I. Marc Iglesias ha informado ello en La directa [1]. Miembros de un organismo público de la Generalitat han vigilado usuarios de Twitter (Esther Vivas, David Fernández entre otros) por encargo de los Mossos d’Esquadra (para algunos, desde un punto de vista más sintético y refiriéndose a determinados elementos, no a todos ellos, de cuadra). […]
I.
Marc Iglesias ha informado ello en La directa [1].
Miembros de un organismo público de la Generalitat han vigilado usuarios de Twitter (Esther Vivas, David Fernández entre otros) por encargo de los Mossos d’Esquadra (para algunos, desde un punto de vista más sintético y refiriéndose a determinados elementos, no a todos ellos, de cuadra). La NSA, demostrada está, tiene adeptos por todas partes.
Diversos informes coordinados por miembros de la fundación Cesicat (Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya, organismo que depende del Departamento d’Empresa i Ocupació) estaban destinados a los Mossos.
Según datos que constan en los documentos del seguimiento del primer aniversario del 15-M, los responsables de coordinar los informes han sido dos miembros del Cesicat que «habrían trabajado con diversos empleados de la empresa privada TB Security» Esta empresa, señala Marc Iglesias, que en septiembre de 2012 se integró en el grupo Incita, es socia estratégica de la fundación Cesicat. Lo es desde la creación de este organismo público por un gobierno tripartito (nacional y de izquierdas, recuérdese) en 2009.
Los 38 documentos que se han hecho públicos centran su atención en algunos movilizaciones sociales de los últimos años: celebración del 1º Mayo (del alternativo probablemente); rechazo de la cumbre del BCE en Barcelona; caceroladas contra La Caixa (¡un acto netamente subversivo e ilegal como es evidente!) y la celebración del primer aniversario del 15M. ¡Gentes dañinas y alocadas!
No es «Madrid» el responsable de estos informes, de estas actuaciones e incluso de la creación de este singular organismo: CESICAT.
Por lo demás, informa el informático «llibre» y excelente profesor Víctor Carceler, el Cesicat ha bloqueado la difusión de unas fugas en dropbox y mega. «Parece que se han estado dedicando a recopilar ficheros ideológicos con los usuarios que participan en Twitter y otras redes sociales relacionados con el 15M, las protestas por los recortes, etc… Parte de esos ficheros se han fugado y publicado en Dropbox y Mega. Cesicat ha enviado sendos requerimientos para su bloqueo (que han conseguido).» [2]
II.
La joven es imprescindible periodista Antía Castedo ha dado noticia de ello [3].
Josep Maria Padrosa, director del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), «se ha visto envuelto en un caso de presuntas incompatibilidades que le ha obligado a comparecer ante el Parlamento catalán junto con el consejero de Salud, Boi Ruiz«. JMP era apoderado de 16 empresas del grupo Corporación Fisiogestión y director general del holding (un grupo especializado en rehabilitación y fisioterapia) cuando fue nombrado directivo por Boi Ruiz, y con aquiescencia del president Mas, del CatSalut, un organismo clave dentro del sistema sanitario catalán. Es el encargado de financiar toda la red pública.
Seis de las empresas en las que JMP figuraba como apoderado, informa Antía Castedo, facturaron al CatSalut «más de 14 millones de euros en 2012». Ese mismo año se adjudicó «otro contrato que ampliaba la facturación en 160,2 millones para la próxima década, ampliables a 240,3 millones».
El caso fue destapado en junio de 2013 por la propia periodista de EL PAÍS y por la Plataforma de Afectados por los Recortes Sanitarios (PARS), otro de los movimientos sociales imprescindibles que abonan la sal de la tierra indignada y rebelde. La movilización crítica ha provocado que incluso «la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) abriese una investigación de oficio».
Con el mayor cinismo del mundo, con el cemento más amado en su rostro, Josep Maria Padrosa, uno de los miembros de esas 400 familias de las que nos suele o solía hablar don Félix Millet, otro de los escogidos que se pasea tranquilamente por las calles de Pedralbes y territorios afines, afirmó entonces que desconocía que la corporación no había revocado sus poderes. ¡Como han leído! ¡Vaya por Dios! ¡La ignorancia como eximente!
Por descontado. El consejero de Salud, Boi Ruiz, uno de los peores y más perversos políticos institucionales que se recuerdan, el de que la salud no es un derecho, «mostró todo su apoyo al número dos de su departamento y argumentó que Padrosa no había participado en ninguna de las adjudicaciones que beneficiaron a esas empresas, ya que se apartó del concurso voluntariamente para no influir en el resultado». ¡Y pretende que nos los creamos! ¿Pensarán que somos idiotas de atar?
Fue también uno de los argumentos esgrimidos por la OAC. Archivaron el caso, ¡a otra cosa, mariposa! ¡A molestar a España-araña! Se constató, eso sí, «que el director del CatSalut incumplió la ley de incompatibilidades al no declarar las relaciones que mantenía con las empresas privadas». ¿Y entonces? Pues nada. La oficina recomendó, sugirió, una cosa muy, muy suave, al gobierno de la Generalitat «que ponga en marcha los mecanismos necesarios para que sus altos cargos presenten en el plazo establecido sus declaraciones de incompatibilidades.» ¡Hay que guardar las apariencias!
Queda lo último, acaso lo mejor. El día que don Padrosa y don Ruiz comparecieron en el Parlamento catalán, el consejero de Salud, sin temblor en el rostro, sin enrojecer un nanosegundo «justificó las puertas giratorias entre el sector público y el privado». Con el siguiente argumento que merece ser enmarcado: «Todo el mundo que llega a la Administración pública viene de algún lado y va a algún lado».
¿De dónde viene don Ruiz? Lo sabemos. ¿A dónde va? Lo sabemos también. Está de paso, hasta destrozar todo lo público que esté a su alcance. Por eso fue elegido por el señor Mas, con el aplauso y la cara risueña de don Mas-Colell que disertó en el Círculo de Empresarios sobre el tema.
Algo más: el gobierno de la Generalitat blindará los ingresos de los altos directos sanitarios frente a los recortes. Salud, Boi Ruiz, defiende que los gestores han sufrido ya un «decremento salarial muy importante», casi insoportable. El plan, además, permitirá a los responsables recuperar una parte de los ingresos perdidos. Es decir, un apaño entre colegas que favorece sólo a los más favorecidos.
¿Existe o no existe la lucha de clases? También esto made in Catalonia, not in «Madrid».
Alguien, en el Parlament, uso la palabra «impresentable» (se escribe igual en catalán y castellano) para calificar el proyecto. Con muy buen tino.
III.
Como el rayo que no cesa. El 14-N, la agresión a Ester Quintana, las pelotas de goma, la salvaje actuación de los Mossos d’Esquadra siguen teniendo sus prolongaciones [4].
La policía catalana. Informa EFE, ha aportado al juez la escopeta que «pudo herir a Ester Quintana, tal y como les requirió el magistrado para encargar a la Guardia Civil un informe sobre las características técnicas del arma«.
Por su parte, la acusación particular ejercida por la ciudadana Quintana a través de la abogada Laia Serra, ha presentado al juez «una nueva grabación sobre los movimientos de los furgones antidisturbios que integraban la unidad» que se sospecha disparó la pelota de goma que segó su nervio óptico.
La grabación pretende demostrar que los mossos de la unidad que operó cerca de Quintana (están imputado un subinspector y un escopetero) «mintieron sobre el orden en el que se desplazaban los tres furgones que componían el dispositivo». Serra quiere también plantear al juez un nuevo examen forense de las heridas sufridas por Quintana. ¿Por qué? Porque «pretende demostrar que son de mayor alcance que las de otros casos de pelotas de goma» (en coincidencia con un testimonio de un enfermero del Servicio de Emergencia que ha hablado de más heridos por balas de goma en la jornada del 14N)
Ha hecho otra petición no menos oportuna: ha pedido que se una a la causa la exposición que hizo la oftalmóloga Estrella Fernández en la comisión de investigación del Parlament sobre las pelotas de goma. Fernández definió las lesiones causadas por el artefacto como «heridas de guerra.
Todo también made in Catalonia.
IV.
Más sobre Mossos.
Un informe de la Policía Nacional ha concluido que los mossos «pudieron emplear una defensa extensible para golpear a Juan Andrés Benítez, el empresario del Gayexample fallecido el pasado 6 de octubre tras ser reducido por la policía catalana en el barrio barcelonés del Raval» [5]
La Policía Nacional, informa EFE, «ha entregado ya al juzgado que investiga la muerte de Benítez un atestado con sus indagaciones sobre lo sucedido». Se recogen declaraciones de testigos y un análisis de las grabaciones en vídeo que hicieron vecinos y testigos de los hechos.
Tras analizar fotograma a fotograma las imágenes de la reducción de Juan Andrés Benítez, donde se muestra que fue golpeado mientras tenía encima a ocho agentes de los Mossos, «la Policía Nacional ha llegado a la conclusión de que los agentes pudieron usar defensas extensibles contra el empresario». La conclusión ha sido corroborada por dos testigos, «uno de los cuales se ha referido al uso de una defensa extensible por parte de los agentes, mientras que otro ha afirmado haber visto a los mossos utilizar algún tipo de objeto contundente para pegar al empresario».
La tarde del lunes 28 de octubre «han declarado cuatro testigos que presenciaron los hechos ante la titular del juzgado de instrucción número 20 de Barcelona», el que investiga la muerte del empresario tras ser reducido por los Mossos el pasado 6 de octubre. Los testigos han confirmado que el empresario fue golpeado por «los agentes sin que la víctima les agrediera previamente, desmintiendo así la versión oficial de la policía catalana sobre los hechos«. Los agentes siguieron pegando al empresario incluso cuando ya estaba inmovilizado, atado de pies y manos mediante bridas.
David Aineto, abogado de la acusación particular ejercida por la familia del empresario fallecido, «ha asegurado que de las testificales prestadas este lunes se desprende que Juan Andrés Benítez… no tenía ninguna herida sangrante antes de que los mossos le redujeran». Los testigos coinciden también en que, después de ser inmovilizado, «los agentes introdujeron al empresario en el vehículo policial ‘ya inerme».
Versión de la policía catalana, que apenas nadie cree por lo inverosímil del relato y por los numerosos antecedentes falsarios del cuerpo policial made in Catalonia: el hombre cayó desvanecido tras ser reducido; los servicios médicos lograron reanimarlo. Pero tuvimos mala suerte: murió en el hospital al que fue trasladado con la máxima rapidez.
V.
Mientras tanto, eso sí, Panrico intenta despedir a 259 trabajadores el 75%, de sus 351 empleados actuales. La empresa, actualmente en manos del grupo de capital riesgo usamericano Oaktree, concentrará sus despidos, su ajuste dicen, en la fábrica de Santa Perpètua de la Moguda. Es la única que, en estos momentos, mantiene la huelga indefinida. Pero prevén otras agresiones: 162 despedidos más en Paracuellos del Jarama, 91 en Valladolid, 75 en Puente Genil, 37 en Zaragoza. No les importa mucho si son de aquí o de allí. Pretenden situar a la clase trabajadora, no sólo a la catalana, sino a toda la clase trabajadora española, a los pies de sus salvajes caballos insaciables.
La empresa cambio de dueño en 2005 cuando los Costafreda, una familia de la burguesía catalana, Caixabank y Sabadell vendieron todas sus acciones por unos 900 millones de euros.
Y se fueron con los bolsillos llenos y cantando el colorín colorado este cuentos se ha acabado. Para ellos por supuesto.
Notas:
[2] magnet:?xt=urn:btih:da0ba488a8503eee8f76b5f7eedcb9d0225953e7&dn=anon-cesicat.zip&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.openbittorrent.com%3A80%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.publicbt.com%3A80%2Fannounce
http://www.eldiario.es/catalunyaplural/Cesicat-seguiment-dusuaris-Twitter-Dropbox_0_191080993.html
[3] El País, 30 de octubre de 2013, p. 33.
[4] El País, 29 de octubre de 2013, p. 4 (edición Cataluña).
[5] Ibidem, p. 4.
Salvador López Arnal es miembro del Front Cívic Somos Mayoría y del CEMS (Centre d’Estudis sobre els Movimients Socials de la Universitat Pompeu Fabra, director Jordi Mir Garcia)
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