que las autoridades locales tomen posesión de propiedades en las zonas más afectadas por la guerra.
«Me dijeron que esperara y me recomendaron que no llevara a cabo ningún tipo de mantenimiento en la casa porque los arquitectos iban a evaluar globalmente el campo», dijo a MEE.
«Pero algunos funcionarios del gobierno han aconsejado a algunos de mis vecinos que se busquen otro lugar para vivir porque quedarse esperando es una pérdida de tiempo. La mayoría de nosotros vamos a quedarnos sin hogar, esto es lo que todos están diciendo. Sabemos que la zona va a quedar completamente bajo la autoridad del gobierno, pero ¿quién nos va a indemnizar, dónde vamos a vivir, alguna vez vamos a poder volver a Yarmuk?».
«Misión imposible»
La Ley 10, que fue aprobada hace un año, en abril de 2018, fue ampliamente criticada porque concedía inicialmente solo un mes a las personas de las zonas afectadas para demostrar la propiedad de sus hogares y evitar su expropiación.
En noviembre , el presidente sirio Bashar al-Asad emitió una enmienda a la Ley 10 que ampliaba el plazo para los propietarios de viviendas a un año.
Pero las continuas preocupaciones por la forma en que se está implementando la ley han convencido a muchos de que su objetivo principal no es la reconstrucción después de los años de guerra, sino borrar cualquier rastro de oposición política.
El Ministerio de Obras Públicas y Vivienda de Siria no respondió a la solicitud de MEE para que ofrecieran su versión sobre la situación para este artículo.
Muchos de los afectados por la ley le dijeron a MEE que la ampliación del plazo tenía poca importancia porque la documentación que podría demostrar su propiedad se había perdido o destruido durante la guerra, o porque se enfrentaban a un proceso burocrático inextricable desde el extranjero.
Otros afectados comentaron que creían que la ley se estaba utilizando para castigar a quienes habían apoyado a la oposición.
«Estoy intentando encontrar una solución pero parece misión imposible», dijo Moaz, de 52 años, de Alepo, quien, al igual que otras personas con las que habló MEE, pidió que no apareciera su nombre completo.
Moaz dijo que era dueño de dos casas y una tienda de comestibles, heredada de su familia, en el barrio de Salah al-Din de Alepo, que estuvo años bajo el control de los combatientes de la oposición y que fue fuertemente bombardeado por las fuerzas progubernamentales.
Dijo que había salido de Siria con su madre, esposa y tres hijos hasta llegar a Konya, en Turquía, en octubre de 2012, después de haber sido detenido y torturado por las fuerzas del gobierno por participar en las protestas. Añadió que varios de sus familiares habían luchado también con el Ejército Libre Sirio.
Aunque saquearon y dañaron sus propiedades, Moaz pudo alquilarlas durante su ausencia. Pero ahora pensaba que estaban una vez más bajo amenaza y esta vez no a causa de las bombas de barril, sino por la Ley 10.
«Aunque el régimen no ha confirmado aún todas las áreas que se verán afectadas por la Ley 10, seguramente mi casa, que se encuentra dentro de una de las zonas más devastadas, va a quedar incluida», dijo.
Después de que las fuerzas pro-Asad recuperaran el control de Harasta en 2018, algunas familias han regresado a la ciudad, pero otras temen que sus hogares se pierdan para siempre (AFP)
Moaz comentó que había dejado atrás sus títulos de propiedad debido a la urgencia por abandonar Alepo cuando se intensificaron los combates.
«Cuando se anunció la ley, comencé a buscar abogados para que me ayudaran a encontrar una forma de demostrar mi propiedad», dijo a MEE. «Cuando fui al consulado [sirio] en Estambul para obtener un documento para poder contratar a un abogado en Siria, me lo negaron tras pasar el control de seguridad.
«Quise pagar un soborno, pero me dijeron que no había forma de arreglar estas cosas, especialmente para aquellos que eran buscados por el régimen».
El consulado sirio en Estambul no había respondido a la solicitud de comentarios de MEE en el momento de la publicación de este artículo.
Sin embargo, Moaz dijo que también le aconsejaron que pagara una «gran suma de dinero» a un contacto militar de alto rango para conseguir los documentos y evitar que las propiedades se transfirieran al Estado.
Moaz dijo que no tenía pensado regresar a Siria para solucionar su caso por temor a las represalias del gobierno.
«Como muchos sirios, no puedo volver por temor a la opresión, la tortura o la muerte. Ante la idea de regresar se impone un inevitable ‘No'».
«Sin propiedades, no hay forma de volver»
Incluso los civiles que todavía están en posesión de las escrituras de propiedad de sus hogares dijeron que tenían pocas esperanzas de poder conservarlos a causa de sus afiliaciones políticas.
«Desde que se anunció esta ley, estamos abocados a perder nuestra propiedad en la zona de Damasco», dijo Reda, de 35 años, a MEE.
Reda, que se encuentra actualmente en Hatay, en el sur de Turquía, procede de una familia bien conocida por su oposición a Asad en la barriada de Ghuta. Dijo que estaba buscando abogados que le ayudaran a vender su casa.
Un bulldozer remueve los escombros de los edificios destruidos en Harasta, en los alrededores de la capital Damasco, en julio de 2018 (AFP)
«Tan pronto como conocen mis antecedentes, me dicen: ‘Ni aun pagando un soborno vas a poder resolver esto’. El régimen quiere borrar nuestra existencia de los registros sirios», se quejó.
«Si no hay propiedad, no hay posibilidad de regresar. Tal vez [Asad] incluso se nos retire nuestra nacionalidad. ¿Quién va a impedírselo?».
Ghazwan Qrenful, presidente del Consejo de Abogados Sirios Libres con sede en Turquía, que brinda asesoramiento legal a los sirios, dijo a MEE que creía que la Ley 10 estaba siendo utilizada para eliminar a la oposición en las zonas del país que se habían rebelado contra el gobierno.
Si bien el propósito declarado de la ley es reorganizar y reconstruir las áreas devastadas, dijo que el objetivo principal del gobierno era «legalizar los cambios demográficos».
«Es algo que va a suceder, ya que no hay una fuerza internacional real ni sanciones que puedan detener al gobierno de Asad», dijo.
Sin esperanza y sin indemnización
Otros se quejan de que sus hogares están amenazados a pesar de que optaron por permanecer en Siria, con independencia de sus afiliaciones políticas.
Tahsin es un residente de Harasta, un suburbio al noreste de Damasco. Huyó de la ciudad en 2013 en medio de los enfrentamientos entre las fuerzas progubernamentales y Yaish al-Islam, y se mudó a casa de sus familiares en la cercana Masaken Barzaa. Las fuerzas progubernamentales recuperaron el control de Ghuta y áreas adyacentes como Harasta en marzo de 2018.
«Cuando regresé, mi casa estaba parcialmente dañada pero se podía reparar», dijo.
«Una vez que la ley entró en vigor, como Harasta se incluyó en las zonas destruidas afectadas, apelé a un tribunal para que viera que mi casa no estaba tan dañada y para volver a registrar mis derechos de propiedad. Semanas más tarde, nadie se había presentado en casa y mi solicitud fue rechazada. Le pedí a los abogados que se ocuparan de mi caso, pero dijeron que el gobierno ya se había apoderado de esas zonas y que no había esperanza».
A Tahsin se le dijo que todo lo que podía esperar eran seis meses de renta como compensación o acciones en cualquier proyecto de desarrollo que se construya en el lugar en el que su casa aún está en pie.
«Todavía no me han fijado indemnización alguna», dijo. «Nunca esperé que el gobierno me apuñalara por la espalda de esta manera».
Qrenful, el abogado, opina que la Ley 10 viola la Constitución de Siria, que prohíbe la expropiación de bienes sin una resolución judicial y el pago de una «compensación justa».
«[La Ley 10] ha provocado un cambio dramático de los derechos de los propietarios, convirtiéndoles de propietarios de una casa real en propietarios de unas acciones que no valdrán tanto como la propia casa», dijo.
«Este plan obligará a los propietarios a vender sus acciones a grandes empresas que obtendrán los derechos sobre grandes franjas de tierra a precios muy por debajo del valor de mercado».
Rami Majluf, fotografiado en 2010, es socio cercano de Bashar al-Asad (AFP)
Qrenful señaló que los principales beneficiarios van a ser hombres de negocios como Rami Majluf y Samir Foz, que han sido miembros del círculo íntimo de la familia Asad y que ya han hecho grandes fortunas con los negocios de tiempos de guerra.
Cita el caso de Basatin al-Razi, donde una orden presidencial obligó a sus residentes a abandonar sus hogares en 2012, proporcionando a los desplazados una compensación de solo 15.000 libras sirias (29$) al mes durante seis meses para ayudarles a pagar el alquiler en otro lugar.
Desde entonces, los edificios y las tierras agrícolas de Basatin al-Razi han sido arrasados para dar paso a un nuevo barrio de lujo conocido como Marota City, con grandes centros comerciales y una zona industrial construida con la financiación y participación de Majluf y Foz.
Qrenful también traza paralelos entre la Ley 10 y la remodelación del centro de Beirut después de la guerra civil libanesa.
En la década de 1990, Solidere -una empresa en parte propiedad del primer ministro Rafic Hariri, su familia y socios cercanos- compró a bajo precio la mayoría del centro devastado de la capital libanesa para convertir el área en una de las zonas más caras de la ciudad.
Qrenful observó que lo único que podría impedir la construcción de estos barrios nuevos eran las sanciones internacionales vigentes que impedían la venta de materiales de construcción a Siria.
Mientras tanto, civiles como Hassan, Moaz, Reda y Tahsin declararon a MEE que se sentían impotentes para evitar la pérdida de sus hogares.
«Estoy atado de pies y manos. Solo me queda esperar y ver qué sucede a continuación», suspiró Tahsin.
Zouhir Al-Shimali es un fotoperiodista de Alepo que trabaja online.
Fuente: https://www.middleeasteye.net/news/no-way-back-law-stops-displaced-syrians-ever-going-home
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